Si alguien supo cómo no solamente sobrevivir, sino vivir del gobierno y sacar raja política para sí y para los suyos en administraciones federales de oposición, ese fue Manlio Fabio Beltrones Rivera. Durante doce años de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional electos para la Presidencia de la República, el sonorense y aún diputado federal priista, erigió un imperio político a base de acuerdos, negociaciones y concertacesiones, hasta convertirse desde la cámara alta o la cámara baja, en el Primer Priista del País. No había Presidente de la República del PRI y él supo aprovechar esa situación a su favor para negociar con los grupos internos de su partido de tal modo que todos salieran ganando en las negociaciones con el Ejecutivo Nacional –fuera Vicente Fox, fuera Felipe Calderón- para ser el equilibrio perfecto de poderes que la gobernabilidad requiere. Manlio Fabio Beltrones ganó más siendo oposición que cuando su partido tenía el Gobierno de la República. Antes de 2000, fecha histórica cuando Vicente Fox Quesada ganó la presidencia de la República y acabó con la hegemonía priista, los más altos cargos que el sonorense Beltrones había tenido eran el de Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación a cargo de don Fernando Gutiérrez Barrios, y Gobernador de su natal Sonora durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Nunca ha sido Secretario de Estado, tampoco presidente del PRI, mucho menos Embajador o asesor o coordinador en materia presidencial. De hecho, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León lo suyo fue un ostracismo. Pero cuando había un vacío de poder en el PRI al no tener entre sus filas al Presidente de la República, supo dominar a río revuelto. Dueño del poder legislativo de oposición en las presidencias panistas, se convirtió en el poderdante de los votos tricolores y en el interlocutor de las negociaciones en la alta esfera gubernamental federal. Así surgió el todopoderoso Manlio. Sin embargo, y para su mala fortuna política, intentó y fracasó cuando quiso ser candidato del PRI a la Presidencia de la República. El Grupo Atlacomulco con el ex Presidente Salinas a la cabeza y muchos intereses económicos, había creado a la par del crecimiento político y negociador de Beltrones al candidato ideal: Enrique Peña Nieto. Beltrones hubo de retirarse primero de la contienda interna y después de la participación al cien por ciento de la campaña. De hecho sus oficios por apoyar o por lo menos entablar comunicación con los candidatos de la oposición no fueron ajenos al ojo público. Era natural que el de Sonora no terminara en al Gabinete. Como felino, cayó parado en la cámara baja (igual que Emilio Gamboa Patrón, quien desde la presidencia de la República de Miguel de la Madrid no ha dejado de vivir del presupuesto). Entonces Beltrones aprovechó la indiferencia del presidente para hacerse necesario en el legislativo. Se colgó la medalla de las reformas (muchos más lo hicieron) pero no alcanzó a treparse al círculo presidencial en donde persisten Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy el futuro de Manlio Fabio Beltrones Rivera es incierto. En septiembre dejará de ser diputado federal, las elecciones para Senador son hasta el 2018, y sólo los diputados federales electos ese año podrán reelegirse. Hay quienes dicen que puede ser nombrado Secretario, y habiendo de Secretarías a Secretarías, no lo ven ni en Gobernación ni en Hacienda. También se especula una Embajada o incluso la presidencia del Partido que Enrique Peña, ahora y de facto el Primer Priista de México, puso en manos de uno del Estado de México. La historia de Gustavo Madero es tantito peor. Nunca ha pertenecido al Gobierno Federal. Ni Fox ni Calderón le convidaron si quiera una subsecretaría; tampoco ha sido gobernador de su estado Chihuahua. En su momento perdió la Presidencia Municipal de Chihuahua y llegó a ser director de área en el Gobierno de Francisco Barrio Terrazas. A lo más que ha llegado es a ser Senador de la República en una fórmula y allá en 2006 cuando el PAN ganó la Presidencia de la República. Alfil de Felipe Calderón cuando le fue, o se fueron necesarios, hoy Gustavo Madero, sin presidente de la república emanado del PAN, es el Primer Panista de México. Hace con el partido, sus legisladores y gobernadores, lo que quiere o lo que le interesa a su grupo peleado a muerte con los calderonistas. Lo mismo ganó perdiendo en el 2012 cuando su candidata Josefina Vázquez Mota puso al PAN en la tercera posición en la tabla electoral nacional, que ha ganado ahora al hacerse de una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados. Cuando en 2012 se quedó sin presidente de la república, fue de los primeros en integrarse al Pacto por México convocado por Enrique Peña Nieto para sacar las reformas estructurales que el PRI, sin los votos del PAN, no hubiera logrado. De ahí salieron muchos beneficios, políticos y de otro tipo para la camarilla blanquiazul. Presidencias de comisiones en las Cámaras, delegaciones federales en los Estados, espacios en los organismos autónomos y presidencias municipales y gubernaturas. Gustavo Madero ha aprendido no solo a sobrevivir en la oposición, sino a vivir del Gobierno de oposición y sacar raja política para sí y para los suyos. Igualito que Manlio Fabio Beltrones cuando el PRI fue oposición y el PAN Gobierno. Hoy Gustavo Madero ha desatado lo que puede convertirse en una desbandada albiazul. En el colmo del cinismo político solicitó licencia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para buscar –dentro de su propio partido, con sus reglas y con sus amigos sabiendo que regresaría- una candidatura plurinominal a la diputación federal, para –igual que Manlio en su momento- ser el negociador que el presidente de la República del PRI necesita para tener el apoyo del legislativo y lograr la gobernabilidad. Consiguió –obviamente- la candidatura plurinominal, y Madero regresó al PAN. Solo para negarle a los calderonistas candidaturas, espacios, y prácticamente lanzarlos del partido. Ya el ex presidente lo dijo en una entrevista con reporteros de El Financiero: Al PAN… “Lo veo ciertamente muy mal y es una gran tristeza. Pero debo diferenciar entre PAN y su dirigencia. El PAN parte de la premisa que está cimentado en la defensa de valores como la libertad, de la persona humana y de la democracia. Una opción como esta es necesaria para México…. “¿Qué alternativas hay? Veo tres. 1.- No hacer nada y decir a ver cómo se arregla solo. Esta no es una alternativa políticamente viable. 2.-Tratar de reconstruirlo desde sus cimientos lo que implica luchar contra esos intereses. También implica cambiar dirigencias, también implica renovarlas, también implica estar pegándole a muchos intereses que manipulan un padrón interno, que usan recursos pues muchas veces inexplicables, que aprovechan aparatos completos para establecer condiciones de ese grupo. 3.- Habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique”. Mientras Beltrones, durante su tiempo de Primer priista de México, hubo de sortear los casos de corrupción de gobernadores y alcaldes priístas, Madero ha debido hacer frente a los casos de corrupción, y moches e inmoralidad (porque ellos se dan golpes de pecho) de Gobernadores, alcaldes y legisladores panistas. La ventaja para Madero sobre Beltrones es que ahora él será el fiel de la balanza. La desventaja, es que Madero no es, como Beltrones, un hombre de Estado, sino un panista con poder cuando pocos más lo tiene. De ahí su evidente necesidad de convertirse, como Manlio lo fue, en el opositor necesario, el negociador pertinente, la oposición complaciente, a final de cuentas. El nuevo Manlio en la víspera electoral de 2015.
