En Ensenada el servicio de transporte público cuesta 10 pesos. Las unidades tienen por lo menos la edad de los bachilleres o universitarios y las rutas poco se han modificado. Pero los aumentos en la tarifa han sido recurrentes. Los concesionarios presionan para lograr este año un incremento de 2 pesos porque afirman que ya no es negocio. El lunes 13 de abril empleados y concesionarios del transporte público masivo tomaron el estacionamiento del Palacio Municipal en protesta porque la actual administración no les ha otorgado aumento. El movimiento fue encabezado por Armando Gutiérrez Guerra, a nombre únicamente de las empresas Transportes Brisa, El Vigía, Rojo y Blanco, Amarillo y Blanco, así como los transportes públicos masivos de San Quintín, deslindándose de su líder estatal Raúl Carrillo y de cualquier declaración que éste emitiera al respecto. Esa mañana, Gutiérrez Guerra declaró también que la protesta fue en atención a la necesidad económica de las familias que subsisten de la concesión del transporte, no a cuestiones políticas. Piden aumento del 20 por ciento sobre la tarifa actual. 
El alcalde Gilberto Hirata Chico se mostró incómodo por el asedio de los medios de comunicación, dijo que la tarde de ese mismo día atendió a los manifestantes, brevemente habló de la posibilidad de buscar recursos federales para apoyar al sector. No dijo ni sí, ni no, o si de haber un incremento de cuánto sería o cuándo se aplicaría. La nueva tarifa que proponen los transportistas proviene de un estudio realizado por el guanajuatense Quintín Durazo, pagado primero por los transportistas y luego por el mismo Ayuntamiento. Aumentos y promesas El 31 de marzo de 2006 en el Diario Oficial del Estado se publicó un acuerdo de Cabildo por el cual aprobó un aumento en la tarifa del servicio del transporte público en Ensenada, entonces el presidente municipal era el panista César Mancillas Amador. Con 11 votos a favor ese año los usuarios del transporte solventaron el incremento de 1 peso; el alcalde, el síndico procurador Isaac Chapluck, así como los ediles panistas Ernesto Pedrín, Ricardo Lomelí, Adela Lozano, Georgina Posada, Alfonso Talavera, Nélida Pelayo y Salvador Abarca, lo aprobaron. Dos votos más los patrocinaron el priista Felipe Romero Guzmán, hijo de Santana Romero, líder en Ensenada de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicato al que están adheridos los transportistas y Arnoldo Carlos García Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El sector firmó un pergamino interminable de promesas de modernización, que incluyó nuevas unidades, introducción de rutas troncales, paraderos, uniformes y antidoping para los choferes; mejor trato al usuario, respeto a las personas con capacidades especiales a los que se les negaba el servicio. Se acordó salieran de circulación las unidades más antiguas. Prometieron el sol, la luna y las estrellas. El documento fue “fedatado” por Julio César Arenas, que fungía como secretario general del XVIII Ayuntamiento y lo firmaron los integrantes del sector transportista que se beneficiaron con el aumento. El costo quedó en 6.50 pesos y los compromisos inconclusos. El 24 de febrero de 2009 en sesión extraordinaria de Cabildo del XIX Ayuntamiento que encabezó el también panista Pablo Alejo López Núñez, referente a otro aumento, el dictamen número 03/2009 fue presentado por las comisiones conjuntas de Seguridad, Tránsito y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, Hacienda y Patrimonio Municipal, Planeación y Desarrollo Económico. El acta establece que el ajuste se solicitó desde diciembre de 2008. Los concesionarios a través del entonces director de la Unidad Municipal de Transporte, Daniel Valeriano, manifestaron “estar conscientes de que a nadie escapa de la situación económica que actualmente afecta al mundo, a nuestro país, estado y municipio”. “Nos ha impactado en forma tan importante que ha provocado un serio incremento en los precios de los insumos particularmente el diésel, gasolina y el gas que consumen las unidades, considerando además los altos incrementos que han sufrido los costos de las refacciones, lubricantes, llantas y en general todos los insumos que se utilizan para su operación el transporte público”. “…situación que se agrava si se considera que hace más de dos años que no se ha incrementado la tarifa ordinaria provocando la descapitalización de las concesionarias y la imposibilidad económica de buscar la renovación de más unidades, como la ciudadanía, el gobierno y ellos quisieran”, también menciona el acta pública. Les fue concedido el ajuste a la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S. C. L. de C. V., denominados Rojo y Blanco; Sociedad Cooperativa Microbuses de Transportes Urbanos de Primera Clase, S. C. L. de C. V., o Amarillo y Blanco; Transportes Brisa S.A. de C. V., Transportes Flecha Verde S.A. DE C. V., Transportes El Vigía S.A. de C. V., Taxis Azul y Blanco, Verde y Blanco, Franja Dorada y Franja Naranja. 
