Benjamín Arellano Félix es uno de los narcotraficantes más peligrosos que en México haya hecho vida criminal. Su cártel el Arellano Félix que fundó con sus hermanos Ramón, Rafael, Eduardo y Francisco Javier, fue uno de los más señalados tanto por autoridades de los Estados Unidos como de México. Durante más de 20 años vivieron con impunidad en la criminalidad y el narcotráfico. Fueron los hermanos Arellano Félix los autores directa o indirectamente, de la mayoría de los asesinatos que se cometieron en Tijuana durante los ochenta, los noventa y ya entrados en el Siglo XXI, en la primera década. Encabezaban Benjamín y Ramón una estructura de crimen organizado. Había una cabeza, un grupo de asesinos, un grupo de traficantes, un grupo distribuidores de droga, un área de lavado de dinero, y un vasto grupo de vendedores de droga al menudeo. Sus alcances criminales traspasaron las fronteras. También sus ejecuciones. Ordenaron la muerte de funcionarios y empresarios en la Ciudad de México, de deportistas en Quintana Roo, de empresarios y rivales criminales en Vallarta, en Guadalajara, en San Diego y en Coronado, California, Estados Unidos. Protegidos por el estado mexicano, por el Gobierno Federal y por el Estatal de Baja California, hicieron de esta tierra su feudo criminal y su campo de batalla. Cuando más encumbrados estaban y pagaban –después lo declararían ellos- un millón de dólares por mes para pagar a agentes, policías y funcionarios corruptos para que les protegieran, el periodista Jesús Blancornelas inició la investigación periodística en el tema del narcotráfico. En las páginas del Semanario ZETA don Jesús fue de los primeros periodistas en desarrollar investigación sobre el crimen organizado y el narcotráfico en México. Le puso nombre, apellido y cara a quienes desde la impunidad, traficaban droga y asesinaban. En varias ocasiones intentaron comprar al periodista. Recuerdo dos que me comentó. La primera cuando un empresario le llegó con un sobre amarillo con 50 mil dólares. La segunda cuando uno de los abogados del cártel Arellano –posteriormente asesinado por ellos mismos en Tijuana- le trajo al periódico en una bolsa de mercado, 100 mil dólares. Jesús Blancornelas jamás aceptó el billete. Como periodista siguió en lo suyo. Denunciando lo que testigos y víctimas le decían: de cómo la corrupción en la Procuraduría, de cómo Policías Judiciales rescataron de los separos estatales a Javier Arellano, de cómo y porqué los ejecutados. En su investigación periodista el Director General de ZETA contó con aliados. Policías, funcionarios, perseguidores honestos. Le proveyeron fotos, nombres, datos, le confirmaron hechos. Lo que hoy muchos periodistas intentan hacer, Blancornelas lo empezó a ejercer antes de la segunda mitad de los ochenta: periodismo de denuncia, contestatario. Por eso tuvo muchos enemigos. Los hermanos Arellano Félix, Jorge Hank Rhon, entre otros. Denunció con investigaciones periodísticas los delitos en los que fueron inmiscuidos. Las ocasiones en que fueron detenidos. Las investigaciones que se les siguieron tanto en México como en Estados Unidos, los asesinatos en los que fueron sospechosos. Esta semana me llama la atención una nota en la revista Proceso donde publican un avance del libro de Juan Carlos Reyna y Farrah Fresnedo que titularon “El Extraditado. Benjamín Arellano Félix”, bajo el sello de Grijalbo. Refieren los autores una entrevista que sostuvieron con el líder criminal del clan Arellano Félix. No dice en el texto de la revista en cuál prisión, aunque quizá valga precisar cómo hace algunos meses una guapa mujer llegó a las oficinas de ZETA para comprar una suscripción del semanario para ser enviado a una prisión en Florida, a nombre de Benjamín Arellano Félix. Las autoridades carcelarias de los Estados Unidos prohibieron al reo Arellano en Florida, leer sobre el contexto de la ciudad en que tanto tiempo delinquió. Los autores refieren un trato reverencial para el criminal preso en los Estados Unidos. Condenado a 25 años de prisión (una vez que los purgue deberá regresar a una cárcel mexicana a cumplir con la sentencia de 22 años que dejó incompleta tras la extradición), escriben de él y lo reproducen en Proceso: “El Señor (tengo claro que es así como también le llamaban sus sicarios) entró con un custodio afroamericano que lo miraba con indiferencia; reportó su identificación roja en el umbral de la sala, luego miró hacia donde estábamos y sonrió. Se acercó caminando a un ritmo que atrapó mi curiosidad: no era el ritmo corporal de un hombre de 61 años que había pasado 12 en prisiones de seguridad máxima. Lo que supuse que sería un caminar apretado y angustioso, más bien era un andar ligero, desenfadado. Lo miré saludar con ademanes parcos a algunos presos y custodios, y cuando llegó nos dimos un abrazo templado: ni abúlico ni efusivo…”. Después el narcotraficante sentenciado en dos países, y acusado de cientos de ejecuciones y toneladas de drogas cruzadas ilegalmente de México a los