El Estado tiene el deber constitucional de educar protegiendo. Cuando niñas, niños o docentes son expuestos a infraestructura insegura, ausencia de protocolos, falta de insumos y abandono operativo, la educación deja de ser un derecho: se convierte en un riesgo legalmente imputable.
El Estado tiene el deber constitucional de educar protegiendo. Cuando niñas, niños o docentes son expuestos a infraestructura insegura, ausencia de protocolos, falta de insumos y abandono operativo, la educación deja de ser un derecho: se convierte en un riesgo legalmente imputable.
La escuela ha sido mucho más que aula. Ha ofrecido escucha, refugio y cuidado emocional. Pero si cerramos la puerta puntual para evitar riesgo, si dejamos de involucrarnos con lo que viene de casa, debilitamos lo que hizo la escuela en primer lugar: ser comunidad y lugar seguro.
Las nuevas generaciones del magisterio estatal deberán esperar hasta los 65 años, mientras que sus pares en la burocracia lo harán a los 60. Esta diferencia carece de justificación técnica y constituye una inequidad estructural dentro del régimen.
A finales de 2024, mientras miles de trabajadores y pensionados exigían justicia para el Issstecali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmaba un compromiso público con Guillermo Aldrete, secretario general de la burocracia estatal: no se condonaría un solo peso a los entes públicos deudores. Sin embargo, esta escena era meramente un acto de política simbólica, ya que la estrategia ya estaba en marcha.
La atención es otro pilar esencial del protocolo. Se pretende establecer mecanismos claros para la denuncia y gestión de casos de violencia sexual, incluyendo canales de comunicación confidenciales y accesibles.
Más grave aún que los operadores del fraude ha sido el silencio de quienes debieron alzar la voz. ¿Dónde están los colegios de abogados, las facultades de Derecho, los litigantes? ¿Por qué tantos optaron por la indiferencia? ¿Y por qué otros, peor aún, participaron activamente en esta farsa?
La violencia en las escuelas de Baja California no es un problema menor ni anecdótico. Se manifiesta de múltiples formas: desde agresiones físicas directas y maltrato verbal, hasta exclusión social, acoso sexual y un creciente fenómeno de ciberacoso que afecta el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.
La desaparición del INAI pone en jaque el derecho a saber. En Baja California, el Congreso tiene hasta el 19 de junio para decidir entre reforzar la transparencia o institucionalizar el silencio. La ciudadanía no puede quedarse al margen.
La falta de rendición de cuentas sobre la recaudación del ISRTP es inaceptable. Esta incertidumbre exige nuestra atención urgente. Es crucial que se realicen ajustes a los gastos superfluos del gobierno, que incluyen excesos en comunicación, viajes, viáticos y seguridad para funcionarios.