En el 2009 aumentaron 1.50 pesos la tarifa, quedando en 8 pesos por pasajero. El Cabildo otra vez les condicionó a la mejora del servicio, y los transportistas prometieron que ahora sí habría resultados. El primer compromiso fue que la tarifa para los estudiantes y la tercera edad, se sostuviera en 3 pesos, los discapacitados seguirían viajando gratis. Los alumnos desde nivel básico hasta superior recibirían este beneficio. “Continuar con el esfuerzo de modernización, no solo con la adquisición de unidades nuevas, sino con la regularización de todas las rutas y los sistemas tradicionales del transporte en materia de cobro y operación de los choferes, en las modalidades beneficiadas por este ajuste.”, presuntamente les pusieron como condiciones. Efectuar un espaciamiento en los horarios de salida de las unidades, buscando con esto reducir la saturación en las vías de comunicación más usadas, y capacitación de los operadores respecto a trato al usuario y calidad del servicio, a efecto de lograr que el operador del transporte público atienda con respeto, cortesía y dignidad a todos los usuarios, principalmente a los ancianos. Nuevamente a la mesa llegó el tema de los exámenes toxicológicos a los operadores, lo de uniformarlos al cien por ciento, e implementar paulatinamente durante el año 2009 la renovación de las unidades para cumplir con la Norma Técnica Número 12. Entre otros, los objetivos de la Norma Técnica 12 introducida desde el 2008 a la reglamentación municipal –por lo menos en papel– fue la de “establecer los requerimientos mínimos para autorizar el alta de unidades del transporte público”. Prometieron contratar un seguro formal para el usuario con cobertura de daños a terceros, participar en el proceso de reubicación de las terminales ubicadas en el centro de la ciudad, en la modalidad de transporte masivo, que deberían haber iniciado a más tardar a finales de junio de 2009. Todo compromiso tuvo fecha cierta. En el Diario Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2011 se publicó otro incremento. Esta vez en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de septiembre del mismo año el XX Ayuntamiento a cargo del priista Enrique Pelayo Torres lo aprobó mediante el dictamen 01/2011. Solicitaron un ajuste emergente del 36.78 por ciento “con base a la caótica situación por la que atraviesa el sector, a fin de evitar la parálisis operativa de las empresas”, destacando que los insumos se elevaron considerablemente con la inflación. El aumento hubiera sido de 2.94 pesos pero el Cabildo consideró –para no afectar al sector más vulnerable, al que hace uso del transporte público– condonar el cobro de los 94 centavos. “Significaría un revés que atentaría duramente contra la economía familiar”, justificó el entonces regidor del Partido Verde Ecologista de México, Alfonso Blancafort, encargado de la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. La tarifa pasó de 8 a 10 pesos, en apoyo a los que menos tienen. De nueva cuenta se sujetaron a compromisos que “permitan un equilibrio entre el favorecimiento de las condiciones económicas del concesionario y permisionario del transporte, y el menor impacto posible a la economía del usuario”, rubrica el acta. Como último punto, establece que a partir del mes de noviembre de 2011, supuestamente la Unidad Municipal del Transporte, entonces a cargo de Raúl Carrillo, actual líder de la Unión Estatal de Transporte de Baja California, afiliada al PRI, aplicaría una medida de sustitución vehicular de modelos 1996 y anteriores. Modelos 1996 que habían salido de circulación en el 2006 –de los pocos compromisos cumplidos y sostenidos por los transportistas– volvieron a la circulación. Incremento ilegal El 20 de septiembre de 2014, aprovechando que el alcalde Gilberto Hirata Chico y la mitad del Cabildo del XXI Ayuntamiento atendían el desastre que dejó el huracán Odile en Bahía de los Ángeles, aplicaron de manera ilegal un aumento de 3.5 pesos. Las unidades del transporte masivo circularon desde las 05:00 horas con la leyenda de “nueva tarifa oficial 13.5 pesos”. Los choferes fueron instruidos para realizar el cobro, pese a la inconformidad y asombro de los usuarios que en algunos casos tuvieron que bajarse del micro porque no les alcanzaba. Unidades destinadas a la ruta Popular 89 fueron apedreadas por los habitantes y en otros casos ni siquiera los dejaron recorrer el circuito. El pueblo se mostró furioso y los choferes fueron agredidos verbalmente por los molestos usuarios. El regidor Arturo Serratos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que sí se encontraba en la ciudad, comentó que inmediatamente informó a Felipe Romero Guzmán, actual titular de la Unidad Municipal de Transporte, la falta cometida por parte de los transportistas, pero éste alegó que él no contaba con denuncias, por lo que no podía actuar. El asunto fue solucionado al filo de las 16:00 horas, incluso las autoridades abordaron los microbuses y camiones para advertir a los usuarios que el aumento era ilegal. Confiscaron unidades que todavía ostentaban la leyenda con la “nueva tarifa”. El 21 de septiembre de 2014, a través de un comunicado, el Secretario General del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, a nombre del Gobierno Municipal fustigó el actuar de los transportistas pero fue ése el único acto en contra del sector. Arturo Serratos comentó en entrevista con ZETA que después de los hechos del 20 de septiembre solicitó a Gilberto Hirata la remoción de Romero Guzmán, pero asegura que el alcalde contestó que si con eso fuera a solucionar el problema del transporte lo haría. El funcionario sigue en el cargo.
En el actual Ayuntamiento coordina la comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte la regidora priista Columba Domínguez, quien paradójicamente pertenece a la Sociedad Cooperativa Microbuses de Transportes Urbanos de Primera Clase, S. C. L. de C. V., o Amarillo y Blanco, por lo que también a solicitud del edil perredista fue destituida en las mesas de diálogo con los transportistas. En sesión de Cabildo el regidor solicitó que el Ayuntamiento denunciara penalmente al sector transporte por usurpar funciones municipales, pero el Cabildo a través del regidor Jaime Zepeda manifestó que no era viable. La mayoría lo secundó y le sugirieron que lo hiciera a título personal. La comisión que atiende el tema del transporte le fue conferida precisamente a Jaime Zepeda, del Partido Encuentro Social, quien actualmente es candidato a diputado, por lo que no han podido sesionar, explicó Jesús Jaime González. Revocación de concesiones, más largas González Agúndez garantizó que el Gobierno Municipal ya inició con un procedimiento de revocación de las concesiones tras el aumento aplicado de manera ilegal el 20 de septiembre de 2014. Aseguró que los transportistas deberán aportar pruebas a su favor o manifestar lo que a su derecho convenga porque es lo conducente en el procedimiento. Al respecto el edil perredista comentó que si bien es cierto que el Ayuntamiento les anunció el presunto juicio, en Cabildo únicamente recibieron algunos documentos dirigidos a los concesionarios y permisionarios –ZETA tiene copia–, pero no contienen sellos de recibido. Arturo Serratos deduce que los transportistas no han sido debidamente notificados o por lo menos la Secretaría General no les exhibió a los miembros de Cabildo los documentos oficiales. El Gobierno Municipal no esconde los intereses políticos y los compromisos que guarda con el sector transportista, consideró Serratos Tejeda, coordinador de la Comisión de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal.
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