En la búsqueda de Internet aparece una página donde se van recopilando, exclusivamente, los viajes del Presidente Enrique Peña Nieto. En total, si esta información en línea tiene credibilidad –que es harto similar a la publicada en la página de la Presidencia de la República– el ocupante sexenal de la Silla del Águila ha realizado 28 viajes al extranjero en 27 meses de gobierno. Lo que indica que en promedio –así como gustan los políticos de promediar las casas construidas cada día de su gobierno– Peña ha viajado todos los meses fuera del País. Cuando eso sucede, los mexicanos podemos ver en televisión nacional, dado que esos medios son los que “cubren” las giras presidenciales por el extranjero, a un Presidente feliz, regocijante, atento, vestido de gala, a veces a la usanza, brindando, paseándose, y en los viajes que implican realeza –política, monárquica, religiosa– se le ve pleno a Peña acompañado de su familia en indistintos besamanos. En el extranjero el presidente sonríe. Se divierte, y de paso, quizá hasta en reuniones cerradas y en corto, promueva a México. Públicamente se le escucha hablar de su tema (¿se ha dado Usted cuenta que el Presidente es monotemático?), ya sabe, sus reformas estructurales que –según dice, tal vez hasta lo crea– con suerte algún día sacarán al País de la monserga en la que se encuentra en términos económicos, políticos, de desarrollo urbano, sociales y de inseguridad. Cuando está en México, al Presidente se le ve otro semblante. Demacrado, acorralado, perdido, enfermo y molesto; en una ocasión incluso y a propósito del caso Ayotzinapa y la revelación de la existencia de la costosísima Casa Blanca a nombre de su esposa, se le vio enojado, y al micrófono, a gritos, indignado, ante quienes él y solo él, señaló de “desestabilizadores”, sin dar razón, ni señal, ni nombres ni filiaciones. Pocas entrevistas concede en México a medios nacionales o locales. A no ser que sean aquellos que bien le acomodan a su proyecto de nación, o en bola como aquella notoria y poco célebre que organizó –asegún– el Fondo de Cultura con José Carreño Carlón como el moderador. Pero cuando está en el extranjero, Peña Nieto da entrevistas a medios internacionales, no solo él, su alfil Aurelio Nuño ha dado perlas de frases sobre lo que ellos ven como idiosincrasia del mexicano. Peña ha hablado tranquilamente con periódicos de Inglaterra, de España, de los Estados Unidos, igual con cadenas internacionales de televisión para escuchas sajones y para escuchas hispanos. Allende las fronteras, allende los mares, el Presidente de México se ve bien, se ve que se siente bien, alejado de los problemas que aquejan a los mexicanos. Como si estuviera de vacaciones, pues. Mire, mientras en México vivimos una recesión económica que solamente afecta a este país, pero que no se reconoce por nuestras autoridades, el Presidente y su familia, su esposa, sus hijas e hijastras, su hermana, su cuñada, y demás invitados, convivieron con la realeza inglesa y visitaron los sitios turísticos de Londres de la mano de un privilegiado estatus de “La Primera Familia de México”. Se vistieron con ropas lujosas y se calzaron de igual manera. El presidente ya había dicho en una ocasión, que él no era un mexicano rico, igual su esposa pues prácticamente se gastó la fortuna que le pagaban en Televisa, en una sola casa, pero la vida de los Peña (y la familia ampliada) sigue aderezada de pompas. Durante el segundo trienio de los seis años del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, México sucumbió a una recesión internacional que afectó sobremanera a la economía de los Estados Unidos y por lo tanto a la mexicana tan ligada a ella. Eso fue de 2008 a 2010, años difíciles aquellos. Pero la recesión que hoy vivimos, la de 2013-2014 (y lo que venga), es una crisis que no afecta a nadie, solo a nosotros. Mientras el peso mexicano se sitúa a los 15.95 por dólar americano, el euro está prácticamente al uno por uno con el dólar cuando en 2008 comprar un euro costaba a los norteamericanos más de 1.25 de dólar. La diferencia pues, entre esta crisis y la del 2008 es que ésta nos afecta a los mexicanos.