La del 13 de mayo, fue una noche larga en Ensenada, precedida de un fin de semana conflictivo como pocas veces se había visto en San Quintín. Los reporteros amanecidos recibieron solo al final, una copia tamaño carta con los temas acordados. La jornada terminó en zafarrancho en los exteriores de la Administración Portuaria Integral (API), pero ahora no entre jornaleros y policías, sino entre jornaleros y periodistas. A pesar de la intensa jornada de negociación que se extendió hasta las cinco de la mañana del jueves 14 de mayo, las partes no pudieron concretar un incremento salarial de 200 pesos diarios, y pospusieron la negociación para el próximo 4 de junio, tres días antes de las elecciones intermedias en Baja California para elegir candidatos federales. La fecha del encuentro entre jornaleros y gobierno originalmente estaba pactada para el viernes 8 de mayo, pero el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava dejó plantados a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, lo que desembocó en actos vandálicos como la quema de dos patrullas, la unidad  táctica especializada “El Tiburón”, el incendio de las instalaciones de la Delegación Vicente Guerrero, el bloqueo de vialidades a la colonia “La Misiones” y el enfrentamiento físico entre policías y civiles, amén de la serie de desdichos entre autoridad y jornaleros. Re agendada entonces para el miércoles 13 de mayo y con la condicionante de no meterse a “la línea de fuego” en San Quintín, Miranda Nava puso como requisito que el sitio para la nueva mesa de acuerdos fuera en la zona urbana de Ensenada. Y hasta minutos antes del encuentro se dio a conocer como sede  la Administración Portuaria Integral, edificio custodiado por el Ejército Mexicano y Armada de México. A las tres de la tarde llegaron cinco camiones cargados con simpatizantes de la Alianza de Jornaleros. Entre éstos y reporteros sumaban unas 300 personas que se mantuvieron a la espera de los resultados del encuentro. Llegaron el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, el dirigente de Confederación de Trabajadores de México, Eligio Valencia Roque, la delegada federal del Trabajo, Minerva Torres. Atardeció y el frío de diez grados centígrados apretaba y el ambiente se tornó tenso entre manifestantes, guardias de seguridad privada y representantes de los medios quienes insistían en ingresar a la sala a juntas como lo prometieron en un inicio las autoridades del Gobierno del Estado, incluso con un conato de violencia. A diferencia de las reuniones anteriores celebradas en el sur del municipio, los líderes se presentaron esta vez con otro rostro y actitud distante con los reporteros. Durante los recesos se les pudo ver sonrientes y amigables en los pasillos del edificio público, mientras que con la prensa demostraron una actitud evasiva. “¡Periodistas!… van a pensar que somos nosotros los que tenemos el escándalo, no echen a perder lo que hemos estamos esperando por 20 años. Más respeto por favor”, gritaban a lo lejos los simpatizantes de los líderes llevados hasta allí por un convoy de cinco autobuses y escoltados por patrullas federales. Afuera del edificio, en la madrugada del 14 de mayo, los presentes hicieron sus casas de campaña en las banquetas, jardineras y la entrada al edificio, donde tendieron chamarras, chalecos y hasta con cartones se cubrieron de las bajas temperaturas y la brisa marina. “Lo que tiene que hacer uno por unos cuantos pesitos más, pero ojalá y Dios nos den lo que pedimos porque no alcanza para nada”, mencionó Luisa, una mujer de Tapachula, Chiapas, quien viajó sola para apoyar al grupo.   Tensa expectativa en el valle   “A la expectativa…” definió muy bien Luis Barrita la actitud de los cientos de jornaleros y sus familias que desde el mediodía del miércoles 13 se apostaron a ambos lados de la avenida principal de la colonia “Las Misiones”, en donde permanecieron hasta el amanecer del día siguiente para recibir a sus líderes. Era una muchedumbre y la expectativa tensa: “Estamos esperando los resultados”, se referían muchos como si del marcador final de un partido de futbol se tratara.  Desde Maneadero, y en puntos como Punta Colonet, Camalú, Ejido Díaz Ordaz, Vicente Guerrero y fuera del Centro de Gobierno, los jornaleros a la espera iban de los unos cuantos a decenas, con el mismo sentir: “Esperando que ya haya respuesta”. ¿Y si no la hay?, se les preguntaba y ahí la reacción era variada: “No sabemos aún…”, “los de arriba van a decidir”, “se va armar chido…”, “se va a hacer el desmadre”, “vamos a cerrar las carreteras”, “ser pacíficos ya no funciona”. También había preocupación por Fermín, Fidel, Justino, Bonifacio y Lucila, “por qué se los llevaron para allá…”, “Dios quiera y los regresen con bien”, “cuál fue la idea de llevárselos a Ensenada”. Oscureció en la colonia “Las Misiones” y la cantidad de gente se duplicó. Con oradores al micrófono, comida, fogatas aquí y allá, toda la comunidad se congregó en la calle en una tierra sin ley ni vigilancia: “No…aquí los policías ya no entran…De hecho desde antes de lo del sábado nunca han entrado…”. Los golpes, pedradas, balazos y gritería con que amaneció el sábado pasado la “Nueva San Juan Copala” ahora eran anécdotas para el recuerdo: “Del tiburón saliendo corriendo los policías, los tupieron a patadas y unos hasta lloraban, pedía clemencia que también tenían familia”, narra una residente. Pese a que los líderes de la Alianza se han deslindado de los disturbios, todos los habitantes de la comunidad festejan la forma en que los policías y sus vehículos fueron atacados y echados de la zona. Y hasta revelan datos para la nota: “En la Delegación Vicente Guerrero que quemaron, entramos y encontramos en las oficinas de todo…condones…revistas para adultos, tangas…ahí quedaron por la calle regados todos los condones…¡qué bien se la pasaban los policías adentro!”.    O lo más grave aún. Cuentan que al huir el personal de la Delegación, así como los policías estatales en la calle, dejaron regadas algunas pistolas, chalecos antibalas, y otras armas que se llevaron los jóvenes que vandalizaron… “y nadie, ni el gobierno, ha mencionado de eso”. En medio de la romería, la espera continuaba, y la desesperación y ganas de una respuesta definitiva; si no… “¡lo que venga!” “¿Con qué nos vamos a defender?” “¿Con llantas quemadas?…no queremos votaciones…no queremos gobierno. Hemos sido muy respetuosos…”.   Jornaleros vs. Autoridades: Dichos y desdichos   “Sabemos que el crimen se ha cometido desde hace muchos años en el ámbito laboral, y ahora ya es un asesinato directo de parte de la Policía Ministerial, coordinado por el Gobierno de Baja California y el subsecretario de Gobernación”, señaló directamente Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros de la Alianza de Jornaleros, tras los disturbios que dejaron una Delegación en ruinas, dos patrullas, carbonizados varios carros de empleados municipales y la tanqueta “El Tiburón” de policía estatal vandalizada. Acusó al Enrique Miranda Nava de propiciar detenciones masivas para denostar su movimiento: “Los compañeros jornaleros han guardado la compostura, hasta ahorita, sin embargo por parte de la Policía Ministerial no, ya hay tres muertos”, aseveró. Al día siguiente el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, hubieron de dar una conferencia de prensa con lujo de detalle que la intervención de la Policía Estatal Preventiva había acudido a una llamada de emergencia al C4 tras la llamada de auxilio del propietario del “Rancho Seco”, a quienes unos muchachos le estaban quemando el cerco y amenazaban con incendiar todo el campo. Al llegar los elementos aparecieron más atacantes de la colonia aledaña, “Las Misiones”, y es cuando se suscitó el enfrentamiento y les elementos tuvieron que responder con balas de goma para salvar su humanidad, dijeron oficialmente. Pero nunca explicaron lo de la presencia del “Tiburón”, del que los jornaleros reiteran: “Por qué traen un tanque, si no somos narcos, ni estamos de guerra”. También desmintió el Gobierno del Estado que hubiera muertos, “ni siquiera hay un solo herido en las distintas clínicas del sector salud en Ensenada”. Mientras en las calles los líderes y jornaleros exigían la liberación de los detenidos y la cabeza de Kiko Vega: “¡Que caiga el gobernador!”. En los días siguientes los líderes de la alianza aceptaron que, en efecto, no había muertos, pero sí algún herido “de bala de verdad al que le dispararon en las piernas”, así como otros dos que al quedar tirados por el impacto de las gomas de bala y al no reaccionar, “pensamos que habían muerto”. Lo que no aminoró el agravio, aclaró: “Claro, no son heridas graves, pero está el compañero al que le quebraron la cabeza, la compañera a la que le tumbaron los dientes, este niño de 7 años que fue golpeado brutalmente por la Policía Estatal…”. Pablo Alejo Nuñez, subsecretario de Gobierno y Arnulfo de León Lavenant, quien incluso hasta estuvo a punto de llorar al tratar de convencer a los jornaleros de estar ayudándolos en su calidad de Procurador de los Derechos Humanos de Baja California –“nadie ha atendido más quejas en la historia de la PDH”–, trataron de calmar los ánimos al comprometerse por lo pronto a atender cada uno de los casos de los detenidos y proceder a liberar de inmediato a los menores, con la condición de que los jornaleros desbloquearan las vías en las colonias, a la vez que éstos pidieron el retiro de las decenas de patrullas y policías estatales y municipales intimidándolos en la carretera, en una tregua que se prolongó al miércoles 13.   Los jornaleros callaron   Amanecidos y con el atuendo del día anterior, la mañana del 14 de mayo, los dirigentes Fidel Sánchez Gabriel, Fermín Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez y Lucila Hernández, caminaron abrazados por las calles de la colonia “Las Misiones” en San Quintín, donde fueron ovacionados. Igualmente habían sido recibidos horas antes, a las 5 de la mañana afuera de la API, con música en vivo y aplausos por parte de los compañeros agrícolas, tras 15 horas de negociaciones con  el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante Juárez y el Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay Maldonado. Apresurados por retirarse los voceros de los jornaleros, e impacientes los reporteros de obtener información de lo que ocurrió dentro, derivó en jaloneos, caídas y golpes. Los dirigentes, con escolta conformada de entre los mismos jornaleros, abordaron rápido los camiones y cerraron las puertas en las narices de los reporteros para despedirse con un “sígannos a San Quintín si quieren entrevista”.      Los acuerdos   1. Iniciar una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al IMSS, sin costo para los trabajadores. 2. Por ningún motivo se retendrá ni condicionarán los salarios de los trabajadores. Se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran. 3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores 4. Garantizarán el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares con inspecciones. 5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. 6. Creación de un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta días. 7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos. 8. La STPS otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social. 9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona. 10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo. 11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho. 12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación  y la conciliación. 13. Gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza. El documento fue firmado por el Subsecretario de Trabajo, el representante de la SEGOB y los Senadores de la República  Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Adriana Dávila Fernández, Víctor Hermosillo Celada y Fidel Demédicis Hidalgo.      Los detenidos y la CDI   El delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Juan Malagamba Zentella, llegó de la mano con los dirigentes de la Alianza de Jornaleros y a la prensa se escudó en el proceso electoral: “No puedo hablar, tengo prohibido porque estamos en proceso de elecciones”. Más tarde el delegado tuvo que responder a los cuestionamientos respecto al pago de fianzas de 11 jornaleros detenidos que fueron pagadas por el Gobierno Federal, a través de la CDI, por un monto de 14 mil pesos por cada uno. “Nosotros tenemos un programa de fianzas y tenemos la posibilidad, conforme a las reglas, para ayudar a gente que por primera ocasión comete un delito, aunque no nos metemos en cuestiones sexuales”. Mencionó que tienen instrucciones de atender a cualquier persona en este conflicto de jornaleros y que estarán al pendiente de cualquier detenido. La liberación, dictó, se apega al Artículo 2 Constitucional que refiere a la Nación Mexicana con Única e Invisible. “La nacional tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio nacional actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. Reconoció que apoyó al grupo de trabajadores del campo porque tiene más de 30 años de conocerlos y no han tenido un incremento salarial en más de 20 años. El Procurador de Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, informó que hasta el jueves había siete personas detenidas, entre ellas una mujer, y que la fianza en total supera los 21 millones de pesos. Según los certificados médicos, los reclusos presentan lesiones ocasionadas durante el arresto, algunos por resistirse. Sobre la defensa, manifestó que, tanto policías como manifestantes, se acusan mutuamente ya que los oficiales aseguran que se tuvieron que defender debido a que por lo menos 400 personas se les aproximaron para atacarlos con piedras. En total la oficina recaudó 30 quejas del día 9 de mayo por heridas causadas con balas de goma.  

