Cinco años han pasado desde que el 11 de noviembre de 2011 se publicara mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado, la Declaratoria de Destino del Cruce Fronterizo que consideraba la edificación de Otay II u Otay Mesa. El proyecto formó parte de los planes estratégicos para agilizar el cruce en la frontera que la administración de José Guadalupe Osuna Millán propuso en su momento. Ahora el gobierno federal anunció  oficialmente la construcción del inmueble. Fue en 2008 cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush dio la anuencia para que del lado americano se hicieran los trabajos correspondientes para dicho cruce fronterizo. Entre tanto y de acuerdo a información de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) en el estado, dio cuenta que la Garita de Otay II ya presenta avances, el plan se encuentra registrado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que existe un proyecto ejecutivo, así como un expediente técnico para liberar el derecho de vía de 32 hectáreas. El puerto de entrada se localizará aproximadamente a 3 kilómetros del actual cruce de Otay Mesa, en Tijuana. Consta de cuatro kilómetros (2.5 millas) de vialidad, misma que será de cobro (aunque no se ha determinado el costo) y constará de 35 carriles en la frontera de Estados Unidos y México. Lo anterior se anunció en el marco de la “Cumbre de la Misión Binacional de Negocios” misma que se celebró la semana pasada en la ciudad de México según dijo a ZETA el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tijuana, Gilberto Leyva. Luego abundó: “En la reunión se anunció de la edificación de la Garita Otay II. Esto forma parte del empuje que hacen ambos organismos como Sandag y Caltrans, el tema ya va muy avanzado. La conexión de este lado se dará por el Nido de la Águilas, la inversión será de 2 mil millones pesos”. “Nosotros ya no podemos pensar como tijuanenses y los sandieguinos como sandieguinos, es una metrópoli en la cual tenemos que estar  unidos. No puedes negar que debes pensar en un Plan Metropolitano Binacional”. Externó que la caseta será única en su tipo, pues no hay un proyecto similar; sería  concesionada con inversión pública y privada, y tendrá un costo de peaje para los usuarios, mismo que no se ha definido.   El proyecto   Cabe mencionar que la garita en cuestión, forma parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y está considerado como un puerto fronterizo comercial que reducirá los tiempos de espera de unidades de carga como autos ligeros. Información oficial establece que para la construcción se tienen contemplados 2 mil millones de pesos y podría iniciar funciones en 2017. Se estima tendrá una capacidad de 1.6 millones de unidades anualmente (4 mil 400 diarios) y se espera que para 2025 aumente su capacidad. El inmueble se instalará en un predio mayor a 40 hectáreas, 2 millas al este de la actual garita que opera en Otay conectará con ruta estatal 11 (11CA) y el Freeway 905. La SIDUE establece los siguientes avances en torno al proyecto: Registrado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público #10096220005. Permisos presidenciales aprobados, por ambos gobiernos.  Acuerdo binacional Baja California-California para desarrollar conjuntamente el proyecto integral y estudio de tarifas de ingresos. Proyecto ejecutivo del puerto integral del puente, vialidades y nodos de integración terminado (SCT). Expediente técnico-jurídico-administrativo para liberar el derecho de vía (32 ha) enviado a SCT.   El anuncio   Luego de que se terminó la “Iniciativa de Comercio México-California”, celebrada el 22 de abril donde participaron autoridades de ambos lados de la frontera; el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, informó que en busca de generar agilidad en la conectividad entre Baja California y California con la reducción en el tiempo en el traslado de mercancías, en lo que va de la presente administración se generaron diversos proyectos de infraestructura; entre los que está el nuevo cruce internacional Otay II-Otay Mesa East. El funcionario federal abundó que la SCT mantiene una cercana colaboración con el Departamento de Transporte de California (Caltrans) y la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag), quienes son promotores del proyecto en el lado americano, y con quienes se lleva a cabo la planeación. Afirmó que la dependencia a la que representa seguirá trabajando con las agencias mexicanas y con las contrapartes estadounidenses para garantizar la expansión a la máxima capacidad de dicha puerta de entrada, esto a través de la edificación, en Estados Unidos de una vía directa a Otay, además de la ampliación de carriles y casetas de revisión. Cabe mencionar que la “Iniciativa de Comercio México-California”, busca fomentar el crecimiento económico tanto del lado mexicano como del lado americano. Por su parte el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Pablo Hernández dijo a ZETA que las obras a realizar en la garita deben tener una adecuada logística de tiempos para la conclusión de ambos lados de la frontera, esto para no afectar el flujo en el traslado de mercancías como tampoco el tráfico en calles aledañas. “Tenemos el ejemplo de la Garita de San Ysidro que ha tardado varios años y que además la apertura ha sido diferida. Se han dado tres años de trabajo para poder terminar, que no vaya a ser el mismo conflicto por los tiempos que se manejan de uno y otro lado. “Estamos hablando de un tema transfronterizo donde están relacionados Tijuana y San Diego, que va a conllevar lo que son vialidades necesarias para poder llegar a los puertos fronterizos y la necesidad que tenemos de más de estos puertos fronterizos”. Abundó que el proyecto ya está revisado y firmado por autoridades de ambos países en la frontera e insistió se debe analizar la movilidad infraestructura urbana. El consultado concretó que el tema anterior junto con otros temas habrá de evaluarse en el Congreso Zona Metropolitana Fronteriza a realizarse en el marco de la Segunda Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles a celebrarse en Tijuana del 14 al 16 de mayo, donde estarán presentes la SCT, la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag, por su abreviatura siglas en inglés), así como el Departamento de Transporte de California (Caltrans).

“No es justo para los tijuanenses que no podamos utilizar esa plaza pública, se va a actuar en consecuencia”, advirtió Jorge Astiazarán Orcí, alcalde Tijuana. Por ello, al inicio de esta semana instruyó a la Consejería Jurídica de su gobierno iniciar la anulación de la autorización concedida a Makro para la prestación del servicio de estacionamiento que se ofrece al público a un costado de Palacio Municipal. Por considerarla una infraestructura insegura para ser utilizada por grandes conglomeraciones humanas, a principios de octubre de 2014, Protección Civil municipal determinó restringir el acceso a la plaza Independencia. También limitó la utilización de dos terceras partes del estacionamiento ubicado debajo de la explanada. A la concesionaria se le permitió continuar operando el resto del inmueble, así como la parte exterior, en tanto se le emplazó a realizar un peritaje conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, que permitiera determinar la calidad de la obra y de los materiales utilizados en ella, ya que en los archivos del Municipio no existe constancia al respecto. En febrero de 2015, Makro presentó un peritaje realizado en forma unilateral, sin considerar los puntos exigidos para un dictamen colegiado. Y aunque a la firma se le notificó este incumplimiento, ésta se ha negado a responder, por lo que el gobierno actual sigue sin saber la dimensión real del problema estructural del inmueble, pues continúan faltando los estudios de mecánica de suelo y calidad de materiales.   Las causas de la rescisión De acuerdo al contrato administrativo de concesión para la construcción y operación del estacionamiento público, el gobierno de Tijuana podrá anticipar su vencimiento si hay un incumplimiento por parte de la concesionaria, siempre y cuando se le notifique y ésta no lo solvente. Situación que el Ayuntamiento considera cumplida en este caso. En el inciso B de la cláusula vigésimo primera del convenio se establece que el acuerdo podrá ser cancelado por el Ayuntamiento, sin responsabilidad de su parte, “cuando el concesionario incumpla con cualquier obligación derivada del contrato, y dicho incumplimiento no sea corregido dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha que reciba la notificación del incumplimiento”. De entrada, la concesionaria no cumplió con los tiempos establecidos para la construcción, equipamiento y puesta en operación del estacionamiento, los cuales quedaron determinados en la segunda cláusula del contrato. El convenio signado el 21 de enero de 2010 estableció como fecha de término de la obra “el día 30 de agosto del 2010, fecha en que deberá suscribirse el acta de terminación de la obra y el concesionario podrá iniciar el periodo de operación”, se indica. Fue hasta diciembre de 2011 cuando el inmueble abrió sus puertas, sin estar concluido del todo; hasta la fecha, el acceso al sótano -como segundo nivel del aparcamiento- carece de soporte, por lo que fue clausurado por Protección Civil. En el mismo punto se suscribió que el diseño de la plaza pública proyectada sobre la parte superior externa del estacionamiento, “atenderá y preverá las cargas vivas que representen el uso del dicha plataforma durante los eventos cívicos”. Un estudio técnico realizado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana, a cargo de Pablo Hernández Lee, determinó que la explanada no fue diseñada para su utilización como plaza pública. A estas posibles causales de revocación del contrato, se añade el mal estado físico de los dos niveles del estacionamiento, los cuales la empresa ha optado por ignorar y no corregir, mientras continúa el usufructo del inmueble, tanto en su parte superior, y de manera ilegal, un espacio exterior que no le fue concesionado, corroboró Desarrollo Urbano.   