Estados Unidos, así como de asociación delictuosa y lavado de dinero, entra al análisis del periodista Jesús Blancornelas, en la entrevista de Juan Carlos Reyna y Farrah Fresnedo que da pie al libro. Transcribo el texto publicado por Proceso: “…le pregunté acerca del liderazgo que supuestamente había heredado El Tigrillo: “Javier era un junior, no sé de dónde sacaron que podía dirigir”. Las falacias sobre su familia son responsabilidad de los periodistas, alegó. ¿Un ejemplo? El parentesco con Miguel Ángel Félix Gallardo, señalado como tío de los Arellano Félix por el Semanario Zeta: “Blancornelas contó muchas mentiras sobre mi vida”. Dijo estar sorprendido por “la obsesión” que tenía el periodista, solo comparable a la que mostró con Jorge Hank Rhon. El Señor negó haber conocido al empresario priista, pero reconoció que le parecía chocante el ensañamiento que el fundador del semanario había tenido tanto por uno como otro…”. Después los autores hacen un recuento de las semanas previas al atentado que sufrió don Jesús Blancornelas el 27 de noviembre de 1997, cuando diez sicarios del cártel Arellano Félix le emboscaron, y donde uno de ellos quedó muerto luego que la esquirla de una bala le entró por el ojo. Aquel hombre, el asesino que encabezaba al grupo, David Barrón Corona, había sido identificado por la Procuraduría General de la República como el líder criminal del brazo armado del CAF en San Diego, California, Estados Unidos, y al servicio de Ramón Arellano Félix. Pero aun así, en el libro de Reyna y Bresnedo, Benjamín Arellano les responde que no, que él no mandó matar al periodista. La versión del narcotraficante está plasmada en un libro. Es distinta a la que quedó asentada en averiguaciones previas en México y en los Estados Unidos y que le ha valido las sentencias. El periodista Blancornelas escribió varios libros, entre ellos “El cártel”, donde vació las investigaciones periodísticas sobre los crímenes, los lazos de corrupción e impunidad de los hermanos Arellano Félix. Hechos, no figuraciones, decía don Jesús. Hechos criminales por los que ha sido juzgado el clan o en algunos casos asesinados. Hechos consignados, no entrevistas tras las rejas para intentar desprestigiar a otros, y buscar limpiar el nombre de una familia asociada, perseguida y juzgada, por vivir en la criminalidad. Arellano Félix. Blancornelas falleció el 23 de noviembre de 2006. Ciertamente a consecuencia de una dolencia que le afectaba desde la niñez. En uno de sus pulmones sufría de pleuresía. El otro, sano, le permitía llevar una vida saludable hasta que colapsó luego que uno de cuatro balazos que recibió en su cuerpo aquel 27 de noviembre de 1997 le atravesó el pulmón. Nueve años después, moriría consecuencia de la minada salud tras el intento de asesinato por parte de sicarios del cártel que Benjamín Arellano aceptó encabezar.  

A los funcionarios del gobierno, de la Federación, del Estado y los Ayuntamientos, les molesta la crítica. Se sienten agredidos en su lado personal cuando se les refieren los errores, los excesos, las pifias, o las transas, en su ámbito laboral. Del desaguisado del delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, que en conferencia de prensa prácticamente amenazó no sólo a Juan Manuel Hernández Niebla por su crítica hacia las acciones del Gobierno Federal, en materia de seguridad, sino a quien no se dirigiera con respeto a la figura presidencial, llega otro caso de sensibilidad personal en temas de trabajo institucional. En el mismo foro y con la misma gente, Mario Herrera, coordinador de gabinete del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, acusó a “los detractores” del gobierno del Estado –rubro en el que ubicó a quienes se manifiestan por lo que el gobierno hace o deja de hacer–, de hablar –o manifestarse– porque ya no les dan dinero (que, valga aclarar, no es su dinero, sino el presupuesto de Baja California). Con un mismo rasero se refirió a los de Antorcha Campesina, a los maestros que protestan, a los encargados de Entijuanarte, y al activista Sergio Tamai. Ellos, dijo, se manifiestan y refieren conceptos negativos sobre el Gobernador y el gobierno, porque ya no reciben dinero como antes de la administración estatal. Vaya, después de tremendo abucheo que recibió Francisco Vega de Lamadrid en el juego de Las Águilas en Mexicali, acción popular que refleja el descontento y el rechazo social hacia el mandatario, viene Herrera y le monta a otros sectores que ya estaban desde la Secretaría de Gobierno, más o menos controlados. La situación es que no son los únicos. Los empresarios se quejan que no hay inversión, los grupos de la sociedad civil que no hay ni atención ni recurso; en los hospitales, que no hay ni herramientas ni personal ni medicamentos; en las colonias, que no hay obras de desarrollo social; los panistas, de no ser atendidos; los priistas, de querer ser rebasados; los ciudadanos, de poca representación, y los constructores, de pocas obras y además con comisión. No