A Jalisco, el Gobierno Federal no le designó un comisionado especial para que regrese la seguridad a sus habitantes, tras la ola de violencia que se vive en la entidad;  tampoco exhibió a su gobernador, Aristóteles Sandoval, como sí lo hizo con los de Michoacán o Guerrero, por una simple razón: es una administración emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ante la manifiesta incapacidad operativa de las fuerzas policiales de los municipios y estatales para enfrentar a los grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), será un militar quien encabece los esfuerzos para detener al enemigo número uno del momento, Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”. Los traumáticos actos de narcoterrorismo vividos por los jaliscienses el viernes primero de mayo, y de los que estuvieron muy cerca los habitantes de algunos municipios de Colima, Michoacán y Guanajuato, alcanzaron a las Fuerzas Armadas del país, justo el primer día que iniciaban con la Operación Jalisco para buscar y detener al capo y sus secuaces. El derribo del helicóptero Cougar matrícula 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana arroja hasta ahora un saldo de siete militares muertos. Nueve soldados y dos agentes federales lesionados. Otras ocho personas murieron en la jornada del terror en Jalisco; unos eran policías, y otros, presuntos sicarios. Los daños colaterales de 39 narcobloqueos en calles, avenidas y carreteras, donde  autos, autobuses y camiones de carga fueron incendiados, son algo más que pérdidas económicas superiores a los 10 millones de pesos para el transporte público, 150 millones para el sector gasolinero y otro tanto para los banqueros, las arcas públicas y automovilistas que perdieron sus unidades. El agravio psicológico fue colectivo, un escenario de guerra avivado por las redes sociales y los mensajes de familiares y amigos alterados por la grave situación. Unas autoridades lentas, muy lentas en sus políticas de informar adecuada y oportunamente a la población lo que estaba sucediendo. Y unos medios de comunicación masiva, sobre todo los radiofónicos, que estuvieron a la altura de confirmar cada una de las noticias que iban proporcionando. Aun pasada la fase de Código Rojo, como denominan las autoridades a la activación del protocolo de coordinación policial, la psicosis permanece en los ciudadanos y en las autoridades estatales que “esperan nuevos atentados” de la organización criminal predominante en la región. Hoy se busca a criminales que en anteriores ocasiones han estado a disposición de diversas autoridades y que en esos ayeres no pudieron retener. También ahora están saliendo de las cárceles viejos miembros del Cártel del Milenio y que posiblemente podrían reforzar al CJNG, al conocer las rutas y contactos del negocio desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Otros narcos están a un tris de verse favorecidos judicialmente ante las pifias de la procuración e impartición de justicia de nuestro país.   “Viernes negro” en Jalisco   El primero de mayo de 2015 será recordado en todo Jalisco como uno de los días más horrendos en la historia de la entidad. Día de asueto. Mucha gente se levantó más tarde que de costumbre. A otros los despertaron sus familiares que empezaron a correr la voz de los narcobloqueos. Uno a uno se conocía de los cruceros bloqueados por vehículos incendiados. Nadie sabía los motivos de los ataques. A los entronques de avenidas, periférico y carreteras, se sumaron los incendios a instituciones bancarias en poblaciones del Sur de Jalisco y de gasolineras en la Costa Norte. Balaceras tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como en municipios del interior del Estado, como Autlán de Navarro y Jalostotitlán. Mientras los medios de comunicación confirmaban cada incidencia y la reportaban con rapidez a través de sus micrófonos, cámaras y portales web, las cuentas oficiales en redes sociales de los gobiernos, estatal y municipales, poco decían. Confirmaban las noticias con retraso hasta de 45 minutos. Más tarde se informaría por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) una noticia que provocó escalofrío entre los habitantes del país entero: un helicóptero militar fue derribado por sicarios del temido cártel en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, el corazón de la región Costa Sur, donde tiene asentados sus reales “El Mencho” y sus huestes. Hasta ese instante solo se conocía de tres soldados muertos. Fueron horas de angustia total. Con personas recluidas en sus hogares, otras en los hoteles donde vacacionaban y unos más atorados durante prolongados lapsos en los embotellamientos carreteros, afectados por las acciones criminales. Quienes se hallaban en tránsito estaban desesperados, y a la vez temerosos de que algo les pudiese ocurrir. Los balances de la sangrienta jornada fueron actualizados paulatinamente hasta conocer los datos finales, confirmados por autoridades estatales y después por las federales. Los 39 narcobloqueos se registraron en 25 municipios de Jalisco, y cuatro, en otras tres entidades. La cifra inicial de siete muertos, hoy ya es de 17 fallecidos -con la muerte de una policía federal que iba a bordo del helicóptero caído-, 19 heridos y 19 detenidos, nueve de los cuales fueron liberados casi de inmediato, cinco consignados y el resto aún son investigados. El impacto social de estos hechos disparó el sentimiento de inseguridad real y virtual de la población que todavía no acaba de digerir feroces enfrentamientos registrados este año en Puerto Vallarta, donde un francotirador mató a un soldado en enero, la emboscada que mató a 11 personas en Ocotlán -cinco de ellas elementos de la Gendarmería Nacional- en marzo, la balacera con cuatro sicarios muertos en Zacoalco de Torres y el atentado contra el comisionado de Seguridad en Jalisco, Francisco Solorio, en Zapopan, en el mismo mes, y la masacre de 15 policías estatales en San Sebastián del Oeste, en abril pasado. A raíz de estos sucesos, más de 20 policías del Estado de Jalisco han presentado su renuncia, e inmediatamente después de los bloqueos, unos 50 choferes del transporte público también dimitieron a su trabajo.   La Operación Jalisco   Tras los lamentables acontecimientos, el martes 5 de mayo se reunió -en un hotel de Guadalajara- el Gabinete de Seguridad Federal con el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que la fallida Operación Jalisco continuará y será un militar quien la encabece. El General de División DEM, Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la V Región Militar, fue designado como el responsable de coordinar los esfuerzos del Gobierno de la República y autoridades locales para detener a los criminales y desmantelar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. En la implementación de las órdenes operativas participan la SEDENA, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Gobierno del Estado de Jalisco. A diferencia de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero, gobernados por políticos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Jalisco los miembros del gabinete fueron a darle el espaldarazo a un Aristóteles de tan malas cuentas y pobres resultados en la lucha contra el crimen organizado. No podía ser de otra manera. El proceso electoral está en marcha y, aunque serán comicios intermedios, perder Guadalajara y municipios metropolitanos sería caótico para el PRI. El secretario de Gobernación aseguró que se restablecerá la tranquilidad en la entidad como se ha logrado “en estados como Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y en regiones como la Laguna, y en otros lugares más. Y que siguen el mismo camino, Tamaulipas y Guerrero”. El General González Cruz estuvo recientemente adscrito en Tamaulipas, donde la violencia continúa. Según Osorio Chong, Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, es uno más de los 122 objetivos prioritarios de la actual administración. “Recordemos que tenemos 93 ya detenidos o abatidos”, reconoció el funcionario federal, al tiempo de minimizar el grado de influencia del grupo criminal y de su líder al territorio de Jalisco “y algunos estados colindantes”. Aunque a los funcionarios del ámbito de seguridad pública estatal no se les vio con buen talante en días recientes, aseguraron que la llegada y apoyo de más efectivos del Ejército, la Marina y agentes federales siempre serán bienvenidos. Por cierto, las propias autoridades que aseguraban que Jalisco estaba tranquilo y no era necesaria la intervención del Centro, ahora dicen que en su momento advirtieron al Gobierno Federal sobre el poder y peligrosidad del CJNG. Por cierto, en la Catedral Metropolitana de Guadalajara se realizó una misa de acción de gracias por el Día del Policía, que se celebra en los primeros días de enero, pero que no se había llevado a cabo este año, y dados los últimos acontecimientos con la muerte de agentes de distintos niveles y soldados, el miércoles 6 de mayo los uniformados llenaron la sede del Arzobispado tapatío. El Cardenal Francisco Robles Ortega ofició la misa, en la que “de manera muy en especial encomendamos a la muy infinita misericordia de Dios a quienes han muerto en el cumplimiento de esta delicada misión de brindar seguridad a nuestro pueblo. El Señor los acoja en la vida eterna”. El Arzobispo pidió también por los familiares de los policías y también por “aquellos que causan el dolor y la muerte”.   “El Mencho” y el CJNG   En averiguaciones previas de la PGR, desde hace tres y cuatro años constan los datos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de su líder, Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes y/o Oceguera Ramos y/o Oceguera Valencia. El arribo del helicóptero militar al municipio Casimiro Castillo no fue casual, sino una acción dirigida al “corazón operativo” del territorio donde “El Mencho” y su gente se mueven con confianza. Informes glosados a las indagatorias de 2011 y 2012 detallan cómo la organización de Los Valencia o Cártel del Milenio fue el antecedente del nuevo cártel, y cómo a la detención de Óscar Orlando “El Lobo” Nava Valencia, en 2010, se asumieron como líderes Oceguera Cervantes y Erick Valencia Salazar “El 85” (detenido en marzo de 2012). Detalla el documento oficial que la organización criminal estableció su “base en Guadalajara y con zonas de operaciones en los poblados de Casimiro Castillo, Aguijullo, Autlán, La Cofradía, municipio de La Huerta, Tecalitlán, El Grullo, Ciudad Guzmán y Tonalá, del Estado de Jalisco”. En Colima se ubicaron en Cuyutlán, Ixtlahuacán, Tecomán, Manzanillo y la capital; mientras que en Michoacán dominaron Tepalcatepec, Las Trojes y Villa Victoria. “El Mencho” contó con la alianza de grupos delincuenciales que ya trabajaban para los Valencia (Valencia Valencia, Valencia Cornelio y Nava Valencia), entre ellos los hermanos Pulido de Apatzingán y los hermanos González Valencia “Los Cuinis”, de Aguililla, Michoacán, hombres económicamente poderosos. El gobierno del ex Presidente Felipe Calderón intentó detener a Rubén Oceguera y capturó a algunos de sus principales lugartenientes, mas no debilitó la estructura del cártel que, por el contrario, mostró una rápida recomposición. En 2012, “El Mencho” promovió un juicio de amparo en Tijuana, aduciendo -bajo protesta de decir verdad- que tenía su domicilio en esta ciudad. La dirección proporcionada por Oceguera Cervantes se guardó en el sigilo del ex Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tijuana. El presunto narcotraficante reclamó la única orden de aprehensión que se había dictado en su contra -en esa fecha- en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. El capo, quien se dijo “mexicano, casado, mayor de edad, sin adeudos fiscales…”, afirmó en su escrito que “es el caso elementos de la Policía General se encuentran por fuera de mi domicilio tratando de detenerme, y con ello me torturarían para confesar hechos que no he cometido”. El juez federal de Tijuana declinó la competencia porque la orden de captura fue dictada por un juzgador de Jalisco, pero otro juez de amparo de dicha entidad rechazó conocer del asunto. Tras un conflicto competencial, el Quinto Tribunal Colegiado de Baja California resolvió que el juzgador tijuanense debía ser quien resolviera sobre la protección solicitada por Rubén Oceguera. El 31 de octubre de 2012, el juez Ulises Torres Baltazar concedió el amparo y protección de la justicia federal al líder del CJNG, dejando sin efecto una orden de captura por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.   El poder de “Los Cuinis”   Al igual que su cuñado Rubén Oceguera, los hermanos de apellidos González Valencia y mejor conocidos como “Los Cuinis”, iniciaron sus actividades delictivas desde los primeros años de la década de los noventa en Michoacán, trabajando para sus familiares que fundaron una organización criminal, en la que además de traficar con drogas tradicionales como la marihuana, cocaína y heroína, empezaron a fabricar drogas sintéticas. A los hermanos González Valencia se les ubica en estas actividades desde hace más de 15 años. Algunos de ellos se encuentran en los Estados Unidos y han hecho una fortuna del trasiego de drogas desde Sudamérica y México hacia la Unión Americana. Hoy el más conocido de ellos es Abigael González Valencia, por estar detenido desde el último día de febrero de 2015. La PGR informó de su captura en Puerto Vallarta, donde se movía bajo las falsas identidades de Luis Ángel Gómez Flores, Luis Ángel González Valencia y Paul Jonathan Toledo. Es originario de Aguililla, donde nació el 18 de octubre de 1972. Tres de “Los Cuinis”, entre ellos Abigael, salvaron el pellejo en un atentado ocurrido hace casi nueve años en Jalisco, cuando delincuentes rivales trataron de matarlos en el palenque -remedo de hipódromo- establecido en el municipio de Tonalá, donde celebraban peleas de gallos. La madrugada del 2 de agosto de 2005, desconocidos arrojaron dos granadas de fragmentación y efectuaron disparos con armas de fuego en “El Carril”. El saldo de los estallidos fue de cuatro personas muertas y 28 lesionadas. Entre los heridos por las esquirlas de los explosivos figuraban José González Valencia y Antonio Oceguera Cervantes, hermano de “El Mencho”. Otro de los familiares del líder del CJNG, que en ese entonces militaba en el llamado Cártel del Milenio, era Saúl Díaz Oceguera “El Cangrejo”, de 52 años, vecino del Naranjo de Chila (donde nació Rubén), municipio de Aguililla, Michoacán, quien fue uno de los cuatro muertos. Su prima Adela Valencia Oceguera declaró que el fallecido era agricultor. Los tres occisos restantes no guardaban relación con el grupo agredido. Uno era comerciante, otro panadero, y el último, un caballerango del mismo hipódromo donde acontecieron los hechos. Producto de las investigaciones fueron asegurados dos fusiles AK-47 y 90 personas fueron retenidas para declarar ante el Ministerio Público. José González Valencia fue remitido a un hospital privado, donde sus familiares pretendieron sacarlo de manera clandestina, pero fueron descubiertos. Uno de sus carros blindados tenía rastros de sangre. Al ser atraídas las pesquisas por parte de la PGR, José y sus hermanos Édgar y Luis Ángel González Valencia fueron investigados junto con otros sospechosos de pertenecer a la organización criminal de los Valencia de Michoacán; sin embargo, por tratarse de las víctimas del atentado, pronto fueron liberados. Con el tiempo se estableció que la persona que se identificó con el nombre de Luis Ángel en realidad era Abigael González Valencia, y hoy en día, es uno de los alias con los que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, le mantiene en sus listas de presuntos cabecillas del narcotráfico.   Pendientes de “Los Cuinis”   A su captura, Abigael González fue arraigado en el Centro Federal que para esos efectos tiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Distrito Federal. Los cómplices detenidos con el presunto operador financiero del CJNG, sicarios mexicanos, venezolanos y colombianos, fueron internados en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Para pronto “El Cuini” presentó demandas de amparo en el Distrito Federal. La primera contra la orden de arraigo y dos más contra la orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Concluyó el arraigo y el mandamiento judicial fue cumplimentado. En los primeros días de mayo, González Valencia fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Los juicios de garantías continúan su curso en el Juzgado Noveno de Distrito especializado en la materia en la Ciudad de México. En uno de ellos se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, lo que prohíbe que por el momento -en lo que se resuelve el fondo del amparo- el indiciado sea entregado al gobierno de los Estados Unidos de América que lo reclama. Por si fuera poco y temiendo otras posibles órdenes de aprehensión por la comisión de delitos del orden federal, Abigael González Valencia solicitó sendos amparos en Toluca, en contra de todos los jueces de distrito de los estados de Chiapas y Durango. Otro de los hermanos de “El Cuini” cuenta con orden de aprehensión vigente en Jalisco, en el fuero común, en la misma causa penal que “El Mencho”. Se trata de José Luis González Valencia, señalado como uno de los presuntos autores del homicidio del que fuera secretario de Turismo de Jalisco durante una semana, J. Jesús Gallegos Álvarez.   “Justicia” refuerza al CJNG   Algunos de los miembros de la organización criminal que fueron detenidos en acciones de las Fuerzas Federales han regresado a las calles tras una breve o prolongada estancia en prisiones del país. El caso más reciente fue el del hijo de “El Mencho”, Rubén Oceguera González “El Menchito”, aprehendido en enero del año pasado. Salió del penal de máxima seguridad de Puente Grande a inicios del actual. Pero no es ni el primero, ni será el último de los liberados. Algunos de los miembros del viejo Cártel del Milenio ya se encuentran libres y otros del CJNG están en vías de combatir jurídicamente sus procesos. Así, hace apenas unas semanas fueron excarcelados los miembros de una de las células del grupo de Los Valencia, detenidos en julio de 2008. El gobierno de Felipe Calderón anunció una más de sus “victorias” contra el crimen organizado al detener a once presuntos narcotraficantes a los que se les atribuía “que por lo menos desde 2005, pertenecían a una organización delictiva comandada por Óscar Nava Valencia, dedicada al tráfico de cocaína, que ocultaban entre fruta que trasladaban desde San Pedro Zula, Honduras, a México, valiéndose de diversos transportistas”. El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco los condenó a diez años de prisión por delincuencia organizada el 7 de marzo de 2011, y el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito confirmó la sentencia el 13 de junio de 2012. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la misma entidad les concedió el amparo liso y llano, ordenando su inmediata libertad. Los mismos magistrados que en 2013 obsequiaron un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero para que consiguiera su libertad, resolvieron en el caso de los michoacanos que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal fueron insuficientes para acreditar la pertenencia de los quejosos a la organización criminal del Milenio. Entre los liberados se encuentran Sergio Rangel Ávila, Daniel Rangel González, Gabriel Ramírez Fernández y Juan Carlos Aguirre Guzmán, de los que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ya confirmó su egreso del CEFERESO Número 2 “Occidente”. Otros reclusos del CJNG que aún tienen varios procesos penales en su contra, pero que los van librando gracias al otorgamiento de amparos son algunos de los homicidas del secretario de Turismo Jesús Gallegos y los hermanos Ramón, Rafael y Santiago Álvarez Ayala “Los Erres”, quienes han recibido la protección de la justicia federal porque muchas de las acusaciones en su contra fueron obtenidas de personas que estuvieron bajo arraigo tras la reforma constitucional de 2008, que reservó la facultad para aplicar la medida cautelar exclusivamente al fuero federal. Las declaraciones rendidas durante arraigos solicitados y ordenados por autoridades de las entidades federativas, son calificadas como inconstitucionales y, por tanto, no tienen validez legal. Por dicho motivo, son muchos los delincuentes que están interponiendo juicios de garantías.