Peritaje aprobado   Como lo indica el convenio suscrito entre Makro y el Municipio de Tijuana, la empresa ya fue requerida para responder por las anomalías detectadas en la obra que edificó para uso de estacionamiento público y plaza pública. En una revisión visual por expertos en ingeniería, tanto la explanada como el estacionamiento público registran daños en columnas, paredes y techo, todos factibles de ser etiquetados como vicios ocultos, consideró la Sindicatura Procuradora. El inmueble también fue inspeccionado por Protección Civil y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, encontrando transmisión de humedad, derivado del deficiente sellado e impermeabilización, y que ha propiciado la corrosión del acero colocado para su cimentación. Tanto en el exterior como en el interior del inmueble son comunes las fisuras en trabes, hundimientos y separación de bloques. Todas estas irregularidades hicieron suponer a los expertos que no era un edificio apto para ser utilizado en su parte superior como plaza cívica. La presunción la confirmó el propio peritaje presentado por Administradora de Obras y Concesiones, SA de CV, el cual fue revisado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana. “La plaza no puede ser utilizada como tal porque no se diseñó, no cumple con los requerimientos estructurales para ese uso”, confirmó Pablo Hernández Lee, presidente del organismo. El diseño de la explanada presentado por la empresa no contempló su uso con fines de plaza pública, por lo que no soportaría la carga viva de un evento masivo, como sería el “Grito” de Independencia, celebración que tradicionalmente se realiza en ese lugar, pero que en 2014 tuvo que ser reubicada por las condiciones físicas de la explanada, la cual tampoco puede ser empleada como estacionamiento. El análisis efectuado por el Colegio de Ingenieros indica que los valores del diseño estructural de la losa de cubierta del estacionamiento, fue hecho con valores muy bajos de soporte de cargas vivas y muertas, “no se consideraron los pesos reales de las cantidades de personas en concentraciones masivas”, precisó Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Y explicó, en valores promedio, una plaza cívica o espacio en el que se espera realizar actos de una amplia concentración de gente, debe poder soportar un peso de mil kilogramos por metro cuadrado de carga viva, cantidad a la que se debe añadir el  peso de la carga muerta, estimada en 350 kilogramos por metro cuadrado. No es el caso de la cubierta del estacionamiento subterráneo, diseñada con valores de solo 350 kilogramos por metro cuadrado de cargas vivas, por lo que no soportaría un acto masivo. Con esta construcción, Makro dio al traste con la plaza cívica. El peritaje de la empresa debió realizarlo en conjunto con el Colegio de Ingenieros, así lo instruyó el gobierno municipal, pero Makro lo llevó a cabo en forma unilateral, haciendo caso omiso a las solicitudes de mecánica de suelo, calidad de materiales y muestreos presentados por el organismo colegiado. “El peritaje se presentó en febrero, lo revisamos y contestábamos que no estábamos de acuerdo porque no contemplaron todos los alcances que solicitamos al principio”, manifestó Hernández Lee. “Esos elementos son necesarios para hacer un dictamen que diga con qué se cuenta, qué se necesita y cómo se resolverá, proceso indispensable para que esto llegue a un final bien y se pueda tener un inmueble con el servicio para el que se edificó”, dijo. Y sugirió al Municipio enfocarse en requerir al concesionario “para una solución de común acuerdo y que el inmueble quede con el servicio que debe tener y con las garantías que debe contar”.   Inician procedimiento de anulación   Al inicio de esta semana, el consejero jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Gerardo Herrera Zavala, recibió la instrucción de Jorge Astiazarán de iniciar con el procedimiento para revocar el contrato a Makro, empresa considerada como incumplida. El abogado del Municipio explicó que “el primer paso será llevar este procedimiento en forma conciliatoria con la empresa”, para ello se le dio una especie de ultimátum -un periodo de diez días- para rescindir el convenio en mutuo acuerdo, plazo que empezará a contar a partir de la próxima semana. Posteriormente, detalló, se estarán presentando las formalidades en las cuales la concesionaria tendrá su derecho de defensa, “incluso podrá promover un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar los efectos de la revocación”, consideró Herrera. Todo esto se encuentra establecido en el contrato y ya lo tiene previsto el Municipio, aseguró. Sin embargo, “la revocación no resuelve el problema de fondo, que es el contar con un inmueble funcional, de ahí que a la par de este proceso, se iniciará una acción penal en contra de la constructora”, subrayó. Según el consultado, “se les estuvo dando oportunidad -a Makro- para que presentaran los estudios que dieran cuenta de la situación real del estacionamiento, así como su propuesta para resarcir cualquier anomalía, pero solo respondió con evasivas”. Para el director jurídico del XXI Ayuntamiento no existe un plazo determinado para la resolución de este caso, pero ante las condiciones de deterioro prematuro del inmueble y la falta de interés de la concesionaria por responder, ya se prepara para recibir la operación del estacionamiento subterráneo que alberga 742 cajones. Mientras el presidente de Tijuana, Jorge Astiazarán, afirma: “El estacionamiento subterráneo se va a tener que reparar tarde que temprano, hay un responsable, un concesionario que tendrá que responder”.

Al modo, Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, hace negocios que, técnicamente, no son incorrectos. Lo mismo triangular compras de terrenos desincorporados de administraciones públicas, que venderle a sus hijas, o establecer un “régimen de propiedad en condominio” con constructores locales. El caso, es evidente, es sacar la vuelta a los conflictos de intereses, a las evidentes irregularidades o las acciones ilícitas. Eran los últimos días de la campaña en 2013 y, como candidato a gobernador, Vega concedió una entrevista a este Semanario: — ¿Nos puede entregar, para los lectores de ZETA, una copia de su declaración patrimonial? La última que conocemos es del 95, y tenía una fortuna de 19 millones 202 mil 200 pesos; queremos saber cuánto ha crecido o decrecido su fortuna. “Mira, no nada más entregarles mi declaración patrimonial, si no, ahí pueden ustedes también ver mi declaración de impuestos, Kiko Vega sí paga impuestos. Pueden ver ustedes, y ustedes a su vez lo van a ver, que lo que pago de impuestos coincide con mi forma y mi manera de vivir”. — ¿A cuánto asciende su patrimonio? “No sé, en los negocios no me ha ido tan bien, ¿eh?”. Casi dos años después, Francisco Vega declaró hace un par de semanas, a propósito de una nota del periódico Frontera que lo ubicaba como propietario y socio de los condominios San Carlos, que él, Kiko Vega, era “un empresario exitoso”. Así, sin más. Su declaración patrimonial y de impuestos no han llegado a ZETA desde aquel junio de 2013, cuando lo prometió “antes que finalice la semana”. Al tiempo que cada vez es más oculta la fortuna del titular del Gobierno del Estado de Baja California -una suma del costo de los terrenos que posee en el Registro Público de la Propiedad habla de más de 120 millones de pesos-, las transacciones comerciales e inmobiliarias de Vega crecen, a la par que la inversión y el empleo decrecen en la región. Respecto la información que Francisco Vega era el propietario y socio de los condominios San Carlos, al interior de Frasa Desarrollos, filial de Grupo Arnaiz que construye los edificios de vivienda, circuló un boletín informando a los empleados: “… nos permitimos aclarar la serie de falsedades y de esta manera reafirmar que nuestro actuar es y siempre ha sido de manera legal: “1.- La participación del licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid es única y exclusivamente con la venta del terreno donde se ubica San Carlos/Entorno Residencial. “2.- El desarrollo y su inversión es de Frasa Desarrollos, ésta incluye todo lo relacionado con su construcción, concepto, diseño arquitectónico, edificación y comercialización. “3.- El pago por la adquisición del mencionado terreno se realiza conforme a la individualización de cada condominio. “Desafortunadamente nos encontramos en medio de un pleito entre la casa editorial y el Gobierno del Estado, aunado al proceso electoral donde las descalificaciones y golpes bajos están a la orden del día. “Destacamos que en ningún momento se nos buscó para emitir opinión que aportara la contraparte a lo publicado; tampoco se nos ha otorgado el derecho de réplica. En ese sentido no permitiremos que el ejercicio ‘periodístico’ sin ética y profesionalismo afecte la trayectoria del grupo…”. Ciertamente, un empleado de Frasa refirió que Grupo Arnaiz, Constructora Transpeninsular y Frasa Desarrollos, solo tienen como socios a la familia Arnaiz, Raymundo Arnaiz, su esposa y tres hijos. Que en efecto, existe un contrato de compraventa y uno de relación comercial sobre el terreno donde construyen los condominios. Que al gobernador se le paga conforme se venden los inmuebles y se entregan a los propietarios en un régimen de condóminos. Además, que la relación comercial Vega-Arnaiz fue a razón de 2 mil 800 pesos por metro cuadrado, por unos 13 mil metros -de 16 mil- que Vega de Lamadrid les vende. El empleado de los Arnaiz refiere cómo los socios han resentido el señalamiento público, y también cómo es la primera ocasión que hacen “una relación comercial” con un gobernador y con un empresario externo a sus empresas. Difícilmente volverán a emprender un proyecto con ese esquema, refiere a ZETA. Sin embargo, lo que Frasa aclaró a sus empleados en un boletín, no lo dijo Vega a los bajacalifornianos. De hecho con sus declaraciones dio a entender que era él quien desarrollaba la segunda parte de ese amplísimo terreno. Ciertamente, sigue siendo el propietario hasta que los compradores no terminen de pagar. Un caso más de las transacciones del Ejecutivo estatal, técnicamente sin irregularidades, pero visiblemente provechosas… y sospechosas.   Los propietarios: Vega-Arnaiz</h2>   De que hizo negocios con privados, siendo gobernador, los hizo. En la partida 594609 dada de alta en el RPPC el 12 de diciembre de 2014, aparecen como “propietarios” de la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio tanto Francisco Vega de Lamadrid como Fraccionamiento Arnaiz, SA de CV, con el nombre de San Carlos II. En el acta se hace mención de seis unidades tipo habitacional, con cada condominio entre los 82.410 y 108.54 metros cuadrados, incluyendo balcón, estacionamiento y construcción. Las licencias de construcción (ZC2014A552 y ZC2014A1240) otorgadas por la Dirección de Administración Urbana en Tijuana, se concedieron también cuando Vega ya era titular del gobierno estatal, el 26 de mayo y el 12 de noviembre de 2014. La descripción del complejo habitacional refiere cuatro áreas privativas, salón de usos múltiples y edificación de las primeras 80 unidades habitacionales. Total de condominios en San Carlos, 160, cada uno con valor entre 800 mil y un millón de pesos A Kiko, los Arnaiz le pagan el terreno en 2 mil 800 pesos por metro cuadrado, cuando él lo adquirió en 2005, a razón de 879.89 pesos cada metro cuadrado. Considerando que de los 16 mil metros cuadrados que integran el terreno, a los constructores solo les comprometió 14 mil metros cuadrados, el ingreso para Vega  al finalizar la transacción, será de 39 millones 200 mil pesos; más de los 12 millones 318 mil pesos que pagó..   Las transacciones del gobernador   Al mismo tiempo que Francisco Vega de Lamadrid fungía como estrenado gobernador de Baja California, acrecentaba su patrimonio y sus negocios. Hasta la fecha, no ha dejado de encabezar operaciones de construcción y comerciales en el Estado que gobierna, y en la Península. Actualmente es propietario del terreno donde se construyen seis edificios de condominios en Tijuana, al mismo tiempo, termina de edificar una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sobre un predio ubicado en Cumbre de Juárez con dimensiones superiores a 2 mil 500 metros cuadrados y sin descuidar las más de 50 propiedades a su nombre y el de su familia. Documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y de escrituras públicas de Baja California en poder de ZETA, detallan los últimos movimientos que Vega de Lamadrid ha realizado sobre algunos lotes de su propiedad, transacciones que dejarán ganancias millonarias. Se trata del acta con número Partida 593-3327, apenas registrada el 26 de agosto y otra del 12 de diciembre de 2014, es el registro de la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio. Es decir, el trámite para que un propietario edifique en sus predios locales, departamentos o estacionamientos, en este caso, el gobernador ve crecer en su propiedad San Carlos Entorno Residencial, en la colonia Guadalupe Victoria, sobre Vía Rápida Poniente en la delegación Centenario. En el documento se establece que el “propietario Vega de Lamadrid Francisco Arturo” registra seis unidades de condominios, denominado San Carlos IV, “construido sobre la fracción B-3, proveniente de una subdivisión”.   