</p> Pero eso el Presidente no lo dice en el extranjero, al menos no en las entrevistas que concede o en las apariciones públicas que destacan de él. Tampoco habla de la crisis de inseguridad, del caso de los 43 normalistas desaparecidos –y presuntamente ejecutados– a seis meses de sucedidos los hechos. No toca el tema de los políticos encarcelados, de los políticos y gobernantes que son víctimas de balaceras, persecuciones. Menos de los miles de ejecutados. No le hemos escuchado en el extranjero a Peña aclarar cómo es que quiere manipular en el Poder Judicial al proponer como Ministros –ya van dos ocasiones– a políticos de partido sin experiencia en materia judicial, pero con antecedentes de amistad, intereses y labores hacia su persona. De todo eso que afecta a los mexicanos, el Presidente no dice ni pío en el extranjero, vende sus reformas, las polémicas reformas como la energética –ahora la frenada privatización del agua–, la fiscal que ha sumido a los mexicanos en la pobreza, la informalidad y los va convirtiendo poco a poco en defraudadores fiscales. Que en los medios nos reporten, sin haberlo escuchado de viva voz, que la Reina de Inglaterra Isabel II, dijo estar de acuerdo con las reformas de Peña, es de plano darle una bofetada al sentido común de los mexicanos, y confirmar la internacionalización de los bienes y los recursos de la patria. Feliz, pues, el Presidente en el extranjero, iracundo, distraído y repetitivo en México. A Peña el papel de Embajador le va muy bien. Demasiado… 

En los últimos años, los mexicanos todos nos hemos ido quedando sin sabios. Los viejos cargados de experiencia, aquellas mentes brillantes que han logrado alcanzar la sapiencia a base de esfuerzo, de caídas y levantadas, de conciencia y compromiso, de vacas flacas, los que son o fueron por méritos y no por concesiones o partidos, nos están dejando solos. Escritores, periodistas, académicos, intelectuales, creyentes de distintas ideologías, se van muriendo, van emigrando o van siendo sofocados. Lo grave es que cada ausencia, adelgaza la capa pensante de México. Ejemplos claros son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora, el Poder Judicial. Desde que un hombre como Vicente Fox alcanzó el poder de la Presidencia de la República a base de bravuconadas, ocurrencias y accidentes lingüísticos, todo fue posible ante una desesperada alternancia. Llegó Felipe Calderón y se nos mostró disfrazado de militar con el traje enorme. Le siguió Enrique Peña Nieto, el que no pudo recordar correctamente por título y autor, los tres libros que le marcaron la vida. Peña Nieto ha intentado quitarle a la presidencia de la República el tinte azulado, y ha pretendido regresar la institucionalidad a Los Pinos, pero sacrificando la democracia, la transparencia, la autonomía de los poderes que conforman el Estado, y afectando la estabilidad política, social, económica y de desarrollo de los mexicanos, todos. En suma, dichas características de la política peñista, se pueden resumir en una palabra: autoritarismo. México está en el umbral o acaso ya lo ha cruzado, de la nueva dictadura perfecta. En una dictadura el poder del Estado recae en una sola persona que controla el Ejército, el Legislativo y el Judicial. Como Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos. En México, con la ayuda a veces del Partido Acción Nacional y su bloque de votos en las cámaras, y otras con la ayuda de los votos del Partido de la Revolución Democrática, la figura del presidente de la república se va erigiendo en todo poderosa. Nunca como ahora más válida la frase aquella de “El Presidente propone y el Legislativo dispone”. Esta semana, con la ayuda de los legisladores del PAN en la Cámara Alta –como sucedió la semana pasada con los mismos Senadores en la ratificación de Arely Gómez como Procurador General de la República- Enrique Peña Nieto envío en calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ex Procurador Eduardo Medina Mora. Pocas veces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la casa de la Justicia ciega, equitativa y expedita, se ha notado la politización del Poder Judicial como ahora. El adelgazamiento de la capa intelectual del Ministerio de Justicia, y el derrocamiento de la libertad y la autonomía de ese, uno de los tres poderes que conforman el Estado. Con Eduardo Medina Mora en la Corte, Enrique Peña Nieto ya tiene dos Ministros en la Suprema. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aunque fue propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos meses del ejercicio de Felipe Calderón como Mandatario Nacional, éste lo hizo a petición expresa del priísta, hoy presidente de la República. Ni Ortiz Mena, ni Medina Mora cuentan con particular experiencia en el Poder Judicial. Ninguno de los dos ha sido Juez. Ninguno fue Secretario de alguna sala, mucho menos Juez en cualquiera de los dos órdenes, o Magistrado de Tribunal Federal alguno, o Tribunal Superior de Entidad cualquiera. La realidad es que los dos Ministros de Peña provienen de la cultura del hueso y la chamba en el gobierno. De titular de áreas de primer nivel en el Poder Ejecutivo, sin conocer de cerca –más allá de una instrucción académica en el derecho- los engranajes del Máximo Tribunal Constitucional del País. De los tres Poderes, el Judicial es el más opaco. Conocemos del Ejecutivo a fuerza de enfrentarnos –como periodistas, como ciudadanos- a la opacidad que caracteriza a las administraciones que desde los partidos políticos emanan a la administración pública. Del Poder Legislativo igual. Conocemos por instrumentos de transparencia, porque las votaciones son públicas y los refrendos electorales pronto entrarán en vigor, de cómo y hacia dónde se mueven los diputados, cuánto ganan, cuántos sus privilegios, cuáles sus bonos, y cuando la discordia mete la cola, nos enteramos de las transas, los moches, las presiones y las negociaciones de una o tal fracción, debido a que otra lo denunció. Pero del Poder Judicial, poco conocemos. Sus canonjías, su exigencia de una pensión, sus ganas de eternizarse en las sillas de la Corte, eventualmente sus defectos personales cuando las víctimas los denuncian. Pero nada sabemos del cabildeo en la Suprema. De los asuntos que se dirimen en las distintas salas, ni de los temas que abordan ni de los intereses que manejan. Confiamos en que, como son hombres y mujeres con harta experiencia en la administración de la justicia, harán lo propio y lo justo. Ahora con el adelgazamiento del compromiso colegiado entre los miembros de la Corte, a propósito que en apenas dos años y unos meses de Gobierno el presidente Peña ha logrado –con el apoyo del PAN y de su partido el PRI en el Senado- meter a dos ex funcionarios públicos, políticos ligados más al PRI, aunque los dos trabajaron con gobierno del PAN, y encumbrarlos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en detrimento no solo del ejercicio del Estado de Derecho, sino de los cientos de hombres y mujeres que iniciaron una vida en el Poder Judicial desde una Secretaría de Acuerdos, y que con vasta experiencia no son considerados para llegar a ser, lo que en su sector, sería el máximo anhelo: Ministro de la Corte. Lo más grave: al ir colocando sus piezas en la Corte, Peña Nieto se ubica no solo como el dedo poderoso que todo lo llena, sino como poder tras el poder del Colegio de Ministros. Así como ya lo logra en las Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, donde poco o nada le niegan y los designios presidenciales se hacen realidad, está a punto de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al proponer a inexpertos en el Poder Judicial, pero aliados y ex empleados del Poder Ejecutivo, resulta lógica la determinación de sobre cuál poder irá su interés. Los Ministros de la Corte resuelven de manera definitiva asuntos estatales, nacionales, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de anulaciones, amparos sobre temas que afectan a muchos mexicanos, de casos contra Gobiernos abusivos, represores. Que el Poder Judicial esté en manos del Poder Ejecutivo, es tan grave como peligroso. Como lo es que personas como el ex  Jefe del Sistema de Administración Tributaria o el ex Procurador General de la República, se convierten por obra y gracia política, en Ministros, sin tener ni las cualidades, ni la edad, ni la experiencia, ni la destreza intelectual, ni la sapiencia para ello. Es peligroso lo que sucede en México, y es muy similar al autoritarismo. La Corte pierde su independencia, el Ejecutivo acapara el poder y los mexicanos sufrimos a diario las consecuencias de tan flagrante corrupción en tiempos de Enrique Peña Nieto.