son, pues, manifestaciones de un solo sector, de un solo grupo de personas o de un grupo de periodistas. La realidad es que son declaraciones que se recogen en los diferentes sectores sociales y se reproducen. No se inventan pues. Ahí está el descontento social hacia el Gobierno de Baja California. Y para muestra uno más. Este caso no lo dijeron los empresarios de los organismos, tampoco los políticos de la oposición, menos los activistas sociales, tampoco los grupos de la sociedad civil; no es un invento de los periodistas. Es el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad Asociación Civil, sobre el “Índice de información presupuestal estatal 2014”, donde el Gobierno de Francisco Vega que coordina Mario Herrera, y planea Antonio Valladolid, apareció entre los cinco estados con la peor calidad en la información presupuestal. En el sitio número 30 de 32 entidades. Así, mientras en el tríptico del I Informe de Gobierno de Vega se ensalzó la labor de la Secretaría de Finanzas con premios y reconocimientos, como se hizo en el resto de las áreas incluida la CESPT con todo y mejillones, el Instituto Mexicano para Competitividad, con un estudio e investigación, demuestra lo contrario. Justifican: “En los últimos cinco años, el Presupuesto de Egresos de la Federación creció 47%, lo que equivale a 1.5 billones de pesos más para un total de 4.68 billones proyectados para 2015. La inflación para el mismo período solo creció 13.7%. En México gastamos lo que no tenemos, los estados y municipios generan solo el 9.6% de los ingresos totales, pero ejercen el 45.6% de los recursos disponibles…A pesar de ser la primera vez que en promedio las entidades avanzaron en el IIPE, persisten malas prácticas y opacidad en materia de transparencia. “Sólo 12 entidades obtuvieron calificaciones por arriba del promedio (65%). Las entidades con mayor calidad de información presupuestal son Jalisco, Puebla, Colima, Sonora y Tlaxcala. Las entidades con peor calidad de información presupuestal son Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato y Michoacán”. Y así justifica el estudio el Instituto: “A partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones, el IIPE busca medir la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas sustentada en documentos oficiales (leyes de ingresos y presupuestos de egresos). Los objetivos del IIPE son: Eliminar condiciones de opacidad. Verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental. Fomentar buenas prácticas contables en temas como deuda pública, salarios, pensiones, compras públicas, entre otros”. Entonces, ¿cómo está Baja California? Mal, muy mal. Ahí le va: “En un documento de 316 páginas no se puede utilizar el buscador. Poca legibilidad. Periódico oficial no disponible. No cumple la estructura de contabilidad gubernamental”. ¿Y dónde es más opaca la información de acuerdo al estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad? Aquí: “La información presupuestal con la que menos se cumple se refiere a los recursos otorgados para: Servicios personales. Situación de la deuda pública y sus condiciones de contratación. Subsidios, fideicomisos, gastos en comunicación social, programas y/o apoyos al campo. Así los números de Baja California: Con un total de ingresos de 44 mil dos millones 324 mil 843 pesos reportan un presupuesto de 39 mil 623 millones 199 mil 177 pesos. Lo que no informa el gobierno de Vega: * La ley de ingresos no está disponible en la página del Congreso del Estado. * El presupuesto no está disponible en la página del Congreso del Estado. * No se desglosa el total de ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social. * No se desglosa el total de ingresos por venta de bienes y servicios. * No se desglosa el total de ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. * No se desglosa el total de ingresos por aportaciones. * No se desglosa el total de ingresos por participaciones. * No se desglosa el total de recursos derivados de financiamiento. * El presupuesto de egresos no es legible. * El presupuesto de egresos no contiene información en formatos abiertos. * La ley de ingresos no contiene la estructura armonizada del ingreso. * No se desglosan presupuestos para entidades paraestatales y organismos. * No se desglosa el monto destinado a pensiones. * No se desglosa la deuda pública. * No contiene criterios para aprobar subsidios. Éstas son algunas, solo algunas de las decenas de reactivos que integran el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad con las cuales el gobierno de Baja California no cumple. Lo cual lo convierte en opaco, poco transparente, y como uno de los estados con la peor calidad en la información presupuestal. Y conste que no lo dicen ninguno de los que Mario Herrara llama detractores del gobierno por manifestarse contra las decisiones que toman en la administración estatal, sino el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Que quede claro. No vaya a ser que de periodista, pase uno a ser detractor.

