Era 5 de noviembre del año 2007, iniciaba la pugna interna entre las células del Cártel Arellano Félix, en la que se sumaban a diario asesinatos secuestros y privaciones de la libertad. Ese lunes, el empresario Luis Ignacio Moreno Medina -hermano del entonces secretario de Turismo en el Estado, Alejandro Moreno- salía de su casa en la colonia Chapultepec en Tijuana, metros adelante su vehículo compacto fue interceptado por un pick-up, del que descendieron varios hombres armados. Lo bajaron, se lo llevaron y no se volvió a saber de él. Solo algunos diarios locales abordaron la noticia. Meses después, versiones no oficiales vertidas a ZETA, indicaron que la familia recibió varias  peticiones millonarias y en dólares por su rescate, las cuales fueron aumentando la cantidad con los días, hasta que dejaron de llamar sin liberarlo. Aunque no se había hecho público, varios miembros del crimen organizado incorporados al CAF habían sido acusados de su desaparición, lo que quedó consignado en causa penal 362/2014-A. Casi ocho años después,  el 2 de junio de 2015, el Poder Judicial federal emitió un comunicado para los familiares de Ignacio Moreno considerados por Ley como “víctimas indirectas”. Les informaron que el 13 de marzo se había dictado el siguiente resolutivo:   Primero: “… se declara auto de libertad a favor de Teodoro Eduardo García Simental y/o ‘Teo’, ‘El Tres Letras’ o ‘Teodoro’, quien en diligencia de declaración preparatoria ante este órgano jurisdiccional refirió llamarse correctamente Diego García Simental, y Santiago Meza López alias ‘El Chango’ y/o ‘El Pozolero’, por delitos de delincuencia organizada (…) el cual adquirirá carácter de sobreseimiento una vez que cause estado”. Segundo: “…se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar (…) por el delito de secuestro (…) cometido en agravio de Luis Ignacio Moreno Medina”. Tercero: “En la misma hora y fecha se le dicta auto de formal prisión contra Gustavo Rivera Martínez (…) por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (…) y secuestro (…) cometidos en agravio de Luis Ignacio Moreno Medina”.   En tiempos de la pugna interna del CAF, Rivera Martínez era considerado uno de los principales lugartenientes que permaneció al lado de los hermanos Arellano Félix, mano derecha de Enedina, y participante activo de las actividades de lavado de dinero del cártel.  Cinco años antes del secuestro de Moreno Medina, en el año 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una de sus alertas, en esa ocasión incluyó a más de una decena de personas que el gobierno norteamericano consideraba, apoyaban al Cártel Arellano Félix para lavar el dinero que ganaban traficando droga, en empresas domiciliadas en Tijuana, Baja California.    Y ligaban a Luis Ignacio Moreno Medina, a esas empresas entre las que enumeraron a Farmacia Vida Suprema; Distribuidora Imperial de Baja California; Administradora de Inmuebles Vida; ADP, S.C.; Forpres, S.C.; Accesos Electrónicos y Operadora Valpark. En aquel momento, el señalado declaró a Periódicos Healy que desde el año 2000 se había separado de la administración de las farmacias y la distribuidora, y que quien hacía las veces de presidente de las empresas era Luis Toledo, quien fuera marido de Enedina Arellano.   Más cuentas pendientes   Se trata de procesos seguidos por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Causa penal 173/2009-III. El 9 de septiembre de 2014, notificaron el licenciado Óscar Manuel Gómez Núñez, defensor particular del testigo Joaquín Guzmán Loera o Archivaldo Joaquín Guzmán Loera, por instrucción del Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, para que “El Chapo” declarara por videoconferencia, en el caso que se sigue en contra de García Simental. Causa penal 107/2009. En julio de 2014, García Simental solicitó careo por video conferencia con otros presuntos delincuentes presos en Nayarit, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro Ramírez Martínez. Causa penal 509/2009-VI. El 25 de marzo de 2015 citaron a Édgar Cuéllar Morales y a Pablo Claro Morales -detenidos por el asesinato de la modelo y porrista Adriana Ruiz- a comparecer “para el desahogo de la ampliación de declaración a su cargo; en la causa  instruida en contra de Teodoro o Diego García Simental, y otro por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y otro”. Causa penal 94/2009-II. En contra de Diego García Simental, Filiberto Parra Ramos alias “La Perra”, Luis Fernando Gastélum Guerrero “El Gokú”, César Daniel Moncayo Estrada y Sergio Alberto Espinoza Ceniceros, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. Causa penal 294/2009-D. Existen registros desde 2013, de que en varias ocasiones, el abogado del acusado Diego García Simental solicitó la comparecencia de los ex policías acusados de corrupción, Javier Miguel López García y/o Javier Miguel López o Karlo Omar Herrera Sánchez y José Ayala Torres o José Antonio Ayala Flores. Esta causa también es en contra de Fernando Sánchez Arellano y Armando Villarreal Heredia. Causa penal 103/2010. Eduardo Teodoro García Simental, Fernando Sánchez Arellano y otros por delincuencia organizada, secuestro y fomento, posesión de droga con fines de venta. También están las órdenes de aprehensión cumplimentadas en las causas penales 294/2009, 316/2009, 2/2010, 69/2010, todas seguidas en Juzgados de Baja California.  