Sin control sin confianza
En mayo de 2014, después que se presumió la participación de un policía de Tijuana en varios robos en Rosarito, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, aseguró que su gobierno no solaparía ninguna actividad irregular por parte de agentes municipales, ni de ningún servidor público. El 29 de septiembre 2014, en una entrega de patrullas, el alcalde de Tijuana reiteró que su Ayuntamiento sería de “… cero tolerancia y cero corrupción, y quienes sean detectados en actos de corrupción, los vamos a mandar a donde deben estar, tras las rejas”. Para el 22 de noviembre del mismo año, en medio de los reclamos de comerciantes de la Zona Centro que se declaraban extorsionados por policías, el doctor cambió de opinión, o por lo menos la matizó. Molesto, reviró a sus votantes: “Quien tenga pruebas, que denuncie ante el Ministerio Público”, y a los reporteros que le preguntaron del tema, también les tocó en aquel reparto de culpas en medio de la cólera del alcalde: “Así como hay periodistas intachables, hay periodistas corruptos, también hay policías intachables y policías corruptos; aquí es muy importante que los medios de comunicación se acerquen y den los nombres de los policías, o que los ciudadanos denuncien y vayan a las agencias del Ministerio Público o a Sindicatura Procuradora, lo cual no han estado haciendo”, aseguró. Al respecto, ZETA se permite hacer dos anotaciones consideradas pertinentes. Observación uno, con referencia a la prensa, efectivamente hay periodistas corruptos, y en el Ayuntamiento los conocen pero no los denuncian. Y con relación al ejemplo de Astiazarán, la gran diferencia es que los periodistas corruptos no traen arma, ni placa, ni uniforme que les haga posible delinquir impunemente. Observación dos, esta semana que concluye, como el alcalde invitó aquel noviembre, este Semanario dio a conocer los nombres de policías corruptos, echados de cabeza por sus confesiones que fueron variadas: vínculos con el crimen organizado, corrupción, participación en delitos, torturas. Otros tantos resultaron con antecedentes por tráfico de droga o robo en Estados Unidos, y unos más, con problemas de adicción. Todo como resultado de los exámenes de Control y Confianza, creados precisamente para depurar las corporaciones. Pero la información publicada en estas páginas no les pareció. Ni al alcalde, ni a su secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, presidente de la Comisión Policial. Ambos pretendieron responsabilizar al medio de comunicación de algo que según el propio Lares ocurre regularmente: El 15 de enero de 2015, un día antes de la publicación de ZETA, el titular de Seguridad Pública Municipal declaró a un diario local que en la mayoría de los casos, los policías tramitan un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego, la mañana del martes 20 de enero, cuando les preguntaron si no les preocupaba tener a policías ligados al crimen trabajando, el secretario de Seguridad se aventó la puntada de decir que estaba más preocupado por la “filtración” al medio de comunicación. Imagínese Usted, Lector, el hombre encargado de la seguridad en el municipio más poblado en Baja California, está más preocupado por saber quién hizo llegar la información a ZETA, que por resolver el tema de que los tijuanenses estén siendo atendidos y deban convivir con policías que reciben dinero por dejar ir criminales, vender droga, mover cadáveres del crimen organizado, hacer arrestos falsos, torturar detenidos, o usar droga. Pero justo ese problema de prioridades, fue precisamente el origen de la nota que tanto molestó a Astiazarán y a Lares. La primera semana de diciembre de 2014, en reunión del Grupo Coordinación se habló del tema de la depuración y se urgió a los secretarios y directores de Seguridad, avanzar en la misma, porque habían estado siendo omisos. Las cifras eran alarmantes. En cinco años de exámenes, 572 policías habían reprobado los controles de confianza y la mayoría permanecían en las nóminas. Del total de no aprobados, 473 corresponden a las policías municipales: 174 resultaron no aprobados en Tijuana y solo habían corrido a tres; 90 en Mexicali y solo inhabilitaron a tres; otros 51 en Ensenada y cuatro inhabilitados únicamente; 52 en Tecate con nueve dados de baja; y 56 reprobados en Rosarito, con tres inhabilitaciones. Cierto, más de mil 800 policías han sido dados de baja en el Estado en los últimos cinco años, pero por reprobar los exámenes solo 22, y de esto se dio cuenta en la edición 2127 de este Semanario, publicada el 31 de diciembre de 2014, fecha en que ZETA empezó a hacer eco de la preocupación manifiesta por funcionarios y representantes ciudadanos metidos en el tema, quienes veían que los directores y secretarios de Seguridad, no estaban cumpliendo con sus obligaciones como titulares de las comisiones de Desarrollo Policial, convirtiéndose en cómplices y poniendo en riesgo a la ciudadanía. “Por lo menos que les quiten la pistola, que los pongan donde no estén en contacto con la gente… que inicien el proceso”, porque no se trata de expedientes nuevos, a estas alturas si las sindicatura y comisiones de Desarrollo Policial cumplieran con su trabajo, muchos de ellos deberían estar fuera y la mayoría o todos notificados. El 3 de enero de 2015, en la celebración del Día del Policía, el alcalde Jorge Astiazarán llamó a defender el prestigio de la mejor corporación del mundo, pero advirtió: “No se escatimará en aplicar la Ley contra los policías corruptos”, así que esperamos que cumpla. Y no se trata de un juicio sumario a la corporación, en ZETA sabemos y reconocemos la labor de los buenos agentes, quienes por cierto, son obligados a trabajar turnos inhumanos, sometidos a presiones, enfrentando a diarios el crimen y la corrupción sin la atención psicológica necesaria ni la capacitación debida, y en algunos casos, terminan perdiendo la vida. Pero en este caso los “negros del arrocito” que empañan al resto de la corporación, ya están identificados y hace buen rato, así que resulta cuando menos irresponsable mantenerlos en la Policía sin avanzar con los procesos. Están obligados a notificarlos, escucharlos y definir de una vez por todas. O dejar claro, de plano, para que los uniformados honestos también lo sepan, si en la mejor Policía del mundo, aliarse con criminales o cometer delitos no será motivo de castigo.