Durante los primeros 19 meses de su administración en la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto  evadió el tema de la inseguridad. Se concentró y sumó a ello el esfuerzo de todos sus colaboradores, en provocar una imagen del México reformista en el extranjero, y de un gobierno de pacto y negociador en el País, al sacar, al costo económico y político que fuera, lo que llamo “las reformas transformadoras”. El descuido en el tema de la seguridad le ha cobrado la factura a Peña. Hoy el país está, sin exagerar, que arde. Las manifestaciones en la mayoría de los estados de la República para pugnar por una solución, una aclaración y un castigo hacia los responsables de lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cuando seis fueron asesinados y 43 desaparecidos la última semana de septiembre de 2014. Las manifestaciones traspasaron las fronteras mexicanas, y también la línea que divide las expresiones pacíficas de la rebelión social. Lo que sucedió el lunes en Chilpancingo, cuando inconformes incendiaron edificios públicos, tomaron sitios privados y cometieron otra serie de delitos de orden social, es la respuesta más cruda ante la incapacidad de la autoridad para resolver, o por lo menos dar líneas de investigación de lo acontecido hace ya 20 días. Es la barbarie social ante la barbarie criminal y la incapacidad gubernamental. La campaña que realizó el Presidente Peña en sus múltiples giras por países de América, Europa y Asia, para vender condiciones de un México en “Paz”, “Reformador”, y en el mejor momento para la inversión, se ha ido desmoronando en las últimas semanas, ante la aparición del México real, el de la violencia y la inseguridad, el del narcotráfico y el gobierno entrelazados, hasta dañar de manera sangrienta a la sociedad. Peña no puede en estos momentos, ni con el espaldarazo de un premio Nobel de Economía, contradecir lo que las imágenes, videos, manifestaciones, gritos y hechos, han mostrado al mundo. El asesinato a sangre fría de seis estudiantes normalistas por parte de Policías Municipales, la desaparición de 43 estudiantes normalistas acción cuya principal sospecha cae en la corporación policíaca municipal y en un grupo del narcotráfico, escindido del cártel de los Beltrán, a su vez escindido del Cártel de Sinaloa; y el descubrimiento de 28 cadáveres –y la cuenta sigue ante la revelación de más fosas clandestinas- que ahora no se sabe de quiénes se trataba, ni cuándo fueron muertos, mucho menos los motivos, los nombres y los culpables de tal atrocidad. Estas imágenes de brutalidad han sido vistas en todo el mundo. Las han reportado periódicos, televisoras y portales lo mismo en Estados Unidos que en Medio Oriente, en Inglaterra y que  Francia, en América Latina, en Asia y en la Europa Central. Estas imágenes demuestran lo que Enrique Peña Nieto había ocultado en sus giras: el crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica desbordados. Dejan ver un país tan inseguro para la inversión como peligroso para el intercambio académico, comercial; y difícil de recomendar en términos turísticos. Acapulco antes un paraíso para turistas ahora es la ciudad a la que recomiendan no visitar. Y 20 días después del asesinato y la desaparición de los estudiantes normalistas, el Presidente se indigna de los hechos cometidos por los manifestantes en Chilpancingo; la sociedad puede ser paciente, pero el Estado Mexicano debe ser efectivo. El repunte en hechos delictivos, el descubrimiento de muertos en Guerrero, en el Estado de México, la violencia y la sangre derramada en Baja California Sur, en Michoacán y en Sinaloa, en Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, son resultado del ajuste entre células criminales de los cárteles de la droga, ante el reacomodo criminal luego de la aprehensión de los líderes criminales. Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón Hinojosa, carece de una estrategia integral de combate al crimen organizado y el narcotráfico, que no sólo reduzca los índices de violencia e inseguridad, sino que acabe, paulatinamente, con la impunidad que gozan los cárteles para realizar sus ilícitas actividades con el amparo de corporaciones policíacas, la protección de sus bienes y recursos financieros ante la ausencia de una política contra el lavado de dinero. Cuando el Presidente Peña concentra los esfuerzos de su equipo en la detención de líderes de cárteles, acción por cierto nada despreciable, se queda en la celebración mediática del hecho, en lugar de rematar con la investigación ministerial que llegue no a descabezar una organización criminal, sino que le abone al desmantelamiento de un cártel. Pero mientras el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de los Beltrán, el cártel Arellano, se quedaron aparentemente sin una cabeza criminal ante la aprehensión de sus líderes, las estructuras de dichas organizaciones no fueron tocadas. Intactos los recursos ilícitos, las rutas de la droga y las rutas financieras; intactas las células criminales. Y son estos, que luego en la autoridad les da por llamar “reminiscencias” de los cárteles, precisamente, quienes pelean territorios, se dividen en más células e incrementan el número de muertos, la cantidad de sangre y los niveles de violencia. Evadir en el primer año del sexenio el tema de la inseguridad, la violencia y el combate al crimen organizado, le ha salido caro al país. Los criminales extendieron sus redes hacia las instituciones, y los jóvenes están siendo asesinados. Masacrados. Eso, a 20 días de los hechos, solo ha resultado por parte del Estado Mexicano, en la captura de poco más de 30 policías que sospechan, tuvieron que ver en la barbarie contra los normalistas. Y eso, no satisface ni a los mexicanos, ni a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, y promotores de la paz, ni a nadie. Luego de las manifestaciones en México, en las principales ciudades en el extranjero, las recomendaciones de organismos como la ONU, Amnistía Internacional y otros, la siguiente acción está en la cancha del Presidente Peña, y ésta debe ser tan contundente como efectiva, en la solución, procesamiento y castigo a los responsables de la muerte y la desaparición de normalistas -y ahora la muerte de 28 personas enterradas de manera ilegal- en el Estado de Guerrero. Por lo pronto, ante los ojos de los mexicanos -manifestantes o no- de los extranjeros y de los organismos nacionales e internacionales, lo que vemos es el México real. El de la cruel inseguridad y la terrible violencia.

