En lo que va de su gobierno y comparado con el anterior, Jorge Astiazarán Orcí engordó nómina y aumentó el gasto del Municipio de Tijuana en un 16 por ciento. Y aunque desde el inicio de su gestión ha pregonado la austeridad, hasta la fecha el ahorro no se le da al XXI Ayuntamiento que preside. El ahorro en botellas de agua, telefonía móvil y gasolina que aplica en su gestión, no ha sido suficiente para contener lo que en gasto absorbe su crecida burocracia. Para muestra, están los números. De su antecesor, Carlos Bustamante, Astiazarán recibió una nómina conformada por 8 mil 658 empleados -entre personal de base, confianza, tiempo determinado, policías, maestros, etcétera-, cuyo sueldo representó un gasto anual de 2 mil 800 millones 121 mil pesos en el año 2013. A la fecha, 9 mil 450 empleados cobran en las arcas del Municipio, lo que significa una erogación anual de más de 3 mil millones de pesos, el 60% del gasto público. Y aunque en la actualidad se emprende un recorte de 200 empleados de confianza, “basado en un estudio de reingeniería administrativa”, esta medida significará un ahorro de solo 7 millones de pesos al año, insuficiente para compensar el gasto que ha acumulado en este rubro. A excepción del secretario de Administración y Finanzas, cargo que desaparece del organigrama municipal, el recorte lo enfoca al personal de segundo nivel hacia abajo, siendo las bajas más relevantes, subdirecciones o jefes de departamento, empleados que ganan menos de 25 mil pesos al mes. De acuerdo al presupuesto de 3 mil 96 millones de pesos contemplado para el pago de nómina del ejercicio 2015, el ahorro de ese recorte de personal será del 2.7%, mientras que el gasto total programado para el ejercicio fiscal 2015, apenas se verá disminuido un 1.5%. El ahorro será posible siempre y cuando no se registren aumentos salariales, o simplemente se den nuevas altas de personal, algo que no descarta el oficial mayor, Marco Antonio Dueñas. A decir por el funcionario, en lo que resta de la administración no se contempla otra disminución de empleados, y el alcalde tampoco ha mencionado en qué otro rubro ajustará el cinturón para lograr el gobierno de austeridad que, a la fecha, no ha llevado a cabo.   Contrae gasto social y aumenta nómina   Poner orden a una administración en completo caos, con número rojos que lo obligó a un primer endeudamiento para el pago de la nómina del final del ejercicio fiscal 2013 -salarios y aguinaldo incluido-, fue el primer reto para Jorge Astiazarán. Entonces se comprometió a no repetir los yerros de Carlos Bustamante, su antecesor. Para ello emprendería un gobierno austero, siendo el adelgazamiento de la nómina su primer compromiso. Ello incluía analizar cada una de las 65 plazas que en forma arbitraria impuso Bustamante, en negociación con Martín Plascencia Ávila, entonces secretario del Sindicato de Burócratas de Tijuana y actual regidor en el XXI Ayuntamiento. No ha cumplido. Desde el primer mes de su gobierno, diciembre de 2013, la nómina que recibió en una cantidad de 8 mil 658 empleados, Astiazarán la elevó a 8 mil 772. 114 trabajadores más. El dispendio siguió durante el ejercicio fiscal 2014, año en que se programó un gasto total de 5 mil 294 millones de pesos y que elevó en 172 millones de pesos, para cerrarlo en 5 mil 467 millones de pesos. La economía la enfocó en disminuir el uso de papelería, productos de limpieza, transporte, botellas de agua, servicios de traslado y viáticos. Vaya, en el primer año de gobierno, Astiazarán redujo hasta el gasto programado para ayudas sociales y donativos, en 19.9 millones y 10.2 millones de pesos, respectivamente; el ahorro no se reflejó en las finanzas de Tijuana por el aumento en el gasto de la nómina. El incremento en el número de empleados, aunado a un aumento salarial de 7.3% autorizado a los empleados de base, volvió insuficientes los 2 mil 927 millones de pesos programados para el pago de ese rubro, presupuesto que hubo de robustecer con un aumento de 316 millones de pesos. Del gasto anual de 2014, la  nómina consumió un total 3 mil 244 millones de pesos, es decir, 443.9 millones de pesos más a los gastados en 2013, que representó una elevación del 15.8%.   El ahorro de Astiazarán   Para 2015, el XXI Ayuntamiento proyectó erogar 3 mil 096.8 millones de pesos en el pago de empleados, lo que significa el 60% del gasto total de 5 mil 368.6 millones de pesos, dispuesto para este ejercicio. Hasta antes de la reingeniería económica, la administración del XXI Ayuntamiento registraba una nómina de 9 mil 450 trabajadores, 792 empleados más en comparación con la última registrada por el XX Ayuntamiento. Según el oficial mayor, Marco Antonio Dueñas, el incremento incluye las 550 plazas de la Policía Comercial dadas de alta; el resto, sostiene, corresponden a empleados dados de alta en el rubro de confianza y que antes cobraban en tiempo y obra. Con el recorte de las 200 plazas de confianza, la Hacienda de Tijuana se estará ahorrando solo 7 millones de pesos al mes, que multiplicado por los cinco meses que le restan al año fiscal, ascenderá a 35 millones de pesos. Si se sostiene en la misma proporción, el ahorro acumulado en un año será de 84 millones de pesos, lo que representa un ahorro de apenas 1.5% del gasto promedio anual.   La reingeniería   En los últimos tres meses, el gobierno de Astiazarán analizó cada una de las dependencias del XXI Ayuntamiento, encontrando que algunas áreas, sobre todo en la administrativa, había dualidad de funciones. Por ello se optó por eliminar cargos como el de la subdirección administrativa de la Dirección de Administración Urbana (DAU), precisó Marco Antonio Dueñas Soto, titular de Oficialía Mayor de Tijuana. De entrada, la reingeniería consistió en simplificar algunos procesos de tipo administrativo para proceder al despido de 200 trabajadores, todos de confianza. El funcionario anotó que las bajas de personal comenzaron con el recorte de 10 personas del área administrativa de la Policía Comercial, hace tres meses. El proceso continuó con la renuncia del secretario de Administración y Finanzas, José Guadalupe Mojica Moreno, el 30 de junio de 2015, cargo que no se sustituirá al preverse borrarlo del organigrama. Las actividades de esta dependencia serán divididas entre el tesorero y el oficial mayor, quienes absorberán el aspecto financiero y administrativo, respectivamente. El sueldo del secretario de las finanzas municipales, es uno de los ahorros previstos, pero también es el único cargo de ese nivel que será eliminado. De hecho, Dueñas Soto no pudo mencionar en las bajas previstas a ningún director, y fuera de la subdirección administrativa de DAU, tampoco precisó que otra subdirección será eliminada, aunque afirmó, en varias dependencias “se está generando un solo director administrativo y se están eliminando las subdirecciones administrativas”. Las áreas donde la medida no se aplicará, son Seguridad Pública, Bomberos y Servicios Públicos. En la última semana de junio se continuó con la disminución de integrantes de la nómina municipal, previéndose al cierre de esta semana llegar a la mitad de los 200 recortes programados. Respecto al ahorro a lograr con la eliminación de las 200 plazas, el oficial mayor indicó que será canalizado a obras de pavimentación y equipamiento del área de Servicios Públicos. “Básicamente es hacer más eficiente la administración”, puntualizó.   