Los administradores del Ayuntamiento de Mexicali actúan con opacidad, hasta el momento no han dado datos finales del cierre presupuestal 2014 y menos los reportes concernientes al primer trimestre de 2015. Esto, pese a la ligera recuperación económica que ha tenido, derivado de algunos recortes presupuestales Sin embargo, los estados financieros obtenidos por ZETA y el balance de la evaluación que presentó la empresa calificadora Fitch Ratings demuestran un desbalance. Una disminución en la recaudación, la caída de los ingresos propios en comparación de lo presupuestado y el ingreso real en más de 295 millones de pesos. Además, incrementaron gastos en más de 140 millones de pesos a la cuenta de Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, que pasó de 135 mil pesos a más de 46 millones de pesos de lo presupuestado.   De las calificadoras   Según información obtenida por medio de la calificadora Fitch, el Ayuntamiento de Mexicali ha mantenido una baja en la recaudación de impuesto desde el cierre presupuestal 2012, en el cual recaudó 350.4 millones de pesos; mientras que en 2014 apenas superó los 297 millones de pesos, lo que significa una reducción de más de 50 millones.  En cuanto a los datos ofrecidos por la calificadora internacional, la deuda directa pasó de 964 millones al cierre 2013, a mil 158.9 millones de pesos. En el análisis, Fitch Ratings señala que una de las posibles contingencias representa la ejecución de obra de infraestructura de urbana de transporte pactada con el Fondo Nacional de Infraestructura, con fecha límite para el 31 de octubre de 2015. En tanto, en el resumen de fortalezas y debilidades hecho por la calificadora, el Ayuntamiento de Mexicali pasó en el marco institucional de neutral a estable; en cuanto a deuda y liquidez, de neutral a negativa; y en desempeño administrativo, lo califican como débil a positivo. El documento en poder de ZETA indica que el Congreso autorizó un monto por 625 millones de pesos con el fin de cubrir pasivos contingentes de ISSSTECALI, por lo que el indicador de sostenibilidad de la deuda podría presionarse. Al comparar los ingresos totales, Fitch refiere la disminución de los mismos al compararlos a 2013, cuando pasó de 2 mil 872.2 millones de pesos a 2 mil 741.9 millones de pesos, una reducción del 4.9 por ciento. En cuanto al gasto de servicios personales, Mexicali es el que más eroga en comparación a los otros municipios de la entidad, al destinar el 72.9% de todo el presupuesto. Del gasto en general, la firma reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Mexicali, que pasó de 3 mil 86.2 millones a 2 mil 765.3 millones de pesos.   De los ingresos   En relación a los ingresos presupuestados para 2014 -en comparación al ingreso real-, los números tampoco favorecen al actual alcalde Jaime Díaz. Del total anual autorizado se estimaban, en Ingresos Propios, mil 309 millones 160 mil 52 pesos, pero al cierre de diciembre de 2014, apenas sumaba mil 013 millones 727 mil 542 pesos; una reducción de 295 millones 432mil 509 pesos, equivalente al 22.57% menos. Aunque hubo un aumento en las Participaciones Federales, fue el financiamiento bancario en 207 millones 707 mil pesos lo que “salvó” las finanzas de 2014, ya que en general solo disminuyeron 42 millones 600 mil pesos.   De los egresos   Pese al esfuerzo de la actual administración por reducir el gasto corriente y sanear sus finanzas, el proceso es lento y doloroso, sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento gastó menos de lo presupuestado, siendo Servicios Personales donde se resintieron los ahorros, al pasar de 2 mil 244 millones, a 2 mil 106 millones de pesos. Pese a ello existen dos cuentas con comportamiento anómalo, el primero referente a Servicios Generales, el cual aumentó de 174 millones a 322 millones de pesos; así como la cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de 135 mil pesos a 46 millones de pesos. Al comparar el gasto 2013-2014 se presentó una reducción de 562 millones 375 mil 498 pesos, pero una de las cuentas más afectadas fue la Inversión Pública, que pasó de 184 millones de pesos a poco más de 24 millones. En el tema de las entidades paramunicipales hubo una reducción en comparación con lo presupuestado y lo real en el orden del 9%. En lo individual, el presupuesto del Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM) fue de 37% y presentó la mayor disminución, seguida de Bosque y Zoológico (36%) y la Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali (CODAM) con 32%. Al comparar ingresos reales 2013-2014, la disminución de ingresos fue de 3 millones 649 mil 705 pesos, entretanto, en egresos, las Fiestas del Sol incrementaron su presupuesto en 14 millones de pesos.     Total opacidad   El líder de los regidores del PRI en el Cabildo de Mexicali, Francisco Fimbres, aseguró que el déficit presupuestario del Ayuntamiento de Mexicali en 2014 fue de mil 209 millones de pesos, y está pronosticado un déficit de 650 millones de pesos para el presente año. “Es un tema que viene arrastrándose desde hace varias administraciones, nosotros también recibimos un Ayuntamiento con finanzas difíciles, igual es una bomba de tiempo, los servicios personales que arrastra el Ayuntamiento mes con mes, es lo que tiene desde hace años en esta situación”, expuso. En cuanto a ingresos, sentenció que solo el 40% de la ciudadanía paga el Impuesto Predial, cuando en total se deberían recaudar 600 millones de pesos; incluso refirió que al incrementar la ciudad las finanzas, se contraen al tener que ofrecer mayores servicios. Respecto al crédito a corto plazo solicitado por el Ayuntamiento de Mexicali, que podría alcanzar los 300 millones de pesos, la fracción priista votó en contra debido a que en 2014 se solicitó un crédito igual y no se rindieron cuentas de cómo se destinó. “(Votamos) En contra, nosotros no estamos de acuerdo en darle facultades al Ayuntamiento para darle un crédito cuando no se nos informa, menos creemos que nos informen de éste, pero igual se hizo el compromiso, esperemos que así sea y no siga esta cerrazón en el tema financiero, no hay transparencia” dijo el síndico social. Para Fimbres la solución está en “chino” y sería necesario un recurso a fondo perdido de la Federación para poder pagar las obligaciones que tiene el Ayuntamiento, pues se debe recortar personal, aunque para ello se requiere dinero. Por su parte, la regidora integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Cabildo mexicalense, Alicia Martínez, afirma que el Ayuntamiento mantiene ocultas las cuentas, y por ahora se desconocen las finanzas de El FEX desde 2014, además de que en el ingreso que se dejó de recaudar, ascienden a 190 millones de pesos. “No sabemos cuáles son las dependencias que dejaron de trabajar, estamos viendo que en los cambios de titular de las dependencias están causando mucho daño a Mexicali”. Entre las cuentas irregulares, la regidora señaló el gasto en la cuenta de Servicios Generales que incrementó a 148 millones de pesos y más de 48 millones en Bienes Inmuebles, cuando lo presupuestado eran 135 mil pesos. De igual manera, el economista Enrique Rovirosa calificó como opacas las finanzas dadas a conocer por el Ayuntamiento mexicalense, ya que la información que se entrega no es suficiente. “Las calificadoras internacionales reciben la información mucho antes de que se haga público, eso habla de que hay más compromiso con las instituciones financieras que con la propia sociedad, y no es nuevo” afirmó. El esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento, expuso, es insuficiente, debido a que destina más del 70% en gasto corriente y debería estar en el orden del 50%. Mientras que el catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Roberto Valero, hizo hincapié en las calificaciones negativas en su evolución, lo que le impide contratar nuevos préstamos en tanto no arregle sus pendientes. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de marzo de este año,  la ciudad pasó del lugar 9 al 7 entre los municipios más endeudados del país. Valero aseguró que la baja en los Ingresos Propios responde a la recesión económica que enfrenta Baja California, incluso afirmó que Mexicali tiene el salario más castigado de los últimos 10 años, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El mismo docente indicó que Baja California fue líder en cuanto al cierre de empresas en todo el país, y en comparación, fueron 163 más que en 2013, además, Mexicali se colocó como la ciudad con mayor inflación en todo el país, con 3.30% mensual. “Lo único que le queda al Ayuntamiento es recortar el gasto, va a tener que despedir gente, el problema del gasto corriente es para el pago de trabajadores, va a tener que asumir el costo político y recortar gente, porque el problema es que va a llegar el momento en que no va a ver dinero que alcance”, advirtió. Asimismo, dijo que el Ayuntamiento necesita mucha estabilidad, la cual no se ha dado con los cambios que se han realizado en el gabinete y, para realizar una reestructuración, se necesita a un personal que conozca su puesto. El docente indicó que Mexicali cayó nueve lugares en cuanto a las ciudades con mayor competitividad en el país, por lo que se ubicó en el lugar 33, aunque cuando Francisco Pérez Tejada recibió la ciudad, se encontraba en el 10.   Alcalde, poca información   Por su parte, el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa aportó poca información en cuanto a los resultados obtenidos en 2014 y pareciera más preocupado por las finanzas que arrojó la anterior administración. “Continuamos con el proceso de saneamiento, las finanzas arrojan que persiste el asunto financiero que recibimos y que tenemos que darle la continuidad, eso por eso que he estado acudiendo a la Ciudad de México para ver las alternativas, sobre todo para cerrar el ejercicio 2015 y 2016. Tenemos que continuar con el proceso de saneamiento en el control del gasto corriente, también en el manejo de la nómina que son las principales causas del problema financiero que tiene el gobierno municipal”. – ¿Cuál fue el déficit en 2014? “No lo tengo en la mente, pero ese dato se lo puede dar el tesorero, precisamente estamos por tener a cabo reunión de Cabildo para presentar los números del cierre y cumplir con la norma como está establecido”. Apenas la semana anterior, el Ayuntamiento de Mexicali solicitó al Cabildo endeudamiento por casi 300 millones de pesos a corto plazo y, cuestionado al respecto, Díaz respondió:  “No hay nada nuevo en ese sentido, es lo mismo que se hizo el año pasado y que año tras año debe formalizarse, está establecido en la vida normal del Ayuntamiento que puede solicitar hasta el 10 por ciento de crédito revolvente, eso es todo, simplemente se le está dando una formalidad que ya está establecida y tiene que ser cubierta tres meses antes de que termine la administración”. ZETA solicitó una entrevista con el tesorero municipal desde el lunes 27 de abril, sin que hasta el cierre de esta edición, se obtuviera respuesta  