Si las autoridades de los Estados Unidos ofrecían cinco millones de dólares por información que llevara a la captura del líder del Cártel de Juárez, y la Procuraduría General de la República tenía una recompensa activa por 30 millones de pesos, mínimo Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” valía unos cien millones de pesos. Esto significa que la estructura del Cártel de Juárez que heredó de su hermano Amado Carrillo Fuentes, cuando éste murió en la plancha de algún hospital mientras se sometía a cambios estéticos en cuerpo y cara, vale, en términos económicos, más que eso. Veamos, “El Viceroy” no estaba solo, no controlaba ni Ciudad Juárez, ni Torreón, ni ninguna ciudad de las que dominaba con sangre y plomo. De manera individual, lo hacía -como lo hacen la mayoría de los capos- con una estructura criminal que incluye un brazo armado, en este caso “La Línea”, con células criminales en delegaciones, municipalidades y estados, y con una línea de trasiego de droga que debía, también como en la mayoría de los casos, iniciar en alguna parte de Centroamérica, hasta llegar a la frontera norte de México, pasando por plantíos de hierba y laboratorios de droga. Además,  para escapar a la justicia durante 17 años, debió invertir algo de lo ganado en las drogas para comprar protección no solo con grupos de sicarios, sino con corporaciones policíacas; también debió comprar documentos legales con nombres apócrifos en oficinas de gobierno, lo mismo que vehículos, casas, joyas… en fin, todo lo que un capo necesita para protegerse él, a su familia, a sus sicarios, a sus lugartenientes y a su cártel todo. Todo eso, hombres, mujeres, nacionales, extranjeros, armas, casas de seguridad, laboratorios, tierras, rutas, droga, representan y generan el dinero ilícito con el que se fue empoderando primero Amado Carrillo, después Vicente Carrillo. Ahora a su detención, alguien heredará esa estructura criminal que genera los suficientes millones de pesos en el negocio de vender droga, traficar droga, matar gente, extorsionar, secuestrar y amedrentar a propios y extraños, lo mismo cárteles rivales que hombres y mujeres de bien y en la legalidad. Cuando el gobierno mexicano detiene a un capo como “El Viceroy”, o como “El Chapo” o como “El Ingeniero”, y no captura a su estructura criminal, ni le confiscan millones de pesos, ni le aseguran cientos de armas, ni le quitan decenas de propiedades, mucho menos le aseguran los vehículos o le incautan la droga, significa que el cártel en cuestión, en este caso el de Juárez, como el de Sinaloa o el Arellano, seguirá existiendo. Entonces viene el problema. Mientras a la muerte de Amado Carrillo éste tenía a su hermano a quien heredar, ahora Vicente Carrillo no tiene mucho de dónde escoger. Aunque son ocho hermanos Carrillo Fuentes, mientras Amado murió en 1997, Rodolfo en 2004 y Alberto fue detenido en 2013, les sobreviven Cipriano, José Cruz, Angelica y Guadalupe, de los cuales se sabe poco, y a diferencia de sus hermanos muertos o presos, no están en el ojo de las autoridades. Ahí viene la bronca. ¿Cuántos lugartenientes se pelearán por el poder del Cártel de Juárez? ¿A quiénes se enfrentarán los sicarios de “La Línea” para mantener el control de esa organización criminal? ¿Intentará el Cártel de Sinaloa, acérrimo enemigo del de Juárez, apoderarse del territorio? En el contexto de las respuestas a estas preguntas, hay y habrá mucha violencia. Ante la caída del líder del Cártel de Juárez, como sucedió en Sinaloa y en Baja California, vendrá la pugna interna y de ahí la división de territorios y activación de cartelitos. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa después de “El Chapo” se polarizó en la célula del “Mini Lic”, la del “Chapillo Isidro”, la del “Mayo”, “Los Chapitos” y las que salgan esta semana. La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto de detener a los capos pero dejar intacta la estructura criminal de los cárteles, no le abona a la seguridad, sino todo lo contrario. Aviva la violencia. No con ello se entienda que las detenciones son menores, para nada, son muy destacables, pero esa no puede ser toda la estrategia.