Descartan demandas laborales por despidos   Para el despido de los 200 empleados de confianza, el gobierno de Jorge Astiazarán lleva a cabo negociaciones “de común acuerdo”, expuso el oficial mayor Marco Antonio Dueñas. Y añadió: “En los despidos se está yendo por empleados que casi, casi entraron en esta administración, que no tienen mucha antigüedad”, de esta manera, dijo, se descarta que el recorte vaya a generar demandas laborales. Las denuncias por despido injustificado le han costado a la actual administración el pago de 32 millones 813 mil pesos, precisó el actual encargado de despacho de Administración y Finanzas, José Manuel Noriega Moreno. Los laudos perdidos corresponden a despidos realizados por los dos gobiernos que antecedieron al XXI Ayuntamiento, “ningún caso es de esta administración”, sostuvo el consejero jurídico, Gerardo Herrera Zavala.   Sin investigar bases irregulares de Bustamante   Al final del gobierno de Carlos Bustamante, se dio de alta a 65 empleados de nómina, sin respetar escalafón, ni méritos por antigüedad, como lo establece el Reglamento del Sindicato de Burócratas, y sin la aprobación previa del Cabildo. La negociación se dio entre Bustamante y Martín Plascencia, quien entonces se desempeñaba como secretario general de los burócratas de Tijuana. Al tomar las riendas de la administración municipal, Jorge Astiazarán se comprometió a investigar la polémica basificación, la cual el oficial mayor, Marco Antonio Dueñas, tasa en 55 plazas. Al respecto, el funcionario se limitó a responder que esas bases podrían ser analizadas en una segunda etapa de reingeniería administrativa, la cual aún no se contempla siquiera.   Desechan nuevos recortes de personal   Una vez concluido el proceso de eliminación de las 200 plazas programadas, el XXI Ayuntamiento no prevé a futuro nuevos recortes de personal, afirmó Marco Antonio Dueñas. En contraparte, no descartó la creación de nuevas áreas, como sería la Dirección de Atención al Migrante, que propone la regidora presidenta de Asuntos Fronterizos, Marta Leticia Castañeda, lo que conllevaría a contratar nuevo personal.

En específico, las avionetas Cessna modelos 206 y 210 son las preferidas por los cárteles de la droga en México para el trasiego de droga. Aunque son aeronaves fabricadas y utilizadas desde la década de 1970, son confiables, veloces y especiales para trasladar cargas pesadas en distancias largas. Eso las convierte en las más solicitadas por narcotraficantes desde México. Y Vicente Contreras Amezquita era el hombre indicado para conseguirlas. Bajo encargo, Contreras buscaba las aeronaves solicitadas tanto en empresas como entre vendedores particulares. Desde California, podía viajar hasta Arizona o Nevada para elegir la indicada. Luego cerraba el trato y pagaba por la aeronave con el dinero enviado por los cárteles de droga. Además, ofrecía refacciones y accesorios como tanques auxiliares de combustible, llantas para cargas pesadas, así como equipo y maquinaria para construir pistas clandestinas de aterrizaje. Para que el origen del dinero, ni las compras fueran detectados por la autoridad estadounidense, empleó a su familia para lavar 3.6 millones de dólares a través de 46 cuentas bancarias. Y para exportarlas a México, por la vía legal, utilizaba sus dos empresas: Aeropartes Baja en San Ysidro, California; y en Tijuana, Baja California, Vekve Corporación. Era un negocio redondo. De esta forma, el importador de aviones originario de Tijuana, adquirió 35 avionetas de vendedores en Estados Unidos para introducirlas a México y adecuarlas para el trasiego de droga. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó ante la Corte el caso que involucra a Contreras Amezquita y ocho personas más, acusados principalmente del delito de conspiración para lavado de dinero y por violar leyes fiscales que obligan reportar transacciones superiores a los 10 mil dólares. El 30 de abril de 2015, el mismo día que recibió el caso, el magistrado Ruben B. Brooks emitió una orden de arresto para Contreras Amezquita, identificado como el orquestador de la estructura financiera. Con residencia en Chula Vista, California, fue arrestado el jueves 16 de julio y apareció frente al juez Bernard G. Smokal al día siguiente, quien determinó que el acusado debería permanecer preso debido al riesgo de huida, ya que enfrenta 200 cargos federales.   Un negocio de familia   De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Vicente Contreras Amezquita  inició una sociedad junto a su esposa Elizabeth Fregoso Zamora para abrir la empresa Vekve Corporación, el 18 de mayo de 2004. La compañía se dedica a la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, diseño, instalación, comisión, distribución, elaboración, desarrollo, reparación, renta y el comercio en general, de toda clase de partes para aeronaves”. Así como para “importar, exportar y transportar toda clase de productos, bienes y servicios, nacionales o extranjeros”. El negocio inició con un capital social de 50 mil pesos, el 50 por ciento de las acciones a nombre de Contreras Amezquita y la otra mitad a nombre de su esposa. Si bien, la compañía todavía aparece en buscadores de empresas dedicadas a la industria aeronáutica, así como en directorios, con dos domicilios en Tijuana, uno en la colonia Juárez y otro en la colonia Madero, ZETA se comunicó y acudió a ambas oficinas, sin encontrar el establecimiento Vekve Corporación. En cambio, Aeropartes Baja, la segunda empresa del acusado y dedicada principalmente a la compra y venta de aeronaves y sus partes, aparece con domicilio en San Ysidro, California, en registros de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, precisamente en transacciones de avionetas. Con base en documentos judiciales, ambas compañías eran utilizadas por el mexicano para lavar dinero y comprar aeronaves para los cárteles en México. En cuanto a la estructura de la red de lavado, participaban la esposa de Contreras Amezquita, Elizabeth Fregoso y sus dos primas, Denise Absolor Infante, ex jugadora de softball en Tijuana, y Nancy Absolor Infante, residente de Chula Vista, California. Entre 2007 y 2012, el grupo conformado por el importador de aviones y las tres mujeres, abrió 46 cuentas bancarias con diferentes nombres en más de cinco instituciones bancarias y realizaron 525 depósitos de dinero en efectivo por un monto de 3.6 millones de dólares, dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a las indagatorias de las fiscalía californiana. “Inmediatamente después de conseguir el dinero para la adquisición y compra de las aeronaves solicitadas y como parte del proceso de encubrimiento, Vicente Contreras Amezquita dirigía e instruía a Elizabeh Fregoso Zamora, Denisse Absolor Infante y Nancy Absolor Infante, a realizar depósitos