No estará en la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, pero fácilmente podría aparecer en la de los políticos más ricos de Baja California. Hasta 2013, cuando el Partido Revolucionario Institucional le hizo pública una lista de propiedades -tan solo en Baja California- que ascendía a más de 50 bienes, y lo denunció en medio de la campaña por el Gobierno del Estado de enriquecimiento ilícito y peculado (por cierto, ¿qué habrá pasado con esas denuncias?), Francisco Arturo Vega de Lamadrid aparecía como propietario, copropietario y beneficiario de donaciones, en 24 expedientes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado. De esas propiedades, en 17 aparecía como dueño único. De hecho, prácticamente la mayoría de la Ermita, al acumular la Ermita II y la Ermita II con decenas de condominios, departamentos, casas y centros comerciales. Una suma realizada sobre el valor de las 17 propiedades (14 en Tijuana, cinco en Mexicali, tres en Rosarito, dos en Tecate y una en Ensenada) de los documentos del Registro Público en poder de ZETA, da cuenta que el actual gobernador del Estado era, en 2013, dueño de una fortuna en bienes inmuebles y terrenos, que asciende a 124 millones 618 mil 767 pesos. Eso sin contar los bienes que posee en Baja California Sur, donde de su propio dicho se sabe que, junto a socios, tiene contemplado desarrollar un complejo turístico, y también dejando fuera la mansión que se construye en el fraccionamiento Cumbres de Tijuana, en un terreno arriba de los 2 mil metros cuadrados que, por cierto, no aparece a su nombre. En ZETA hemos sido muy puntuales en los reportajes del editor de política, Isaí Lara Bermúdez, sobre las propiedades, construcciones y bienes del mandatario. Investigaciones periodísticas que en las últimas dos semanas han sido retomadas por medios electrónicos e impresos de la Ciudad de México y Monterrey, y con seguimiento en medios locales, de entre ellas destaca que Kiko Vega expuso al columnista distritofederalense Ciro Gómez Leyva sobre su declaración patrimonial, que estaba reservada porque así lo había decidido, pero -comentó- “…te la enseño para que tú la veas, la conozcas, mi declaración patrimonial, no tengo ningún inconveniente. Y he pensado mostrársela a alguna organización ciudadana para que la vean, la revisen y hagan comentarios al respecto”. Esas declaraciones son del lunes 2 de marzo. Al 6 de marzo, el gobernador no ha dado a conocer su declaración patrimonial a los bajacalifornianos, o a los periodistas bajacalifornianos, o a alguna organización ciudadana de Baja California. Lo que sabemos, por ejemplo, es de las 25 propiedades de las cuales en 17 es dueño único, incluidos tres lotes en el fraccionamiento Chapultepec, las dos Ermitas y varios centros comerciales. Lo conocemos porque hasta 2013 aparecían en el Registro Público de la Propiedad, y el PRI las utilizó para promover acusaciones. Pero sí se tiene conocimiento de una declaración patrimonial de Francisco Arturo Vega de Lamadrid. La hizo, obligado por el entonces gobernador Héctor Terán Terán -quien le apostaba a la transparencia y a la honestidad en su gobierno-, la primera semana de diciembre de 1995. Don Héctor había tomado posesión en octubre de ese año, e inició haciendo pública su lista patrimonial y sugiriendo a sus funcionarios hacer lo propio para que la sociedad los evaluara y hubiese pruebas en caso de un enriquecimiento ilícito. Al final del sexenio de Terán presentarían las declaraciones patrimoniales para comparación, pero Terán falleció durante su mandato, un 8 de octubre de 1998. Quienes le sucedieron ya no exigieron a los empleados de gobierno transparentar sus bienes. Bueno, en 1995, Vega de Lamadrid declaró como patrimonio: * Casa habitación con valor de 4 millones 875 mil pesos. * Menaje de casa por un millón 312 mil 500 pesos. * Inversiones y valores por 7 millones 842 mil 200 pesos. * Automóviles por 172 mil 500 pesos. * Terrenos con valor de 5 millones de pesos. En total, en 1995, el patrimonio de Francisco Vega era de 19 millones 202 mil 200 pesos. Aquella cifra era en general toda la fortuna que tenía el entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Al año 2013, solo en propiedades en los cinco municipios, en 17 de 25 en las que aparece como único propietario, el valor asciende a 124 millones 618 mil 767 pesos, sin contar las inversiones en bienes inmuebles en Baja California Sur u otros estados, o la casa que se construye en Tijuana, lo cual significa que en veinte años, la riqueza del gobernador ha incrementado -solo en propiedades- 548 por ciento. En pesos y centavos, implica que cada año, durante los últimos veinte, las propiedades del panista aumentaron 5 millones 270 mil 828 pesos en promedio. Ante tal fortuna y ante tal magnitud en las últimas dos décadas, quizá no sería mala idea que, siguiendo el ejemplo de Don Héctor Terán Terán, el gobernador del Estado de Baja California haga pública su declaración patrimonial para evitar suspicacias, en aras de la transparencia y la honestidad gubernamental. ¿No?