Si la indiferencia de los ciudadanos y todos los sectores permea la actual contienda electoral, y el abstencionismo amenaza otra vez con determinar el resultado de la elección en Baja California,  en San Quintin, particularmente, se agrega  la incertidumbre de cara a la jornada del próximo 7 de junio. En medio del conflicto social en el que están envueltos jornaleros, patrones agricultores y los gobiernos de los tres niveles, ahora no es solo la apatía, sino el hartazgo y coraje de sus pobladores -conformada mayormente por obreros del campo- lo que dictará la agenda y resultados de tal fecha, dependiendo de lo que ocurra en la última mesa de diálogo entre Gobernación y demás autoridades, así como la Alianza de Jornaleros, programada para hoy viernes 8 de mayo. Ya durante la mesa de diálogo encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava -el 24 de abril-, donde el funcionario federal impuso dos semanas más de tregua para inspeccionar todos los campos agrícolas y verificar las condiciones laborales, y según prometió, actuar en consecuencia pero sin dar respuesta clara sobre la revisión del salario mínimo para incrementarlo a 200 pesos diarios, en la carretera y fuera del Centro de Gobierno, miles de jornaleros amotinados ya lanzaban la amenaza: “¡No hay solución… no hay elección!”. Mientras tanto, a cuatro semanas de las votaciones, “el ambiente está muy desangelado, no han levantado las campañas, de ningún partido, además, los habitantes están muy decaídos”, externó Martiniano Hernández, empresario y presidente del Comité de Mercadotecnia de Camalú. Y es que el conflicto actual, aunado a las políticas económicas emprendidas por el gobierno, tiene molestos no solo a los jornaleros. “Empresarios, comerciantes, servidores turísticos… todos dependemos de la producción agrícola”, apunta Hernández. “La agricultura no paga impuestos, pero hay una industria alrededor”. Contrario a lo habitual en las campañas, en esta elección los candidatos no se han reunido con agrupaciones civiles y empresariales de San Quintín y pueblos aledaños para “venderles” su propuesta: “Para estas fechas ya estaban agendados, si no hay acercamiento es que no tienen nada que ofrecer. Seguro que tendrán muchos reclamos”. La mayoría de la gente no ha visto a los candidatos haciendo su proselitismo en cruceros y parques. Y en las colonias, sobre todo las de los jornaleros, “la están pensando mucho para arriesgarse entrar, difícilmente van a dar una explicación. En efecto, en las comunidades conformadas por trabajadores del campo y sus familias, colonias como Las Misiones o Nueva San Juan Copala, Maclovio Rojas, Santa Fe o 3 de Mayo, no solamente están indiferentes con los candidatos de todos los partidos, sino que literalmente los odian y no quieren verlos pisar sus calles sin pavimentar, ni tocar sus puertas de madera y retazos. Reiteradamente han dicho que de atreverse, los correrán a pedradas y palazos. “Ellos ya saben que no los queremos, por eso no vienen”, afirma Jesús Ruiz, maestro rural proveniente de Oaxaca. El rechazo es general, según constató ZETA en visitas a diferentes colonias de jornaleros, entre ellas Las Misiones, considerada la más peligrosa: “Ya estamos hasta la madre de esos pinches políticos, todos los candidatos que venían, nomás nos bajaban las estrellas”, justifican los más serenos. Por ello, a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social, ni siquiera les ha sido necesario darles línea a los jornaleros respecto al proceder que tendrán el domingo electoral, según afirma Fidel Sánchez, portavoz y el líder más visible del movimiento: “No seré yo quien invite a los compañeros jornaleros a no votar, ellos nos han invitado a nosotros, son ellos los que toman la decisión:.¡Si no hay solución, no hay elección!”. El 24 de abril, después que el subsecretario de Gobernación, el mandatario Francisco Vega de Lamadrid y el resto de funcionarios estatales y legisladores salieron literalmente huyendo sin dar respuesta concreta al aumento salarial, lo que fue considerado como “más largas” del gobierno para esperar que pase la elección, líderes de la alianza anunciaron que si no había de una vez por todas respuesta el 8 de mayo, emprenderían el boicot económico internacional. Y de ahí, sin precisar qué acciones emprenderán para tal efecto, el boicot de las elecciones: “No vamos a estar esperando, el problema ya no es de Baja California, es a nivel nacional. Ahí que se queden esperando ellos cuál va ser nuestra respuesta del pueblo”, advierte Fidel.   Candidatos en el polvorín   “Pues a mí me recibieron muy bien”, asevera la candidata a diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Reyna Pérez Aldaco, respecto a la recepción que tuvo en San Quintín. Cuenta que llegó al Parque de Lázaro Cárdenas a la cinco de la mañana, “la gente inmediatamente corría, querían que les entregara mis propuestas y estaban molestos con el PAN y con el PRI, pero conmigo, lo puedo decir con toda franqueza y con toda sinceridad, que me mostraron su total apoyo”. El PRD ha tenido buena respuesta en elecciones pasadas en el sur de Ensenada, “pero ahorita no tienen a alguien fuerte que esté jalando en la campaña”, opina un ex delegado de San Quintín. No obstante reitera la perredista: “Me ofrecieron totalmente su respaldo porque hablo igual que ellos, hablamos el mismo idioma”. La que se lanzó a San Quintín el primer día de campaña fue la abanderada del Partido del Trabajo (PT), Rocío López Gorosave, quien lleva como su suplente a Giselle Gómez, una líder sanquintense. “Obviamente nos han abierto las puertas. Claro que hasta da miedo a veces de lo que se escucha, pero no, nos han recibido muy bien, estamos muy contentos”. Al PT sí lo han visto haciendo campaña y hasta de forma vistosa, como también ha sido en la parte urbana y hasta con derroche de recursos, según han señalado otros candidatos. “Están funcionando muy bien, se ve más movimiento, tuvieron evento con gente y repartieron cobijas. Hasta llegamos a pensar que eran del PRI”, relatan ciudadanos. Durante la primera semana de proselitismo, Wenceslao Martínez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), anduvo desde Camalú hasta El Rosario. Cuenta que estuvieron platicando con residentes y trabajadores, “obviamente los de la Alianza no estaban en ese momento, andaban fuera, pero es un tema muy importante, hay que revisar el salario mínimo”. Un comerciante cuenta que vieron como a 140 jóvenes del PAN haciendo proselitismo en un crucero, pero dice que en San Quintín no es bien visto porque en su momento fue de los que hicieron campaña en contra de la municipalización de esa delegación. Además, otras personas consultadas coincidieron en retomar el supuesto incidente ocurrido varios años atrás, donde el empresario ahora candidato atropelló a dos mujeres y nunca respondió por ese delito, “así que ni se atreva a pararse por aquí”. “Nosotros no hemos hecho presencia en San Quintín, solo electoralmente, hemos hecho presencia social”, aclara por su parte Jaime Guadalupe Zepeda, candidato del Partido Encuentro Social (PES). “Eso lo ha visto muy bien la ciudadanía y nos han acogido increíblemente”. Explica el regidor con licencia que “de manera ciudadana” han mandado cobijas, alimento, ropa y medicinas para los jornaleros, “pero lo hemos hecho de manera histórica en un año y medio que tenemos como gobierno”. No solo eso, revela que tienen contactos muy fuertes en San Quintín, Punta Colonet, San Vicente y Camalú, muy bien acogidos por todos los grupos cristianos del sur del municipio, en centros de rehabilitación, orfanatorios e iglesias que, confía, son un fondo de votos muy fuerte con los que cuentan para el 7 de junio. “No tengo temor a ir”, expresa Miguel Alfaro, el aspirante a diputado por Movimiento Ciudadano, ante la amenaza de recibir a los candidatos a golpes. “He sido respetuoso de los movimientos y voy a tratar de platicar con empresarios, con las personas que representan los intereses de los jornaleros y siempre respetando su postura, sin ponerme de lado de alguna de las partes, sino ayudando a que este conflicto se solucione”. Aclara que si hasta ahora no ha ido es porque su partido ha sido respetuoso del movimiento, no como otros: “Han venido personajes de todo tipo, inclusive hasta una comisión de jornaleros fue con Miguel Ángel Mancera a la Ciudad de México, desconozco cómo se ha hecho ese maremágnum, cuando todo está bien claro, si hubiera un principio de autoridad”. Respecto a Teodoro Araiza, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a este medio le tocó atestiguar su presencia en San Quintin y su visita a las colonias de jornaleros, precisamente adonde no ha llegado ningún candidato y adonde no quieren recibir a ninguno. Se le vio al joven aspirante hablar con jornaleros y familias, quienes con su reservas primero, y luego con todo tipo de reclamos, terminaron escuchando detenidamente al abanderado lopezobradorista: “Queremos escuchar algo nuevo, no queremos a los partidos”. Incluso se vio al candidato y a su brigadistas jugar una “cascarita” con niños de la Nueva San Juan Copala, en medio de la polvareda, y comer con ellos en una humilde casa de la colonia Santa Fe. “Me comprometí a estar con ellos las veces que sean necesarias para trabajar en conjunto con sus proyectos, ayudarles a que su región salga adelante, sé que para eso se requiere confianza, pero créeme que no los defraudaré”, declara a ZETA el candidato Teodoro Araiza. “Nuestras decisiones en el Congreso se basarán en el consenso, nuestra voz será escuchada por primera vez, en este proyecto hay millones de personas trabajando”, les exponía. Un jornalero abordó al abanderado de MORENA: “Los jornaleros hemos recibido humillaciones, acosos, pero si ustedes abren un camino bueno, a ese camino vamos… ¡qué bueno que viene a dar la cara! Aquí estamos con la MORENA… ¡no se olvide del pueblo!”. Después de desmentir que el partido creado por Andrés Manuel López Obrador estuviera detrás de la rebelión, como acusó el Gobierno del Estado, el diputado federal y dirigente de MORENA en Baja California, Jaime Bonilla, descartó tener reservas para hacer proselitismo en San Quintín: “Mira, ahí no es más especial que Iguala, y no es más especial que alguna partes de Guerrero, son conflictivas por distintas razones, la gente está enfadada del sistema político mexicano y de todos los partidos, dicen que todos son iguales, y cómo discutes eso con ellos; nosotros tratamos de convencerlos que éste es un proyecto nuevo y una real oposición”. “Ya fui… me recibieron muy bien… muy bien, y voy a ir de nuevo”, afirma Alfonso Garzón Zatarain, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien incluso en la zona urbana de Ensenada ha recibido pedradas o le han arrojado agua caliente a sus brigadistas. “El tema de San Quintín es la inclusión de agentes externos, expertos en agitación”, asevera. “Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes demandan, pero también tenemos que escuchar a la contraparte”, cuenta que les dijo. “Yo creo que las cosas van a mejorar, después de ver lo que pasa en Guerrero o Oaxaca, desde un principio supe que eran grupos extraños en la zona. El no celebrar elecciones me parece una medida antidemocrática, como ciudadano tengo derecho a votar, no me lo pueden impedir”. Al priísta, dicen los sanquintenses, tampoco se la ha visto mucho en esta campaña, “seguro recibirá muchos reclamos por el IVA y la gasolina…”, sin embargo, también piensan algunos que de cualquier forma ganará: “Esos no dan pasos sin huarache, todo lo tienen bien armado”. Señalan pobladores que si bien, no se ha visto una campaña abierta en la que se ordene a los jornaleros no votar, todo se puede esperar, pues el hartazgo es mucho por la deuda histórica que se tiene con San Quintín y “que se tiene que cubrir a la brevedad”. O como advierte un líder empresarial de la región: “Todavía la bomba no se desactiva, puede estallar con mayor fuerza…”.     