Condominios   En base a una búsqueda en la Dirección de Administración Urbana de Tijuana, al gobernador del Estado se le autorizó (se declaró conforme) la construcción del condominio “de seis unidades tipo habitacional”, bajo el oficio RC-0575/14 expedido el 11 de julio de 2014. Estas propiedades se ubican a un costado de la Central Camionera de Tijuana y a metros de las oficinas del Partido Acción Nacional, incluso, cerca de uno de sus terrenos desarrollados en Jardines del Pedregal y en otra de sus residencias. En el documento mencionado se resalta que cada condominio es “proveniente de la subdivisión de la fracción B, a su vez, de la subdivisión de un terreno unidad en la delegación La Mesa”. Y es que, donde actualmente se señalan las seis unidades de condominio, es tan solo una parte de un predio mucho mayor, también propiedad de Vega. El terreno al cual se hace referencia colinda con otro que obtuvo por la vía civil. Según la base de datos del Juzgado Octavo Civil de Tijuana, el juez Cruz Juan Carranza García otorgó en 2008 la sentencia a favor de Vega de Lamadrid, quien demandó la propiedad a la señora Vicenta Mayor Ames, “también conocida como Vicenta Mayor de Domínguez o… viuda de Domínguez”. En el Juicio de Prescripción Positiva (expediente 892/2008) que concluyó con darle legal propiedad al hoy gobernador, se puede leer: “Se declara que el actor (Vega de Lamadrid) se ha convertido en propietario, en virtud de haber operado en su favor la prescripción positiva, la cual causó ejecutoria el día 4 de noviembre del 2008”. Pero el gobernador lo inscribió en el Registro Público hasta el 24 de abril de 2014. De hecho, un par de meses después, el 19 de junio, inscribió una Subdivisión de Propiedad (bajo la partida 5924745).   Ventas millonarias entre padre e hijas   En realidad, donde hoy se construyen los condominios San Carlos es tan solo una parte de lo que algún día fue uno de sus predios de enorme extensión. En julio de 2005, bajo la Partida 5433162, Vega de Lamadrid (según escrituras públicas con número 63299) realizó un contrato de compraventa “con reservas de dominio” de un terreno de 25 mil 642 metros cuadrados en la colonia Guadalupe Victoria, mediante la sucesión testamentaria de la señora Vicenta Mayor, representada por el albacea, su hijo Eduardo Domínguez Mayor. La dimensión del terreno equivale a 61 canchas profesionales de baloncesto. En ese año el ex alcalde panista pagó 2 millones de dólares por el terreno, a decir de las actas en el resguardo del RPPC. El panista terminó de cubrir el pago del terreno en abril de 2006. Describe el documento del RPPC (número 5490529): “En virtud del pago total, la sucesión de bienes de la sra. Vicenta (…) cancela la reserva de dominio (…) consumándose la plena propiedad en favor del adquiriente Francisco Vega de Lamadrid”. El valor del avalúo en el momento de la compra en 2005, fue de 22 millones 566 mil pesos, es decir, un costo promedio de 879 pesos por metro cuadrado (77.98 dólares por metro cuadrado). El mismo predio, el 22 de febrero en 2006, Vega de la Madrid lo subdividió en dos fracciones (Partida 5133462). El terreno de más de 25 mil metros cuadrados quedaría de la siguiente manera: fracción A, una dimensión de 9 mil 115 metros cuadrados, y fracción B, con 16 mil 003 metros cuadros. La fracción B está comprometida en el convenio comercial con la empresa Frasa, propiedad de los Arnaiz y donde se construye San Carlos. La fracción A” (de 9 mil 115 metros cuadrados),  Vega  la vendió (mediante un contrato de compraventa en plazos) el 17 de abril de 2006 a Zaira y Zarema Vega Labastida, sus hijas. Según el testimonio de la escritura pública 2355 en la Notaría 3 de Tijuana, las descendientes del mandatario estatal compraron la fracción del terreno. El acta en el Registro Público del Estado describe una operación por 3 millones 190 mil 250 dólares. El avalúo se determinó en ese mismo registro por 9 millones 577 mil 887 pesos. Es decir, considerando los documentos y valores de operación, Francisco Vega de Lamadrid compró los 25 mil 646 metros cuadrados y fracción en 2 millones de dólares (en abril de 2006 terminó de pagar), y ese mismo mes vendió el 36 por ciento del predio a sus hijas en 3 millones 190 mil dólares. Entonces, Kiko Vega compró el metro cuadrado en 77.98 dólares y lo vendió a sus hijas en 350 dólares, más de cuatro veces el valor en que lo adquirió.   Hermano cómodo adquirió condominio   La primera etapa de San Carlos II está agotada. Los cuatro edificios y 80 condominios que hasta ahora integran el residencial ya están vendidos. Uno de los compradores fue Enrique Alejandro Vega de Lamadrid, hermano del gobernador de Baja California. Un documento da cuenta que el 27 de marzo de 2015, el hermano del mandatario fue uno de los compradores en el edificio 5. La escritura ya está en poder del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado, sin embargo, aún no se hace su publicación. En las escrituras de la compraventa aparecen como vendedores  tanto “el señor licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid” como Fraccionamiento Arnaiz, Sociedad Anónima de Capital Variable.   Hija compró terreno de 2 millones   Además de otras propiedades, como lo es la misma fracción A del terreno en la colonia Guadalupe Victoria y algunos locales comerciales en un extenso terreno en Mariano Matamoros, las hijas del gobernador también gozan de propiedades millonarias. Uno de los últimos movimientos responde a Zarema Vega Labastida, quien adquirió un terreno en Jardines de Chapultepec por un millón 878 mil 400 pesos, según el acta de la partida 5940275 en el Registro Público de la Propiedad, con fecha 28 de agosto de 2014. Según las escrituras públicas, Zarema compró el terreno de 605.95 metros cuadrados de diámetro en la segunda etapa de la colonia Agua Caliente, una exclusiva zona residencial de Tijuana. Hacienda Aguacaliente, SA de CV, vendió el inmueble con un valor de operación de 181 mil 785 pesos.    

Agotadas las instancias estatales encabezadas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pasando por los diputados locales y federales, hasta llegar al mismo Congreso de la Unión en la capital del país, este viernes 24 de abril los líderes de los jornaleros de San Quintin reanudarán la mesa de negociaciones, sentados con toda suerte de funcionarios pero con la presencia sobresaliente del subsecretario de Gobernación, y con más de 30 mil personas marchando y respaldándolos en las calles. Es un regreso al paro general iniciado el 17 de marzo, advierten los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Es también por otra parte, la reanudación a las mesas de diálogo que habían dejado en receso, precisan. Pero ahora cumplida parcialmente su exigencia de la visita del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en la persona de su segundo de a bordo, Luis Enrique Miranda Nava. Además de “una comisión amplia” de senadores, diputados, dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de la Comisión Internacional del Trabajo, y el gobernador con “su gabinete correspondiente”. “Lo que esperamos es levantar buena cosecha este viernes”, expresó Fidel Sánchez, vocero de la Alianza. “Esperamos que haya una definitiva en cuestiones del salario y precio del producto que se cosecha”, dijo a propósito de la petición que se mantiene, 200 pesos la jornada de ocho horas y el pago de 20 pesos por caja de fresa. Nuevamente miles de jornaleros marcharán sobre la Carretera Transpeninsular saliendo de la delegación desde Vicente Guerrero o San Vicente Ferrer hacia el Centro de Gobierno de San Quintín. Al mismo tiempo hacia el Centro de Gobierno de Ensenada se manifestarán trabajadores agrícolas del Valle de Maneadero, El Zorrillo y Santo Tomás. A todos los funcionarios federales “los jornaleros los estaremos recibiendo como siempre, ¿no?, sin agresiones, sin nada de eso, nos estaremos manifestando pacíficamente”, reiteran los de la Alianza. Además se sumarán a la protesta maestros de la Sección 2 del SNTE: “Van hacer suyo el problema de San Quintín de igual manera que los jornaleros también haremos nuestras las demandas de cada maestro”. Esperan los buenos resultados con el contingente de funcionarios federales que habrá de llegar a San Quintín, sin dejar de lamentar la ausencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida, quien declaraba hace unos días que de los 30 mil jornaleros existentes en San Quintín solamente había 2 mil inconformes. “Nosotros no lo vamos a obligar que venga al Valle de San Quintín”, apunta Fidel Sánchez, “solo le vamos a demostrar que sí somos todos los trabajadores que estamos inconformes con el salario de hambre que estamos recibiendo. Y lo estará viendo través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y que también estará recibiendo informes de la Secretaría de Gobernación, los Diputados, los Senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo”. Del Gobierno del Estado, reafirman que ya no esperan mucho: “El Gobierno sigue manteniendo su misma postura ante el problema de San Quintin, solo sabemos que el Gobierno del Estado estará enviando seguridad para reprimir a los que vayan a salir al evento el viernes. Ojalá el gobernador de Baja California tenga más voluntad de darle solución al problema que está en su propia casa”.   Casi VIP   Quien ve con verdadero optimismo el próximo reencuentro entre los jornaleros de San Quintín y los funcionarios de gobierno federal y estatal es el diputado federal Ricardo Medina Fierro, quien ha estado en las pláticas de los manifestantes. “Voy llegando de la Ciudad de México y vengo contento porque tenemos una fecha histórica para Ensenada, en donde vamos a tener en San Quintín a funcionarios de primer nivel, dando la cara a los ciudadanos…”, anunció el legislador priista como si de un evento V.I.P. y un favor a los trabajadores se tratara: “Obviamente no buscamos el tema político, es un tema meramente de atención hacia los jornaleros que demandan este servicio a los funcionarios”.    Dice Medina Fierro que “de todo lo malo” que ha traído este conflicto ahora que viene el Gobierno Federal y “dependencias de toda la república” también habría que revisar el tema turístico, de instalaciones, de servicios e infraestructura necesarias para San Quintín y seguir apostando por el tema de la municipalización. “No es posible que ahora seamos noticia internacional donde dejas muy mal visto toda la zona de Ensenada”, lamenta el diputado y dice que se trata de un problema de todos los ensenadenses sobre “algo que no se había vivido durante muchos años aquí en Baja California…hay que tomar medidas inmediatas para que no vuelva a suceder”. Continúa resaltando Medina la investidura de los funcionarios que estarán presentes donde “todos apostamos a que esta reunión donde por falta de capacidad del Gobierno del Estado y por su falta de interés en resolver el tema es por ello que la Cámara de Diputados se compromete a través de los funcionarios federales a dar respuesta inmediata”. Resultados son los que se esperan. Si el diputado federal Ricardo Medina Fierro se emociona con la presencia de “funcionarios de primer nivel”, Fidel Sánchez de la Alianza de Jornaleros también resalta la importancia del encuentro: “Será un mega evento, una  mega manifestación”. Pero advierte, si no se resuelven sus exigencias: “Estaremos lanzando ya una convocatoria para un próximo boicot económico internacional”.  