Un pasito de Peña
Finalmente el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un cambio. Entre que cada semana le sale el origen de una propiedad enquistado en la sospecha de tráfico de influencias y el tufo de la corrupción, las manifestaciones de repudio en su contra que no cesan, exacerbadas a partir de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero; el descubrimiento de más y más fosas clandestinas con cuerpos cuyas víctimas son anónimos sin justicia, la decreciente economía, el desprestigio internacional y sus reformas transformadoras que no transforman nada ni se sienten, Peña hizo un cambio. El jueves 22 de enero, a través del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, retiró al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, apodado a raíz de su forma de ejecutar ese cargo como “El Virrey”. Versó el hidalguense: “El Presidente Enrique Peña Nieto ha tomado la decisión de que el comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda en Michoacán”. Castillo tenía apenas un año de haber tomado la responsabilidad conferida por el Presidente, pero por su polémica daba la sensación que llevaba más en el cargo. Del equipo peñista desde cuando éste era gobernador del Estado de México, Alfredo Castillo se había destacado por dos cosas: retomar la investigación de la desaparición de la niña Paulette Gebara -aquella pobre que fue localizada muerta al pie de su cama, luego que habían pasado días que los peritos analizaron la recámara-, y por haber sido quien orquestó el plan, investigación y operativo para detener a la maestra Elba Esther Gordillo. Vaya, después de los dos años de gobierno, del alza en los precios, la caída del petróleo, el crecimiento estancado, de la inflación, la pobreza que se manipula y se agrava, las miles de ejecuciones, las desapariciones, los secuestros y modificaciones sustanciales a la Constitución, que no traen ninguna consecuencia favorable para el país, cualquiera esperaría que el Presidente de México hiciera cambios en su gabinete. Pero no. Lo único que ha podido mover quien intenta mover a México, se da en el tema de la seguridad. Primero fueron los Generales del Ejército que ajustó en las distintas regiones militares en el país, y luego el pasito este, de cambiar a Alfredo Castillo como comisionado para Michoacán. Don Alfredo llegó directo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a Michoacán, cuando la tierra estaba más caliente debido a las pugnas entre cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. Los remanentes de La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Cártel de Sinaloa… muchas estructuras delincuenciales tenían azorados a los habitantes de aquella región. Los que se negaron el éxodo, o a pagar piso, extorsión o amenaza, se unieron para defenderse cuando el Estado no les aseguró ni la tranquilidad ni la vida. Nacieron las autodefensas y entonces el gobierno volteó a Michoacán. Sin ser tan directo, porque no lo es en el tema de la inseguridad, Peña envió a Alfredo Castillo, quien primero se hizo amigo de las autodefensas, después les dio armas, charola y vehículos, y terminó encarcelando a las autodefensas. Siguió con los políticos. Por obra y gracia de “alguien”, fueron filtrados a los periodistas videos de alcaldes, ex gobernadores, ex funcionarios e hijos de ex gobernadores, teniendo relaciones criminales con “La Tuta”. Don Alfredo también encarceló a los funcionarios. El bipolar operativo de Castillo logró meter tras las rejas a todos -autodefensas y políticos-, menos a los narcotraficantes. Servando Gómez “La Tuta”, escurridizo y corruptor líder de Los Caballeros Templarios, a quien los reporteros siempre parecen encontrar, sobre todo si traen cámaras de televisión, sigue prófugo. La situación de Michoacán a un año de la llegada de Castillo varió solo en tanto cambiaron los titulares de las instituciones locales y erradicaron a las autodefensas. Los enfrentamientos públicos a balazos con cuernos de chivo y R-15 continúan. Las muertes se siguen contando, los ciudadanos se quejan de la inseguridad y de lo caro que resulta vivir “protegidos” por los criminales. El 7 de junio, los michoacanos tendrán elecciones locales, a la par que las federales. Elegirán gobernador, alcaldes, diputados y regidores; quizá en menor medida que Guerrero, pero la incertidumbre e inseguridad ponen en riesgo la democracia, y en ese contexto, para no “enrarecer” el ambiente político electoral, dicen que se va Castillo, el terror de políticos y autodefensas y hazmerreír de narcotraficantes y criminales. Es probable, conociendo al Presidente de la República, que a Castillo le espere una mejor posición en su gobierno. Como también lo es que Michoacán no haya mejorado con su presencia. Ahora Peña mandó otro comisionado, esta vez a un General del Ejército Mexicano, Felipe Gurrola Ramírez, un militar que ha estado en cuarteles y que la investigación ministerial civil no es lo suyo, como sí es la política de la disuasión a partir de las armas para llamar a la no comisión de delitos. Quién sabe cómo les irá a los michoacanos con el General, aunque estaremos atentos a ello. Pero el cambio de Peña en su ampliadísimo gabinete, es un pasito para él, y abre la puerta para que, de verdad, le dé una sacudida a la estructura de sus colaboradores; porque a dos años de Presidente, ya no lo reconocen en el extranjero, y en México le faltan al respeto a donde quiera que va… en pleno año electoral.
Los designios de EU
Cuando a las autoridades de los Estados Unidos se les mete algo entre cejas, lo sacan porque lo sacan. Y no descansan, ni ven soberanías ni consideran fueros, mucho menos territorios ajenos. El viernes 16 de enero de este 2015, en San Diego, California, la Agencia Antidrogas de la Unión Americana -la DEA para todos nosotros-, desclasificó una averiguación previa contra el ahora líder “único” del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada. Las comillas son porque a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cualquiera supondría que su codirigente criminal heredara el imperio de la droga y el crimen organizado, pero crecieron los enanos narcotraficantes y “El Mayo” no es el único que manda en el cártel sinaloense. Los oficiales de la DEA en su conferencia de prensa, nos dijeron que ya tienen a Ismael Zambada como su objetivo número uno en el mapa del narcotráfico en México. No puede ser casualidad que el anuncio de la investigación contra el capo mexicano se haya dado a conocer a unas semanas de la visita de Estado que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo al de los Estados Unidos, Barack Obama. Tampoco pueden ser una coincidencia los cambios en las comandancias de ciertas regiones militares que en la República Mexicana hizo el presidente al final de la semana pasada. Particularmente me llama la atención la designación del General de División Alfonso Duarte Mújica como Comandante de la III Región Militar que tiene sede en Mazatlán y que comprende dos –Sinaloa y Durango- de los tres estados que integran el “Triángulo Dorado”, principal asentamiento del cártel de Sinaloa. Del General Duarte he de recordar que fue primero Comandante de la II Zona Militar en Baja California que comprende los cinco municipios de este estado. Después, por méritos, a consideración del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y por petición de las autoridades de Baja California, el General Duarte fue nombrado Comandante de la II Región Militar que tiene su sede en Mexicali y abarca tres estados, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Eran los tiempos de mayor inseguridad, más violencia e impunidad por la pugna entre los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa en Baja California. Aquella cruenta guerra “por la plaza” que se desató en 2007 y concluyó en 2010. Primero en Tijuana y con el superior General de División Sergio Aponte Polito en la II Región Militar, Alfonso Duarte Mújica hizo suya esa batalla contra el narco. No sin menoscabo, finalmente él era un General Brigadier, al que se le había ordenado perseguir a delincuentes de quinta para llegar a los capos de la cúspide criminal. El General Duarte fue considerado en su momento y debido a su trabajo en la II Región –descubrió en una sola ocasión un plantío de 120 hectáreas de mariguana y aprehendió en coordinación a los principales capos del cártel Arellano- como un firme candidato a Secretario General de la Defensa cuando en la elección del 2012 llegó a su final con un polémico triunfo de Enrique Peña Nieto. Sin embargo los logros y la política del General Salvador Cienfuegos pudieron más que la lucha de Duarte contra el crimen. Como suele suceder en política, los dos Generales de la terna a la Secretaría que no obtuvieron el cargo salieron del organigrama principal de la