Ahora sí, todos van por la municipalización   La promesa de rigor en cada campaña electoral en el Distrito 3, es la municipalización de San Quintín, y en ésta, con más razón, no es la excepción. “Yo particularmente, junto con la presidenta (del partido) Nancy Sánchez y el líder Julio Felipe García, hemos impulsado el tema de la municipalización”, asegura Alfonso Garzón Zatarain, candidato emanado del Partido Revolucionario Institucional. “De cualesquier forma a San Quintín le va a ir mejor siendo municipio, que siendo delegación”, remata. En tanto el candidato de Acción Nacional, Wenceslao Martínez, parece que ha cambiado de opinión, pues es del dominio público que en su momento fue de los más fuertes opositores a la municipalización, en su calidad de líder empresarial: “Sí a la municipalización, como siempre lo hemos dicho, pero con orden y legalidad. Si en la Constitución Política del Estado viene implícita la creación de municipios, claro que la apoyamos”. Por su parte, Miguel Alfaro,  de Movimiento Ciudadano, refiere: “La verdad que ya están dadas las condiciones para que se municipalice, no debería haber inconveniente, lo que me di cuenta es que una Legislatura los engañó, y en esa Legislatura estaban precisamente personas que ahora andan contendiendo; para qué el engaño”. En el mismo tenor está el abanderado del Partido Encuentro Social, Jaime Zepeda: “A favor completamente de la municipalización, no así otros que levantan la mano para ser candidatos, que se arrepienten y luego dicen que sí”, declara en referencia a Wenceslao Martínez. Y propone el plebiscito “para que se busque la manera de tener más contacto con esos ciudadanos, porque gobernar de aquí a ocho horas de lejanía, no se vale. Es más fácil ir de Ensenada a Hermosillo, que de aquí a Bahía de Los Ángeles, es injusto”. Las condiciones para la municipalización están dadas, pero si no se concretan es por egoísmo, aprecia Reyna López, candidata del Partido de la Revolución Democrática. Asegura que antes hay que regularizar la tierra para generar impuestos, para que llegue el recurso federal, y descartar el celo de los sectores productivos de la zona urbana: “Hay que expandirnos, hay que crecer, a esas personas hay que hacerles ver que no nada más crece San Quintín, crece todo el Estado. Hay que dejar de ser tan voraces”. Por parte de Movimiento Regeneración Nacional, el legislador Jaime Bonilla obvia el tema de la municipalización en el proyecto de desarrollo social para San Quintín, que Andrés Manuel López Obrador ha instruido para su elaboración: “Él sí entiende el problema de los jornaleros, te garantizo que lo entiende mejor que Peña Nieto, claro que conoce el tema perfectamente…”. Mientras que la candidata del Partido del Trabajo, Rocío López Gorosave, externa: “Tenemos que irnos por la municipalización, de qué nos sirven que sea parte de Ensenada si no les damos lo que se merecen. Es momento de impulsarlos y diseñar un plan estratégico de desarrollo. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo”.     Desorden en ranchos agrícolas: 18 a punto de ser sancionados   Después del compromiso hecho por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, de establecer una comisión conformada por delegados federales de la Secretaría del Trabajo, de Salud y Derechos Humanos, para inspeccionar y verificar las condiciones laborales, de seguridad e higiene en todos los campos agrícolas, la Secretaría del Trabajo en el Estado dio a conocer que se ha inspeccionado a 67 empresas, de las cuales  18 están en proceso de ser sancionadas, sin mencionar el nombre de éstas. Fuentes de la Secretaría del Trabajo consultadas extraoficialmente por ZETA precisaron que unas 40 de esas inspecciones se hicieron incluso antes de que brotara el conflicto, y al inicio de la actual administración de Francisco Vega de Lamadrid.  Todas fueron de manera extraordinaria, bajo la consigna: “Cuando les caigan a las empresas, no les avisen a los patrones”, porque es dado que tapen o escondan a los trabajadores cuando los van a visitar los inspectores. El procedimiento se basa en el Reglamento Federal de Inspección, y se revisa sobre todo la normatividad laboral, que se refiere a jornada laboral, prestaciones, INFONAVIT, FONACOT  y, aunque no es injerencia de la Secretaría del Trabajo, “sí podemos ir de mitoteros” si se detectan irregularidades en cuestión del Seguro Social, aclaró la fuente consultada. Algunas de las empresas a sancionar son: * Agro Industrias Tobel, ubicada en El Rosario, que emplea de 600 a mil jornaleros; opera también bajo la firma americana Pea King Produce, de donde se cosechan y exportan millonarias toneladas de chícharos. “Estaba totalmente irregular”, señalan funcionaros consultados. No tenía empleados afiliados al IMSS, ni al INFONAVIT ni a FONACOT, además de que no pagaba ISPT. * Agrícola San Simón, localizada en San Quintín, que se dedica a la cosecha de col de Bruselas y tomate principalmente, emplea a alrededor de 600 trabajadores agrícolas. La compañía exhibe irregularidades en el pago de horas extra, además de omisiones ante el IMSS y SARH. * Centro Floricultor de Baja California, con base en Maneadero y que emplea de 150 a 300 jornaleros, e igual, presentaba anomalías en todas las prestaciones de Ley, tales como irregularidades en el pago con cheque y ahí mismo cambiárselos al empleado y “bajarle” una comisión entre el 10 y el 20 por ciento. * Agrícola El Indio en San Telmo, con alrededor de 400 empleados que cultivan tomate, cebolla, chícharos y tomates cherry. Presentó irregularidades en el pago de salarios y prestaciones, no pago de utilidades,  además de que contaba con una tienda de raya. Las sanciones que se aplican a las empresas irregularidades van de 300 mil a 2 millones de pesos; a la fecha se ha multado por 6 millones de pesos. Generalmente a los patrones se les dan cinco días de gracia para que demuestren que operan bien o subsanen las irregularidades. En este caso y, ante las evidentes violaciones, procede sanción inmediata, afirmaron funcionarios consultados. Según la fuente, en administraciones pasadas no se hacían revisiones porque no había respeto por los inspectores, asimismo, explicó que el proceso de supervisión en las empresas agrícolas no es sencillo ni se puede sancionar muchas veces porque hay un alto grado de migración y movilidad: jornaleros que dos días trabajan en una empresa, los otros días en otra, y el fin de semana en una diferente. En caso de alguna incapacidad o exigir prestaciones, “pues a quién de todas le exiges… esas son cosas que no ven los líderes de la Alianza”, consideró el consultado.      Confiesan que es un desorden total, hay ranchos irregulares, otros que tienen más parcelas que las que reportan, al estar esparcidas en distintas zonas, “todo el mundo le pone atención a las empresas a orilla de carretera, pero adentrándote en la sierra hay muchas y no pagan impuestos ni nada”. Respecto a las inspecciones que las autoridades han realizado recientemente, jornaleros de diferentes campos agrícolas consultados por ZETA dicen haber visto solamente que en días recientes llegó gente del DIF a diferentes ranchos para repartir despensas, cobijas, artículos de limpieza personal y hasta una sartén de teflón. Pero de visita de inspectores aseguran no haber visto nada, “y pues sí nos damos cuenta porque hay gente del mismo gobierno que avisa cuando llegan y sacan a la gente corriendo, como chivos por el cerro”.  

El hallazgo de dos narcotúneles, en Tijuana y Mexicali, entre el lunes 27 y el martes 28 de abril, corrió a cargo de autoridades estadounidenses, quienes detectaron los pasajes subterráneos antes de que fueran finalizados. Además, los pasadizos de los criminales son relacionados con los cárteles del narcotráfico que delinquen en Baja California, particularmente con el de Sinaloa. También los narco túneles son la prueba que las bandas criminales siguen trasegando droga por el país, logran llegar al Estado y requieren de estos túneles a lo largo de la frontera bajacaliforniana, como una forma más de cruzar los estupefacientes a la Unión Americana. En 2014, agentes estadounidenses de la frontera de California, decomisaron más de 936 toneladas de droga, entre marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína que, dijeron, pasaron por Baja California sin ser detectadas. Al escenario del mundo de las drogas que se desarrolla en Baja California, sin que autoridades federales, estatales o municipales las detecten, a los narcotúneles y los pocos decomisos en esta frontera, se suman los ejecutados que durante  abril de 2015 superaron en esta entidad, los cometidos el mismo mes, pero de 2014. El anterior contexto, comprobable en investigaciones y descubrimientos en la frontera estadounidense y en estadísticas de ZETA y de autoridades locales, confirman lo que los titulares de las corporaciones policíacas, de procuración de justicia y de la fuerza militar intentan minimizar en el discurso: la presencia y creciente actividad de los cárteles de droga en Baja California.   Narcotúneles: los descubren norteamericanos y avisan a mexicanos   La detención de un hombre, quien intentaba cruzar de Mexicali a Caléxico con 31 kilogramos de metanfetaminas, dio origen a una investigación que dos días después concluyó en el descubrimiento de un túnel transfronterizo. El sábado 25 de abril, aproximadamente a las 9:30 pm, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la estación de Caléxico, observaron a través del sistema de video vigilancia remota, a cuatro hombres a la orilla del Canal Todo Americano. Este canal corre paralelo a la frontera entre México y Estados Unidos, desde Yuma, Arizona, hasta Caléxico, California. Cuando los oficiales arribaron al lugar, tres de los hombres huyeron de regreso a México, pero lograron arrestar a uno de ellos, quien portaba un traje de buzo. Al inspeccionar el área, los estadounidenses hallaron equipo para sumergirse al canal y 25 paquetes sellados al vacío con31 kilogramos de metanfetaminas en su interior. Derivado de este arresto, la unidad de Rescate y Búsqueda de la Patrulla Fronteriza condujo una exhaustiva exploración en el área y, el lunes 27 de abril, localizó un túnel de 210 metros de longitud y un diámetro de 3.6 pies por 3.6 pies, con sistema de ventilación y de iluminación. Aunque inconcluso del lado norteamericano, la entrada a él era a través de una vivienda, en aparente abandono, en la colonia Residencial Hípico de Mexicali. Las autoridades del vecino país dieron aviso a la Policía Federal en México, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Municipal de Mexicali, quienes encontraron el punto de origen en Mexicali, Baja California. Éste es el primer túnel encontrado en la estación de Caléxico durante el año fiscal 2015, el cual inició el 1 de octubre de 2014. Durante este mismo periodo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha decomisado más de 200 kilogramos de metanfetaminas. Lauren Mack, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés), explicó que agentes adscritos a esta dependencia se encuentran realizando las diligencias en el sitio para recabar información sobre la organización criminal que ordenó su construcción. Al día siguiente, 28 de abril, agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego reportaron un colapso de tierra a unos metros de la barda fronteriza con Tijuana. El hundimiento dejó al descubierto, un túnel en construcción con 200 metros de longitud. Al interior, un sofisticado sistema de rieles, alumbrado eléctrico y algunos galones de agua. La información fue compartida con el Ejército Mexicano y así fue localizado el punto de origen en una vivienda de la colonia Castillo de Tijuana. La vocera del ICE explicó en entrevista con ZETA que el túnel no tenía aún una salida de lado estadounidense. En este caso, no se reportaron arrestos.   