Emilio Gamboa Patrón, hoy senador de la República, se estrenó en la política desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-88), donde primero fungió como secretario particular del secretario de Programación y Presupuesto, y después, como secretario particular del Presidente De la Madrid. Ahí inició todo. Con Carlos Salinas de Gortari, a quien ya había servido, fue director de cuatro dependencias: INFONAVIT, IMSS, FONATUR y de la Lotería Nacional. Terminó ese sexenio como secretario de Comunicaciones y Transportes, e incluso fue parte de los presidenciables a los que inequívocamente les ganaría Luis Donaldo Colosio Murrieta. De andar de un lugar a otro, de agazapado y grillo, de estar arriba a estar menos arriba, el Presidente Salinas de Gortari le apodaba a Emilio Gamboa “El Tehuacán”. Decía que por más que lo agitaran, siempre tenía gas. Con Ernesto Zedillo Ponce de León sirvió un poco. Apenas y por un rato encabezó la Subsecretaría de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, que encabezaba Francisco Labastida Ochoa, a la postre, candidato a la Presidencia de la República por el PRI; Gamboa Patrón le coordinaría la campaña que terminó en un estrepitoso fracaso, dando paso al primer gobierno de alternancia en el país, el de Vicente Fox Quesada. Fuera el PRI del gobierno, tanto Gamboa como Manlio Fabio Beltrones Rivera sobrevivieron en el Poder Legislativo, a veces diputado uno, a veces senador el otro y viceversa, hasta la fecha. Gamboa es senador de la República y Manlio dejó la diputación que concluiría en septiembre para irse a dirigir el Partido Revolucionario Institucional. Animales de la política, los dos aprendieron a sobrevivir como oposición. En el tiempo en que el PRI no gobernaba el país (12 años), se convirtieron en los fieles de la balanza en el Poder Legislativo. En todopoderosos tricolores. En los negociadores de iniciativas y espacios de poder. Durante esos años encabezaron al priismo nacional, ganando espacios en gobiernos y dando y quitando candidaturas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se aliaron con el Partido Verde Ecologista de México y son los padrinos políticos de esta camada de ex niños verdes que lidera Jorge Emilio González, y hoy llevó -contra toda lógica y respeto por las instituciones- a Arturo Escobar a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Beltrones y Gamboa siguen, también contra todo pronóstico, meciendo la cuna de la abundancia política y gubernamental. Se hicieron indispensables al Presidente Enrique Peña Nieto, al enceguecerlo con el trabajo legislativo de ambos para sacar aprobadas las reformas estructurales de Peña. Y como el “Tehuacán” que es, Gamboa sigue con gas, 30 años después de que inició en el gobierno mexicano. De ese grupo se colgó Carlos Bustamante cuando fue alcalde de Tijuana y contrató para la segunda posición a Alcide Roberto Beltrones Rivera (qepd), hecho que, como es de esperarse, el hoy dirigente nacional del PRI considera de una lealtad especial. Con todo y que en el grupo de priistas tijuanenses en las Torres acusaban otros intereses, como moches federales, transacciones legales pero ocultas. Se prometieron recursos para la ciudad y el ex alcalde condicionó lealtades. En el ostracismo político luego que su trienio terminó con malos números, pocas obras y muchas sospechas, Carlos Bustamante intenta integrarse a ese grupo de Beltrones y Gamboa, dedicado a tres temas: Primero a abrir a como dé lugar un casino en las Torres de Agua Caliente, emblemático edificio de Tijuana que se erigió en el poderío empresarial de su padre, don Alfonso Bustamante. Contra las regulaciones, utilizando a los todopoderosos priistas y con dinero que dice, es propio, logró que le transfirieran permisos de operación y hasta una compañía para que le haga la chamba de la administración a él, a su hijo y a su hermano. Aun sin abrir, pues carece de elementales y sensibles autorizaciones de difícil término, Bustamante ya promociona su casino. En segundo, Bustamante se dedica a promover a los suyos. Luego que no logró ni un Consulado, ni una Subsecretaría, ni una nominación partidista, pero sí su permiso de casinero, intenta acomodar a sus ex colaboradores en plazas públicas. Con la ayuda de Gamboa Patrón y por encima del designio del secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo, el ex alcalde de Tijuana logró la delegación de Economía en Baja California para su ex financiero y hoy millonario inmobiliario, Rufo Ibarra. En tercero, ocupa su tiempo en desarrollar la campaña de David Saúl Guakil para lograr la candidatura del PRI a la alcaldía de Tijuana, ya sea que se reúnan en una casa de La Paloma o en oficinas en la Zona del Río, pero se ocupan en cabildear con el grupo de Gamboa Patrón y Beltrones Rivera, para que el también empresario sea el candidato a presidente municipal de Tijuana. La voluntad de Manlio y Emilio finalmente impera sobre el interés de los hombres cercanos al Presidente de la República. Aparte de venderle la aprobación de las reformas, se hicieron responsables de un gran número de triunfos en la elección intermedia de junio de 2015. Los todopoderosos del PRI meten la mano política -y administrativa- en todas partes. Hasta en la ínfima delegación en Tijuana, como en la candidatura en una serranía. 

Morir en México, asesinado en el contexto de la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado, que gozan de la impunidad que proporciona el Estado, es morir en la injusticia. De los más de 57 mil ejecutados en los primeros 32 meses de administración de Enrique Peña Nieto, pocos, muy pocos asesinos se encuentran en prisión. La justicia en México es selectiva. No es para todos. A veces por la incapacidad del Ministerio Público, otras por la corrupción y el mal gobierno, y unas veces por intereses ajenos, pero no todos en México obtienen justicia para dejar descansar a los suyos. Ahí están las familias despedazadas por el narcotráfico, las familias de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en septiembre de 2014; también los seres queridos de periodistas y activistas que han visto morir a sus consanguíneos y pasar el tiempo sin recibir justicia. Acá los mexicanos desbordan la frustración de la injusticia y la impunidad en manifestaciones. Toman las calles para gritar consignas, señalar directas en mantas y cartulinas, interrumpir discursos y, más que nada, hacer campañas en redes sociales y medios de comunicación independientes. No se puede decir que la táctica haya funcionado, pero por lo menos significa un grado de presión mediática y pública, que se ve en el extranjero. Si el discurso triunfalista y reformador de Enrique Peña Nieto en el extranjero comenzó a desvanecerse, fue precisamente por las manifestaciones ciudadanas que en México son ignoradas y en el extranjero harto consideradas. Sin embargo, hoy los mexicanos nos enfrentamos a una situación inédita. Las manifestaciones no han tomado las calles y las voces poco a poco se escuchan en los canales de comunicación. El vil asesinato de ocho mexicanos y la convalecencia de seis más que fueron atacados con artillería de guerra en Egipto, y el inexcusable pretexto que utilizaron las autoridades de aquel país para justificar el artero atentado: que las fuerzas de seguridad del gobierno de Egipto confundieron a los turistas mexicanos con terroristas del Estado Islámico. Ofrecieron como prueba los dichos de los oficiales egipcios que hicieron la relación de los vehículos en que se trasladaban los turistas con los de los terroristas, por ser estos de características similares. Vehículos que, dicho sea, no son exclusivos de los terroristas, pero sí comunes en las travesías que turistas, estudiosos, especialistas e interesados hacen en zonas áridas como el desierto occidental egipcio por donde viajaban los mexicanos, acompañados de guías de aquella región, en por lo menos cuatro vehículos de doble tracción. Los mexicanos fueron bombardeados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Egipto. Se desconoce y no se sabrá pronto -dado que el gobierno egipcio selló la investigación que realiza sobre el caso- cuáles fueron las pruebas de verificación y autenticidad de la información o las sospechas de que quienes viajaban en dichas unidades eran terroristas y no turistas, como fue el caso. Cuál fue la confirmación, sea vía aérea o en tierra desde un centro de mando, que se utilizó para dar la orden de atacar los vehículos donde viajaban en plan pacífico de turismo, los mexicanos. Mientras el gobierno