El tan anunciado programa de embargo contra los grandes deudores del Impuesto Predial, no existe. Y aunque el gobierno de Jorge Astiazarán dice requerir lo mismo a quien debe 300 o un millón de pesos, lo cierto es que son los morosos con rezagos menores los más demandados por el XXI Ayuntamiento. En diciembre de 2013, la administración de Astiazarán advirtió: “No habrá intocables, iremos por los grandes deudores del Predial”. Veinte meses después de iniciada su gestión, el rezago de ese gravamen continúa en el mismo nivel en el que lo recibió: 3 mil 571 millones de pesos, de los cuales un amplio porcentaje corresponde al incumplimiento de los dueños de lotes baldíos, fincas e, incluso, centros comerciales. A los grandes contribuyentes nadie los toca. Muestra de ello es que de poco más de 130 actas de embargo levantadas en el actual periodo de gobierno, solo cinco registran un adeudo superior al millón de pesos. El resto de los ordenamientos es contra ciudadanos que no están al día con el gravamen correspondiente a viviendas asentadas en fraccionamientos como Villa del Campo, Parajes del Valle o Delicias, al Este de Tijuana. Tampoco existe un seguimiento a los juicio de embargo iniciados, ya sea por pequeños o grandes montos; a la fecha, el Ayuntamiento de Tijuana no prevé ninguna acción de remate, así lo asentó el actual encargado de despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas, José Manuel Noriega Moreno. El común denominador de los contribuyentes más emplazados mediante embargos, es poseer casas de interés social sin estar al día con el pago del Impuesto Predial. Tal es el caso de Lorena García, a quien, a finales de 2008, le fue adjudicada una vivienda de 95 metros cuadros en Villa del Campo Segunda Sección, a un costo de 269 mil pesos. Al no cumplir con el pago del gravamen municipal, Lorena acumuló un adeudo por un monto de 851 pesos, cantidad por la que a principios de enero de 2014, el gobierno de Jorge Astiazarán embargó la modesta morada.   Los más requeridos   Cuando al empresario Dimas Campos Briseño el municipio de Tijuana le requirió en 2014 dos propiedades, por dos créditos fiscales incumplidos, uno de 881 mil 517 y otro por 356 mil 175 pesos,  el gobierno de Jorge Astiazarán determinó: “Vamos por los grandes deudores”. “Iremos por aquellos contribuyentes con rezagos de más de un millón de pesos”, blandió José Guadalupe Mojica Moreno, entonces secretario de Administración y Finanzas, dependencia que desde el 30 junio se encuentra sin titular y teniendo como encargado de despacho al tesorero José Manuel Noriega Moreno. A partir de esa fecha, en el Registro Público de la Propiedad el XXI Ayuntamiento de Tijuana ha inscrito cinco procedimientos de embargo por omisión de pago de Impuesto Predial, de montos superiores al millón de pesos. En suma, son 7 millones 205 mil 258 pesos los que esos grandes deudores deben a la Hacienda municipal. De esta lista sigue vigente la primera acta de incautación, así como la requisición aplicada el 30 de septiembre, de ese mismo año, al Instituto Educativo José Vasconcelos, por un crédito fiscal de 1.6 millones de pesos. En el primer caso el objeto de embargo fue un lote ubicado en Fraccionamiento Hipódromo, mientras que en el segundo se decomisó un predio contiguo al Instituto. A esas acciones se añaden tres embargos, a igual número de deudores, con afectación en los siguientes bienes: un lote de 7 mil 345 metros cuadrados en Alfonso Corona del Rosal, otro de 51 mil metros cuadrados en Alamar y una fracción del predio rústico La Cuestecita. Por adeudos que fluctúan entre los 65 mil y 996 mil pesos, la administración de Astiazarán ha requerido a 15 contribuyentes, en un lapso de junio de 2014 al 5 de junio de 2015. En total, los 15 deben a la Hacienda municipal 6.2 millones de pesos, cantidad que agregada a la de los cinco grandes deudores, da un total de 13.4 millones de pesos. Quienes abultan la cartera de embargos, son los depositarios menores, cuyos incumplimientos son por montos que van de los 387 pesos, a cuando  mucho 10 mil 200 pesos. La suma de la mora de todos ellos, un promedio de 110 propietarios, apenas roza el medio millón de pesos.   