Si ante la llegada de los huracanes a las costas mexicanas el Presidente de la República tarda de cuatro a seis días en reaccionar y enviar a su equipo de colaboradores para que se integren, ya no a la prevención sino al rescate de personas y la reconstrucción de las ciudades puertos, cuando se trata de tragedias provocadas por miembros del crimen organizado, el narcotráfico o la clase política mezclada con los dos primeros, la reacción del Gobierno Federal puede tardar semanas, meses y hasta años en darse. Es cosa curiosa, a veces el Poder Ejecutivo Nacional asume el federalismo con rigurosidad, por ejemplo, anteponiendo un respeto a la autonomía y la soberanía de los estados para no inmiscuirse en temas delicados, no atraer investigaciones al fuero federal, o no auxiliar con recursos a estados y municipios quebrados en términos financieros debido a pocas participaciones federales, a muchas deudas y a malas administraciones. Pero en otros casos el federalismo es solo discurso o letra muerta en papel, por ejemplo cuando el Gobierno Federal no permite que los gobiernos de Estados y municipios inviertan los recursos de las participaciones federales en las necesidades que se detectan en el ámbito local, sino que los etiqueta para ser ejercidos para el cumplimiento de los programas federales. O cuando decide desde el centro del país, subir cinco por ciento el IVA a toda la frontera, y uno por ciento al resto del país, porque eso dice, debe ser. O sea para el gobierno central –ahora en poder del PRI pero antes en el del PAN- el respeto a las decisiones autónomas y soberanas en los estados, es cuando les conviene, y cuando no, pues no. Viene al caso porque vaya, tardar un año en reaccionar al ambiente de inseguridad inminente que se vivía y se vive en Guerrero, es no tener ni compromiso, ni obligación, ni compasión, con quienes en aquel estado viven, a quienes Enrique Peña les pidió el voto, pero a quienes no ha salvaguardado de la barbarie en la que viven gracias al narcotráfico, el crimen organizado y la clase política y gobernante, mezcladas con las dos primeras. Pero podría pasarse que no actuaran hace un año; que en efecto los servicios de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no hayan detectado la bomba antes de la explosión, y que las Fuerzas Armadas no emitieran una alerta sobre lo que en Guerrero se estaba cocinando, o que hayan ignorado todas las ejecuciones que ya pronosticaban una violencia cruenta en crecimiento –en los primeros 19 meses de gobierno de Enrique Peña, de 36 mil 718 ejecuciones en el País, Guerrero ocupaba el segundo lugar con 3 mil 301 ejecuciones, solo antecedido por el Estado de México-, pero que, conscientemente las autoridades federales dejasen pasar diez días para decidir entrar a investigar los hechos violentos que concluyeron con la masacre de normalistas, la desaparición de más de 40 de ellos, y la exhumación de 27 cadáveres de fosas ilícitas entre los cuales se encuentran presuntamente 17 de los normalistas desaparecidos, es un acto de omisión gubernamental inaceptable. Fue hasta antier 6 de octubre que el Presidente Peña decidió enviar al Procurador General de la República y a elementos de la Gendarmería, para actuar en las investigaciones y la prevención de más actos violentos, además de desarmar a la Policía de Iguala, la corporación sospechosa de actuar contra los estudiantes, contra los ciudadanos guerrerenses, bajo las órdenes no solo de las cúpulas policíacas y políticas evidentemente corrompidas, sino acatando órdenes del crimen organizado. La barbarie que se ha visto en otros estados donde se detectan ejecuciones sumarias, Tamaulipas con migrantes secuestrados y ejecutados, Estado de México con fusilamientos, Michoacán con linchamientos, Sinaloa y Baja California en el pasado en una guerra de cárteles del narco y Chihuahua también producto del narcotráfico, no ha servido de ejemplo al gobierno federal –a éste y al anterior- para elaborar análisis que permitan identificar los focos rojos, instaurar programas de prevención efectiva y que impere el Estado de Derecho sobre el narcoestado, el crimen organizado o el terrorismo del narcotráfico. El Gobierno Federal primero acusó al alcalde de Iguala, hoy una identificada fichita que se les va de las manos, luego desviaron la atención hacia la organización criminal Guerreros Unidos, después hacia el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y al final, cuando las atrocidades cometidas contra los normalistas ya eran del todo conocidas incluso con fotografías sangrientas, en muchas partes del mundo, entonces sí Peña y sus Secretarios toman las regiones en conflicto de Guerrero. Argumentar que la Federación no puede entrar al rescate de zonas, la investigación de crímenes y la prevención de delitos a partir de la presencia de la autoridad, es cuestión de cuándo conviene y cuáles son los costos políticos. Cuando en el cenit de la inseguridad y la ingobernabilidad en Michoacán, el Presidente envió a Alfredo Castillo, no consideró que estuviese violando la autonomía y la soberanía del Estado, pero la verdad es que el apodado “Virrey” sí estaba prácticamente dictando las políticas públicas en materia de inseguridad, lo cual se supone, corresponde a las autoridades locales. Al no hacer nada, y de hecho minimizar la sangrienta situación del Estado de México, iniciando investigaciones contra otras autoridades que no sean las estatales, la Federación encubre a quien el Presidente dejó en el Gobierno local, Eruviel Ávila. Al tomar regiones de Guerrero, diez días después de los hechos terribles donde fueron sofocados fatalmente estudiantes, la Federación exhibe la ingobernabilidad en aquel estado dirigido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. La atracción de las investigaciones del fuero común hacia el federal, es algo que igual se ejerce a conveniencia. Tan solo por el calibre de las armas utilizadas, por el móvil del narcotráfico y el crimen organizado, podrían atraerse los casos con la colaboración de los estados, que aprovecharían para aligerar el rezago en las investigaciones ministeriales, pero ello no sucede a menos que interese al gobierno federal, o cuando ya la situación es para romper el cristal que contiene el extinguidor en caso de emergencia. Los Gendarmes por ejemplo llegaron a Baja California sin la venia del Gobernador del Estado, sin la notificación al alcalde de Tijuana, y convertidos más en una policía turística, de relumbrón y atracción, pero enviarlos a Guerrero supuso más análisis al momento de tomar la decisión, hasta reaccionar a destiempo y capitalizar una situación de violencia extrema. El federalismo en este país es una cuestión de conveniencia e intereses, incluso en los casos de Guerrero y de Michoacán, no se actuó de manera oportuna ni viendo que se atentaba contra la seguridad nacional al impedir no solo el desarrollo de las comunidades, sino el crecimiento, la paz y la tranquilidad, así como el derecho a una vida digna y segura. Ahí le van los focos rojos. Los diez estados de la República con el mayor número de ejecuciones del primero al décimo: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Distrito Federal, Tamaulipas, Baja California y Nuevo León ¿Cuál sigue? Se respeta el federalismo para no actuar en materia de inseguridad, pero se manipula el federalismo para actuar en materia financiera, política y administrativa. ¿No?