“Me hubiera gustado que no hubiera sido así”, sostiene el magistrado Jorge Armando Vázquez, nuevo presidente del Poder Judicial en el Estado, respecto cómo llega a ese puesto, tras el suicidio de su antecesor, Marco Antonio López Magaña. Vázquez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se dice amigo de  priistas, panistas y perredistas, pero sin militancia propia y con 26 años de carrera judicial. Su elección, el 21 de abril de 2015, con nueve de 16 votos, abrió un nuevo escenario al interior del Poder Judicial, pues no pertenece al grupo que durante más de siete años ha encabezado el Tribunal, incluso en la presidencia de López Magaña. A las 7:30 am del miércoles 22 de abril, el magistrado Vázquez llegó a su oficina. Lo primero fue recibir visitas y felicitaciones, luego reuniones para adentrarse en la información relativa a las responsabilidades y pendientes en la administración y representación del Tribunal Superior. En ese contexto, concedió una entrevista para ZETA. “Como estoy acostumbrado a trabajar en lo jurisdiccional, me di cuenta que aquí era totalmente distinto, aquí ya no tomo determinaciones para resolver una situación particular; aquí son aspectos de naturaleza administrativa, pero de importancia para el buen funcionamiento del ejercicio”, explica de entrada. Entre los planes inmediatos: *  Acercamiento con el Consejo de la Judicatura, pues necesita relacionarse de los rubros que están pendientes. Agendó la sesión de este tipo para el jueves 23 de abril, “para poder tener datos precisos y tomar un rumbo, necesito ver cómo estamos como grupo, como órgano colegiado administrativo, cuáles son las atribuciones que tienen cada uno de ellos en sus comisiones, que está pendiente por resolver. Necesito tener toda esa información para entonces sí, empezar a tomar una directriz más precisa”. * Darle más relevancia a la cuestión jurisdiccional, lo que implica mejorar las condiciones en que están desarrollándose los jueces, los secretarios, los actuarios. “Creo que ha habido un poquito de olvido a ese sector en cuestiones de acercamiento, de capacitación, de condiciones para desarrollar su trabajo”. En temas de continuidad como la Central de Actuarios y la reingeniería interna, Vázquez dice coincidir con ambos por las  mejoras que pueden significar, sobre todo el primero, para aligerar la carga de trabajo para los jueces: “Si le quitas al juez ciertas cargas administrativas, le permite concentrarse en lo que realmente debe de hacer, esto va a llevar a un beneficio de quien nos está reclamado que administremos justicia”. Además, considera se han preocupado mucho de cuestiones administrativas, de crecimiento, cuando el principal motor del Tribunal son los jueces.   Controversia Constitucional: habría de evaluarse   De la Controversia Constitucional presentada ante la Suprema Corte y relativa a dos artículos de la Reforma a la Ley del ISSSTECALI que afectan las finanzas del Tribunal, el magistrado presidente explicó: “En la primera sesión, cuando se planteó lo de la controversia, yo no me quedé conforme con ello, se votó por unanimidad el que se presentara, pero había tiempo suficiente. Yo me fui inquieto con el planteamiento y, antes que se efectuara el siguiente pleno para aprobarse el acta, otro magistrado y yo presentamos un escrito para invitar a reflexionar el tema, sobre todo que la controversia implicara que hubiera un conflicto, una intromisión  de algunos de los poderes del Estado con el Poder Judicial. “Lo que decíamos es que esa situación no la debemos de llevar a la Corte cuando hay mecanismos, hay formas de diálogo para poder solucionar este problema”. Tal posición se sometió al pleno, pero la controversia ya se había presentado. Respecto a retirar la controversia, afirma se deben evaluar algunos aspectos, y sería necesaria una decisión del pleno.   Justifica la “jubilación”   Del llamado Haber de Retiro -la propuesta para las jubilaciones a los magistrados, iniciando al 100 por ciento del salario y disminuyendo hasta llegar al 80-, Vázquez justifica que la Constitución Federal contempla el retiro bajo ciertas circunstancias, además de que hay antecedentes en otras entidades donde cuentan con esa seguridad social. Incluso que en la propia Constitución se establece la obligatoriedad del Estado para regular esa jubilación. Argumenta “la enorme responsabilidad” que se tiene en esa área judicial, lo difícil de impartir justicia y la necesaria previsión para después de que cumplan su periodo laboral -70 años-, puedan contar con seguridad social: “Para que al tiempo que se llegue al fin del encargo, poder tener una vida digna, asegurada tu tranquilidad”. Ese fue el marco para que se presentara la propuesta en el Congreso -julio 2014- y formalizar ese derecho, ya que según la Ley Federal, no se puede considerar si no está asentado en decreto.   Nuevo Sistema, en octubre en Tecate   Del Nuevo Sistema de Justicia, Jorge Armando Vázquez refiere que para octubre de este año se tiene previsto implantarlo en Tecate y para 2016 en la Zona Costa. En el caso de Mexicali ha habido avances, como que en el sistema tradicional un asunto dura dos o tres años, y en el Sistema Adversarial seis, ocho meses. “Hay una gran diferencia”. A Vázquez le tocó resolver en segunda instancia el caso de los jugadores del Club Águilas de Mexicali. Se votó por mayoría dejar la Vinculación a Proceso por el delito de secuestro exprés -aunque su voto fue diferente- y coincidió  con los criterios que definió el juez para posteriormente  reclasificar el delito por el de cohecho, tras la negociación de las partes. En el caso de Tijuana, menciona la dimensión del área judicial, actualmente con cerca de 26 Juzgados: “Creo que el que tiene menos problema para capacitar somos nosotros, recuerda que también está Defensoría de Oficio, Ministerio Publico, pero ya se está trabajando y no hay que asustarnos de eso, lo mismo pasó en Mexicali. “Es bastante el dinero para que empiece a funcionar (en todo el Estado), pero creo que habiendo voluntad, podemos llegar a esa meta. Aunque en Tijuana los tiempos los veo difíciles”, reconoce.   Los dineros   En cuanto al presupuesto de este año y la realidad que enfrentan en el Poder Judicial, el magistrado presidente reflexiona: “No nos pueden dar menos de lo que se aprobó el año anterior, pero en cada ejercicio hay situaciones que afectan al presupuesto autorizado, incrementos salariales, los convenios que hay, la inflación… eso es lo que provoca ese tipo de situaciones que se tienen que ajustar. Ahora que me estoy informando estamos viendo que algunas cosas se tienen que resolver, el Poder Judicial no puede disponer del presupuesto asignado para rubros que no estén etiquetados”. Vázquez niega que atreviesen una situación difícil, pero indica, “se trata de una situación de diálogo, de acercamiento, de establecer una conexión, un puente con el Ejecutivo para poder resolverlo. Yo veo mucha voluntad del Ejecutivo para poder hacerlo”. De paso, revela que ya tuvo comunicación con los titulares de los otros poderes, tanto con el presidente del Congreso como con el gobernador del Estado, quedando en reunirse en fecha próxima.   La llegada, su versión   De las versiones de su llegada a la presidencia del Tribunal, enfrentamientos y enconado pleito por el poder, Armando Vázquez aporta la propia: “La información que se da a través de esos medios, yo creo que la respuesta te la daría el que la escribió. Uno como figura pública está expuesto a la crítica, que debe aceptar. Creo que esa responsabilidad que asume uno implica también que tengas que ser observado, puedes ser sujeto de diferentes opiniones en cuanto a la función, en lo personal creo que hay que respetarnos  cada persona en lo particular. “El suceso que provocó esas informaciones, a la luz pública lo primero que dices es que ya se están  empezando a golpear, de una manera que yo la reprobé, yo me sentí molesto por la falta de respeto hacia nuestro compañero (López Magaña), sobre todo a la gente cercana a él, su familia, no vieron esas consecuencias. Y en cuanto a que hicieron referencia a mi persona, ¿cómo lo voy a tomar? Habla de mi lo que quieras, no hay problema, a mí lo único que me preocupó, me molestó, fue que involucraran y le faltaran al respeto a la familia de nuestro compañero, pero finalmente  eso provocó también (la idea) de que sí hay división  y pleitos internos. Creo que aquí, más que todo, es la diferente forma de pensar”. — Pero en su caso se manejaron versiones de que hubo diferencias, gritos, amenazas… “Marco Antonio y yo empezamos prácticamente juntos en la carrera judicial, creo que él dos años antes que yo. Ambos fuimos secretario de Acuerdo, proyectista, juez. Tuvimos una excelente relación como compañeros, compartíamos deporte, convivimos mucho, pero nunca llegó a ese extremo que se mencionó (de reto a golpes y amenazas)”, explica en relación a personas que se ven todos los días y que bromean entre sí.  Considera que es posible que la información se refiriera a una broma entre los dos “que quizá a él no le pareció sin que significara un hecho trascendente. Lo agarré en su momento de enojo, no sé, pero de ahí no pasó nada. Cuando  llegó a la presidencia platicamos del tema, yo voté en favor de él, creímos en él y hasta la fecha. Nunca hubo enemistad, siempre fuimos muy buenos compañeros, creo que ese tema fue mal intencionado”. — Pero en ánimo de algún golpeteo. “Finalmente, haciendo una evaluación de todos los aspectos era golpear, yo lo tomé en lo personal para mí, como que hacer ese tipo de comentarios me fortalecía, pensando ‘estoy siendo tomado en cuenta’”. — No fue el único, se habló de “salas del amor” y otros temas controversiales. “Me hubiera gustado, por ejemplo, vamos viendo a qué te refieres con salas del amor, porque realmente la nota yo quisiera ver a quién la dirigía y no la dirigió a nadie, pues quién sabe a quién se referirá y, además, son situaciones muy personales de cada quién. Creo que si hubiera algo irregular, indebido, pues aquí hay un órgano disciplinario”. — En la conferencia mencionó “dar vuelta a la página” ¿De qué manera hacerlo? “Retomé esa frase de Marco Antonio (López Magaña), me tocó que cuando estaba en el periodo  para aspirar la presidencia, lo comentaba, no había distanciamiento, simplemente cada quien estaba trabajando en sus temas; obviamente en ese tiempo yo también aspiraba, también había otros compañeros que tenían esa aspiración, fue cuando Marco dijo: ‘Vamos dándole vuelta a la página’, es por ese tema  de la broma que lo agarré en mal momento”. — Se ha mencionado también presunta injerencia por parte de la ex presidenta del Tribunal. ¿Qué opina de esto? “Creo que