Disimulan embargo en casa de los Arellano   Antes de concluir el primer trimestre de 2015, el XXI Ayuntamiento de Tijuana colocó una lona en la que anunciaba el inicio de un procedimiento de embargo en la que fuera una de tantas residencias de los hermanos Arellano Félix. No obstante el tiempo transcurrido, a la fecha no se concreta la confiscación del inmueble ubicado en Avenida de Las Américas Norte y Calle Ottawa, Fraccionamiento El Paraíso. Peor aún, ningún funcionario de la administración de Astiazarán se atreve a abordar el tema. El propio tesorero y encargado de las finanzas municipales no supo o no quiso responder al ser cuestionado sobre el estatus de esa propiedad. En el Registro Público de la Propiedad (RPP) no aparece en embargo, lo que demuestra que el procedimiento no se ha llevado a cabo, con todo y que el anuncio correspondiente no se ha retirado. Incluso, en mayo de este año la Dirección Municipal de Bomberos llevó a cabo un simulacro de incendio. El encargado de despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tijuana explicó que luego de tres avisos preventivos, se inicia un procedimiento de embargo en contra de los contribuyentes omisos, para lo cual se coloca la lona. Después, se espera un tiempo “prudente” y, de no haber respuesta, se oficializa el embargo mediante la inscripción al RPP, para luego proceder al remate. No es el caso de la residencia de los hermanos Arellano Félix.   La contradicción   De acuerdo a información proporcionada por José Manuel Noriega, son solo 14 los expediente en embargo, por una cantidad que suma 26 millones 948 mil 446 pesos. En respuesta a datos solicitados a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, expedida por el propio tesorero, al 15 de julio de 2015, el XXI Ayuntamiento había llevado a cabo 4 mil 210 procedimientos de embargo por concepto de omisión del Impuesto Predial, cuyo monto asciende a 91 millones 751 mil 943 pesos. De los contribuyentes a los que se les incautaron propiedades, 44 realizaron convenios de pago, logrando el Municipio una recaudación de 12 millones 722 mil 511 pesos. No obstante, esta información oficial no cuadra en las inscripciones del Registro Público de la Propiedad donde queda asentado todo embargo, ni en la declaración dada a ZETA por Noriega Moreno.   Remates, tema pendiente   Ya sean 4 mil, 130 o 14 los casos, hasta la fecha el gobierno de Tijuana no ha hecho efectivo el remate de ninguna de las propiedades incautadas. La explicación de José Manuel Noriega al respecto es porque  “sigo esperanzado de que vengan a pagar”. Además, la mayoría de las propiedades tienen un valor superior al crédito fiscal por las que han sido embargadas, situación que se encuentra en manos de la Consejería Jurídica del Municipio. El actual encargado de Administración y Finanzas aseguró que a finales de este año podrían concretarse los primeros remates de los morosos que no respondan a las demandas de pago.   Embargos por ejecutar   No obstante la poca respuesta lograda de parte de los evasores del Impuesto Predial, la administración de Jorge Astiazarán continuará requiriéndolos mediante procedimiento de embargo. El tesorero José Manuel Noriega informó tener pendientes 87 notificaciones de embargo, de igual número de contribuyentes que en conjunto adeudan 30 millones de pesos. A esa cantidad se suman 49 casos a punto de ser embargados, lo que demorará entre 30 y 40 días, tiempo necesario para elaborar una notificación en forma que impida “judicializar” el proceso, esto es, que el moroso no pueda continuar evadiendo el pago, explicó el funcionario. Además, en lo que va de 2015, Tesorería Municipal informó haber requerido 160 mil cuentas de Predial. En las negociaciones con los negligentes contribuyentes, el Municipio les ofrece facilidades de pago, además de estimularlos con descuentos, como el aplicado actualmente, en el que se les condona el cien por ciento de multas y recargos, reduciendo así a la mitad el crédito fiscal pendiente de pago.     Ingresos 2015 Según el último balance administrativo, la Hacienda de Tijuana había logrado ingresos por 2 mil 801 millones 926 mil 395 pesos; 102 millones de pesos más, en relación al mismo periodo de 2014, precisó José Manuel Noriega. En Impuesto Predial, la administración municipal ha logrado captar 412 millones 897 mil 790 pesos que, comparado a julio de 2014, significa un incremento de 46 millones de pesos. A esa cantidad se suman 76 millones de pesos recuperados de deudores con cuentas rezagadas de 2014 hacia atrás, de un adeudo histórico de 3 mil 571 millones de pesos, representado en 296 mil 197 cuentas. La proyección es llegar al cierre del ejercicio fiscal con ingresos por pago del Impuesto Predial del orden de los 385 millones de pesos; el avance actual es del 87.45 por ciento. Actualmente el XXI Ayuntamiento de Tijuana decretó la anulación durante los meses de julio, agosto y septiembre, de multas y recargos a quienes acudan a pagar cualquier impuesto y derecho; de octubre a noviembre el descuento será del 80%; para diciembre únicamente se les restará el 50% de las penas acumuladas. Si a los ciudadanos no les es posible pagar en una sola exhibición, pueden hacer un convenio para liquidar en abonos, teniendo como plazo hasta el 31 de diciembre de 2015; en esos casos la condonación de multas y recargos será solo del 50%.     