por debajo de los 10 mil dólares en diferentes cuentas de banco en diferentes instituciones financieras”, indica la acusación formulada por la Fiscalía Federal del Sur de California. Estos depósitos bancarios ocurrían al poco tiempo de que Conteras acordaba la venta de cada aeronave, así como de la fecha de pago por ésta. Ya que en Estados Unidos, la Ley requiere que toda institución financiera reporte al Departamento de Tesoro, cualquier transacción por encima de los 10 mil dólares, el grupo realizaba depósitos escalonados y después los transfería desde distintas cuentas para evitar ser detectados y evadir a la autoridad. Para ello, utilizaban licencias de manejo, pasaportes e identificaciones tanto mexicanas como estadounidenses, con distintos nombres. Por ejemplo, Elizabeth Fregoso utilizaba el apellido Contreras, de su esposo, o se identificaba como Elizabeth Zamora. Así abrieron cuentas en California, Arizona, Texas, Michigan y Georgia, en bancos como Wells Fargo, Chase, Bank of America, Comerica y Union Bank de California. Incluso, en un mismo día, el grupo viajaba a diferentes sucursales del mismo banco y en la misma zona para poder realizar más depósitos. De esta forma, por ejemplo, la pareja realizó 20 depósitos bancarios por 128 mil 740 dólares, entre el 14 y 22 de febrero de 2011. Con el monto total, se pagó una avioneta Cessna modelo TU206G. Aunque estas cuentas pertenecían a los dos, utilizaron combinaciones de sus nombres para evitar llenar los registros fiscales correspondientes. En sí, los depósitos bancarios iban desde los mil 960 hasta los 9 mil 900 dólares. Realizar este tipo de “estructuración” financiera para dividir un monto que supera los 10 mil dólares en una transacción bancaria, constituye un delito federal en Estados Unidos.   Los cómplices desde California hasta Colima   La acusación indica que en la red liderada por Vicente Conteras Amezquita, también participaban Héctor Hernández, Claudio Alejandro Hernández, Alfonso Montero Vázquez, David Salvador y Javier León Rodríguez. El tijuanense se auxiliaba de otros negocios para completar los procesos de compraventa, así como de importación y exportación. En documentos presentados ante la Corte -en poder de ZETA-, se detalla “Héctor Hernández, dueño de Pacific Coast Aero, empresa – localizada en Zamperini Field, dentro del aeropuerto de Torrance- facilitaba el transporte y entrega del dinero en efectivo a Vicente Contreras Amezquita para la adquisición y compra de aeronaves”, para la exportación y registro a México. La Fiscalía también explica que Claudio Alejandro Hernández era el encargado de dar de baja las aeronaves adquiridas en Estados Unidos y así exportarlas a México. A Héctor Hernández, dueño y gerente de la empresa, se le giró una orden federal de arresto, el 30 de abril de 2015. Ya que Pacific Coast Aero es una empresa con sitio de internet propio y registrada, este Semanario se comunicó a sus oficinas en California para buscar su postura respecto al caso, pero Hernández respondió que prefería no hacer comentarios al respecto. Mientras que del lado mexicano, Alfonso Montero Vázquez y David Salvador Montero Vázquez, dueños de Servicios Aeronáuticos de Colima en México, fueron identificados como parte de esta red. De acuerdo con documentos de la Fiscalía, los hermanos Montero Vázquez se organizaban con Héctor Hernández y Claudio Alejandro Hernández para adquirir y comprar aeronaves para exportarlos a México, también mediante la entrega de dinero en efectivo para Vicente Contreras Amezquita. Para las transacciones se comunicaban mediante teléfonos celulares y correos electrónicos, muchas veces en lenguaje encriptado o en código, para acordar los lugares y fechas de entrega de efectivo. Centros comerciales, estacionamientos, hangares y hasta restaurantes de comida rápida, eran las ubicaciones elegidas para esto. De hecho la fiscalía informó que Alfonso Montero Vázquez cuenta con antecedentes en las redes utilizadas para adquisición de avionetas para el narcotráfico. Se le vincula en el envío de 859 mil 688 dólares mediante 18 giros telegráficos desde México al International Bank en Oaklahoma, en 2007, para la adquisición de un avión Beech King Air 200 con número de registro N50AJ.   La audiencia   Con una cadena que le cuelga de la cintura hasta unirse a las esposas en sus muñecas, Vicente Contreras Amezquita pisó la sala del juez Bernard G. Skomal a la 1:00 pm del jueves 30 de julio en la Corte Federal en San Diego. Con abundante cabello negro, cejas pobladas y la sombra de un bigote recién rasurado, el tijuanense fue representado por un defensor público, quien solicitó al juez federal que la audiencia de detención, iniciada esa tarde, continúe el 18 de agosto. En representación de la Fiscalía del Distrito Sur de California, Sherri Walker aceptó la petición. Mientras que para el 24 de agosto, se realizará la audiencia de fijación del juicio para establecer las próximas audiencias. En la primera audiencia  la defensa también entregó al juez una declaración financiera respecto al acusado, la cual se mantendrá bajo secrecía durante el proceso. Contreras abandonó la sala después de cinco minutos de haber entrado, encadenado también de los tobillos, sonrió antes de salir por la puerta de detenidos, seguido de dos fiscales. De ser encontrado culpable, Vicente Contreras Amezquita podría recibir una sentencia de 20 años de prisión.      Tenía antecedentes criminales desde 15 años atrás   El 25 de mayo de 2000, Vicente Contreras Amezquita fue arrestado al intentar cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos con 27 mil 900 dólares en efectivo. En la Unión Americana, es un delito federal no reportar la exportación e importación de instrumentos monetarios superiores a 10 mil dólares. Alrededor de las 7:00 am, el tijuanense manejó su vehículo Nissan Sentra 1993 hasta la garita de Calexico, California, en colindancia con Mexicali, Baja California. Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le preguntó si tenía más de 10 mil dólares que declarar, pero Contreras Amezquita respondió que no. En inspección secundaria, volvió a negar el hecho, pero cuando un segundo oficial registró el vehículo, ubicó una bolsa de plástico con cierre, escondida en un compartimento debajo del radio del automóvil. Conforme continuaron la inspección, agentes del CBP localizaron un maletín negro con una bolsa de papel en su interior, la cual contenía más fajos de dinero. Incluso, había paquetes escondidos debajo de las rejas del aire acondicionado del auto. En total, fueron hallados 27 mil dólares, por lo que Contreras Amezquita fue arrestado. Tras ser interrogado por las autoridades, declaró que era dinero producto de la venta de una aeronave y que lo había escondido porque lo consideraba más seguro que cargarlo consigo. Sin embargo, al ser presentado ante la Corte Federal de Estados Unidos, el caso fue desechado y el tijuanense recobró su libertad. Después de esa ocasión, las transacciones realizadas por Vicente Contreras no rebasaron los 9 mil 900 dólares para evitar ser detectado por la autoridad.    