SEDENA. A Duarte se le confinó como titular del Primer Cuerpo del Ejército en el Campo Militar Número 1, y el otro contendiente, el General Moisés García Ochoa, fue enviado a la región más lejana del Distrito Federal –sí, la II de Baja California- en calidad de titular. El cambio del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas –Enrique Peña- en la III Región Militar sucedió dos días después que la DEA hiciera pública la investigación para aprehender y juzgar a Ismael “El Mayo” Zambada. En política -y en los últimos tres sexenios el tema de la inseguridad es política- no hay casualidades. Las dos acciones, la del Gobierno norteamericano y la del Gobierno Mexicano, parecen ir de la mano. Además que se dan a escasos días que el presidente de México se reunió con el presidente de los Estados Unidos, en cuyo cónclave analistas dijeron que el tema esencial fue la inseguridad y la violencia en México, producto de los cárteles y las células de narcotraficantes y crimen organizado. Los funcionarios de la DEA que el viernes 16 de enero abrieron el expediente de “El Mayo”, informaron que el caso se radicó en la Corte de Distrito Sur de California en septiembre de 2013 y los indiciados son: Ismael Zambada García “El Mayo”, Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo” (detenido noviembre 2014), Ismael Zambada Sicairos “El Mayito Flaco”, así como contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar. A Ismael Zambada y a sus coacusados en la Corte de California se le señala de integrar el cártel de Sinaloa que: * Transporta suministros de drogas de Asia, América Central y América del Sur, hacia México. * Transporta drogas desde México hacia los Estados Unidos. * Distribuye drogas para comercializar en los Estados Unidos. * Acumula, lava y transfiere dinero producto de las ganancias del tráfico de drogas. Normalmente cuando autoridades de los Estados Unidos anuncian la investigación sobre un capo mexicano, significa que son los designios de aquella nación que en casa debemos acatar. Normalmente luego de conocerse la averiguación previa de la Unión Americana contra los criminales mexicanos, estos son detenidos en el mediano plazo cuando menos. Es decir, en nuestras tierras no se les persigue ni se les acorrala hasta que los delincuentes no están en la mira de los Estados Unidos. Así ha sucedido con todos, con Rafael Caro Quintero luego de ser acusado en la Unión Americana de asesinar a un agente de la DEA, con Juan García Abrego luego de reconocerle como uno de los principales proveedores de droga hacia aquella nación; con los líderes del cártel Arellano Félix en los más de 20 años de poderío impune en México, con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ahora con “El Mayo”. Caso contrario, por ejemplo, es el de Servando Gómez “La Tuta”, capo de los caballeros templarios que azota la zona del centro del pacífico y ha hecho de regiones como la michoacana un territorio impune donde se gobierna a base de soborno, plata y plomo. “La Tuta”, señalado de corromper, extorsionar, traficar, asesinar, no ha sido detenido por el Gobierno Mexicano, de hecho le han abierto el camino aprehendiendo a sus rivales, pero no es enemigo público número uno –en la práctica sí lo es dado la atrocidad de sus acciones-, como tampoco es un blanco de las autoridades de los Estados Unidos. No pueden ser casualidad pues, las dos acciones inmediatamente posteriores a la visita de Enrique Peña Nieto a Washington con el presidente Barack Obama: el cambio en la III Región Militar, con un General que ha perseguido al cártel de Sinaloa en otras tierras, y la conferencia de la DEA para desclasificar la averiguación previa contra “El Mayo”, sus hijos y el hijo de “El Chapo”. Tal es la sumisión, pues. O la obediencia. O el peso de los designios de Estados Unidos en suelo y fuero mexicano.
La FGR
Si de autonomía se tratara, la idea del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, de enviar una iniciativa de reforma constitucional para que el procurador de Justicia del Estado sea electo por el voto directo de los ciudadanos, no está nada mal. “De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado saldría de la estructura del Poder Ejecutivo y se convertirá en un Órgano Constitucionalmente Autónomo, con servicio profesional de carrera, sujeto al régimen de responsabilidades, de transparencia, rendición de cuentas y vigilado por un organismo ciudadano. El mismo método de elección para el caso del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos”, expresó en campaña. En el Poder Ejecutivo federal de Enrique Peña Nieto, también dijeron que querían darle autonomía a la Procuraduría General de la República: “… personalidad jurídica y patrimonio propios (…) hacerla más moderna, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio (…) en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todas las personas”. Luego propusieron y el Congreso les aprobó reformas constitucionales que no parecen hacer gran diferencia, salvo que efectivamente cambian el nombre de la Procuraduría General de la República (PGR), por Fiscalía General de la República (FGR). Y sí, modifican el proceso de selección del procurador, que ahora será fiscal, sin embargo, la designación continúa en manos del partido en el poder, ya que el Senado de la República será la institución que enviará una lista de diez candidatos, de los cuales el Presidente elegirá una terna, y de entre esos tres, los senadores deberán hacer el nombramiento. Acaso los mayores visos de independencia podrían darse porque su estadía en el puesto deberá trascender el sexenio, al ser electo por nueve eternos años, pero con una salvedad: “El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la Ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”. Electo en estas condiciones, resultará que el fiscal le deberá su puesto a un mayor número de -y es la parte peligrosa- desprestigiados políticos mexicanos, de esos que se caracterizan por el abuso del poder, el enriquecimiento ilícito y ahora por sus ligas con el crimen organizado. Aquellos a los que la fiscalía está obligada a investigar, entonces, en esas condiciones el perro continuará persiguiendo su cola, porque el cambio necesario fundamental de independencia, no se alcanza. Andrés de la Rosa, diputado por Baja California, comentó que esto fue parte de la contra argumentación panista cuando el tema se debatió en la Cámara baja, los albiazules rechazaban la intervención del Presidente en la elección del fiscal: “… pero no nos daban los números, y los priistas tenían los votos…”. Así, los mexicanos fuimos, otra vez, víctimas de nuestra partidocracia disfrazada de democracia. La votación aprobatoria se dio el 10 de diciembre de 2014, en la discusión, la diputada Loretta Ortiz (PT) comentó que no soluciona los problemas tan graves en la administración e impartición de justicia, y advirtió lo que todos sabían: no se garantizaba la autonomía del fiscal general. Por su parte, el diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) replicó que la Ley no contenía capítulos específicos que esclarezcan algunas facultades, incluidas las de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, y no resolvía las precarias condiciones laborales del personal del Ministerio Público. Sin embargo, se votó con 370 senadores a favor, 43 en contra y seis abstenciones. En la recién aprobada Ley, incluyen algunos cambios -otra vez de palabra- para fortalecer la investigación técnica científica que permita encaminar el trabajo de la FGR al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y la protección de los derechos humanos. Se trata del concepto de Agencia de Investigación Criminal, que ya se aplica desde que le cambiaron el nombre a la Policía Federal Ministerial. También habla de la reestructuración y creación de dos nuevas fiscalías en materia de Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales. En discursos, el procurador Jesús Murillo Karam aseguró que también servirá para la redistribuir de los dineros, porque actualmente las delegaciones atienden 88 por ciento de las averiguaciones previas y reciben únicamente 9% de los recursos de la Procuraduría, y la idea es que más de 80% del presupuesto se vaya a los estados; sin embargo, eso no se especifica en la nueva Ley. Al final, la autonomía sigue siendo de palabra y la modificación de PGR a FGR queda en un simple cambio de nombre, porque, si bien la Ley ya no dice que es una dependencia del Poder Ejecutivo, como ha sido desde siempre -aunque la Constitución lo especificó hasta 1983-, la realidad es que en la nueva Ley sigue siendo el Presidente quien lo designa. La real diferencia es que ahora tendrá que negociar y ceder en componendas con los partidos representados en el Senado, que serán copartícipes de la designación.
Bustamante investigado por peculado
La investigación que inició la Sindicatura de Tijuana sobre conductas ilícitas de Carlos Bustamante en el ejercicio de su función como alcalde ha concluido. Tanto él como su Síndico deberán declarar el 26 de enero. La autoridad busca fincarle responsabilidad administrativa e inhabilitarlo, además presentar denuncia de hechos por peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros El 12 de enero de 2015 la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana concluyó la investigación en el expediente 004/2015 de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones y responsabilidad administrativa por parte de Carlos Walterio Bustamante Anchondo, quien fue alcalde de Tijuana de 2010 a 2013. La razón es porque en la sesión de Cabildo del 22 de noviembre de 2013 y en la que Bustamante actuó en su calidad de Presidente Municipal, se benefició a la empresa PUBLICYR S. A. de C.V. con concesiones para la instalación de espectaculares, y al analizar la Sindicatura la constitución de la empresa, resulta que “el ciudadano Carlos Walterio Bustamante Anchondo figura como accionista de la moral PLUBICYR S.A. de C.V., constituida en fecha treinta y uno de diciembre de 1980 según se advierte del folio mercantil electrónico 27488 2”. Bustamante, concluyeron los investigadores, otorgó poder general para pleitos y cobranzas a su hijo Carlos Alfonso Bustamante Aubanel –el nuevo casinero de la ciudad también gracias a las maniobras de su padre–. En estas condiciones, Bustamante siendo alcalde debió abstenerse de votar y de beneficiar a la empresa de su familia, como lo establece la Ley de Responsabilidad para Servidores Públicos, que decreta que la administración no podrá establecer convenios, contratos, compras, relaciones comerciales y demás, con miembros de la familia de los funcionarios encargados de la administración pública, hasta en cuarto grado: “Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por Ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”. Por lo tanto, en los próximos días se citará al ex alcalde a declarar, lo mismo que a quien fuera una de sus principales comparsas en la administración, la ex Síndico, Yolanda Enríquez de la Fuente. Bustamante deberá comparecer el 26 de enero de 2015 a las 12 del día y su ex colaboradora a las 2 de la tarde. Una vez desahogada esa parte, la Sindicatura por iniciativa o la Consejería Jurídica del Ayuntamiento a cargo de Jorge Astiazarán, la lógica indica que presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado para que se investigue y se proceda contra Carlos Bustamante por peculado y los delitos que resulten. Asientan en el expediente de investigación sobre Bustamante en su calidad de alcalde: “…Se desprende que pudo haber inobservancia de los principios de honradez, imparcialidad y lealtad, pues atendiendo el principio de honradez implica el obrar con respeto a las normas que se consideran adecuadas, lo que en el caso evidentemente no ocurrió, pues el presunto responsable no se abstuvo de votar ese punto de acuerdo en razón de tener interés personal y directo en la concesión otorgada a la empresa PUBLICYR S.A. de C.V. tanto por ser accionista y garante hipotecario de la moral en mención, como por tener parentesco consanguíneo directo con el ciudadano Carlos Alfonso Bustamante Aubanel, obligación que le impone el reglamento interno de Cabildo…y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, concluyen que Bustamante no actuó ni con honradez, ni con lealtad mucho menos con imparcialidad como está obligado en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades. Además que infringió también el inciso II que señala, “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicios o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”, pues el ex alcalde pretendió beneficiar a la empresa de la que es accionista mediante la concesión de espacios para la instalación de carteleras publicitarias. Por lo tanto investigan además el ejercicio indebido del cargo ya que al conceder la concesión a su empresa –o de su hijo– “…Bustamante Anchondo contaba con un interés personal y directo de favorecer a la moral PUBLICYR S.A. de C.V.”. Otra transgresión de Bustamante al Reglamento Interno de Cabildo para el Ayuntamiento de Tijuana, se hace constar en el expediente al transcribir lo establecido en el artículo 44 de dicha ordenanza: “Los miembros del Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los asuntos que tengan interés personal, o en aquellos en que tenga interés personal su cónyuge, cualquier pariente consanguíneo sin limitación de grado o por afinidad hasta el segundo grado, o personas morales y entidades económicas en que tengan participación directa o indirecta”. También contravino al artículo 47 del mismo reglamento, que prohíbe adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones, y celebración de contratos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, o que resulten en beneficio de parientes consanguíneos… Documentada la investigación por abogados, a Yolanda Enríquez la investigan porque en su calidad de titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana cuando se celebró la sesión donde se benefició a la empresa de los Bustamante, era su responsabilidad “vigilar que la administración de los bienes del municipio, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos, la ejecución de obras y el ejercicio de los recursos, se realizaran conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, lo que en el caso concreto no sucedió”. Así el ex alcalde ha sido citado a declarar, y luego del desahogo de pruebas –o sea deberá probar que no se quiso beneficiar ni quiso beneficiar a su hijo cuando siendo presidente municipal se auto otorgó una concesión para la instalación de espectaculares en la ciudad– lo más probable es que se presentará una denuncia de hechos, sea por la Consejería Jurídica, sea por la Sindicatura. En el ámbito de la sanción administrativa que puede dictaminar la Sindicatura, Carlos Bustamante sería inhabilitado para desempeñar cargo público, lo mismo quien debió observar la irregular conducta y no lo hizo, Yolanda Enríquez. Y en el plano judicial, van tras él por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y los que resulten.