Comercios del aeropuerto regularizados De los 22 establecimientos comerciales clausurados por el XXI Ayuntamiento en el Aeropuerto Internacional “Abelardo L, Rodríguez”, 18 ya fueron regularizados. Los cuatro restantes se ampararon para continuar evadiendo al fisco municipal. En rezago correspondiente de 2000 a 2014, cada uno de los 18 propietarios pagó un monto de 86 mil 464 pesos; de la contribución correspondiente a 2015, siete se han puesto al corriente, lo que ha significado al Municipio ingresos por 40 mil 300 pesos.

Ante un nuevo escenario fiscal que entró en vigor en 2015 y que atajó a los contribuyentes con nuevos impuestos, la contabilidad electrónica, un IVA en la frontera al 16 por ciento, cambios en temas aduanales que implican mayor burocracia y menor eficiencia, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es obsoleta. Ante tal escenario, las herramientas para que los ciudadanos se defiendan tienen poca eficiencia, poniéndolos en situación de indefensión. Cabe recordar que la enmienda en cuestión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, un mes después entraría en vigor (según transitorios), con el objeto de defender los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, así como a los responsables solidarios. “Con la presente Reforma Fiscal se le dieron muchas atribuciones al fisco. Ahora puede embargarte más fácil, llamar a la Policía para ejercer sus medidas de apremio, fiscalizar las cuentas bancarias, ejercer revisiones electrónicas, llevar a cabo la contabilidad electrónica y además limita el término para interponer la defensa, pues antes tenías 45 días, hoy tienes 30. La balanza fue inclinada a favor del fisco federal”, advirtió a ZETA el abogado fiscalista Jorge Pickett Agregó que ante tal escenario, es imperativo un equilibrio entre las autoridades fiscales con una modificación a la Ley en cuestión, pues aunque cuando se creó, fue adecuada al momento, actualmente resulta obsoleta, al no otorgar derechos y garantías a los ciudadanos. Un ejemplo, dijo, es que si bien la legislación establece que los contribuyentes pueden corregir su situación fiscal con una declaración para dejar sin efecto la anterior, antes de que la autoridad ejerza una acción punitiva, en la actualidad la figura de la autocorrección no la contempla la autoridad fiscal. A la par, Pickett puntualizó que la enmienda de 2005 establece el derecho a ser informado por medio de la Carta de los Derechos del Contribuyente, donde se explican las formalidades a seguir por la autoridad fiscal, al hacer una revisión, así como el cumplimiento con las garantías de seguridad jurídica y de legalidad para el auditado; sin embargo, con el uso del Buzón Electrónico dicha disposición ya no se cumple.   No es obsoleta: PRODECON   En torno al tema, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Iván José Curiel Villaseñor, afirmó que el término obsoleto no es aplicable a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ya que esta ha sido base para que el organismo ejerza sus atribuciones y lleve a cabo la defensa en favor de los contribuyentes.   “La Ley surge en 2005. En 2006 surge documentalmente esta Procuraduría, pero entró en funciones en 2011. La Ley ha sido respaldo fundamental para el ejercicio de nuestras funciones, pues así como está redactada, tiene por objeto regular derechos y garantías básicos de quienes pagamos impuestos en México. “Entiendo que no todos los derechos se encuentran en la Ley del Contribuyente, los encontramos en algunas otras normas. Eventualmente y en bloque evolutivo de reformas tributarias, seguramente irá cambiando o adecuándose a las normas o problemáticas contemporáneas”, externó Curiel, para posteriormente concretar que en coordinación con la Ley orgánica de PRODECON y de la mano de los reglamentos que regulan sus atribuciones, cuentan con más herramientas que pueden fusionar, por lo que con cuatro años de vida los resultados han sido satisfactorios en beneficio de quienes pagan impuestos.   