fueron seis, siete años donde ella gestionó y tuvo la representación del Tribunal, y obviamente es normal que después de cumplir con su encargo, pues a veces hay cambios, opiniones diferentes. Cuando vas a llevar la directriz, cuando vas a llevar la representación, necesitas también conformar un equipo, entonces, a veces esas situaciones implican que debe haber cambios en ciertos sectores; obviamente eso puede generar cierta inconformidad, un roce, pero yo preguntaría: ¿No pasa en otras partes? Yo lo veo normal. “Creo que la magistrada (María Esther Rentería) hizo el trabajo que tenía que hacer, en ocasiones pudimos no coincidir con su forma de llevar la administración, pero finalmente somos un órgano colegiado, cada cabeza es un mundo, es muy claro y ese respeto al derecho ajeno es la paz, que nos permite a veces discrepar, aunque muchas de las decisiones que hemos tomado han sido unánimes”. — ¿De qué manera se puede mostrar la fortaleza de un presidente, de pintar la raya? “El que asume la presidencia debe tener una visión muy clara de a dónde vas. Uno de los aspectos importantísimos es el aspecto jurisdiccional. Creo que para fortalecer aún más esto, es trabajar en conjunto, dejar las cuestiones de carácter personal, dejar de anteponerlas y ver que la solución se la tenemos que dar para  mejorar la administración e  impartición de la justicia. “(El Poder Judicial) Es una válvula de escape frente a los conflictos que se dan entre los particulares, creo que no sería muy adecuado que dejemos que la gente se hiciera justicia por su propia mano. Somos una válvula de escape porque el Estado está preocupado porque las personas no resuelvan sus diferencias entre ellas, se da el mecanismo del Tribunal, del Poder Judicial precisamente para que sea un tercero que de manera objetiva e imparcial resuelva esta  la situación. La sociedad genera conflicto y no podemos como sociedad dejar que ellos decidan cómo resolver esa situación, eso genera conflictos particulares”. Se le mencionan las renuncias en el equipo del Área Jurídica -lo que confirma el magistrado-, y  entre otros reacomodos, comenta que desde que fue juez trata de trabajar aprovechando el personal existente. Finalmente, se le pregunta sobre las implicaciones de recurrir a un relevo en esas circunstancias -tras el suicidio de su antecesor- y del peso de la silla de presidente del Tribunal: “Por principio de cuentas, recuerda que aquí convivíamos a diario, es  impactante el hecho. Solamente Marco Antonio sabía qué pensaba y desde luego que a mí no me hubiera gustado que se hubiera dado esta situación. Sin embargo, por la labor o por la responsabilidad que tenemos como funcionarios judiciales, teníamos que resolverla. El Poder Judicial no podía quedar sin representación, la Constitución local lo establecía. Creo que lo que suscitó pues es lamentable, repercute en uno en cuanto a que un compañero partió y de esa manera. Pero finalmente tenemos que continuar, no me hubiera gustado que hubiera sido  así. Sin embargo, por esa responsabilidad que tenemos hay que continuar”. — ¿Algún mensaje a la gente, a los ciudadanos, a los justiciables? ¿Qué podemos esperar de este periodo que empieza? “No voy a hacer promesas, sino que voy a actuar para que entonces ellos evalúen el  buen trabajo que queremos hacer aquí en el Tribunal, que lo hemos estado haciendo y que lo queremos mejorar. Queremos que confíen en nosotros y tengan la plena certeza de que el Tribunal está trabajando, está entregado a cumplir con esa función, y creo que la primera persona a la que nos debemos es precisamente a quienes conforman esta sociedad en el Estado. Con hechos vamos a poder convencer a la gente que se está haciendo un trabajo a beneficio de ellos”.   La voltereta en el Tribunal: “Se dividieron los civiles”   La votación llevó apenas cinco minutos. Con ello concluyó una etapa iniciada cinco días antes, con la muerte del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California y que desató una lucha intestina por la sucesión, que ni siquiera menguó durante los servicios funerales. Ya había sucedido en Baja California con la repentina muerte del gobernador Héctor Terán Terán en octubre de 1998 -debido a un infarto-, su ausencia provocó una desbocada lucha por ocupar su lugar. Encontrado muerto en su domicilio -se suicidó- el cuerpo del magistrado presidente Marco Antonio López Magaña fue velado la tare del viernes 17 de abril, y el sábado se ofreció una despedida en la explanada exterior del Poder Judicial en Mexicali que congregó a cerca de 300 personas, entre empleados, jueces, magistrados, diputados, funcionarios estatales y municipales, así como familiares del hasta unas horas antes, titular del Poder Judicial en la entidad. Pero ese mismo día ya se hablaba de la lucha entre dos fracciones de los 16 magistrados restantes y que reseñaban enconos, enfrentamientos, duros señalamientos. En ese contexto, un grupo de magistrados optó por no acudir a la ceremonia de despedida, después de que asistieron al velorio con la familia -Víctor Vázquez, Jorge Armando Vázquez, Sonia Beltrán, Carlos Cataño-, lo que incrementó las especulaciones. Luego de la pausa dominical, y el lunes 20 desde temprano, en las instalaciones del Poder Judicial permeaba no solo el ambiente fúnebre, sino la tensa calma que avecina una tormenta. Ahí estaban en sus lugares los 16 magistrados, pero no había entrevistas, ni declaraciones abiertas, todo era soterrado y por debajo del agua. Lo curioso es que se trata de apenas 15 metros de pasillo que separa las Salas Civiles de las Penales, pero ya hasta empleados de terceros niveles habían tomado partido. “Ese pasillo está maldito, no vayas para allá”, dijo una funcionaria al reportero, señalando la parte que lleva hasta las salas penales. Otras versiones mencionaban las pugnas, golpes bajos, enfrentamientos, la aprensión del carácter de López Magaña, los pleitos internos con los magistrados de su grupo que presuntamente le reclamaban espacios laborales para su gente, o los pleitos familiares y sus intenciones de renunciar a la presidencia del Tribunal. Ante la falta de una voz oficial sobrevino la especulación, y durante la mañana del lunes 20 de abril, nada se supo sobre la sesión del pleno y una de las interrogantes era quién debía -legalmente- convocar, dado que la Ley marca que debe ser el presidente del TSJ. Fue minutos antes de las tres de la tarde cuando les avisaron oficialmente a los magistrados que para el día siguiente se convocaba a una sesión de pleno. Le llamaron “reunión de cordialidad”. Al día siguiente por la mañana, desde el área de Comunicación Social negaron que en esa sesión se designaría al nuevo presidente, que solo era para ponerse de acuerdo “en la fecha posterior para la elección”. Quince minutos antes de las doce del mediodía del martes 21, en el recibidor adjunto a la recepción de presidencia solo se encontraba el juez ensenadense Fausto López Meza, magistrado supernumerario que ocuparía la vacante que dejó el presidente del Tribunal. Uno a uno fueron llegando los 16 magistrados, los penales entraban por la parte de enfrente y por el pasadizo interno los civiles. No había ningún otro reportero y del área de comunicación se insistía en que en la sesión no habría designación. “Ya casi…”, expuso el magistrado Raúl González Arias, quien salió a acompañar al juez ensenadense a la salita anexa a recepción. Adentro, inició la sesión con una primera discusión relativa a la toma de protesta de López Meza, que les llevó más de media hora y finalmente resolvieron esperar respecto a ese tema. Lo que no aguardaron, fue la propuesta para iniciar una sesión formal del pleno, hubo consenso y marcaba la una de la tarde cuando ya se discutía si se votaba por el nuevo presidente o se posponía la decisión. Un elemento a considerar tuvo que ver con la opinión pública y  la ausencia de titular del Poder Judicial por casi cinco días. Las posiciones se polarizaron entre los que han ubicado como los “civiles” y los “penales”, y parece que los primeros preferían trasladar la votación a otro día, lo que suponía que no tenían los nueve votos necesarios para empujar la balanza. Para la 1:45 pm iniciaron la votación, y afuera, en la recepción, aún no había ningún otro medio, a excepción de ZETA. A la 1:52 pm trascendió que Jorge Armando Vázquez había acumulado nueve votos -lo que lo ungía como nuevo presidente- contra seis de Marco Antonio Jiménez Carrillo y solo uno de Salvador Ortiz. Para entonces ya se habían acercado otros reporteros, pero no trascendía el sentido de la designación. Quince, veinte minutos después ya se sabía del “humo blanco” en el pleno del Tribunal. Posteriormente, la titular de comunicación avisó que en unos 20 minutos el nuevo presidente atendería a los reporteros. Entonces empezaron a llegar la docena de medios impresos, radio, televisoras e incluso ya iniciada la conferencia, seguían entrando comunicadores notificados de último minuto. Lo que oficialmente sería un día donde “se pondrían de acuerdo para tener una sesión posterior”, se transformó en una tarde donde concluyó el periodo cuando el Poder Judicial permaneció acéfalo e implicó una sórdida lucha por la máxima silla. Aunque la votación es secreta, trascendió que los nueve votos pudieran ser: los dos Vázquez, Pérez Castañeda, González Arias, Cataño, Espinoza, Beltrán, que eran los siete votos originales y grupo distinto al de la ex presidenta del Tribunal, María Esther Rentería. Se especula podrían haberse sumado Cebreros y Olimpia. “Se dividieron”, fue el análisis de alguien cercano al proceso en alusión a los “civiles”. Lo cierto es que terminó  la etapa del jaloneo, de los golpes bajos, del empuje de fuerzas por alcanzar el poder, ahora sigue la del reacomodo, de una obligada  nueva página para la instancia encargada de la justicia para los bajacalifornianos. Todo en menos de una semana.   Fue suicidio y caso cerrado   “Se trata de un caso cerrado”, dijo de manera concluyente la procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, a la vez magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De esta manera, la funcionaria avaló lo informado la mañana del viernes 17 de abril por el subprocurador en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, en el sentido de que no había otras líneas de investigación más que el suicidio en el deceso de Marco Antonio López Magaña. De acuerdo al Certificado de Autopsia, relativo al NUC 0202-2015-16320, la causa determinante de la muerte fue por ahorcamiento. Y es que en rueda de prensa, entre otras preguntas resaltó la relacionado a si los magistrados estaban siendo investigados, hecho que el funcionario de la Procuraduría negó.