Desde 2014, con mayor actividad criminal entre mayo y julio de 2015, tanto en el Gobierno del Estado como en el XXI Ayuntamiento de Tijuana, cuando se refieren a los responsables de los asesinatos que suceden -cada vez con mayor intensidad- en la ciudad, dicen que se trata de delincuentes “sin rango dentro del mundo criminal”, pero no los han aprehendido. Mencionan una y otra vez, los mismos nombres: * Arturo Govanni Gómez Herrera “El Gross”. * Raúl Miranda Ordaz “El 300” y/o “El Alejo”. * Víctor Hugo Mejía López “El Griego”. * Los apodos “El Moreno” y “El Tribi”, de quien aseguran, ha sido asesino al servicio de “Los Güichos”, “Los Aquiles” y “Los Atlantes”, y según las autoridades, sigue cambiando de bando. Quizá desde el cambio en el discurso oficial, cuando decidieron desde el Gobierno Federal no magnificar delincuentes, llamándolos “líderes de células”, “sicarios”, “lugartenientes”, o a las bandas cárteles u organizaciones criminales, pero ante el hecho de minimizar al delincuente, da la impresión que los gobiernos -particularmente los locales- han sido rebasados por la inseguridad que mantienen las “bandas” de esos “delincuentes sin rango”. Al mismo tiempo, tanto en el Estado como en el Municipio, investigadores coinciden: estos homicidas reciben apoyo de policías. Incluso han detectado las zonas donde les parece evidente esta dupla criminales-policías: * Playas, donde un supervisor fue denunciado por haber sido visto recibiendo dinero de criminales en una maleta. * San Antonio de los Buenos, donde desde la llegada del jefe  Sergio Martínez, los asesinatos impunes en la zona se multiplicaron, hasta ocupar el nada honroso primer lugar por delegación. * La Presa Rural, donde incluso tienen a dos jefes policíacos señalados de corrupción, a quienes identificaron por sus apellidos, “son Macías y Mayer”.       Arrecian ejecuciones   Catorce asesinatos se cometieron entre el viernes 24 y el miércoles 29 de julio, solo hubo detenidos en un doble homicidio. En el mismo lapso, se reportaron privaciones de  la libertad en los casos de tres personas que después aparecieron torturadas y asesinadas. Además de un homicida que se escapó después de que vecinos de la colonia, vieron cómo tiraba un cadáver.  Uno de los detenidos, tras ser lesionado, informó que las esquinas -para venta de droga- estaban muy caras y muy peleadas, y ejemplificó que él vendía unas tres onzas de cristal a la semana y sacaba 13 mil pesos, de los cuales se quedaba con 5 mil y entregaba 8 mil. También, que su jefe criminal, de la célula de “Los Uriarte”, lo ha mandado a vender a “puro territorio enemigo”.   Una limpia y “Los del Inge”   Por la noche del viernes 24, Gilberto Barreras Sánchez se encontraba en la calle  Prolongación Santos Degollado, Anexa Niños Héroes de la delegación San Antonio de los Buenos. Estaba identificado como vendedor de droga en la zona, pero se encontraba en libertad. Alrededor de las 9:00 pm, se reportaron balazos en la zona y al llegar los policías lo encontraron muerto. Una hipótesis de los investigadores refiere que hubo por lo menos dos atacantes, conocidos, porque les permitió acercarse. Uno le disparó cuatro balas calibre 45, y el segundo, seis balas calibre 9 milímetros. Ambos huyeron entre la oscuridad con tranquilidad. El análisis policíaco indica que este vendedor de narcóticos fue acribillado en medio de una “limpia” criminal que se desata en el área que abarca las colonias Miramar, Internacional, Cañón de las Palmeras, Soler, Francisco Villa, Cañón del Pato, Niños Héroes, hasta la Obrera. Además, se le ubicaba en el mapa criminal de la zona como “tirador de ‘Los del Inge’, que se están reagrupando” -los del Cártel Arellano Félix- y que pertenecía a la célula de uno apodado “El Grandote”. De igual manera, los investigadores refieren respecto a anteriores indagaciones, que las ejecuciones las ordena uno identificado como Raúl Miranda Ordaz y “El Tribi”, con lo que suponen, este último ya no asesina para Sinaloa, sino para la reagrupada organización criminal CAF, donde también tienen identificado en esa zona a un hombre llamado Brígido García.       Muertes por revancha   Del hombre asesinado, cuyo cuerpo desnudo y atado de pies y manos fue tirado la noche del domingo 26 de julio en el Bulevar 2000, a la altura del fraccionamiento Altiplano Segunda Sección en La Presa Rural, los investigadores señalaron a un sospechoso: Víctor Hugo Mejía López  “El Griego”. Según la investigación, el hombre aún no identificado fue torturado “porque querían que les dijera quién privó de la libertad y  mató a un pariente del ‘Griego’ el 21 de julio, y tiró su cadáver en Rosarito”. A un lado de donde tiraron el cuerpo, dejaron una cartulina con el mensaje: “LAS TRAISIONES SE PAGAN CON ESTE SAPO NO SE PAGAN.UN HOMBRE BAMOS POR MAS “ATTE EL DE LA G.”. La interpretación policiaca es que tras la “traición” habrá más muertes de miembros de la célula contraria para vengar la muerte de Víctor López, cuyo cuerpo fue localizado sobre el Corredor 2000, a la altura de Rancho La Fortuna, en Rosarito. La noche previa lo habían privado de su libertad, cuando fue a vender un auto en el fraccionamiento Residencial del Bosque, a pesar de estar en compañía de otro hombre a quien dejaron en libertad. Cuatro sujetos armados se lo llevaron en una vagoneta y apareció muerto en la caja de un pick-up.   Matan a otro; vendía droga en su casa   Jorge Rodríguez Cruz, de 42 años, vendía droga que recibía de un sujeto al que las autoridades solo identifican como “El Moreno”, ambos bajo la jefatura criminal de Arturo Govanni Gómez Herrera “El Gross”. No batallaba, le entregaban los paquetes de droga en su casa y ahí los vendía, sus consumidores llegaban a todas horas del día, le chiflaban desde el patio, él salía, tomaba la orden y regresaba con la mercancía. Pasadas las diez de la noche del domingo 26 de julio, el homicida llegó sin hacer ruido, ni siquiera se tomó la molestia de acercarse. Rodríguez estaba en la cocina de su casa, ubicada en Calle Rancho Alegre número 9, Colonia División del Norte, Delegación Sánchez Taboada. Lo vio parado en la venta, le disparó y le dio en la cara. Su esposa e hijo estaban en la vivienda. Dijeron que al escuchar los balazos corrieron a la cocina y lo encontraron muerto, pero no pudieron ver al atacante.   Repiten armas y dos detenidos   El único caso de homicidio en la semana que las autoridades pudieron relacionar con otros expedientes abiertos, ocurrió antes de las once de la noche del lunes 27, en Calle Cuarta esquina con Calle B, Colonia Roberto de la Madrid, Delegación Centenario. Varios jóvenes estaban reunidos en ese punto a esas horas de la noche sin hacer nada, cuando llegaron otros muchachos. Les dispararon, se dispersaron y solo Fernando Compeán quedó muerto. Se encontraron seis casquillos calibre 45 y cuatro calibre 9 milímetros. Las dos armas utilizadas en este ataque, salieron positivas. Se habían utilizado en dos asuntos de lesiones: * El 17 de julio de 2015, balearon a Guillermo Vallejo Ortiz en Calle Benito Juárez del fraccionamiento El Pípila II. * El viernes 24 de julio hirieron a César Corona G., en el entronque de las calles Solidaridad y Bulevar Cucapah, Colonia Gabriel Rodríguez.   