En unos diítas, se dará inicio formal del proceso electoral del 2015, donde los mexicanos habrán de elegir a 500 diputados federales, 9 gobernadores, 903 alcaldes y/o jefes de delegación, y 639 diputados en 17 congresos estatales, 388 de mayoría, 251 de representación proporcional. Las elecciones serán el 7 de junio de 2015 y el proceso electoral arranca el 7 de octubre por voz y organización del Instituto Nacional Electoral. Los estados que habrán de elegir Gobernador y el partido que actualmente gobierna son: Baja California Sur (PAN), Campeche (PRI), Colima (PRI), Guerrero (PRD), Michoacán (PRI), Nuevo León (PRI), Querétaro (PRI), San Luis Potosí (PRI) y Sonora (PAN). Así pues es evidente a cuál partido le interesa ser el triunfador de lo que son también las elecciones intermedias federales, donde se elige a los 500 diputados que en la Cámara acompañarán el último trienio de gobierno de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. Aun cuando Peña y el PRI y el PAN (según era la intención era la pedrada y la complicidad) ya sacaron sus once “reformas transformadoras”, el Presidente no se ve un hombre que quiera perder el Poder Legislativo. El proceso que se viene será además el que confirmará si la política social de Peña ha funcionado para, como en el pasado, llevar votos a su partido. También si sus obras han sido vendidas en términos electorales, y si de verdad asumirá el costo político de las reformas que terminaron perjudicando a una buena e importante parte de mexicanos, especialmente la financiera, la educativa y la energética, sin menosprecio del resto. Los partidos de oposición pues, se enfrentarán por primera ocasión en catorce años, a la real maquinaria del poder priista en las elecciones. Con todo el presidencialismo, con todo el presupuesto, con todos los programas, con todos los dedazos, con todas las manipulaciones. Además la oposición política no está en su mejor momento. Con el egoísmo político de la cúpula panista, sus negociaciones con el PRI, sus transas con los moches, sus manipulaciones con las candidaturas y su desprestigio con las acciones individuales y colectivas de sus miembros, arriban al proceso electoral 2015, con un nuevo presidente de partido luego que el anterior, Gustavo Madero, se aferró a ganar la elección solo para solicitar licencia con la intención de ser candidato a diputado federal, en el colmo de su ambición personal por encima del interés del partido. Integrante del Pacto por México que encumbró a Enrique Peña Nieto como “el estadista del año”, Gustavo Madero no quiere quedarse fuera de la negociación ni del amparo presidencial. Aquí en Baja California el PAN no está del todo bien. Recién se descubrió la tramposa afiliación masiva que emprendieron desde el Gobierno del estado para en once días, dar de alta como militantes activos del PAN a más de once mil personas, con documentación por obligación, sin cursos de inducción y sin sentido. Todo con la esperanza de utilizar esos 11 mil votos internos para ganar candidaturas. Además los panistas están representados por un gobernador de su partido que no ha atinado a transmitir una buena administración o un buen gobierno, mientras sus colaboradores son señalados por transas, irregularidades, terciar licitaciones y cobrar de más, sea en obras, sea en planeación o en desarrollo social, tan sólo por mencionar algunas. En el PRD, el grupo de “Los Chuchos” se apoderó de todas las palabras para negociar con el PRI de Peña, los votos en las Cámaras federales, la de diputados, la de senadores. Mancera ha recibido canonjías que no les han sido dadas a otros gobernadores, y los perredistas cada vez más se alejan de la izquierda y representan ese capitalismo y ese poder del que tanto renegaron y por el que nacieron en términos políticos. A los partidos pequeños se les sumarán nuevos partiditos en las elecciones del próximo año. Entre ellos el de Andrés Manuel López Obrador, quien cree que solo, sin el PRD, sin el PT, sin Movimiento Ciudadano, podrá ganarle al PRI que no pudo derrotar con la alianza. Las campañas ya han iniciado, de hecho el gobernador anda puebleando las calles con toooodos sus secretarios y colaboradores según para informar –en uno o dos minutos por ciudadano– lo que hizo en un año. Y lo que nos falta. Acostúmbrese, ahí vienen las promesas, los compromisos con los dedos cruzados, las dádivas, los discursos, los y las aspirantes, el despilfarro, la manipulación de los programas sociales y a ver quién da más. Advertidos… ¿Eh?