De Arely Gómez González poco se sabía hasta que el presidente Enrique Peña Nieto la nominó ante el Senado de la República para el cargo de Procuradora General de la República, en sustitución de Jesús Murillo Karam. Si usted busca antecedentes de la abogada por la Anáhuac, encontrará muy pocos. Hay dos hechos a resaltar: Uno, cuando de la mano del Ministro Mariano Azuela se convirtió en una parte importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser nombrada Arely primero como secretaria general y luego como Oficial Mayor del Poder Judicial. Dos, cuando en 2012 junto a 15 personas más, su nombre aparece como una de las integrantes de las telebancadas. Entonces analistas y medios de comunicación dieron cuenta de once telediputados y cinco telesenadores, ahí se anotaba a Arely Gómez González en calidad de hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de Televisa. Además resaltaban en la misma categoría: Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca. Carlos Alberto Puente Salas, ex jefe administrativo de TV Azteca. Juan Gerardo Flores, ex funcionario de la Cofetel, y Armando Melgar, colaborador de canal 40 y antes de TV Azteca. En 2012 suponían, y Televisa no lo aclaró, que la inclusión de Arely Gómez era la parte representativa del consorcio de Emilio Azcárraga. En aquel año pues, cuando la Procuradora fue incluida en la lista de telelegisladores, ni Televisa ni su hermano Leopoldo Gómez, salieron a aclarar que poco o nada tenían que ver con ella. Cómo hace unos días lo hizo la procuradora Gómez al deslindarse de la vida profesional de su hermano públicamente, y de Televisa. Sin embargo valga la pregunta ¿Habría llegado Arely Gómez González a la lista del PRI al Senado de la República en 2012 de no ser por su asociación con el Grupo Televisa, tan ligado entonces y ahora al grupo de Enrique Peña Nieto? La realidad es que viendo el currículum de la abogada Gómez González, poco tiene que ver con el funcionamiento de la PGR y la procuración de justicia. Lo suyo, lo verdaderamente suyo es la administración de la justicia. Vaya, en México, en la forma y en la constitución, el Poder Judicial no está ligado al Poder Ejecutivo. La Procuraduría General de la República que dentro de poco y de la mano de Arely Gómez transitará a la Fiscalía General de la República, es como su nombre lo refiere la que procura justicia a partir de la investigación ministerial, la consignación de los casos por parte de los Ministerios Públicos, y la representante del Estado Mexicano al momento de perseguir,  investigar y representar en el proceso judicial a la República. El Poder Judicial, por su parte, es el que administra la justicia, el que resuelve de acuerdo a los elementos que el Ministerio Público le hace llegar, así como los referidos por la defensa de los indiciados, si una persona, entidad o empresa, es responsable o no de los delitos que se le acusa, así como de dictar la sentencia que corresponda. La señora Gómez González ha estado mayormente en la administración de la justicia. Ha resuelto a favor o en contra de la Procuraduría General de la República y otras instancias del País. A excepción de los pocos años que sirvió a otro cuate del presidente, Eduardo Medina Mora, mientras éste era procurador General de la República y la nombró a ella Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, y después coordinador de fiscalías estratégicas, el ejercicio de la procuración de justicia no está registrado en el currículum de la nominada por Peña y seleccionada por los Senadores para hacerla de Procuradora General de la República. El cuatismo –dícese de la premisa de contratar o nominar a los cuates para puestos clave- sigue siendo la política de nominaciones del presidente Peña, pues no hay otra manera de justificar que llegue a la PGR una experta en el Poder Judicial. Y no es -porque en política no existen- coincidencia que el nominado por el presidente para Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea precisamente el ex jefe en la PGR, de Arely Gómez González, o sea, Eduardo Medina Mora. De esta manera tenemos, o al menos podemos observar cómo al Presidente se le cruzaron los cuates, y nominó a la Procuraduría a una mujer con experiencia en el Poder Judicial, mientras nomina al Poder Judicial a un hombre con experiencia en la Procuración de Justicia… qué cosa ¿No? Para explicar este galimatías político, Enrique Peña Nieto declaró a reporteros en su viaje por Inglaterra: “Lo que yo he sopesado es que son dos personajes diferentes (que) a lo mejor se encontraron en algún momento en alguna tarea que coincidentemente les tocó asumir en un período de su derrotero profesional, pero ambos son personajes muy acreditados en el servicio público, con amplia experiencia de haber cumplido con tareas de importancia en el ámbito de procuración de justicia y del Poder Judicial”… ¿Entendió usted? Pero pues como donde manda presidente de la República que