Entre 2008 y 2010, en el resto del país se presumió como modelo de éxito el caso Tijuana, uno de los aspectos que destacaban era que se trataba de prácticamente el único municipio donde sí se estaba haciendo trabajo para depurar las corporaciones. Efectivamente, en ese periodo quedaron fuera muchos de los agentes de quienes sus jefes sospechaban estaban inmiscuidos en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, más de 400; sin embargo, la autoridad no hizo su trabajo conforme a derecho y ahora serán los impuestos ciudadanos los que paguen por esas ineficiencias Según ha determinado el Tribunal Contencioso, en decenas y decenas de casos, la autoridad no siguió todos los pasos para remover a los policías de Tijuana que fueron detenidos. “Que a Jacobo y a Nieves Reta les tocan entre 5 y 8 millones de pesos”, es la versión que circula entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. “Ahorita, Jesús Jacobo Aguirre (liberado en octubre de 2013) anda como en 3 millones y medio, pero el proceso aún no concluye. Y en cuanto a Juan Manuel Nieves Reta (liberado el 27 de marzo de 2015), no sabemos si inició algún procedimiento, a la Consejería Jurídica  no ha llegado a nada. Pero si procede y es favorecido, le corresponderá una cantidad considerable”, aclaró el titular del área,  licenciado Gerardo Herrera Zavala. Tanto Aguirre como Nieves se desempeñaban como jefes de Policía en Tijuana. En 2008  fueron detenidos por estar presuntamente coludidos con narcotraficantes del Cártel Arellano Félix (CAF); se les liberó casi siete años después.  Jacobo fue capturado y liberado en dos ocasiones,  primero siendo delegado policiaco en La Mesa fue detenido en abril de 2002 y después como responsable del campo de tiro en noviembre de 2008. En esa misma fecha fueron arrestados los jefes  Nieves Reta, Sergio Tejeda Martínez y  Rigoberto Rodríguez, todos liberados entre 2013 y 2015. En ese grupo iban 14 policías que ya fueron liberados e iniciaron sus procedimientos contra el Ayuntamiento de Tijuana. Otros dos jefes policiacos, Gilberto Fimbres y el compadre del narcotraficante Jorge Briseño “El Cholo”, Javier Cárdenas Salgado, siguen en prisión.  Si todos estos agentes liberados ganan su proceso, el Ayuntamiento deberá desembolsar por lo menos y con corte al día de hoy,  20 millones de pesos. “Un policía que gana 14 mil pesos al mes, en este tipo de procedimientos se puede llevar un promedio de medio millón de pesos, pero si pelea y alarga el tiempo del proceso, se lleva más y casi siempre lo extienden”, explicó un abogado de la Consejería Jurídica. Todos habían sido señalados de recibir dinero y hacer labores como policías y como delincuentes  para el CAF. Los declarantes en su contra fueron criminales que se acogieron al sistema de resguardo de la Procuraduría General de la República, convertidos en testigos protegidos. Los acusadores son: Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, identificado en el expediente como “Guadalupe”; Pedro Ignacio Zazueta “El Pit”, a quien llamaron “Angélica”; y Marcos Assemat Hernández, registrado como “Fernando”. Después de varios años, los juzgadores consideraron que las declaraciones de los narcotraficantes detenidos y protegidos eran insuficientes  y que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no había aportado los elementos de circunstancia, tiempo, modo y lugar requeridos; y que desde el inicio, la detención de había hecho mal porque no se acreditó la delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud   Al pueblo le toca pagar millones   Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, explicó que en todos los casos de policías removidos antes de 2010 se realizó el procedimiento de remoción. “Hicimos 400 en total”, recalcó el ex consejero jurídico Raúl Corona Sesma, a quien correspondieron estos trámites. Según Herrera, en aquel tiempo completar el proceso era responsabilidad de la Sindicatura -a cargo de Héctor Magaña Mosqueda- porque no existía la actual figura de la Comisión del Servicio Profesional de carrera de la Policía. Ahora, conforme a las determinaciones en los juicios de amparo o nulidad que los policías liberados han promovido ente el Tribunal Contencioso, en todos los casos, se violentó el proceso. Y detalló que al remover a estos policías que se llevaron presos, por faltas o pérdida de confianza, se incurrió en lo siguiente: 1.- No se les dio garantía de audiencia, estaban internos en otro Estado. 2.- No fueron a citar o a declarar a los penales donde los habían apresado. 3.- No los notificaron conforme al protocolo.     “Como al final, por las razones que fueran -no voy a juzgar- resultaron inimputables, ellos alegaron ante el Tribunal Contencioso que su despido fue además de injustificado, violatorio a proceso, entonces el Tribunal nos sentencia a pagarles los salarios caídos, porque no fueron removidos correctamente”, aclaró el funcionario. El siguiente problema se presenta cuando, además de la indemnización, los ex agentes exigen la reinstalación: “Acto para el que saben, estamos impedidos”. El Artículo 123 apartado C fracción XIII de la Constitución instruye que si la autoridad resuelve que la remoción fue injustificada, “… el Estado solo está obligado a  pagar indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación”. Pese a la prohibición constitucional, el Tribunal les admite al proceso. “Finalmente no nos pueden ordenar reinstalar, pero mientras pasa el tiempo, el monto de la indemnización sigue creciendo”, reconoció Herrera, “y ese proceso pueden llevar dos o tres años”. ZETA planteó al entrevistado que el consejero jurídico de 2008 a 2010 informó a este Semanario que en aquel momento se hicieron los procedimientos y se determinaron las indemnizaciones cubriendo todos los derechos con corte hasta el último día que habían trabajado, a lo que agregó: “Sí, pero no lo cobraron, no lo aceptaron, por eso el proceso continuó”.   Sindicatura, responsable pero intocable   — En aquel momento, ¿a quién le correspondía notificar, dar la garantía de audiencia y declarar a los policías detenidos? “A la Sindicatura”. — Entonces ¿por qué no le fincan responsabilidad al ex síndico por el daño patrimonial que está causando? “Con la Sindicatura es muy difícil, ellos son los encargados de sancionar, así que la única manera posible de sancionarlos es a través del órgano Superior de Fiscalización del Congreso y por medio de un juicio político” explicaron en la Consejería Jurídica. Se les preguntó si no debía ser el ex síndico Magaña quien debía responder por el daño, y después el Ayuntamiento como deudor solidario. “Eso funciona en la Iniciativa Privada, aquí el gobierno es uno solo, y es el Ayuntamiento quien debe responder”, finalizó Herrera Zavala.    Los 25 de Nayarit   Otro caso similar es el de los agentes detenidos entre el 21 y 27 de marzo de 2009: Artemio Duarte Martínez, Blanca Berenice Huizar Munguía, Carlos Cervantes Álvarez, Gerardo Garduño Escobar, Jaime Berúmen Borrallo, Jaime Alberto Ávila Flores, Jorge Sánchez Reyes, Jorge Ernesto Pérez Avendaño, José Alberto Castillo Ortiz, José Alfredo Cuevas Híguera, José Carlos Ávalos Luis, Luis Alberto Toledo Coello, Manuel Guerrero Flores, Manuel Adelmo Olivas Coss, Miguel Ángel Mesinas López, Maximino García Luna, Omar Medina Ricardo, Raúl Delgado Rivera, René Huante Mondragón, Roberto Zaragoza Martínez, Rodolfo Ismael Nava, Rolando Saldaña Chacón, Salvador Bolaños Sánchez, Samuel Alonso Ureña Varo, Víctor Manuel González Méndez. En boletín de prensa emitido el 8 de mayo de 2009, la PGR informó respecto a esta detención: “Derivado de las pruebas jurídicas aportadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez Quinto de Distrito en el Estado Baja California libró orden de aprehensión por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento”. El mismo texto que en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/717/09, las declaraciones rendidas y los elementos probatorios determinaban que los oficiales estaban relacionados “… con la organización criminal de Teodoro García Simental alias ‘El Teo’, que opera en la ciudad de Tijuana”. Al ser liberados, este grupo tuvo una reunión con autoridades municipales y les ofrecieron una cantidad de indemnización, tres aceptaron y se fueron, los otros 22 exigieron ser reinstalados y  su proceso continua mientras acumulan cientos de miles de pesos a su indemnización. Actualmente el monto que se les adeuda, fluctúa entre 500 mil y 800 mil pesos, dependiendo del sueldo que el oficial tenía al ser detenido. Solo a este grupo se le deben más de 15 millones de pesos   Otros 40 liberados   Un caso más que incluyó indemnizaciones, algunas todavía en proceso, fue el