José Luis Hernández Ibarra es uno de esos políticos que actúan como aquellos priistas de mitad del siglo pasado. Ciertamente es un hombre de edad avanzada, pero trabaja como delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California. Sonorense, se le ve a gusto en esta tierra, es como él lo señala de manera constante, el coordinador de todos los delegados federales del gobierno de Enrique Peña Nieto en Baja California. Pero en los últimos días, ha hablado como ninguno, afectando los liderazgos bajacalifornianos, particularmente en Tijuana. Criado en la política de antaño, aquella del cacicazgo, de la dictadura perfecta, del presidencialismo a ultranza, don José Luis Hernández se asume un hombre opiniones absolutistas, póngale como le ponga, la suya es la que cuenta. Hace unos días la Asociación Política de Baja California lo invitó a darles una plática-conferencia. Testaferro político de Peña Nieto, Hernández Ibarra, adelantó la determinación que el Poder Judicial aún no ha tomado: el incremento al 16 por ciento del IVA en la frontera “es irreversible”, dijo, erigiéndose como controlador no sólo de las declaraciones del Poder Ejecutivo, sino de los procesos en el Judicial, dado que el caso del amparo que empresarios y ciudadanos de la frontera introdujeron contra el incremento en el impuesto se encuentra en proceso. Bueno, el señor habló de todo lo que corresponde al gobierno federal. De las políticas en materia financiera y de las políticas en materia de seguridad. Y no muy veladamente hasta lanzó amenazas a quienes osen criticar las acciones, las decisiones y la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Arremetió contra todos quienes critiquen al Presidente o sus políticas. Palabras más, menos, pero grabadas, así lo asientan: “Ha habido muchas manifestaciones de falta de respeto hacia la figura presidencial y nosotros pedimos a todos los sectores que se conduzcan con respeto para poder nosotros resolver los problemas que nos planteen…”. Luego se fue contra uno de los pocos líderes empresariales y sociales, que ha encabezado las luchas de la ciudadanía en el tema financiero, de inseguridad y buen gobierno. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue en efecto, el blanco del delegado de Gobernación en Baja California. De él dijo el sonorense enviado de Miguel Ángel Osorio Chong –al menos así lo presume– que podría –si quisiera él o la Policía Federal– demandarlo por difamación. Asumió Hernández Ibarra que Juan Manuel Hernández calificó de extorsionadora a la Policía Federal, y a propósito de la llegada de la Gendarmería. Vaya, si a ésas va, el delegado tendrá que contratar muchos abogados para demandar a todos los que piensan que la Policía Federal es una de las más corruptas en el país y que la Gendarmería es una cuerpo policíaco que poco o nada ayuda en el combate al crimen, al organizado y al común, cuanto más vistosa y turística es. De suyo, y aquí en ZETA se ha documentado harto, la Policía Federal ha sido señalada, sospechosa y muchas veces investigada, por la comisión de actos ilícitos. Desde, efectivamente, extorsionar criminales y también a ciudadanos, hasta ser cómplices del crimen organizado y el narcotráfico. De hecho en los últimos cuatro años, varios federales han sido detenidos por corrupción, extorsión y complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico, entre ellos dos Comandantes de la Policía Federal, uno en Ensenada y otro en Tijuana. Es más, seguramente el delegado de Gobernación en Baja California sabe de la visita que hizo a esta entidad un equipo de investigadores de la Visitaduría de la PGR –asuntos internos– hace unas semanas, cuando llegaron a Mexicali para indagar el caso de unos Policías Federales o Policías Federales Ministeriales, no sabían bien aún de cuál división –habían desobedecido la orden de llevar un camión cargado de droga a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para su consignación. De eso, si al delegado de Gobernación no lo enteró el delegado de la PGR, hay investigación documental y videos. Es pues, muy difícil defender a una corporación, a capa y espada, cuando ésta se ha distinguido por ser precisamente corrupta, extorsionadora y compinche del narco. Aun así José Luis Hernández Ibarra, dijo que las declaraciones de Juan Manuel Hernández Niebla –que por cierto no fueron en el sentido absolutista como las refiere el fuereño– son irresponsables y podrían demandarlo, están fuera de lugar, de contexto y de idiosincrasia de lo que es la política y la seguridad en Baja California, las cuales es probable –y evidente– que el sonorense desconozca. Es una lástima que en Baja California no tengamos un gobernador que defienda la tierra y la política y la libertad de expresión de esta entidad, como para que ponga un alto al delegado de Gobernación. Quizá no al grado de expulsarlo como hizo el gobernador Guillermo Padrés en Sonora, pero sí de mínimo hacerle un extrañamiento ante la Secretaría de Gobernación. Porque eso de venir a amenazar a quien hable mal de la Federal, a quien tenga una opinión no favorable de Enrique Peña Nieto, sus decisiones y acciones, pues suena a dictadura y cacicazgo, dos actitudes, conductas y patologías políticas que en México, costó mucho tiempo, esfuerzos y vidas, erradicar. Entonces resulta que viene un enviado federal a amenazar con denunciar a quienes expresen su opinión, de acuerdo a lo vivido, contado y leído, sobre el Gobierno Federal y sus instancias. Pues no, no a la ley mordaza del delegado federal de Gobernación.