Otro caso con leves avances fue el doble homicidio reportado a las 4:45 am del martes 28 de julio, las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Claudia Eliza Guardado Martínez, y un hombre al que identificaron como “La Flor”. Dejaron los cuerpos baleados con una pistola 9 milímetros en la vía pública, sobre Calle Juan de la Barrera, frente al número 14509 de la colonia Los Arenales. La Policía Municipal reportó que vio a los homicidas en la escena del crimen, los persiguieron y dieron alcance en el fraccionamiento El Lago. En este caso los agentes locales presentaron a Armando Raygoza Carrillo y Jesús Antonio Ide Peñuelas, y la escuadra 9 milímetros que tenían en posesión, la cual dio positiva en otro homicidio: el de Marlo Francisco Alfort Bautista, cometido el 2 de julio en la colonia Buenos Aires Norte, Delegación Cerro Colorado.   Privados de la libertad   La noche del lunes 27 de julio, vecinos del Callejón 16 de Septiembre, frente al número 8602 de la colonia Anexa Buena Vista en Mesa de Otay, vieron cómo un hombre sacaba un cuerpo de la cajuela de un vehículo Acura y lo tiraba. Al verse descubierto huyó. El cuerpo era de José Manuel Quiñonez López, quien horas antes había recibido la violenta visita de sus atacantes en su casa y frente a su familia. Lo habían amagado. Le preguntaron por la droga y el dinero, revolvieron la casa buscando algo que no encontraron y se lo llevaron.  A las 12:05 am del martes 28, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dieron cuenta del cadáver. Uno de sus familiares reconoció que la víctima “… posiblemente se dedicaba a cosas ilícitas”, y que lo deportaron porque lo encontraron con droga en Estados Unidos. Más o menos al mismo tiempo, otro comando criminal se llevó a dos personas, después “uno habló a su casa para decir que debía dinero y que le llevaran 2 mil 700 dólares y el carro que estaba vendiendo”. La familia entregó lo solicitado, por eso la primera versión fue que habían secuestrados a dos vendedores de autos. Los cuerpos de ambos hombres fueron localizados la tarde del miércoles 29 de julio, dentro de una casa en la colonia Buena Vista; los habían golpeado y estrangulado.   Lesionados   En cuanto a los lesionados, dos casos llamaron la atención esta semana, el primero la madrugada del sábado 25 de julio, cuando Cristian Iván Limón, cantante de la banda de narcocorridos Los Nuevos Ferraris, resultó herido mientras cantaba en La Cantina VIP, en el interior de la Plaza Fiesta en la Zona Río. De acuerdo con la víctima, estaba en el escenario del bar cuando se escucharon detonaciones. Él y muchos de los presentes se tiraron al suelo, pero se dio cuenta que estaba herido y, como pudo, corrió al baño para refugiarse y ahí estuvo por diez minutos, hasta que según su declaración, llegaron los empleados del establecimiento y la Policía. A pesar de que se encontraron casquillos afuera del ventanal de la cantina, y algunos orificios aparentemente de entrada, la PGJE no define si el agresor disparó dentro o fuera del local. Limón dijo no saber quién querría atacarlo, pero manifestó que recibió amenazas por su cuenta de Facebook porque toca corridos, los cuales ensalzan a matones y traficantes del grupo de Alfonso Arzate “El Aquiles”, de quienes reconoció, le mandan las letras y él nada más las canta. Después declaró  que ni siquiera estaba seguro que fuera en su contra. Información que no fue dada a conocer, llevó a la PGJE a suponer que el atentado pudo ser por una canción dedicada a un sujeto apodado “El Boti”.   Luis Javier García Jiménez “El Boti” fue asesinado el 21 de abril, según lo declarado por el detenido  Marco Antonio Lizárraga Ramírez, como parte de la pugna entre “El Gross” y “El Griego”. Otro lesionado fue Giovanni Gama Hernández “El Isis”, mencionado en dos averiguaciones previas llevadas por la Procuraduría del Estado por homicidio y varias de lesiones. Se le identifica como matón de Raúl Ordaz “El Alejo”. Lo hirieron en la cadera la mañana del martes 28 de julio, cuando estaba en la casa de su suegro en la colonia Anexa San Ángel, intentó evadirse dando otro nombre, pero al ser identificado y notificado que le harían efectiva la orden de reaprehensión emitida por el Juzgado Octavo de lo Penal del expediente 830/2014 abierto por robo con violencia y girada el 10 de octubre de 2014, decidió amenazar a los agentes. Les advirtió: “Me los voy a chingar”.   Desconocidos   El viernes 24 de julio, dentro de un  Toyota Tercel color verde con placas de California y con reporte de robo, la autoridad levantó el cuerpo de un hombre robusto quemado en el 90 por ciento; lo incendiaron en la cajuela del auto, el cual se encontraba en el fraccionamiento Moreno de La Mesa. El sábado 25 levantaron otros cuatro cadáveres: en La Morita Primera Sección, un hombre con surco de estrangulamiento, atado de pies y manos, y tres heridas en la frente por arma de fuego, estaba dentro de una camioneta con reporte de robo. Debajo del puente de la Avenida Internacional, en Zona Río, otro masculino desconocido, a quien le estrellaron un bloque en la cabeza. Parecía ser trabajador de maquila, pues llevaba consigo una mochila con ropa, revistas y credencial de Servicenter. Y en un cañón despoblado con acceso por la calle Soldadores en el reacomodo Sánchez Taboada , otro hombre en estado de putrefacción, tenía herida en el costado derecho provocada por un instrumento punzo cortante, y los pantalones abajo. Finalmente, casi a las cinco de la tarde en la colonia Nueva Aurora, Delegación San Antonio de los Buenos, a un costado de una vereda de ascenso y descenso sin pavimentar, nombrada Avenida del Sol, a un costado del camino tiraron un costal de los que regularmente contienen azúcar o harina. En el interior estaba el cadáver de un hombre en estado de putrefacción de aproximadamente 40 a 45 años, tenía varias fracturas expuestas en la cabeza.     En cateo a taller mecánico, encuentran cristal y marihuana   Alrededor de 60 kilogramos de cristal y 36 kilos de marihuana fueron encontrados en el cateo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos, adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), en un taller mecánico ubicado en la colonia Buenos Aires Norte en Tijuana. Tres días después de que el viernes 24 de julio, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) incautaran 69 kilogramos de cristal y siete de heroína frente al domicilio, un juez federal emitió una orden de cateo para que se realizase el operativo. A las 2:00 pm del lunes 27 de julio de 2015, los agentes federales arribaron al domicilio ubicado en el número 43 de Calle Bahía de los Ángeles esquina con Avenida Ejido Los Álamos de la colonia perteneciente a la delegación Cerro Colorado, en la Zona Este de la ciudad. En presencia del agente del Ministerio Público federal, oficiales y peritos localizaron 129 contenedores de plástico con aproximadamente 60 kilos de cristal, tanto en tres maletas al interior del inmueble, como esparcidos en el patio. Además, en el piso de concreto de la construcción de un piso, los oficiales encontraron un pequeño orificio que a su vez escondía un compartimento subterráneo en forma cuadrangular que escondía 36 kilos de marihuana. También en el operativo realizado por la PEP, el viernes 24 de julio, fueron detenidas seis personas. Carlos Armando Flores Carrasco, de 27 años de edad, originario de Tijuana; Manuel Ayón Tapia, de 31, de Cósala, Sinaloa; Antonio Sánchez Durán, de 33, nacido en Durango; y José Luis Armenta Hernández, de 60, originario de Ahome, Sinaloa, se encontraban a bordo de dos vehículos donde fueron localizados 69 kilogramos de cristal. Mientras que Mario Alfonso Ayón Corrales, de 33 años de edad, y Ramón Ayón Cruz, de 48, oriundos de Durango y Sinaloa, respectivamente, salieron del taller mecánico cateado con una maleta que contenía 14 recipientes y siete paquetes con heroína. Aunque los seis hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, Ayón Tapia y Ayón Cruz fueron liberados por orden de un juez federal, en lo que se integra la investigación correspondiente. El resto de los aprehendidos continúan bajo arresto por posesión de narcóticos. Elementos de la PEP se mantuvieron en el perímetro del inmueble desde el viernes 24, ya que uno de los detenidos refirió que al interior del lugar se localizaba más droga. Los policías estatales también estuvieron presentes durante el cateo. En el predio se encontraban dos vehículos, uno tipo sedán y una camioneta, con el cofre y la cajuela abiertos, así como algunas herramientas y una rampa para el acceso de los automóviles. A un costado del inmueble, se localiza un edificio con departamentos. Los contenedores de plástico con cristal, estaban clasificados por tapas de distintos colores, como se ha visto en decomisos realizados previamente como el de una tabla de surf hallada en las costas de Tijuana, en junio de 2015.   