de los uniformados detenidos el 29 de julio de 2010. En total fueron 62 agentes del orden, 16 eran ministeriales y 46, policías municipales de Tijuana. Conforme a información proporcionada por la autoridades, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó armar este expediente desde diciembre de 2008, tenía declaraciones de los ex policías Luis Carrillo Osorio, Luis Gilberto Sánchez Guerrero; y de los criminales Edgar Zúñiga “El Mono”, Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón” y Raydel López Uriarte “El Muletas”. Las órdenes de aprehensión por “delincuencia organizada” las obtuvo la SEIDO el 15 de abril de 2010, y las ejecutó el 29 de julio de 2010. El 90 por ciento de los detenidos obtuvo su libertad en marzo de 2011, cuando un juez detectó una irregularidad cometida por el Ministerio Público federal. La SEIDO presentó el expediente en contra de los policías para solicitar las órdenes de aprehensión al Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales en Nayarit, entidad que se las negó en 2010 por falta de elementos, porque solo contenía los señalamientos de los narcotraficantes, sin otros elementos de prueba. Después, sin cambiar más que el orden de los nombres de los acusados y el número de la averiguación previa,  el Ministerio Público de la SEIDO presentó el mismo expediente ante el Juez Segundo de Distrito en materia penal en Matamoros, otorgando las órdenes en abril del mismo año. En 2012, el Tribunal Contencioso y los de Amparo determinaron que hubo anomalías en sus procesos de remoción, y también hay que indemnizarlos. En este caso se ignora cuántos han sido beneficiados, así como el importe.   El ex consejero jurídico en el caso de los agentes   Consultado, Raúl Corona Sesma reiteró que se hicieron los respetivos expedientes de remoción y la relación laboral la terminó legalmente el XIX Ayuntamiento, encabezado por Jorge Ramos.  Agregó que en estos casos “se les paga hasta el día que trabajaron, que fue cuando se les removió del cargo, no hay obligación de pagar salarios no devengados”. — ¿Por qué si se realizó la indemnización en su momento, ahora deben pagarse salarios caídos?  “Solo que no exista el expediente de remoción, o que haya un laudo judicial que así lo instruya”. En este último caso, el Código Civil establece el primer responsable en responder por los daños al erario,  es el funcionario que no levantó las actas correctamente. El ex consejero jurídico concluyó: “Si a un funcionario que no sea policía se lo lleva la SEIDO, y regresa después porque lo declararon inocente, ¿también puede reclamar que el gobierno le pague por los días que no trabajó? No tiene sentido”.     Asesinatos en alza   La semana pasada, al miércoles 15 de abril, Tijuana sumaba 22 muertes en el mes, en ese período asesinaron un promedio de 1.8 personas por día. Esta semana que concluye, los números de la Procuraduría del estado indican que al miércoles 22 de abril los muertos en Tijuana ya sumaban 37, entonces, en la reciente semana asesinaron a 15 personas más, lo que da un promedio de 2.1 homicidios diarios en los últimos siete días. Lo que demuestra que el delito de homicidio está repuntando, contrario a lo declarado por la Procuradora del estado, Perla Ibarra. La estadística oficial indica que: el 27.6 por ciento de los homicidios se han dado en la zona norte; el 13.8 por ciento en Sánchez Taboada; el 10.3 por ciento en Playas; otros 10.3 por ciento en La Mesa y la Presa respetivamente. Y el resto distribuido en las demás delegaciones. El 60 por ciento ha tenido como motivo las pugnas por narcomenudeo y en el mismo porcentaje se ha usado arma de fuego.   En la versión de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad al reconocer un aumento en los delitos de alto impacto, reclamaron primero el reciclaje de criminales, porque las policías y los militares los detienen y el Poder Judicial los libera. El secretario de seguridad estatal Daniel De la Rosa mencionó que de los 64 objetivos –criminales más buscados– en este 2015, un total de 26 han sido detenidos y de ésos 11 ya gozan de libertad, que son casos como el recién asesinado Manuel Toscano “El Mono” y su sucesor y cuñado, Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”. Desde la secretaría de seguridad municipal en Tijuana encabezada por Alejandro Lares agregan: “De 103 sujetos detenidos en casos relevantes este mes, 93 ya habían sido capturados en otros meses por diversos delitos” Y los investigadores recuerdan que uno de los vendedores de droga  detenido en dos ocasiones por la policía municipal en este mes de abril, les comentó: “Dos mil pesos en el juzgado y estás fuera”. En este esquema de homicidios, tanto De la Rosa como Lares, insisten que la comunidad, los ciudadanos honestos no están en riesgo, porque tanto los asesinados como los homicidas son narcomenudistas y ejemplifican: Manuel Toscano “El Mono” asesinado el 9 de abril, fue capturado previamente por robo simple, robo calificado, secuestro, delitos contra la salud, portación de arma de fuego: luego Jesús García Rodríguez localizado con un tiro en la cara el 18 de abril de 2015  en una casa en la colonia nueva Tijuana, en marzo de 2014 lo habían detenido porque tenía una orden de aprehensión por robo y homicidio, y llevaba 14 años prófugo. Óscar Alfonso López Flores y Vanessa Elizabeth Oliveros Rueda asesinados el 19 de abril de 2015, habían sido encarcelados juntos por portación de arma de fuego el año pasado; Pedro Alejandro García Campos asesinado el 20 de abril, estuvo detenido por narcomenudeo, robo y pandillerismo; Luis Javier García Jiménez, asesinado el 21 de abril, capturado previamente por los delitos de lesiones, contra la salud, posesión de arma y homicidio; y Omar González Amador. También acribillado el 21, lo habían detenido dos veces por posesión de arma, posesión de droga, robo con violencia y faltas administrativas. De los narcomenudistas homicidas implicados en los asesinatos recientes, la secretaría de seguridad pública municipal informó que esta semana detuvieron a dos, pero no el flagrancia: Gilberto García Hernández alias el “Payaso”, quien fue capturado con otros tres sujetos, dos armas y varias dosis de droga el miércoles 22 de abril: y Marco Antonio Lizárraga Ramírez “El Toño” apresado el jueves 23 de abril. El problema es que fueron presentados ante el Ministerio Público por otros delitos y no por los asesinatos de los que son sospechosos. Actualmente, las fuerzas operativas estatales y municipales también buscan como presuntos homicidas implicados en hechos recientes a Alejandro Martínez “El Billy”, Martín Sánchez Guzmán “El Martín”, Omar Alberto Zamora Pantoja “El Monstruo”, Edgar Omar Rodarte Sánchez “El Chore”.   De resultados y trabajo “coordinado”   “Traemos operativo en conjuntos, hay presencia policiaca esta semana se incorporó la Policía Estatal Preventiva que andaba en San Quintín, también vino gente de Ensenada. Traemos el grupo operativo mixto, hemos logrado detenciones de narcomenudistas y cargamentos de droga –27 de marzo, un camión con 8.5 toneladas de marihuana–, en los puntos preventivos de revisión en los primeros 20 días del mes hicimos efectivas 56 órdenes de aprehensión. “En las colonias donde está focalizada la violencia como Sánchez Taboada y cierta parte de Playas,  además de los patrullajes y operativos especiales están las casetas, son entre 3 y cinco casetas por circuito”, detalló Alejandro Lares. “Si hay escenarios de alto impacto hay un reajuste, un reacomodo que tiene que ver con deudas por micro menudeo. Y sabemos que en toda la vida del narcotráfico o se paga con dinero o se paga con plomo, tenemos el problema de los excarcelados del reciclaje de los criminales. Pero no hay un descontrol”, dijo Lares. De la Rosa también habló de trabajo coordinado: “Aunque no andamos todos juntos, ni nos repartimos las zonas por corporación, como en otro sexenio, sí estamos trabajando juntos, se decidió que primero, todos íbamos a combatir las zonas donde se está generando homicidios, Sánchez Taboada, Camino Verde, Zona Norte, Playas, y ahí estamos. “El resultado es que ya no se están dando los hechos de alto impacto en las zonas más céntricas, como la zona del Río, zona Centro, Playas, o La Mesa. Y ya no están matando en vía pública, sino en casas. Se generó capacidad de respuesta “Y eso es en el tema operativo, a la par estamos viendo los aspectos de investigación preventiva, por un lado el ataque a los puntos de venta de droga que son por los que se están generando estos enfrentamientos; y por otro lado en el esquema de inteligencia compartida más focalizado a la búsqueda de los líderes mayores que no están en el estado”, concluyó De la Rosa.         