es del priista, no gobierna Cámara de Senadores, por lo pronto Peña ya obtuvo una de dos. Ayer martes 3 de febrero le fue aprobada su nominada a la PGR, y en los siguientes días le darán razón de sus nominados al Poder Judicial. A la abogada Arely Gómez González no le espera cualquier cosa. La PGR, con todo y que cambie de nombre, es una Institución que requiere de un cambio de personal, de profesionalización del Ministerio Público, de aprendizaje de ciencias en la investigación y procesamiento de la información, de efectividad en la consignación de averiguaciones y casos para que la justicia sea administrada y la impunidad abatida. La Procuradora tiene una responsabilidad enorme como Fiscal de la Nación: Investigar a narcotraficantes, secuestradores, criminales organizados, de trata de personas y de cuello blanco, para que todos ellos terminen en prisión y la sociedad sea más segura. Debe acabar Gómez con la sensación que en México sí existe el crimen perfecto porque los asesinos de miles de mexicanos no están en prisión. Debe investigar y aprehender a homicidas, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, para sentar el precedente de que en este país quien comete un delito pagará por ello, premisa que al no ejercerse abona al crecimiento de la impunidad. Tiene además la enorme tarea de hacer una real depuración en la corporación policíaca investigadora de la PGR, una de las más corruptas del País y una de las más protegidas por la impunidad que solo provee el Estado Mexicano. Además debe resolver el tema de los presos políticos, las autodefensas que terminaron en prisión por defender lo que el Gobierno no quiso primero y no pudo después: a su pueblo y a los suyos. También determinar si el mamotreto de Jesús Murillo Karam, respecto las conclusiones de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, sucedió como dicen los narcotraficantes detenidos, o existe otra verdad sustentada, esta sí, en la investigación científica para determinar dónde están los 43 estudiantes, y si los escasos restos de Alexander Mora realmente fueron encontrados en una bolsa de basura, o fueron sembrados en la misma. No es tarea fácil la que tiene la procuradora que hereda una institución históricamente desprestigiada. Veamos qué hace en la práctica de la Procuración de Justicia, Mejor aún, veámosla alejada de los intereses de grupos televisivos y de la Suprema Corte. Se vale soñar.  

El Sistema Nacional Anticorrupción, cuya creación fue aprobada el jueves 26 de febrero por la Cámara de Diputados, resulta ser un ente integrado por titulares de otras dependencias que, de suyo, ya tenían la obligación de investigar, procesar y sancionar actos de corrupción por parte de servidores públicos y ciudadanos. O sea, los juntaron a todos en un cuadro de honor para compartir responsabilidades. Además, crearon dos entidades para formar parte de este sistema: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que está en la estructura de la Procuraduría General de la República, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Poder Judicial de la Federación, y ya entrados, lo integrarán con magistrados que durarán 15 años en el cargo. Los diputados modificaron 13 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el mazacote… perdón, el Sistema Nacional Anticorrupción, pero olvidaron lo más importante en estos momentos: Modificar el Artículo 108 de la Constitución, donde se determina que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Es decir, en estas condiciones, el Sistema Nacional Anticorrupción podrá investigar a todos los funcionarios, menos al Presidente de la República. Y vaya, si en estos momentos urge un sistema anticorrupción, una investigación, deslinde de responsabilidades y sanciones, es precisamente por las acciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda Luis Videgaray, su esposa Angélica Rivera, entre otros, pero primordialmente. Aunque era una promesa de muchos y una necesidad de otros tantos, un verdadero sistema anticorrupción se antojó más urgente a partir de la revelación de por lo menos tres hechos: 1.- La adquisición por parte de la primera dama de una casa de extremo lujo, valorada en más 7 millones de dólares, a la compañía constructora -Grupo Higa- que su esposo el Presidente benefició con miles de millones de pesos en contratos de obras cuando fue gobernador del Estado de México, y a quien había entregado la concesión para la construcción del tren México-Querétaro, por arriba de los 3 mil millones de dólares. Si eso no es tráfico de influencias, o sea un acto de presunta corrupción, se le parece muchísimo y, por lo tanto, debe ser investigado. 2.- La revelación de la adquisición de una casa de lujo en las inmediaciones de un campo de golf por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con un esquema financiero con beneficios que ningún banco entrega a sus cuentahabientes, y además, pagado en efectivo poco antes de la toma de posesión de Peña -y por lo tanto de Videgaray-; casa que también fue vendida por la constructora favorita de los peñistas, Grupo Higa. Igual, todo lo que se lee parece acto ventajoso y, en consecuencia, sujeto de investigación. 