mexicano no ha puesto hasta la fecha -considerando el acto de terror contra los mexicanos a mano de un gobierno- una alerta para que sus ciudadanos no viajen a Egipto, otros gobiernos como el de Estados Unidos, el de Francia o el de Inglaterra, han alertado en el pasado y lo mantienen en el presente, a sus connacionales para no viajar a esa zona desértica casi frontera con Libia, precisamente por las condiciones de inseguridad que por situación de terrorismo se viven. Pero a los mexicanos que viajaban en el convoy turístico que fue atacado con bombas, su gobierno no los alertó. Ni en la página de la administración, ni en la agencia de viajes. Ni por parte de la Secretaría de Turismo, como tampoco de la de Relaciones Exteriores. Ninguna autoridad mexicana les advirtió del peligro que su vida corría si viajaban a esa zona. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se estrena en el cargo con esta tragedia. A días de que fue sacada de la Secretaría de Turismo por el Presidente para enviarla a la cancillería, ha mostrado la falta de capacidad que tiene para hacer frente a tragedias internacionales. Su rápido viaje hacia la zona donde se recuperan los mexicanos heridos, y hacer el levantamiento de cuerpos de los que murieron en otra tierra, se enmarca en un viaje de logística para lo cual no se requiere una secretaria, sino uno propio. Ella no ha alzado la voz como el caso lo requiere, para señalar a un país que no protege a los suyos y que no está en capacidad de proteger a los turistas. Un país cuyos investigadores han decidido cerrar la indagación sobre lo que ocurrió a los mexicanos, para no dar a conocer los detalles, las órdenes, los protocolos y la capacitación, elementos todos con los que se desenvuelven las fuerzas especiales de aquel país. El gobierno mexicano, que no ofrece certeza ni justicia a las familias de los mexicanos asesinados o desaparecidos en nuestro país, debería hacer como los ciudadanos de acá: manifestarse fuertemente, alzar la voz y exigir al gobierno de Egipto, no solo que abra la investigación para llevar el proceso en público, sino que se castigue a los responsables, que las tácticas de defensa de las fuerzas de seguridad de aquella nación sean revisadas, evaluadas y consignadas por organismos internacionales por su actuar irresponsable. La secretaria de Relaciones Exteriores debería estar denunciando y demandando justicia, incluso emitiendo una posición de indignación por parte del gobierno y del pueblo mexicano ante cortes internacionales y la Organización de las Naciones Unidas. Pero poco o nada sabe Ruiz Massieu de Relaciones Exteriores. No tiene ni experiencia, ni formación académica para el caso. Ni un ápice de preparación técnica para encabezar el departamento diplomático mexicano. Nada, solo que es amiga del Presidente y sobrina de un ex Presidente. Vaya, ni la alerta a los mexicanos para no viajar a Egipto, ha activado la funcionaria que ha destacado más por su labor de logística de largas distancia, que por representar a los mexicanos todos en el extranjero. A como va la situación y dado a la pobre actuación de la autoridad en el caso de los ocho mexicanos asesinados y los seis heridos tras ser bombardeados en Egipto al confundírseles con terroristas, morir en otra tierra también será ejemplo de impunidad e injusticia, pues el que debe responder, indagar y exigir justicia, es el mismo gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto no termina de sorprender a los mexicanos leídos. Vaya, cuando uno cree que no puede haber sorna más profunda que la irrisoria fuga de Joaquín Guzmán Loera del paradigma de las prisiones de máxima seguridad en México, a Peña se le cae a pedazos gigantes y pesados la teoría oficial de la PGR sobre el destino final y trágico de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que según habían asumido y “comprobado científicamente” fueron incinerados en una hechiza hoguera en un basurero de Cocula. Y luego el sorprendente e increíble tercer informe de gobierno que solo retrató las condiciones de la burbuja en la cual viven el Presidente y su gabinete, y que está alejada de la realidad que soportan los mexicanos. En el México real hay devaluación de la moneda, hay pobreza, hay sangre y plomo, hay inequidad, injusticia e impunidad, en el país de Peña, no. Entonces… vinieron los cambios a su gabinete. La balandronada esa de sacar de Turismo a la titular Claudia Ruiz Massieu (de las cuatachas del preciso), para enviarla a la delicada labor de las Relaciones Exteriores en calidad de Canciller. Y justo cuando el gabinete peñista asimilaba que eso de turistear es el preámbulo de la diplomacia, a México y a la Ruiz, les viene el primer golpe. Hasta el momento ocho turistas mexicanos fallecidos en un ataque aéreo cuando realizaban actividades de exploración y recreación en Egipto. Las informaciones iniciales no llegaron por parte de la Cancillería Mexicana, sino desde el Gobierno de aquel país. Los turistas mexicanos –en compañía de otros y guías de turismo además- habían entrado en territorio restringido donde las fuerzas de seguridad buscaban terroristas. Los turistas se transportaban en vehículos cuatro por cuatro todo terreno, similares a los que utilizan –dicen- los terroristas y por eso las fuerzas los atacaron, asesinando a varios de ellos y enviando en calidad de graves a otros al Hospital. Ahora sí que fue el Estado, egipcio. Sin embargo, la Canciller Ruiz Massieu, no ha realizado a nombre del Gobierno que representa y de los mexicanos todos, un extrañamiento al Gobierno egipcio a pesar de los elementos de incapacidad que tuvieron para determinar que el blanco al que atacarían eran turistas y no terroristas. El Gobierno Mexicano ha tenido un comportamiento manso ante el asesinato de sus connacionales en una guerra que no es la suya. En un país extraño donde les vendieron la exploración, los permisos, la seguridad, y a cambio encontraron la muerte. En los días iniciales la ex Secretaria de Turismo no mostró el talante, ni la personalidad mucho menos la seriedad y la severidad que se requiere cuando de manera injusta, alevosa y aciaga, un grupo de mexicanos es asesinado en el exterior. Vaya, ni al estilo de otros países, ha emitido una alerta extraordinaria para que mexicanos no viajen a Egipto ante la falta de condiciones de seguridad (como las muchas alertas que se emiten sobre las distintas regiones de México, y que el Gobierno lee sin tomar medidas para no ahuyentar al turismo extranjero de nuestras tierras). El tema seguirá hasta que no se conozca la identidad de todos los mexicanos que fueron atacados por las fuerzas de seguridad, y se proporcione una versión real, lógica y de comprobación científica sobre lo sucedido, más allá de una confusión por los automóviles utilizados (¿Recuerdan cuando la PGR determinó que al Cardenal Posadas Ocampo lo asesinaron por trasladarse en un vehículo igual al que utilizaba Joaquín Guzmán Loera en 1993, y nadie creyó esa teoría?). El 17 de marzo de 1995, Humberto Roque celebró el aumento del IVA con la “Roqueseñal”   Antes del ataque a los turistas mexicanos (sin consecuencias diplomáticas ni posicionamientos de defensa de la vida y la seguridad de los mexicanos), muchos mexicanos no salían del asombro de la segunda parte de nombramientos en el gabinete. Particularmente sobre dos personas: la revivida política que le dieron a Humberto Roque Villanueva al, a sus 72 años, nombrarlo subsecretario de población, migración y asuntos religiosos. No que creamos que no se debe emplear a personas de la tercera edad, pero por Dios, habiendo tanto doctorado, maestros, especialistas en los campos, expertos al detalle en los fenómenos migratorios, en el análisis de la población, venir a ubicar ahí a quien su más célebre momento fue cuando en marzo de 1995 hizo la señal que indicaba que se había cogido a los mexicanos al ganar la votación en la Cámara de Diputados para incrementar el IVA del 10 al 15 por ciento, a partir de entonces la conocida “roqueseñal”. (Sólo que sea por eso que le hayan invitado al Gabinete, pues con la homologación del IVA al gabinete económico de Peña Nieto solo le faltó hacer la “roqueseñal”). Y luego… la Iglesia en manos de Lutero, o la prevención del delito en manos de Arturo Escobar. El ya señor representante del Partido Verde Ecologista de México, que se ha distinguido por la sospecha de comisión de delitos misma que ha despertó con diversas conductas a lo largo de su meteórica carrera política y prosperidad financiera. El Subsecretario