En Ensenada el servicio de transporte público cuesta 10 pesos. Las unidades tienen por lo menos la edad de los bachilleres o universitarios y las rutas poco se han modificado. Pero  los aumentos en la tarifa han sido recurrentes. Los concesionarios presionan para lograr este año un incremento de 2 pesos porque afirman que ya no es negocio. El lunes 13 de abril empleados y concesionarios del transporte público masivo tomaron el estacionamiento del Palacio Municipal en protesta porque la actual administración no les ha otorgado aumento. El movimiento fue encabezado por Armando Gutiérrez Guerra, a nombre únicamente de las empresas Transportes Brisa, El Vigía, Rojo y Blanco, Amarillo y Blanco, así como los transportes públicos masivos de San Quintín, deslindándose de su líder estatal Raúl Carrillo y de cualquier declaración que éste emitiera al respecto. Esa mañana, Gutiérrez Guerra declaró también que la protesta fue en atención a la necesidad económica de las familias que subsisten de la concesión del transporte, no a cuestiones políticas. Piden aumento del 20 por ciento sobre la tarifa actual. El alcalde Gilberto Hirata Chico se mostró incómodo por el asedio de los medios de comunicación, dijo que la tarde de ese mismo día atendió a los manifestantes, brevemente habló de la posibilidad de buscar recursos federales para apoyar al sector. No dijo ni sí, ni no, o si de haber un incremento de cuánto sería o cuándo se aplicaría. La nueva tarifa que proponen los transportistas proviene de un estudio realizado por el guanajuatense Quintín Durazo, pagado primero por los transportistas y luego por el mismo Ayuntamiento.   Aumentos y promesas   El 31 de marzo de 2006 en el Diario Oficial del Estado se publicó un acuerdo de Cabildo por el cual aprobó un aumento en la tarifa del servicio del transporte público en Ensenada, entonces el presidente municipal era el panista César Mancillas Amador. Con 11 votos a favor ese año los usuarios del transporte solventaron el incremento de 1 peso; el alcalde, el síndico procurador Isaac Chapluck, así como los ediles panistas Ernesto Pedrín, Ricardo Lomelí, Adela Lozano, Georgina Posada, Alfonso Talavera, Nélida Pelayo y Salvador Abarca, lo aprobaron. Dos votos más los patrocinaron el priista Felipe Romero Guzmán, hijo de Santana Romero, líder en Ensenada de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicato al que están adheridos los transportistas y Arnoldo Carlos García Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El sector firmó un pergamino interminable de promesas de modernización, que incluyó nuevas unidades, introducción de rutas troncales, paraderos, uniformes y antidoping para los choferes; mejor trato al usuario, respeto a las personas con capacidades especiales a los que se les negaba el servicio. Se acordó salieran de circulación las unidades más antiguas. Prometieron el sol, la luna y las estrellas. El documento fue “fedatado” por Julio César Arenas, que fungía como secretario general del XVIII Ayuntamiento y lo firmaron los integrantes del sector transportista que se beneficiaron con el aumento. El costo quedó en 6.50 pesos y los compromisos inconclusos. El 24 de febrero de 2009 en sesión extraordinaria de Cabildo del XIX Ayuntamiento que encabezó el también panista Pablo Alejo López Núñez, referente a otro aumento, el dictamen número 03/2009 fue presentado por las comisiones conjuntas de Seguridad, Tránsito y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, Hacienda y Patrimonio Municipal, Planeación y Desarrollo Económico. El acta establece que el ajuste se solicitó desde diciembre de 2008. Los concesionarios a través del entonces director de la Unidad Municipal de Transporte, Daniel Valeriano, manifestaron “estar conscientes de que a nadie escapa de la situación económica que actualmente afecta al mundo, a nuestro país, estado y municipio”. “Nos ha impactado en forma tan importante que ha provocado un serio incremento en los precios de los insumos particularmente el diésel, gasolina y el gas que consumen las unidades, considerando además los altos incrementos que han sufrido los costos de las refacciones, lubricantes, llantas y en general todos los insumos que se utilizan para su operación el transporte público”. “…situación que se agrava si se considera que hace más de dos años que no se ha incrementado la tarifa ordinaria provocando la descapitalización de las concesionarias y la imposibilidad económica de buscar la renovación de más unidades, como la ciudadanía, el gobierno y ellos quisieran”, también menciona el acta pública. Les fue concedido el ajuste a la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S. C. L. de C. V., denominados Rojo y Blanco; Sociedad Cooperativa Microbuses de Transportes Urbanos de Primera Clase, S. C. L. de C. V., o Amarillo y Blanco; Transportes Brisa S.A. de C. V., Transportes Flecha Verde S.A. DE C. V., Transportes El Vigía S.A. de C. V., Taxis Azul y Blanco, Verde y Blanco, Franja Dorada y Franja Naranja. En el 2009 aumentaron 1.50 pesos la tarifa, quedando en 8 pesos por pasajero. El Cabildo otra vez les condicionó a la mejora del servicio, y los transportistas prometieron que ahora sí habría resultados. El primer compromiso fue que la tarifa para los estudiantes y la tercera edad, se sostuviera en 3 pesos, los discapacitados seguirían viajando gratis. Los alumnos desde nivel básico hasta superior recibirían este beneficio. “Continuar con el esfuerzo de modernización, no solo con la adquisición de unidades nuevas, sino con la regularización de todas las rutas y los sistemas tradicionales del transporte en materia de cobro y operación de los choferes, en las modalidades beneficiadas por este ajuste.”, presuntamente les pusieron como condiciones. Efectuar un espaciamiento en los horarios de salida de las unidades, buscando con esto reducir la saturación en las vías de comunicación más usadas, y capacitación de los operadores respecto a trato al usuario y calidad del servicio, a efecto de lograr que el operador del transporte público atienda con respeto, cortesía y dignidad a todos los usuarios, principalmente a los ancianos. Nuevamente a la mesa llegó el tema de los exámenes toxicológicos a los operadores, lo de uniformarlos al cien por ciento, e implementar paulatinamente durante el año 2009 la renovación de las unidades para cumplir con la Norma Técnica Número 12. Entre otros, los objetivos de la Norma Técnica 12 introducida desde el 2008 a la reglamentación municipal –por lo menos en papel– fue la de “establecer los requerimientos mínimos para autorizar el alta de unidades del transporte público”. Prometieron contratar un seguro formal para el usuario con cobertura de daños a terceros, participar en el proceso de reubicación de las terminales ubicadas en el centro de la ciudad, en la modalidad de transporte masivo, que deberían haber iniciado a más tardar a finales de junio de 2009. Todo compromiso tuvo fecha cierta. En el Diario Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2011 se publicó otro incremento. Esta vez en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de septiembre del mismo año el XX Ayuntamiento a cargo del priista Enrique Pelayo Torres lo aprobó mediante el dictamen 01/2011. Solicitaron un ajuste emergente del 36.78 por ciento “con base a la caótica situación por la que atraviesa el sector, a fin de evitar la parálisis operativa de las empresas”, destacando que los insumos se elevaron considerablemente con la inflación. El aumento hubiera sido de 2.94 pesos pero el Cabildo consideró –para no afectar al sector más vulnerable, al que hace uso del transporte público– condonar el cobro de los 94 centavos. “Significaría un revés que atentaría duramente contra la economía familiar”, justificó el entonces regidor del Partido Verde Ecologista de México, Alfonso Blancafort, encargado de la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. La tarifa pasó de 8 a 10 pesos, en apoyo a los que menos tienen. De nueva cuenta se sujetaron a compromisos que “permitan un equilibrio entre el favorecimiento de las condiciones económicas del concesionario y permisionario del transporte, y el menor impacto posible a la economía del usuario”, rubrica el acta. Como último punto, establece que a partir del mes de noviembre de 2011, supuestamente la Unidad Municipal del Transporte, entonces a cargo de Raúl Carrillo, actual líder de la Unión Estatal de Transporte de Baja California, afiliada al PRI, aplicaría una medida de sustitución vehicular de modelos 1996 y anteriores. Modelos 1996 que habían salido de circulación en el 2006 –de los pocos compromisos cumplidos y sostenidos por los transportistas– volvieron a la circulación.   Incremento ilegal   El 20 de septiembre de 2014, aprovechando que el alcalde Gilberto Hirata Chico y la mitad del Cabildo del XXI Ayuntamiento atendían el desastre que dejó el huracán Odile en Bahía de los Ángeles, aplicaron de manera ilegal un aumento de 3.5 pesos. Las unidades del transporte masivo circularon desde las 05:00 horas con la leyenda de “nueva tarifa oficial 13.5 pesos”. Los choferes fueron instruidos para realizar el cobro, pese a la inconformidad y asombro de los usuarios que en algunos casos tuvieron que bajarse del micro porque no les alcanzaba. Unidades destinadas a la ruta Popular 89 fueron apedreadas por los habitantes y en otros casos ni siquiera los dejaron recorrer el circuito. El pueblo se mostró furioso y los choferes fueron agredidos verbalmente por los molestos usuarios. El regidor Arturo Serratos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que sí se encontraba en la ciudad, comentó que inmediatamente informó a Felipe Romero Guzmán, actual titular de la Unidad Municipal de Transporte, la falta cometida por parte de los transportistas, pero éste alegó que él no contaba con denuncias, por lo que no podía actuar. El asunto fue solucionado al filo de las 16:00 horas, incluso las autoridades abordaron los microbuses y camiones para advertir a los usuarios que el aumento era ilegal. Confiscaron unidades que todavía ostentaban la leyenda con la “nueva tarifa”.  El 21 de septiembre de 2014, a través de un comunicado, el Secretario General del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, a nombre del Gobierno Municipal fustigó el actuar de los transportistas pero fue ése el único acto en contra del sector. Arturo Serratos comentó en entrevista con ZETA que después de los hechos del 20 de septiembre solicitó a Gilberto Hirata la remoción de Romero Guzmán, pero asegura que el alcalde contestó que si con eso fuera a solucionar el problema del transporte lo haría. El funcionario sigue en el cargo. En el actual Ayuntamiento coordina la comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte la regidora priista Columba Domínguez, quien paradójicamente pertenece a la Sociedad Cooperativa Microbuses de Transportes Urbanos de Primera Clase, S. C. L. de C. V., o Amarillo y Blanco, por lo que también a solicitud del edil perredista fue destituida en las mesas de diálogo con los transportistas. En sesión de Cabildo el regidor solicitó que el Ayuntamiento denunciara penalmente al sector transporte por usurpar funciones municipales, pero el Cabildo a través del regidor Jaime Zepeda manifestó que no era viable. La mayoría lo secundó y le sugirieron que lo hiciera a título personal. La comisión que atiende el tema del transporte le fue conferida precisamente a Jaime Zepeda, del Partido Encuentro Social, quien actualmente es candidato a diputado, por lo que no han podido sesionar, explicó Jesús Jaime González.   Revocación de concesiones, más largas   González Agúndez garantizó que el Gobierno Municipal ya inició con un procedimiento de revocación de las concesiones tras el aumento aplicado de manera ilegal el 20 de septiembre de 2014. Aseguró que los transportistas deberán aportar pruebas a su favor o manifestar lo que a su derecho convenga porque es lo conducente en el procedimiento. Al respecto el edil perredista comentó que si bien es cierto que el Ayuntamiento les anunció el presunto juicio, en Cabildo únicamente recibieron algunos documentos dirigidos a los concesionarios y permisionarios –ZETA tiene copia–, pero no contienen sellos de recibido. Arturo Serratos deduce que los transportistas no han sido debidamente notificados o por lo menos la Secretaría General no les exhibió a los miembros de Cabildo los documentos oficiales. El Gobierno Municipal no esconde los intereses políticos y los compromisos que guarda con el sector transportista, consideró Serratos Tejeda, coordinador de la Comisión de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal.