El origen histórico de los Ombudsman como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actual se remonta al año 1713, en Suecia, cuando el Rey Carlos XII estableció la institución para controlar a los funcionarios de su gobierno en su ausencia. En 1739 se le facultó para que pudiera recibir quejas de particulares.
Proteger nuestro derecho a defender derechos ambientales es obligación de los países y es de suma importancia. Los Estados con mayores niveles de desigualdad de género tienden a tener un menor bienestar ambiental.
Durante mucho tiempo, el lenguaje ha sido una herramienta a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad. El lenguaje discriminatorio puede ser usado comúnmente y muy pocas veces se cuestiona su alcance.
La desaparición de personas es un delito y una violación grave a los derechos humanos; al separar a las víctimas del ámbito protector del Estado, negar su existencia y dejarle en una suerte de limbo, se encuentran privadas de todos sus derechos. Algunos de los derechos humanos vulnerados con regularidad son:
Las personas juzgadoras, sin que lo soliciten las partes, tienen la obligación de ordenar las medidas para garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas, pueblos y comunidades indígenas, así como de quienes llevan a cabo la defensa.
Para ello, el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas” brinda las pautas para garantizar la igualdad en todos los procedimientos de los que sean parte.
La “trata de personas” constituye una de las peores agresiones, violenta la dignidad de las personas y las utiliza con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.
La tortura y tratos crueles son de las agresiones más graves, atentan contra la dignidad, la integridad física, la vida, la libertad; por ello, es de suma importancia la prevención.
Dicho derecho asegura que los asuntos administrativos se resuelvan en tiempo y forma bajo el amparo de los estándares de calidad y salvaguardando el interés general; esto considerando que la persona es el centro y finalidad de la actuación de la autoridad.