Los juzgados   Tras la aprobación en Estados Unidos de una Ley, en 2012, para castigar el delito de financiamiento y cooperación en la construcción de narcotúneles, el más reciente caso en llegar a la Corte Federal de San Diego es el del tijuanense Gilberto Quezada Madrid. El proceso en contra de Quezada Madrid inició en abril de 2014, luego de que se le vinculara en la construcción de narcotúneles que conectaban bodegas en el área de Otay Mesa de lado estadounidense, con otras localizadas en la colonia Nueva Tijuana, a unos metros de la Garita Internacional de Otay. De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de California, agentes asignados al área de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las Fuerzas Operativas Anti-Túneles de San Diego, vigilaban al mexicano desde 2013.  Información proporcionada por el gobierno estadounidense revela que el primer narcotúnel descubierto tenía una longitud de 600 metros y estaba equipado con iluminación y un sistema de rieles, mientras que la entrada estaba cubierta con una tapa de cemento. Mediante poleas, se introducían los paquetes de contrabando desde la bodega hasta el narcotúnel. El segundo narcotúnel, en el que está implicado el joven de 27 años, tiene una extensión de 640 metros, contaba con un sofisticado sistema de ventilación y estaba equipado con un sistema ferroviario eléctrico. Quezada Madrid firmó un acuerdo ante la Corte para declararse culpable ante el juez Dana M. Sabraw, en septiembre de 2014, la pena máxima que podría alcanzar es de 20 años de prisión. Su siguiente audiencia está programada para el 22 de mayo. Por otra parte, vecinos del predio marcado con el número 134 de la calle Mariano Escobado en la colonia Castillo, sostienen no haber visto movimientos extraños, expulsión de tierra o alguna otra actividad que los llevara a sospechar que ahí dentro se hacía algo ilegal. Ocasionalmente -porque no a diario- un grupo de albañiles trabajaba en la construcción aún en obra negra, pero las condiciones en que se mantiene el predio tampoco dan margen de visión: una barda perimetral, tres accesos reforzados con madera para evitar que pudiera verse fácilmente hacia adentro. Fotógrafos e incluso elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) asomaron sus cámaras por  la barda para tomar los interiores, pues a la fecha, la orden de cateo no ha sido emitida por el Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el túnel que de ese domicilio inicia está a ocho metros de profundidad, tiene 200 metros de largo y 1.65 de altura, presumiblemente utilizado para el trasiego de droga. No hay personas detenidas. La colonia Castillo de Tijuana se ubica en el límite Oeste de la Zona Norte y pegada a la Avenida Internacional. Específicamente el número 134 de Mariano Escobedo está a unos 600 metros de la Avenida Camino de la Plaza en San Ysidro, California. Se trata del segundo túnel encontrado en Tijuana en lo que va de 2015, el anterior fue hallado el 8 de abril en la calle Constelación de la colonia Aeropuerto en Otay.   El narcotúnel entre Mexicali y Calexico    El sábado 25 de abril, cerca de las diez de la noche, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a Caléxico descubrieron a través de las cámaras de vigilancia un grupo de cuatro individuos que cargaban unos bultos. Al aproximarse las unidades de la Patrulla Fronteriza al lugar, unas millas al Este de Caléxico, pegado al Canal Todo Americano, los agentes norteamericanos alcanzaron a observar que tres delos sujetos corrieron. Pero uno de ellos no lo pudo hacer, debido a que portaba un equipo de buceo que incluía dos tanques de oxígeno. Era un hondureño de 27 años. En el sitio, los agentes localizaron 27 paquetes sellados al vacío con metanfetamina en polvo. Calculan que su precio en el mercado puede llegar a los 700 mil dólares. Fue hasta el lunes 27 al mediodía cuando los elementos norteamericanos descubrieron una salida que da directamente al  costado sur del Canal Todo Americano. Se trataba de un ingenioso túnel construido con la más avanzada tecnología -con equipo de ventilación e iluminación-, de 85 metros, y cuya salida apuntaba a un domicilio ubicado en la parte sur de la Avenida Internacional, en el fraccionamiento Hípico. Fue así como se enteraron las autoridades mexicanas, de inmediato, elementos de la SEDENA y agentes de la PGR acudieron al lugar. La tarde del mismo lunes, elementos de las mencionadas corporaciones llegaron hasta el domicilio ubicado en el número 1114 de la Avenida Colón para resguardar la zona. De acuerdo a las autoridades norteamericanas, se trata de un “sofisticado túnel”. Lo curioso es que inicia en un hoyo sobre el patio de la casa y, tras cruzar bajo la frontera, llega hasta una de las laderas del Canal Todo Americano. Se trata del primer túnel descubierto en esta región, donde el acceso del lado norteamericano llega hasta el canal, lo que implica que quienes cruzaban por ese pasadizo lo tenían que hacer con equipo de buceo y perfectamente coordinados. No se ha mencionado cuanto tiempo tenía el túnel en operación. De acuerdo a un comunicado emitido por autoridades federales mexicanas, y fechado el martes 28 de abril, la Policía Federal y el Ejército Mexicano localizaron el túnel clandestino a raíz de “una denuncia ciudadana”. El domicilio donde se localizó el acceso al pasadizo se encuentra por la Avenida Internacional, entre los números 1114 y 1118  entre las calles Salvador Díaz Mirón y Rio Elota, Fraccionamiento Hípico. Ahí vivía regularmente una familia con un menor de edad, los cuales rentaban el inmueble desde hace seis meses, ya que la dueña de la casa se había mudado a Estados Unidos. Según datos proporcionados por corporaciones policiacas, los ocupantes eran originarios de Sinaloa y algunos vecinos aseguran que había constante movimiento de una camioneta gris y un pick-up de reciente modero.  Entre los ocupantes se presume la presencia de dos personas de alrededor de 50 años, aunque los vecinos  nunca observaron tierra o material, por lo que el túnel pudiera estar operando desde tiempo antes.  En la vivienda, aún en resguardo militar, se localizaron dos losas de concreto, la primera pegada en la vivienda del lado poniente, la cual se encontraba medio abierta; y la segunda en la parte frontal del patrio delantero, cubierta de una malla verde, además de que se encontraron sacos de cemento y tablones de respaldo. Del lado mexicano el túnel se encontraba totalmente inundado.    Decomisos y túnel relacionados   Luego de meses de inactividad operativa, elementos de la Segunda Región Militar y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron diversos operativos en el Valle de Mexicali, consignando varias toneladas de enervantes.  El viernes 24 de abril, lograron decomisar casi 10 toneladas de marihuana en un rancho ubicado entre los ejidos Jiquilpan y Batáquez (Monterrey), en la Zona Centro del Valle de Mexicali, luego de una denuncia anónima en la que se informó del tráfico de drogas. Fue ahí donde detectaron un camión con la droga, en un principio se manejó que fueron alrededor de tres toneladas y media, pero la  información fue corregida. En el lugar se detuvo a Daniel González Medina, de 38 años de edad. El martes 28 de abril, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal decomisaron alrededor de 60 paquetes de marihuana y aprehendieron a una persona que transbordaba la droga en su vehículo tipo Suburban color gris, en las inmediaciones de la colonia Abasolo, zona cercana a la Garita II, entre Mexicali y Caléxico. Según la versión oficial, al ver el vehículo, el conductor aceleró su marcha, por lo que los municipales decidieron detenerlo y, al intentar huir, tiró por la ventana varios paquetes de la droga. La persecución terminó en la calle Hacienda de Guadalupe, donde el auto se impactó contra un cerco.  En información dada a conocer por la DSPM, se refiere que el nombre del detenido es Otoniel “N”, de 46 años, proveniente de Monterrey, Nuevo León.  En ambos decomisos, el embalaje de la droga es similar, por lo que autoridades entrevistadas por ZETA afirman que se puede tratar del mismo cargamento de droga.   Más droga del lado americano   El mismo martes 28, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al sector de El Centro decomisaron 28 libras de cocaína -14 kilos- y arrestaron a dos residentes de Caléxico. De acuerdo a los datos, agentes fronterizos a través de los videos de vigilancia detectaron a dos hombres cargando una maleta en la parte norte de la cerca metálica que divide a México de Estados Unidos. Los hombres depositaron la maleta en la caja de un pick-up. Los agentes fronterizos detuvieron el vehículo y, al revisar la maleta, encontraron seis paquetes de plástico que envolvían la cocaína, la cual pesó 28.4 libras. De acuerdo a información de la corporación, en este año fiscal el sector de El Centro de la Border Patrol ha decomisado 148 libras del alcaloide. En otro incidente, suscitado la mañana del sábado 25 en la Garita de Cruce entre Andrade y Algodones, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron un vehículo donde se transportaba una familia y tres niños. Ahí localizaron un compartimiento con varios paquetes de cocaína que sumaron 50 libras, cerca de 25 kilos. “No hay un perfil de cómo un potencial contrabandista puede lucir”, expresó en un comunicado el director de la Garita de Andrade, David Sarrassin, en alusión a la incautación. De acuerdo a los datos, el vehículo era manejado por un hombre de 42 años, a quien acompañaba su esposa, de 38, y sus tres hijos menores de edad.   Balacera en Los Pinos   Después del mediodía del 29 de abril, vecinos del fraccionamiento Los Pinos escucharon balazos, luego el sonido de la atropellada salida de varios hombres de un pequeño departamento ubicado por Paseo de los Laureles, exactamente en el número 325, en la parte norte de la zona, a espaldas del club deportivo Bancali, en Mexicali. Algunos de los involucrados intentaron huir en un auto Jetta blanco, pero solo llegaron cuadras más adelante, hacia la zona de la calle Obeliscos, donde abandonaron el vehículo y corrieron hacia el Bulevar Justo Sierra. En la zona quedaron dos heridos, mientras varios deambularon en la periferia del departamento. De acuerdo a diferentes versiones, se trataba de una casa de seguridad en el fraccionamiento Los Pinos donde  mantenían cautivo a un grupo de migrantes provenientes del sur del país, para extorsionar a sus familiares, residentes en Estados Unidos. Pero la mañana del miércoles 29 de abril, a quien le tocaba vigilar a los migrantes se quedó dormido, por lo que éstos se organizaron para escapar. Golpeaban al vigilante en la cabeza, cuando llegó otro de los captores y se armó la balacera que los migrantes aprovecharon para escapar. Al final fueron ocho los involucrados detenidos, aunque cuatro de ellos eran víctimas. Los disparos de arma de fuego alertaron a los vecinos, muchos de ellos se tiraron al piso para evitar balas perdidas, y entre la confusión, agentes ministeriales detuvieron tanto a secuestradores como a migrantes, ya que las versiones entre ellos eran confusas. Entrevistado en el lugar de los hechos, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro Montreal, explicó que a través del número de Emergencia 066 fueron alertados del incidente en Los Pinos, y al llegar las unidades, los agentes detectaron a una persona en el suelo -con una herida de bala en el abdomen-. Después de ordenar su traslado al hospital, empezaron  recibir llamadas de que gente a bordo de un automóvil tipo Jetta color blanco había huido hacia el sur del fraccionamiento, para después dejarlo en la calle Obeliscos. El jefe policiaco agregó que hicieron un cerco en la zona -donde participaron agentes de las policías Estatal Preventiva y Ministerial-, logrando la detención de  varias personas, aunque de inicio había confusión entre quiénes eran víctimas y quiénes los captores.   