de Prevención del Delito, Arturo Escobar, usted lo recordará, fue detenido en 2009, justo un día antes de las elecciones intermedias federales en México, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, portando y cargando un lujoso maletín que contenía más de un millón de pesos en efectivo. Como es de esperarse, el entonces Senador por el Verde, no fue detenido. Se le creyeron y se dieron por válidas, cada una en su momento clave, las versiones que proporcionó a la autoridad para justificar cargar con el efectivo. En la última campaña, Escobar y su partido pasaron a la historia por ser los resguardos de la impunidad electoral, al haber violentado las leyes electorales durante la campaña –otra vez- de las elecciones intermedias de 2012 para renovar la Cámara de Diputados. Más de 600 millones de pesos en multas lograron los verdes, pero Escobar los defendió con pasión para mantener la impunidad política, la misma que hace unos días, lo llevó de la mano de Miguel Ángel Osorio Chong, y seguramente por su cuatismo con Manlio Fabio Beltrones Rivera, a convertirse contra toda lógica, en Subsecretario de Prevención del Delito, sin más experiencia que la de haber corrompido la Ley y burlado a la justicia. Y, lo que sigue…

De tres oficios enviados por la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera, al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, Antonio Valladolid, dos los ha respondido negativamente y uno de plano lo ignoró. Por misterios de la relación que guardan el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y Valladolid Rodríguez, este último ha permanecido desde el inicio de la administración como encargado de las finanzas estatales. De la administración de los dineros, la concesión y el otorgamiento de contratos, convenios por miles de millones de pesos. Refiero por misterios de esa relación la permanencia del secretario, porque después de los señalamientos de irregularidades y corrupción tanto en su persona como en la dependencia que encabeza, resulta increíble que el Ejecutivo estatal lo mantenga en su círculo cercano. No solo Valladolid ha sido señalado e investigado por el Congreso del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización de Baja California por irregularidades en la entrega de contratos y convenios, o la cancelación de convocatorias para, de manera unilateral y sin consenso, hacer adjudicaciones directas alejadas de la transparencia en la convocatoria, sino que la adquisición de equipo y programas para espionaje por parte de Valladolid y sus colaboradores de Finanzas, fue evidenciada en WikiLeaks (página de denuncias ciudadanas con documentos gubernamentales que maneja el activista Julian Assange). De hecho, funcionarios denunciaron de manera anónima, cuando fueron víctimas de esas escuchas y video grabaciones ilegales. Sin embargo, nada de eso ha sido suficiente para que  Vega de Lamadrid, decida hacer un cambio en uno de los departamentos más delicados y de suma importancia para su sana administración, el de las finanzas y el manejo de capitales. El caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), es otro que exhibe la falta de oficio político, compromiso y transparencia de la administración de Kiko Vega,  a partir de las decisiones tomadas en la Secretaria de Finanzas. En los tres oficios que referí al inicio de esta columna, las peticiones que se han hecho al gobierno han sido económicas. Ciertamente la mala administración que antecedió a la prácticamente recién electa comisionada de los Derechos Humanos, dejó a la institución en números rojos. Cuando Arnulfo de León Lavenant encabezó la que conocíamos como Procuraduría de los Derechos Humanos, se aprovechó de las arcas y de la nómina de la institución hasta dejarla insolvente, incluso el dinero destinado al primer mes del ejercicio de Melba Olvera, se lo gastó Lavenant. Estas ruinosas condiciones no son desconocidas ni por los diputados del Congreso del Estado de Baja California, ni por el gobierno de Vega. Los malos manejos y excesos de León Lavenant, fueron harto publicitados en investigaciones periodísticas y en indagaciones del Órgano Superior de Fiscalización. En esas condiciones y al transformar la institución de Procuraduría a Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tanto