Otro decomiso millonario     La tarde del mismo 27 de julio, elementos de la PEP capturaron en la delegación Cerro Colorado, a los sinaloenses María Laura Carbajal Serrano, Agustín Lizárraga Núñez y Jaime Alejandro López Peñúñuri, todos originarios de Culiacán, Sinaloa, quienes dijeron delinquían para José Soto “El Tigre”. Los traficantes estaban en posesión de dos autos, 108 kilos 500 gramos de cristal, 46 kilos de cocaína -equivalentes a 230 mil dosis- y 43 kilogramos de heroína. Un promedio de 1 millón 660 mil 085 dosis que, según la Secretaría de Seguridad Pública, tiene un valor superior a 121 millones 754 mil pesos.   José Escudero sigue desaparecido, autoridades ya no lo buscan   En enero de 2013, José Escudero desapareció en el poblado de Cataviña, en Ensenada, en la zona de la cantera San Telmo Ónix. La última vez que su familia lo vio fue el 3 de enero y reportaron su desaparición el día 28, cuando fueron a buscarlo porque no regresó al puerto ni respondió llamadas telefónicas. Los primeros días del reporte, la Procuraduría General de Justicia del Estado encabezó una búsqueda que abarcó solamente 500 metros a la redonda de la casa de la víctima. Conocedores de que se trata de una zona donde muchos de los residentes se dedican al tráfico de drogas, la Secretaría de Seguridad Pública realizó otro operativo intensivo, hubo varios detenidos que posteriormente fueron libreados, pero nadie dijo nada de lo que pudo pasarle a Escudero. Esta semana, Juana Rincón, madre de la víctima, estuvo en ZETA para informar que de la PGJE, representada en Ensenada por el subprocurador Marco Antonio Chavarría, le informaron que habían cerrado el caso; tuvo que contratar un abogado para ampararse y evitarlo desde finales del año pasado. “Estoy desesperada, yo solo quiero saber qué pasó con mi hijo, pero ya no lo buscan, nunca mandaron llamar a  los empleados de mi hijo con los que tuvo problemas”, y aseguró que cuando Chavarría era el investigador a cargo del caso de su vástago, llegó el momento en que le dijo: “Para qué sigue buscando, señora, a su hijo ya se lo comieron los tiburones”. ZETA consultó al licenciado José María González Martínez, subprocurador contra la Delincuencia Organizada, del presunto cierre de este expediente, a lo que explicó: “No se puede cerrar hasta que prescriba, y son varios años -este caso lleva apenas dos años-, y cuando se cumpla el tiempo, la familia puede acceder a recursos legales para evitar que sea archivado”. Le pareció extraño que a la señora Rincón le expusieran algo diferente. Otro abogado de la PGJE detalló que existe la posibilidad de hacer lo que se llama una consulta de archivo por no delito, y en el proceso, el Ministerio Público tiene que probar que no hay, que no existió un delito; entonces la autoridad debe informar a los denunciantes y un juez determina si el MP tiene o no razón. “Pero en dos años, ninguno de estos expedientes prescribe”, indicó.    

Un 28 por ciento es lo que se ha devaluado la moneda mexicana frente al dólar americano desde aquel 1 de diciembre de 2012, en que Enrique Peña Nieto tomó posesión en la Presidencia de la República. En aquel entonces se pagaban 12.96 pesos por divisa norteamericana. El lunes 27 de julio de 2015, la cotización alcanzó los 16.62 pesos en ventanillas de Banamex.                                     La tendencia alcista no logra detenerse, tan solo del 1 al 27 de julio se pagan 91 centavos más por la moneda americana, es decir, la divisa del país vecino cuesta 5.80% más. Consultados por <strong>ZETA, diversos analistas afirman que los factores de la devaluación son consecuencia de una menor actividad en la economía china y del mundo, la caída en el precio del barril de petróleo -que desde el inicio del año se vende en un promedio de 50 dólares-, las erráticas políticas fiscales y financieras del Ejecutivo federal, el avance en los indicadores económicos de Estados Unidos y la cercanía de que en septiembre próximo suba la tasa de interés. Así pues, la política monetaria del Banco de México (BANXICO) de ofertar 52 millones de dólares diarios, que tenía una duración del 11 de marzo al 8 de junio y que se ha prolongado hasta el 29 de septiembre para bajar el precio de la moneda americana, no ha logrado detener la subida del dólar ante la elevada demanda que se sigue presentando en el país. Las cosas no van a parar ahí, advirtió a este Semanario el presidente de la Asociación de Centros Cambiarios, Carlos Leos Martínez, quien apenas en abril pasado decía que la paridad estaba por llegar a los 16 pesos y actualmente los sobrepasa. Y aseguró que al cierre de hoy, viernes 31 de julio, la paridad se estaría colocando en los 17 pesos por dólar, aunque esta posibilidad, por el momento, parece remota, considerando que el jueves 30, y ante la volatilidad de la moneda nacional, BANXICO subastó 200 millones de dólares en un intento por frenar el declive del peso frente al dólar. Asimismo, el Banco Central relajó las condiciones para que se pueda realizar una subasta especial de 200 millones adicionales, para dar un total de 400 millones diarios, siempre y cuando la diferencia cambiaria supere el 1%. La Comisión de Cambios modificó la línea roja de devaluación para que esta subasta se active. Así, se pondrían en venta 4 mil 200 millones de dólares en agosto, comparado con mil 92 millones que se planeaba subastar este mes. “En el mediano plazo el escenario es de incertidumbre, pues habrá mucha volatilidad hasta septiembre 17, que es la próxima reunión de la FED (Sistema de Reserva Federal). Estamos inmersos en la normalización de la política económica de Estados Unidos. Estamos viendo una burbuja especulativa, hay un desencanto sobre las Reformas Estructurales y de cómo se está llevando la política económica a nivel federal. Vemos que julio pasó a la historia como el mes de más mínimos para el peso, ya se cumplieron 11. Si hay una mejoría, sí podría recuperar el valor, pero no sabemos cuánto”, reflexionó. De acuerdo con Leos, para que disminuya la presión monetaria a México le urge empezar a crecer, disminuir la pobreza, generar empleos formales, metas que parecen ser a muy largo plazo, por lo que de aquí a 2016 hay un escenario complicado para la economía mexicana y la paridad al cierre el año quedará, en promedio, en 16.50 por dólar; aunque quizás antes, alcance los 17 pesos. “Las personas que viven en Tijuana están muy ariscas de las variaciones del peso ante el dólar, por lo que en cuanto empiezan a percibir que hay crisis en el sector cambiario, que empieza a subir, la gente empieza a convertir sus ahorros en pesos a dólares, y eso ha sido un proceso que hemos tenido en las últimas semanas; un proceso defensivo de la ciudadanía que vive aquí, y quienes tienen dólares, cambian los mínimos”, describió el consultado.   