Al recrudecimiento de los enfrentamientos a balazos en la zona de la delegación Sánchez Taboada y Zona Centro de Tijuana, se suma una tercera guerrita de narcomenudistas, ésta,  en la delegación Otay. De quienes ordenan, coordinan y supervisan los asesinatos, las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California detectaron en Otay a un hombre apodado “El Toro”, ex operador de Armando “El Gordo Villarreal” Heredia, encabezando el pleito a balazos contra gente de los hermanos Alfonso y René Arzate, “Los Aquiles”. También como operador de los homicidios de la célula de Los Aquiles, registraron a “El Tragedias”, identificado como actual mano derecha de René Arzate “La Rana”. En esta misma célula está “El Saico” sicario de “Los Cuates” Cerda Pacheco; y como cabecilla de sicarios de “Los Erres”, otro hombre apodado “El Coco”, del cual presumen, tiene entrenamiento militar. Hay versiones de que fue uniformado en Estados Unidos, sin embargo, esos datos aún se revisan. En cuanto al pleito de sangre que narcomenudistas protagonizan en la delegación Sánchez Taboada, del lado de Los Aquiles sigue siendo Arturo Govanni Gómez Herrera “El Gross” (ex operador de Los Uriarte) ahora contra “El Griego”, del lado del Cártel Arellano. “En Sánchez Taboada el recrudecimiento es más evidente porque ahí los que ahorita están enfrentados, antes estaban en la misma célula y se conocen, los están obligando a matar a sus amigos y, si no cumplen, entonces los matan a ellos; pero este enfrentamiento tiene ya por lo menos nueve meses, desde que ‘El Gross’ salió de la cárcel”, comentó un investigador.   El reacomodo   En esta fase de reajuste criminal que generó un incremento en la incidencia de homicidios en el mes de abril (37 homicidios en 2014, 50 asesinatos en 2015), las áreas de inteligencia detectaron tres temas destacados: 1. Un grupo de traficantes menores tratando de independizarse y generando pugnas al interior de la célula a la que pertenecen. 2. Una nueva sociedad der narcos, entre las células del CAF y las de José  Antonio Soto Gastélum “El Tigre”. 3. Una célula del CAF convertida en asesinos al servicio del mejor postor. De la alianza entre grupos, se trata específicamente de la gente del Luis Toscano “El Mono” (asesinado el 9 de abril), suplido por su cuñado,  Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”, y criminales que sirven a Javier Adrián Beltrán Cabrera “El R4”, conocidos como Los Erres. “Esta información no termina de cuadrar”, pero es la misma que han obtenido de por lo menos tres delincuentes detenidos, comentaron elementos integrados al Grupo Coordinación. La razón por la que los investigadores tienen sus reservas con estos datos, es que en la pugna interna del CAF entre 2007-2010 fue precisamente el sinaloense identificado como “El Tigre” quien apoyó a  Eduardo García Simental “El Teo” y su gente para escindirse y enfrentarse con los grupos que siguieron delinquiendo con Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, pleito que llevó a la contracción del CAF y el dominio del Cártel de Sinaloa. “Pero tiene sentido en cuanto a que la unión es para acabar con los hermanos Alfonso y René Arzate (Los Aquiles), porque su gente está tratando de controlar todo el territorio, y matando a la gente del CAF y Los Erres”. En cuanto a la célula que busca independencia, la información en los expedientes del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California revela que Los Cuates estarían traicionado a Los Aquiles, tras haberse aliado con un distribuidor y operador de Guadalajara, Jalisco. Acorde a datos recabados por autoridades, Lucre (y/o Lukree) Antonio Cerda Pacheco (cabecilla) y su hermano Marco Antonio empezaron como delincuentes desde jóvenes. En los registros mediáticos, Lucre reporta una captura de parte de la Policía Municipal, ya que en diciembre de 2011 lo encontraron circulando pie tierra por la colonia Obrera portando un chaleco antibalas y un arma AK-47 y 30 cartuchos; y a Marco Antonio lo detuvieron en mayo de 2014 por participar en un asalto violento a un camión de leche Lala. En ese atraco también fueron identificados los siguientes socios criminales de Los Cuates: José Luis Álvarez Morales, Daniel Eduardo Tapia López, Carlos Alfonso López Guardiola, Mateo Ontiveros Santibáñez, José Martin Soto Barajas,  Alan Israel Orozco Guardiola, y quien opera actualmente como mano derecha de “El Lucre”, Raúl Gerardo Guizar de la Peña. Conforme a datos recientes obtenidos en diversos expedientes, Lucre Cerda habría intentado tener audiencia con algunos jefes del narcotráfico en  Sinaloa y no fue recibido, razón por la cual buscó contactos en Guadalajara, donde presuntamente los atendió un sujeto apodado “Dorado o Dorador”, quien aceptó apoyarlo en la independencia; sin embargo, el trato incluyó que les diera información respecto a cargamentos de Los Aquiles, no saben si para robarlos o denunciarlos para que fueran interceptados por la autoridad. Respecto a los sicarios a sueldo, detenidos recientemente, miembros del grupo delictivo de  Los Sureños relataron que al mando de Víctor Manuel Morales, se están dedicando a matar, bajo contrato, sin distingos de célula.   13 asesinatos en una semana   Identificado en junio de 2014  como  “sureño” reciclado, en el mapa criminal de Grupo Coordinación estaba  Héctor Uriel Rodríguez Fabián “Uriel”,  (preso del 7 de octubre de 2010 al 15 de abril de 2011). Este sujeto fue asesinado la tarde del viernes 24 de abril de 2015, en el Cañón Enciso de la colonia Artesanal. Murió en el Hospital General. Las autoridades lo identificaron como “tirador de droga” al servicio de un traficante el menudeo apodado “El Tribi”, quien sirve a  adrián Cabrera” “El R4” y José Antonio Soto Gastélum  “El Tigre”. Pero antes que a este hombre hubo más homicidios, el jueves 23 de abril de 2015 mataron a Gerardo Sánchez Loya, de 26 años,  le dispararon cuando iba a pie en la delegación La Presa, cinco tiros y acertaron tres en la cabeza. En su haber tenía una reclusión previa por el delito de narcomenudeo. Lo ultimaron con la misma arma que usaron para asesinar a Neri Elsi Chávez Medina el martes 28 de abril. Familiares que recogieron el cuerpo, reconocieron saber que su pariente era sicario y vendía ‘cristal’ en Sánchez Taboada. El día que lo mataron ya se andaba escondiendo, una mujer le habló por teléfono y lo citó en el centro comercial de Los Pinos, donde fue acribillado. Le dijeron que le darían dinero. Ayudado por su madre, acudió a la cita, escondido en el asiento trasero del lado derecho del automóvil Honda que la mujer conducía, esperaron un rato pero nadie llegó, la mujer sospechó y le hizo saber  a su hijo que tenía miedo, así que decidieron dejar la plaza. Cuando la mujer hizo el alto antes de salir del centro comercial, un hombre que estaba recargado en un poste a un lado de la salida, volteó y le acertó cinco balazos, para irse corriendo. Neri Chávez estaba vinculado a los homicidios registrados en las actas 318/14/201 y 185/14/201, lo consignaron por dos actas: la  224/14/201 en el Juzgado Séptimo de lo Penal por homicidio en grado de tentativa cometido el 5 de septiembre de 2014; y la 147/14/201 del Juzgado Segundo de lo Penal, por un homicidio del 25 de febrero de 2015. En los dos casos antes mencionados, Castillo y Chávez, son los únicos homicidios vinculados con la misma arma. Los otros diez muertos fueron, el jueves 23 de abril -además del asesinato ya mencionado- a las 10:30 am en la colonia Cuauhtémoc en la delegación Sánchez Taboada, Salvador Castillo Jiménez, a quien balearon mientras circulaba sobre Calle Gilberto Portugal en un Honda Civic; recibió dos impactos a la cabeza. Y en el Ejido lázaro Cárdenas encontraron el cuerpo de una mujer maniatado y con un tiro en la cabeza, entre su pantaleta y partes femeninas tenía escondidos dos ‘globos’ de ‘cristal’. El viernes 24 de abril, además de “El Uriel”, fueron asesinados tres más: En el Mariano Matamoros, dentro de su casa mataron a Jaime Sánchez  Magaña con una pistola calibre 22 (en el resto de los casos usaron calibre 45 y 9 milímetros). La víctima había ingresado en dos ocasiones a los Centros de Readaptación Social del Estado, por narcomenudeo en febrero de 2015 y por posesión de ‘cristal’ en noviembre de 2014. El homicida olvidó en el lugar una mochila con varios cartuchos calibre 22. En la colonia Altiplano encontraron el cadáver de Gregorio Rodríguez Simental, con el tiro de gracia en la cabeza y un narcomensaje: “Esto les va a pasar a todos los lacras del Aquiles Att La Barredora del CAF Putos”. Su expediente incluye dos ingresos al sistema penitenciario, uno por violencia doméstica y otro por narcomenudeo. La familia también lo había metido dos veces a rehabilitación. Y por la noche del mismo viernes, en la zona de los Módulos de Otay,  Eli Obed Acosta Urbano recibió varios tiros calibre 9 milímetros en la cabeza. Al morir estaba en posesión de 30 ‘globos’ de ‘cristal’. Esta misma noche, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) recogió otro muerto en Jardines de La Mesa, pero resultó culposo. El lunes 27 de abril, en la colonia Independencia, dentro de su domicilio localizaron a Custodio Oceguera, de 53 años, dueño del motel El Deseo, ubicado en la calle Primera de la Zona Norte en Tijuana. Su familia dijo que tenía costumbre de llevar meretrices a su casa y suponen que uno de esos tratos salió mal. Esperaba mujeres y llegaron hombres que lo maniataron con tape gris, lo mataron, se llevaron su camioneta y la quemaron en el fraccionamiento Murúa. LA PGJE investiga la posibilidad de que haya sido prestanombres del recién asesinado Luis Toscano “El Mono”. También el lunes, un adicto mató a su padrastro quemándolo dentro de su casa, para evitar ser ingresado a un centro de rehabilitación. Y pasadas las 7:30 pm, en el fraccionamiento El Rubí, un socio de Los Cuates sería acribillado, pero sobrevivió. El martes 28, una mujer falleció en un picadero a manos de su pareja, Francisco Mejía Soto. Según relata el hermano del agresor, Jimena Ruiz empezó a discutir y se fue a las manos con otra mujer que los acompañaba, entonces el victimario “se ondeó” y disparó directamente a Jimena. “Dicen que no son narcomenudistas, pero nadie tiene una calibre 223 nada más porque sí”, refirió un oficial. El mismo día se localizó un hombre estrangulado en la colonia Antorcha Campesina.  Ya el miércoles 29 de abril, un hombre identificado como Alfredo Rodríguez Contreras (traía una identificación con foto con ese nombre) fue asesinado a balazos en la colonia Hidalgo. La PGJE  consultó en Plataforma México para determinar si la víctima había pertenecido al Ejército (traía una cadena con número de identificación), y la respuesta fue negativa.   Sánchez Taboada   “La Policía Municipal detuvo a Marco Antonio Lizárraga Ramírez ‘El Toñito’ como presunto responsable del ataque armado derivado del comercio de droga al menudeo, en agravio de José Ismael Rodarte Cruz ‘El Mayito’, ocurrido el 22 del corriente en la colonia Sánchez Taboada”, refiere un boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. La PGJE anunció el 28 de abril que lo consignó. Lizárraga admitió ser homicida al servicio de “El Gross” y contra la gente de “El Griego”, hablo de la disputa interna y del hecho que se están matando entre gente que hicieron equipo para  delinquir, al confesar sus participaciones en homicidios, e hizo un mapa de venganzas internas, pero solo detalló algunas. Especificó que a su compañero de homicidios, Luis Javier García Jiménez “El Boti”, lo mataron sus contras el 21 de abril y, al día siguiente, iban por “El Toñito”, pero asesinaron al hijastro, un joven de 16 años, Leonardo David “N”, al que apodaban “El Bebé”.