Estado de derecho, y sin él
La diferencia entre un estado de derecho y un estado sin derecho, la pudimos finalmente ver hace unos días en los terribles acontecimientos en París, Francia, cuando fundamentalistas islámicos asesinaron a diez miembros de la redacción y dirección de la revista francesa Charlie Hebdo y a dos policías. El mismo día –trágico en muchos sentidos, doloroso en nuestro México con la muerte de Julio Scherer- del sangriento ataque, el Gobierno Francés emitió un estado de alerta nacional y destacó a sus efectivos a la búsqueda de quienes por razones de intolerancia originada en su fundamentalismo religioso, habían atacado la libertad de los franceses, no sólo la libertad de expresión, sino la libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad de prensa. No habían pasado 24 horas, cuando el Ministro del Interior Bernard Cazeneuve, informaba la colaboración de 88 mil policías y militares franceses concentrados en la búsqueda de los terroristas. 48 horas después del acto terrorista que dejó la sangre de 12 personas en la redacción y a calle de acceso a la revista Charlie Hebdo, la Policía Francesa localizó, ubicó, acorraló y abatió a los hermanos que integraron la célula autora material de la masacre y a otros elementos del fundamentalismo islámico que participaron en la operación fuga de los asesinos. Así, en 48 horas el Gobierno de la República Francesa respondió ejerciendo el Estado de Derecho ante la más grave amenaza de seguridad contra su población. Como los mexicanos solo vemos en las películas, los franceses organizaron dos operativos policíacos para poner fin a la sangrienta jornada, y en sendos lugares impusieron la fuerza pública hacia quienes violentaron las libertades de sus ciudadanos, los asesinaron y expusieron sus derechos humanos. Paris es un departamento francés donde está concentrado el poder central, pero la ciudad es gobernada y administrada por una alcaldía, que desde el 2014 encabeza una mujer, de hecho de origen español, Anne Hidalgo. Sin embargo, si usted siguió como muchos ciudadanos los hechos de la tragedia de Charlie Hebdo sea por la televisión, los canales de Internet, los portales noticiosos, las redes sociales, se habrá dado cuenta que el Presidente de la República Francesa, Francoise Hollande, y su Ministerio del Interior, no esperaron a que la alcaldesa reaccionara, desde un inicio y tratándose de la masacre de doce personas, 10 periodistas entre ellos, tomaron el asunto como un problema de seguridad nacional y actuaron en consecuencia. Toda la fuerza del estado contra los terroristas. Un Estado de Derecho funciona así. El Gobierno ejerce la fuerza pública cuando su pueblo está en peligro. Sea a partir de la masacre de 12 (al final fueron 10 periodistas, tres policías y cuatro miembros de la comunidad judía), o la desaparición de 43 estudiantes, o la decapitación de once personas, o el enterramiento clandestino de 10 cuerpos y 11 cabezas humanas. El Estado de Derecho se ejerce o no. En México padecemos la ausencia de un Estado de Derecho. Los asesinos no están en prisión y los muertos no tienen justicia. Los narcotraficantes gozan de impunidad y las víctimas huyen de su tierra para salvaguardar la integridad física y la dignidad. Un caso en investigación, reza la conseja nacional e internacional, debe resolverse en las primeras 72 horas, no es gratuito que ese sea el término para que el Ministerio Pública, el único con la facultad del ejercicio de la acción penal, presente cargos y solicite el auto de formal prisión. En Francia y luego de la masacre de 12 ciudadanos, tardaron 48 horas en ejercer la fuerza pública para detener el contexto de terror. Hacer lo contrario, tardar más de tres meses en resolver un caso como el de los 43 normalistas desaparecidos, o no resolver el caso de la fosa clandestina encontrada el 5 de enero, o no aprehender a los asesinos de los ejecutados en Apatzingan el 7 de enero, a eso se llama impunidad. El mensaje que envía México al no encarcelar a quienes están matando, desmembrando, desapareciendo y enterrando a ciudadanos mexicanos, sean estudiantes, profesionales, comerciantes o incluso narcomenudistas, es que en México puedes cometer un delito y no ser perseguido por ello. En términos de la seguridad social, de la tranquilidad de los ciudadanos, son actos de terror todos los que tienen por objeto amedrentar a la sociedad a partir del temor para tomar una posición. En aquel caso es por cuestiones religiosas. Acá, es por el narcotráfico. Mientras el Presidente Enrique Peña, y su Secretario de Gobernación, no enfrenten a los cárteles de las drogas, no los persigna con toda la fuerza del estado, y no los sometan a juicios con todo el rigor de la Ley, la impunidad imperará y seguirán apareciendo ejecutados, y seguirán desapareciendo personas, extorsionándolas, vejándolas. Esa es la diferencia entre el ejercicio de un Estado de Derecho, y el no hacerlo. La impunidad.
Todos somos Charlie
En memoria de Don Julio Scherer García “El atentado cometido en París el miércoles 7 de enero contra Charlie Hebdo y el odioso asesinato de nuestros colegas, feroces defensores del pensamiento libre, no es solo un ataque contra la libertad de prensa y la libertad de opinión. Es, además, un ataque contra los valores fundamentales de nuestras sociedades democráticas europeas. “Ya en los últimos meses, la libertad de pensar e informar estaba en el punto de mira, con la decapitación de otros periodistas, estadounidenses, europeos o de los países árabes, secuestrados y asesinados a manos de la organización Estado Islámico. El terrorismo, sea cual sea su ideología, rechaza la búsqueda de la verdad y no acepta la independencia de espíritu. El terrorismo islámico, aún más. “Después de negarse a ceder a las amenazas por haber publicado, hace casi 10 años, unas caricaturas de Mahoma, la revista Charlie Hebdo no había cambiado ni un ápice su cultura de la irreverencia. Con el mismo ánimo, nosotros, los periódicos europeos que trabajamos juntos habitualmente dentro del Grupo Europa, seguiremos dando vida a los valores de libertad e independencia, que son el fundamento de nuestra identidad y que todos compartimos. Continuaremos informando, investigando, entrevistando, editorializando, publicando y dibujando sobre todo los temas que nos parezcan legítimos, en un espíritu de apertura, enriquecimiento intelectual y debate democrático. “Se lo debemos a nuestros lectores. Se lo debemos a la memoria de todos nuestros colegas asesinados. Se lo debemos a Europa. Se lo debemos a la democracia. Nosotros no somos como ellos. Decía el escritor checoslovaco Vaclav Havel, opositor al totalitarismo que triunfó y se convirtió en Presidente: ‘Esa es nuestra fuerza’”. Este es el texto de la editorial conjunta publicada el mismo día del ataque en las instalaciones de la revista Charlie Hebdo, en los diarios Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, Gazeta Wyborcza y El País, misma que compartimos en ZETA, con relación al asesinato de diez miembros de la revista, incluido su director, caricaturistas, colaboradores, editores y dos policías, cometido presuntamente por Hamyd M., Saïd y Chérik Kouachi en nombre de “Alá”. “Se trata de un llamado de alarma para que todos nosotros nos levantemos contra un clima de odio en la sociedad, que va en aumento y pone en peligro nuestra comprensión de la democracia”, reclamó en su editorial la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y el Foro Mundial de Editores. Y no es de extrañar que esta condena sea acompañada por el repudio internacional expresado por decenas de líderes políticos mundiales y demás organismos de protección a periodistas, porque aunque ese es su trabajo, finalmente sirve de sustento y apoyo. Pero lo más destacable hasta ahora, ha sido la participación de la sociedad en general, esas más de 100 mil almas que se tomaron el tiempo para manifestarse el mismo día del ataque en Francia. Sin necesidad de ser convocadas, pero con el compromiso de la defensa de las libertades, tomaron las calles para manifestar que no están dispuestos a ceder ni