diputados como Gobierno del Estado debieron proveer mayores recursos para la defensa de los Derechos Humanos de los bajacalifornianos, pues no solo se enfrentan a la creación de una nueva estructura, sino a las deudas heredadas de la anterior titularidad. El 23 de junio de 2015, dos oficios fueron enviados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por parte de la CEDH, solicitando ampliaciones presupuestales. En el primer oficio se solicitó la ampliación presupuestal por 6 millones 570 mil pesos con 98 centavos, para cubrir pasivos heredados del periodo de la PDH en manos de Arnulfo de León Lavenant, que se gastó el presupuesto y más, sin considerar (o considerando) que una vez que concluyera su encomienda, no habría dinero presupuestado que alcanzara para pagar. En el otro oficio del 23 de junio, la CEDH solicitó dos ampliaciones, una por 979 mil 73 pesos con 59 centavos, para la partida presupuestal prima de antigüedad, y otra por 10 millones 190 mil 612 pesos con 90 centavos, para la partida de indemnizaciones de personal de confianza. Es decir, todas las personas que debió liquidar De León, pero que dejó incrustadas en la nómina, además de adeudos que no finiquitó con ex trabajadores. Los dos oficios de la CEDH fueron respondidos por Antonio Valladolid en un mismo día. El 31 de julio de 2015 envió dos respuestas, declarando: “… esta Secretaría no está en posibilidad de emitir opinión favorable a su solicitud, al no contar con los recursos suficientes para hacer frente a su petición…”. Justifica el secretario que únicamente cuenta con el Presupuesto de Ingresos que le fue aprobado por el Congreso al Gobierno del Estado, y que solo alcanza para lo presupuestado y nada más; que no tienen pues recursos adicionales, al menos no para los Derechos Humanos, pues le aclara a la titular de la CEDH que en su Presupuesto de Egresos no tiene considerado recurso para pagar pasivos, y le recomienda “atender esta contingencia con ahorros que se generen durante el ejercicio y con rendimientos bancarios (¿Recordarán en el Gobierno del Estado las cuentas vacías que dejó de León Lavenant?)”. Es increíble, pues, que la gestión  de Francisco Vega no vea la urgencia de invertir recurso para mantener funcionando en la austeridad republicana a la CEDH, que aun cuando adolece de dinero suficiente para operar en la nueva estructura, ha incrementado en un 30 por ciento la atención de denuncias ciudadanas de vejación de Derechos Humanos en Baja California. Desde su creación, en 1994, durante la administración de Ernesto Ruffo Appel, el organismo de defensa de los Derechos Humanos no ha sido valorado en su aportación a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Ninguno de los gobernadores panistas, seis contando al actual, ha tenido el compromiso suficiente para, por ejemplo, construir un edificio adecuado para la ahora CEDH, que ha debido de pagar renta desde su fundación, y que en los últimos años ha tenido cuatro ubicaciones distintas, algunas -en el caso de Arnulfo de León- abandonadas ante la falta de pago. Hoy día, y para ahorrar recurso, Melba Olvera trasladó las oficinas de atención a un edificio en el número 2532 de la calle Diego Rivera de Zona del Río (el que se muestra en la foto). Ocupan el quinto piso de lo que fue un corporativo de abogados. Con las mismas instalaciones ahí dejadas, los defensores de los Derechos Humanos se instalaron en todos los rincones. Apretados, aprovechando todos los espacios, es evidente que no caben, pero no se quejan. Con sus limitados recursos, hacen lo suyo: defender a los bajacalifornianos que han sido víctimas de gobiernos, de corporaciones, de instituciones. Ojalá Francisco Vega de Lamadrid reaccione a tiempo, antes de que la CEDH se vea en la necesidad de limitar sus servicios ante la falta de recursos. Ojalá el titular del Gobierno del Estado de Baja California sea sensible al tema y actúe en consecuencia, porque a la fecha el problema es que los oscuros manejos del dinero de los ciudadanos por parte de Valladolid, hacen ver a Kiko como un funcionario ajeno a la defensa de los Derechos Humanos, opaco en la administración de recursos e indiferente hacia la protección y defensa de los Derechos Humanos de los bajacalifornianos.