3.- La revelación que la casa que Peña utilizó como casa de transición cuando era Presidente Electo de México, también era propiedad de Grupo Higa. Lo mismo que la obra del hangar para el nuevo avión presidencial, entre tantísimos proyectos en marcha. En estas condiciones, muchos mexicanos, partidos de oposición, analistas y extranjeros, urgieron a México a establecer mecanismos para la investigación de actos de corrupción. Es urgente que la figura presidencial se deslinde de la presunción de corrupción y tráfico de influencias, o que por ello sea sancionada. De otra manera, no tendrá el respeto que no ha tenido, y que ante las evidentes sospechas ha ido perdiendo. Pero este Sistema Nacional Anticorrupción, al que se supone le pusieron garras y dientes, Ministerios Públicos, jueces, auditores, investigadores, comité de ética y ciudadano, nada podrá hacer contra la figura presidencial si el Artículo 108 no se modifica. Con 409 votos a favor, tres abstenciones y 24 en contra, los diputados aprobaron la iniciativa que crea, en el Artículo 113, el Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo autónomo, como lo son el Instituto Nacional Electoral o puede ser también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a diferencia de estas dos instancias que nos sirven de ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción está mínimamente ciudadanizado. Verá, al Sistema Nacional Anticorrupción lo rige un Comité Coordinador integrado por: 1.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación. 2.- El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (de nueva creación). 3.- El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información. 4.- El titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. 5.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial. 6.- El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 7.- Un representante del Comité de Participación Ciudadana (de nueva creación). A su vez, el Comité de Participación Ciudadana está integrado por cinco ciudadanos. Como puede ver, el Sistema Nacional Anticorrupción es una mezcla de organismos ya existentes, con poderes y facultades especiales, pero ahora -si en el Senado se aprueba tal cual- también con injerencia en la persecución de actos de corrupción en la esfera gubernamental del Poder Ejecutivo en cualquiera de sus órdenes, sea federal, estatal o municipal, y también de particulares que cometan actos de corrupción con funcionarios públicos. De acuerdo a la iniciativa aprobada el jueves 26 de febrero en la Cámara de Diputados, el Comité Coordinador, el que integran los titulares de otros organismos autónomos y la Secretaría de la Función Pública -la cual será juez, parte y evidencia de una mala administración- tendrá como responsabilidad: “Coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. Mientras el Comité de Participación Ciudadana deberá: “Instrumentar mecanismos de coordinación con los sistemas locales, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno”. Las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción se pueden resumir en: * “El diseño y promoción integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan”. * “Elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia”. De ese informe se emitirán recomendaciones. Ahora, de cómo sancionará a los corruptos el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobaron los diputados que en el caso de los funcionarios públicos ser por amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción económica, extinción de dominio y sanciones penales. Y en el caso de los ciudadanos, con sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas; resarcimiento de los daños, suspensión de actividades y disolución o intervención en sociedades privadas. La investigación sobre los casos de corrupción detectados en las investigaciones administrativas y la fiscalización, estarán a cargo de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación (que de suyo ya lo hacen, o deberían hacerlo en el caso de la Función Pública), mientras las sanciones serán determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En las sanciones estarán inmersos y conocerán de los casos, el Poder Judicial de la Federación, el de los Estados, el Tribunal Superior del Distrito Federal, los Consejos de la Judicatura Federal, Estatal y del Distrito Federal. Pero vaya, de no reformarse el Artículo 108, no para desaforar al Presidente de la República, sino para hacerlo sujeto de auditorías, investigaciones de irregularidades y sanciones, el Sistema Nacional Anticorrupción será para todos los funcionarios, para todos los ciudadanos, menos para el Primer Mandatario de México. Qué cosas.