un ápice en sus derecho a saber, y que más allá de estar o no de acuerdo en contenidos, respaldan el valor de la libertad, porque ninguna religión, ningún interés económico o político, puede estar por encima del derecho a la vida. Porque el asesinato no tiene justificación, ni en nombre de Dios, y en el caso del pueblo mexicano y francés, ni en el nombre del Estado. Recientemente, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) anunció que en 2014, por lo menos 60 periodistas habían sido asesinados en el mundo por su trabajo -aún investigan otros 18 homicidios-, de esos, una cuarta parte fueron corresponsales, y recordaron las decapitaciones de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff, perpetradas, videograbadas y difundidas por un yihadista británico que dice actuar en nombre del Estado Islámico. El mismo Comité informó que en 2014, México siguió siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, ocupa el séptimo lugar mundial, superado solo por Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán. Respecto a México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que de los 102 casos de periodistas asesinados, registrados oficialmente entre 2010 y 2014 en México, solo se han consignado el 19 por ciento, 10% tienen sentencia y 89 siguen en la impunidad. Casos recientes, el secuestro y homicidio de la reportera de Televisa, Jazmín Martínez y su esposo, el 31 de diciembre de 2014 en Nayarit, y la violenta detención y desaparición del fotorreportero José Moisés Sánchez Cerezo en Veracruz, el 2 de enero 2015. Menores avances existen en los casos de los 24 reporteros desaparecidos entre 2010 y 2014. La misma impunidad rodea a las 347 quejas puestas por violaciones a los derechos humanos de redactores en el país. En este marco, los recientes asesinatos de los periodistas franceses no tienen precedente en cuanto a la violencia, como declaró Joel Simón, director ejecutivo del CPJ: “Un ataque de esta naturaleza en París, demuestra que la amenaza a los periodistas y a la libertad de expresión es global y no hay refugio seguro”. Pero como lo ha entendido lúcidamente el pueblo de Francia, el ataque no fue una embestida a un medio de comunicación específico, no se trató de una agresión al gremio de los periodistas, tampoco de una arremetida a la libertad de expresión. Fue una sanguinaria ofensiva en contra del derecho a la vida, a la libertad, a los valores de toda la sociedad. La misma sociedad que no puede darse el lujo de permitir que los vacíos de poder y la impunidad fomenten éste o cualquier otro tipo de violencia. Porque algo es claro: una caricatura, una investigación o reportaje publicado, no pueden entenderse o justificarse como razones para matar. Al final son el intolerable pretexto para manifestar el odio irracional del fanatismo, o la defensa y protección impune de grupos ensoberbecidos por el poder, como la gente del narcotráfico, la política, o peor, la mezcla de ambos. En ZETA hemos sufrido ataques y amenazas. El asesinato de tres de nuestros compañeros y el atentado a Don Jesús Blancornelas, todos casos sin justicia; solo dos de los asesinos materiales de Héctor Félix fueron encarcelados, uno de ellos en mayo de este 2015 estará libre. Hoy, como siempre, por lo vivido y por el derecho a la verdad, la libertad y la justicia, nos solidarizamos con los periodistas de todo el mundo, con los franceses, en estos momentos de barbarie. Hoy, todos somos Charlie.
El periodista
Julio Scherer García llegó a la redacción de ZETA un año después del fallecimiento de Don Jesús Blancornelas. Era el año 2007. Pidió hablar con la autora de esta columna. No la encontró. Investigó su celular y dejó un mensaje: “Señora Navarro. Habla su servidor Julio Scherer García para pedirle me reciba en su periódico a las tres de la tarde”. Así sucedió ese día, y los que le siguieron. Su visita a Tijuana tenía una misión. Estaba escribiendo su libro “La Terca Memoria”, y uno de los capítulos lo dedicaría al profesor Carlos Hank González. No podía escapar a su memoria terca, la vida del hijo más polémico de Carlos Hank, Jorge Hank Rhon. Venía, pues, a reportear. Dijo entonces que Carlos Monsiváis le espetó cuando le confió las líneas de su siguiente obra literaria de no ficción: “Si vas a escribir de Jorge Hank, tienes que ir a ZETA”. Y así lo hizo. Con la generosidad que tuvo hacia quienes como él, se dedicaban al mejor oficio del mundo de manera crítica, independiente y analítica, Don Julio llegó a ZETA para arroparnos. Platicamos por horas de su tema y de otros, espléndido, recorrió la redacción y charló con reporteros y editores. Entrevistador nato, les preguntó y les escuchó. Julio Scherer fue el periodista mexicano más reconocido desde mediados del siglo pasado. Sus investigaciones y sus reportajes develaron actos de corrupción y abuso de poder en México y en el extranjero. Su férreo compromiso con la investigación periodística lo llevó a otros países, donde sufrió también la persecución. Con su pluma y desde sus páginas, apoyó las causas sociales, le dio espacio a la denuncia y a la manifestación, alentó siempre a la sociedad y criticó a quienes osaron reprimirla. En México le hostigaron los gobiernos priistas y también los panistas. Distante del poder, se acercaba solo para obtener información. Escuchaba a los que querían callar. Les daba voz a quienes querían silenciar. Persiguió a las mafias gubernamentales con su aguerrida pluma y su mente brillante. Fue la referencia del periodismo en México, como Ben Bradlee en Estados Unidos, Guillermo Cano en Colombia, Ryszard Kapuscinski desde Polonia, por mencionar algunos de los -para nuestra generación- decanos del periodismo en el mundo. Primero en Excélsior y después en Proceso, Scherer le dio la oportunidad a varias generaciones de periodistas, muchos de ellos hoy consolidados. Hizo activistas, analistas, sus páginas fueron libres y a disposición de los oprimidos. De aquellos víctimas del Estado, de aquellos presos del sistema político mexicano que nos ha gobernado en los últimos 70 años. Apasionado del periodismo, cuando el golpe dirigido desde el Gobierno de la República en la Cooperativa de El Excélsior lo dejó fuera de la dirección, salió por la puerta principal acompañado de quienes, como él, solo tenían el objetivo de una prensa libre, no oficiosa, no oficial. Así nació Proceso en noviembre de 1976. Durante exactamente 20 años, Don Julio dirigió Proceso. No se debió la decisión a que su tiempo como periodista había concluido. Fue el acuerdo al que llegó con su compañero de batalla periodística, Vicente Leñero. Juntos, arropados por periodistas independientes, críticos todos, iniciaron esa lucha, y juntos acordaron, se retirarían 20 años después. Scherer respetaba, amaba fraternalmente a Leñero, aun cuando podía y quería seguir al frente de la revista, cumplió su palabra. Aunque siguió yendo a Proceso dos, tres días a la semana, hasta no ir más. Guio a su equipo de reporteros y editores, les protegió cuando fue necesario y les defendió siempre. Maestro de periodistas no es un título que se gane cualquiera. Con quienes trabajamos en ZETA, Julio Scherer fue siempre generoso. A la visita de 2007 siguieron muchas más. Siempre con la investigación periodística como su objetivo. Los secuestros, las fosas, el narcotráfico, la frontera. La última vez que lo vimos en esta, nuestra ciudad, fue el 17 de abril del año 2010. Ese día, fue testigo de la celebración del 30 Aniversario de ZETA. Compartió el momento con mis compañeros, con nuestros invitados todos. Se sentó a la mesa con otros dos grandes periodistas, Miguel Ángel Granados Chapa y Carmen Aristegui. En los últimos años, las visitas a la Ciudad de México tenían el objetivo de verle. De escucharle. Compartimos experiencias, anécdotas, intercambiamos libros. Debatimos noticias. Seguimos de cerca la redacción de sus notas y sus libros, 22 en su haber de periodista escritor, de narrador de la realidad. Con Julio Scherer García no muere el periodismo crítico, se poda a su ejemplo. El compromiso es mayor ahora que él no está. En paz descanse.