Inflación a la vista   Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Alejandro Díaz Bautista, los catalizadores en el mercado cambiario tienen que ver con el temor de una revisión de la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en los próximos meses, y con la debilidad en los precios de las acciones y del petróleo. Agregó que a mitad de julio, el dólar cerró en 16.125 unidades a la venta, con lo que estableció un nuevo máximo histórico, de acuerdo con cifras publicadas por BANXICO. “En lo que va de julio, se han establecido seis máximos históricos del tipo de cambio, reflejo en parte de la tensión provocada por la crisis de deuda en Grecia, aunque algunos dicen que hasta por la fuga del ‘Chapo’ (Guzmán) y los bajos resultados de la Ronda 1 (en PEMEX). Sin embargo, estas explicaciones están siendo desplazadas por efectos más reales, como la creciente preocupación por un inicio de ciclo alcista en la tasa de referencia y de interés de la FED en los Estados Unidos”, indicó el especialista. Según Díaz, en las últimas jornadas la combinación de expectativas de un alza en la tasa de la Reserva Federal y la caída en los precios de los commodities, han afectado a las monedas de países emergentes, de lo que no ha escapado el peso mexicano. Por último, comentó que el peso está hundido en un periodo de depreciación y le está pegando a la economía de las familias fronterizas, como la de Baja California, lo que generará presiones inflacionarias en los cinco meses que restan de 2015.   Los efectos de la volatilidad   Por su parte, el economista José Luis Contreras expresó que el fenómeno devaluatorio que se está dando tiene efectos positivos para quien gana dólares, pero es negativo para la mayoría, ya que muchos en la frontera siguen percibiendo pesos y ven disminuido su poder adquisitivo; además de que muchos de los bienes y servicios están tasados en dólar. “En el comercio se benefician los que venden productos en dólares, pero con bajo contenido de insumos importados, la industria que exporta también… Sale más barata la mano de obra a las empresas que llegan, pero deberíamos trabajar en que seamos un foco de inversión a través de otro tipo de competencias. El costo de operación del que se dedica a distribuir se incrementa. y no vemos más negocios (franquicias)”, advirtió.   Cotización 2012-2015   Fecha Precio por dólar Diciembre de 2012 12.96 pesos Julio de 2015 16.59 pesos   Cotización en 24 días   Fecha Precio 1 de julio de 2015 15.68 24 de julio de 2015 16.29    

Aunque en apariencia la calma regresó al penal de máxima seguridad Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, a tres semanas de la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, un grupo de capos de diversos cárteles se mantiene alarmado por las investigaciones del suceso y han promovido amparos para evitar ser removidos de prisión, e incluso ser extraditados. Resulta que mientras prosigue la investigación sobre la fuga, en la cual han sido liberados cuatro de los funcionarios de la prisión y la Comisión Nacional de Seguridad que en un inicio fueron indiciados, también los reos peligrosos que fueron “vecinos” de “El Chapo” han sido declarados. Otros se quejan de recibir amenazas por parte del personal carcelario, malos tratos y consignas para cambiarlos del penal… Y resulta que los narcotraficantes en el Altiplano se quieren quedar ahí a cumplir su sentencia. En la misma cárcel, mancillada en su estructura y cimiento por los cómplices que, bajo tierra pero escuchados por muchos, construyeron el túnel de 1.5 metros de extensión por donde se evadió el 11 de julio de 2015, el líder del Cártel de Sinaloa. ZETA recopiló los documentos y amparos que los capos han generado  -algunos han desistido- para evitar ser trasladados a otras prisiones de máxima seguridad en el país. Al igual que “El Chapo” en su momento, tramitan procesos para evitar la extradición, especialmente ahora que la fuga del sinaloense del Altiplano puso en entredicho al sistema carcelario de México. Se trata de reclusos de alta peligrosidad que se encontraban en la misma área de Tratamientos Especiales y vecinos de estancia de Guzmán Loera, algunos de ellos con menos tiempo de encarcelamiento que él, y que se encuentran en observación y vigilancia por su perfil criminológico de riesgo institucional. Mientras eso ocurre en el penal antes conocido como La Palma, el Ministerio Público de la Federación apeló al fallo dictado por el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Guanajuato, que vía exhorto y en auxilio del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federal del Estado de México, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de cuatro indiciados por la evasión del “Chapo”. Otros tres fueron declarados formalmente presos. Los funcionarios que recuperaron la libertad y que autoridades federales buscan recapturar para ser procesados son: * Juan Carlos Sánchez García, operador de monitoreo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). * José Daniel Aureoles Tavarez, jefe del monitoreo del CISEN. * Luis Alberto Morales, monitorista de la División de Inteligencia de la Policía Federal. * Emanuel Galicia Conchillo, monitorista de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Todos ellos encargados de observar las incidencias a través del sistema de videovigilancia instalado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 de Almoloya de Juárez.   Contra traslado y tortura   El 14 de julio, apenas tres días después de la evasión del líder del Cártel de Sinaloa, narcotraficantes de los grupos criminales de Los Zetas, los Beltrán Leyva y del Cártel Arellano Félix (CAF) presentaron sus demandas de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. El primero de ellos fue el ex operador de Los Zetas en Nuevo León, Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, preso en Altiplano desde marzo de 2009, cuando fue detenido por el Ejército. El matarife reclamó en el juicio de garantías 1019/2015 una posible orden de traslado, tortura psicológica y física, así como malos tratos. Desistió al día siguiente. Héctor Beltrán Leyva “Don H”, otrora subordinado y socio de Joaquín Guzmán Loera y a la postre su enemigo, también solicitó la protección de la justicia federal contra los mismos actos que Nájera, pero también claudicó en su empeño. “Me decisto (sic) del juicio de amparo y autorizo para recibir notificaciones al Lic. Carlos Enrique García Limón. Héctor Manuel Beltrán Leyva”, firmó el capo en el expediente 1020/2015. En el juicio 1021/2015, ante el mismo Juzgado, Mario Alberto Rivera López y/o Marco Antonio García Simental “El Cris”, ex sicario del CAF, demandó no ser cambiado de reclusorio, pero su reclamo quedó como no presentado el 27 de julio de 2015 por no atender las prevenciones decretadas por el tribunal. Designó como representante legal al mismo abogado que Beltrán Leyva. Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42”, fue más claro que sus compañeros de encierro en la demanda 1022/2015, al asentar en una cédula de notificación del tribunal, con terrible ortografía, ese 14 de julio: “El acto Reclamado es que me quieren Trasladar después que se fugo el señor Joquin Guzman loera. Tengo el temor quienes me amenzaron Elco mandante Felipe Ernaden Espinosa y Lic. Librado Garsia Carmona y por tal motibo ago Responsable a las autoridades de Este centro Federal en Mi Contra o mi Familia o fedensores. Es Inportante señalar que cuento con una suspension de plano en contra de cualquier abuso de autoridad; y cualquier traslado a otro sentro Federal suplico a su Señoria sele de cabal seguimiento a esta suspension grasias.” “El Z-42” también manifestó el 24 de julio último su deseo de desistir de la instancia constitucional, lo cual ratificó ante el personal judicial. Por su parte, el afamado ex jefe de células criminales de los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa, Diego y/o Teodoro García Simental “El Teo” o “El Tres Letras”, aseguró en su demanda contra posible cambio de prisión que “ayer a las 20 horas (13 de julio) se presentó una persona jurídica a decirme que iba a ser trasladado a otro penal”. “El Teo” señaló como autoridades responsables del acto reclamado a las mismas que los demás quejosos: al director general, al Consejo Técnico Interdisciplinario, al jefe de Seguridad y Custodia, todos del CEFERESO Número 1 Altiplano; así como al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y al coordinador general de los Centros Federales de Readaptación Social. Contrario a lo ocurrido a los otros internos, Teodoro García Simental no desistió de su demanda y le fue concedida la suspensión provisional “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y el impetrante de amparo no sea trasladado a otro centro de reclusión”.   Contra la extradición a EU   La ilegítima libertad alcanzada por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera puso el dedo en la llaga en el tema de las extradiciones, y algunos capos prefieren no correr riesgos ante la reacción de los Estados Unidos de América, que querrán la entrega de los narcotraficantes detenidos que sus cortes de justicia reclaman. De esa forma, los hermanos Treviño Morales, Óscar Omar y Miguel Ángel, ex líderes de la organización criminal de Los Zetas en Tamaulipas, acudieron ante el Juzgado Tercero de Distrito especializado en amparos en la ciudad de Toluca para solicitar la protección de la justicia de la unión y no ser extraditados al vecino país del norte. Con el juicio de garantías 1048/2015, Óscar Omar -mejor conocido como “El Z-42”- y su hermano mayor, Miguel “El Z-40” -que tramita el expediente de derechos fundamentales 1049/2015- recibieron el 17 de julio la suspensión provisional para no ser extraídos del penal que actualmente habitan, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva. Dicha suspensión definitiva les fue negada a ambos, debido a que al parecer no es cierto el acto reclamado; es decir, aún no existe orden de detención provisional con fines de extradición internacional en contra de los tamaulipecos. La autorizada de los hermanos Treviño, Alicia Florencia González Cejudo, solicitó copia certificada de diversas constancias de los juicios de amparo.   Amparos, segunda vuelta   Algunos de los presos que promovieron amparos el 14 de julio y después desistieron o abandonaron el trámite, volvieron a presentar demandas de garantías contra los actos que inicialmente reclamaban de las autoridades penitenciarias del Altiplano: orden de traslado, tortura psicológica, golpes, malos tratos. Los promoventes que volvieron a la carga -el 17 de julio- son Sigifredo Nájera Talamantes (1052/2015) y Héctor Beltrán Leyva (1053/2015). “El Canicón” autorizó como representante jurídico a Carlos Enrique García Limón y a Vanessa Zermeño Hernández, los mismos que en el amparo anterior de “El H” y “El Cris”, lo que hace presumir una alianza al menos en prisión y en materia de defensa por parte de los miembros de Los Zetas, el CAF y los Beltrán Leyva. A estos reclamos, se unieron por su cuenta y con juicios de garantías individuales, Salvador Alfonso Martínez Escobedo “El Comandante Ardilla”, ligado a masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (amparo 1061/2015); y Servando Gómez Martínez “El Profe” o “La Tuta”, líder de la organización delictiva Los Caballeros Templarios (amparo 1066/2015). El lunes 27 de julio, Gómez Martínez desistió de la demanda. Abogados de “El H” Beltrán Leyva interpusieron un tercer juicio de garantías en unos cuantos días. En el mismo Juzgado Tercero y en contra de los mismos actos reclamados, principalmente el traslado a otro penal (1067/2015). Omar Treviño “El Z-42” lo segundó con otra demanda de amparo, similares actos reclamados, pero ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales de Toluca (1087/2015).     Histórica recompensa Justo cuando se conoció la orden de detención provisional con fines de extradición internacional librada en contra del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos de América (DEA) anunció una recompensa de 5 millones de dólares por el capo. Sí sumamos los 60 millones de pesos ofrecidos por el gobierno mexicano hace un par de semanas, a cambio de información que lleve a la detención del “Chapo” con los 5 millones de dólares que anuncia la DEA, convertidos a moneda nacional, se habla de más de 142 millones de pesos, cifra histórica en materia de recompensas por algún delincuente. La decisión de los estadounidenses de incluir a Guzmán Loera en la lista de los fugitivos más buscados se materializó el 16 de julio, cinco días después de la evasión del líder del Cártel de Sinaloa del penal de máxima seguridad Altiplano; sin embargo, apenas se anunció esta semana. La información coincide con el reconocimiento de la Procuraduría General de la República de que un juez de distrito de procesos penales federales ya dictó la orden de captura para someter a Guzmán al procedimiento de extradición, y enfrente a la justicia de los Estados Unidos.    El director de la DEA, Jack Riley, afirmó que Joaquín Archivaldo es el traficante de heroína más peligroso del mundo, y el Cártel de Sinaloa, una de las principales organizaciones distribuidoras del opiáceo en Estados como Nueva York, Filadelfia y Washington, desplazando a cárteles colombianos. La búsqueda del capo mexicano se realiza en 199 países, de acuerdo con el anuncio realizado en su momento por la INTERPOL, pero se focaliza en México y Centroamérica. Policías de diversas partes del mundo colaboran con autoridades mexicanas para localizar a Guzmán. Un grupo élite de la Policía Nacional de Colombia, integrado por tres generales en retiro y seis oficiales, fueron enviados a México dentro del marco de los acuerdos de cooperación en asuntos de seguridad para apoyar en las tareas de rastreo del capo. Apenas el martes 28 de julio, el director de la Agencia Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, se reunió en Texas con funcionarios de alto nivel de diversas agencias de inteligencia estadounidense para amalgamar una estrategia. Colombianos y guatemaltecos forman parte del grupo de contacto. La evasión de “El Chapo” Guzmán del penal federal de Almoloya de Juárez trajo consigo fricciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El dato fue calificado así por el embajador norteamericano Anthony Wayne, quien señaló el 11 de julio como el “peor día” en la relación entre ambas naciones. El diplomático agregó que Estados Unidos espera una amplia investigación sobre la fuga de Guzmán Loera y que se encarcele a quienes le ayudaron; sin embargo, a la fecha solo siete servidores públicos fueron detenidos, cuatro de los cuales quedaron en libertad al no poder probarse su posible responsabilidad en la evasión. (Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)