Candidatos
El año electoral empezó en octubre de 2014, y aunque en algunos estados las precampañas y selección de precandidatos ya empezaron, y Baja California Sur y Baja California iniciarán en la primera semana de enero, los tiradores a esos puestos públicos de onerosos sueldos y altas responsabilidades ya empezaron a sonar. En el sur de la península, incluso donde hay más en juego, ya se inició la guerra sucia para desprestigiar a los aspirantes. En junio de 2015 serán electos 300 diputados federales de mayoría y como parte de la Ley – dicen, para hacer equilibrio– entrarán otros 200 de representación proporcional. También se renovarán 9 gubernaturas, mil 9 alcaldías y jefaturas delegaciones, además de 637 diputaciones locales, 383 de mayoría y 254 de representación proporcional. Son muchos y apetecibles espacios para gente de todas las calañas, porque está visto que los requisitos establecidos en las diversas legislaciones no han impedido la llegada de políticos que solo buscan servirse del pueblo. Ahí están como ejemplo gobernadores emanados del PRI que después han sido señalados como presuntos ladrones y corruptos internacionalmente como Andrés Granier, Tomás Yarrington, Fidel Herrera Beltrán, Humberto Moreira y Arturo Montiel. O el caso de Carlos Antonio Romero Deschamps, el senador priista y líder del sindicato petrolero, con su enriquecimiento “inexplicable” favorecido con numerosas candidaturas de lista, con las que permanece en el Congreso sin siquiera trabajar por el voto. El PRD no ha sido la excepción, en Baja California Sur, sigue siendo oficialmente inexplicable –e impune– la forma en que en documentos, el ex gobernador Narciso Agúndez aparece como dueño de una isla. Y del PAN han sido diputados federales cuestionados por cobrar comisiones a presidentes municipales que de suyo, deben atender en el presupuesto de egresos. Este 2014 el ejemplo de corrupción lo marcaron con sangre los perredistas y sus funcionarios en Michoacán, y particularmente en Iguala, Guerrero con José Luis Abarca, el alcalde que presuntamente participó en la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural, confabulado con policías municipales y miembros del crimen organizado. De los panistas cómo olvidar el repentino florecimiento de los negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, bajo el amparo de su padrastro el ex presidente Vicente Fox y su esposa Martita Sahagún. O Roberto Gil Zuarth, ex secretario privado de Calderón, señalado de haber recibido dinero por favorecer el establecimiento de casinos; o aquel el ex director de Pronósticos para la Asistencia Pública, Jesús Villalobos López, inhabilitado por usar recursos del erario para su beneficio. Desafortunadamente, en los partidos identificados como “chiquitos” la historia es similar, porque no se trata de ideología política. Por ello, toca a los electores estar atentos justo ahora que comienzan las campañas que culminarán el domingo 7 de junio de 2015. Cierto, los candidatos serán seleccionados dentro de los partidos, sean con candidaturas negociadas, electos por dudosas mayorías, o por los dedazos de los Comités Nacionales, sin embargo, aun en esas condiciones, la ciudadanía debe intentar ser escuchada desde el principio. Particularmente en un año como éste, en el que quedó más que claro la incapacidad de los partidos para seleccionar a candidatos, que se han evidenciado infiltrados por el crimen organizado. Cierto, tras lo ocurrido en Guerrero, los partidos han reconocido culpas generales en la designación de candidatos, sin particularizar, y se han comprometido como en el PRI a investigar a los pretensos y hacerles hasta el antidoping, sin embargo ha quedado claro que la ciudadanía no puede dejar que los partidos solos decidan quiénes serán los hombres y mujeres que gobiernen el país. Por eso, ahora que comienza la efervescencia electoral, corresponde a la sociedad estar atenta para saber quiénes son esos políticos que quieren ocupar puestos claves y cuáles son sus intereses, es necesario revisar su historia de vida, su forma de sostenimiento, sus parientes y amigos, y no es suficiente con ser un deportista reconocido o representante de un medio de comunicación con cierta popularidad, todos deben pasar por el tamiz, acreditar su solvencia moral y modo honesto de vida. Pero además, los electores deben informarse lo más posible, para evitar caer en el juego perverso de las campañas políticas sucias que solo buscan generar miedo y desconfianza, la sociedad mexicana tiene por Ley el derecho y el poder de alterar sus gobiernos, y esta facultad tiene su máxima expresión en el voto. Entonces si los políticos empezaron ya sus campañas, también a los ciudadanos les llegó el momento de participar activamente: vea, escuche, lea, pregunte, cuestione, si sabe algo de los precandidatos, bueno o malo, expréselo. Lo mismo cuando se definan candidatos. Recuerde que esos hombres y mujeres decidirán los impuestos que subirán, el sueldo que ganará, las obras que se realizarán, la comida que podrá llevar a su mesa, o las oportunidades educativas de sus hijos. Que podría llegar el momento en que ellos definirán si usted o sus hijos se podrán manifestar libremente, o serán secuestrados por policías corruptos y desaparecidos o asesinados por miembros del crimen organizado.