La frontera se defiende   De acuerdo con el abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en el Distrito Federal, declaró el envío de la e-contabilidad como inconstitucional, a favor de las personas que promovieron el amparo en contra de la medida fiscal contemplada en el Artículo 28 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal y Código Fiscal de la Federación. En entrevista con ZETA, el legista declaró que el viernes 24 de julio la autoridad dio a conocer la resolución donde el amparo se ganó en primera instancia, sin embargo, resaltó que no es la resolución definitiva. El siguiente paso es el recurso de revisión por parte de la autoridad para después turnarle a un Tribunal Colegiado. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dar el fallo definitivo. Cabe recordar que a nivel nacional se presentaron 11 mil 200 amparos y, según Pickett, como despacho ellos presentaron 150.   Amparo vigente   Respecto al amparo contra el IVA en la frontera, el abogado fiscalista Adolfo Solís dijo que sigue vigente, en tanto el asunto se queda en Mexicali, a la espera del recurso de revisión por parte de la autoridad. “Estamos esperando que se admita el trámite de recurso de revisión para ver quién es el juez que tendrá que tomar el caso. Estamos con la atención debida para estarlo revisando y darle seguimiento puntual”, comentó. El tema es totalmente jurídico y debe resolverse por la parte técnica, pues se sabe que la parte política no tiene eco, por lo que se debe seguir adelante en defensa de los contribuyentes de la frontera. “El Amparo Colectivo permitió a los ciudadanos ejercer la Ley, por lo que Baja California da un ejemplo al mundo de cómo se deben ejercer los derechos a través del uso de la institución y no a través del uso de la fuerza, no a través de la toma de instalaciones”, concretó.

Debido a que Mexicali se encuentra entre las cuatro ciudades más contaminadas del mundo en relación a Partículas en Suspensión y monóxido de carbono, un grupo de abogados encabezado por  Fidel Alfaro Meléndez interpusieron una demanda en contra de varias empresas y autoridades ambientales por el daño que causan al medio ambiente regional. El Amparo Indirecto principal con número de expediente 710/2014  fue promovido en febrero del 2014 ante el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Mexicali y va en contra de: la Siderúrgica (grupo Simec); Termoeléctrica de Mexicali “Sempra” y Subsidiaria de Infraestructura Energética Nova S. A. B. de C. V.; y la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” (Intergen). La primera ubicada en delegación Cerro Prieto en el Valle de Mexicali y las otras 2 en la Delegación Progreso por la carretera a Tijuana. Además la demanda responsabiliza a varias dependencias omisas a la regulación ambiental, entre ellas a la Semarnat, Secretaría de Salud, Secretaría de Protección al Ambiente del Estado y Dirección de Ecología municipal. Los actos reclamados son por dar autorización de las diferentes dependencias sin cumplir con la normatividad de protección ambiental que términos legales se dice acto positivo de autoridades responsables ya que deben están obligadas a garantizar y proteger las normas ambientales y no lo hacen. Otro de los puntos denunciados es que actualmente las estaciones de monitoreo del aire de la ciudad, se encuentran destruidas y no pueden verificar la calidad, y agregan que las personas encargadas de operarlas, no se encuentra capacitado para hacerlo, aseguran los abogados. Y pese a que Mexicali incumple con todas las normas ambientales, ninguna autoridad ecológica ha emitido alertas a la salud, ni ha tomado medidas de protección a grupos vulnerables. En relación a la demanda, se han realizado dos peritajes, pero al no coincidir en resultados, el Juez solicitó un tercer estudio, sin embargo ante la falta de profesionales que puedan realizarlos se nombró a la UABC para que lo realice, con ello ya se podría tener Sentencia del Amparo. Luego de que concluya la sentencia –en cualquier sentido—, los abogados presentarán una petición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso. Alfaro Meléndez indicó que los alcances de la sentencia serán que el Juez determine tras la revisión todas las Leyes y Reglamentos Ambientales para conocer si se están cumpliendo y en caso de no hacerlo adecuar la normatividad o incluso cancelar los permisos de operación de las empresas.   Daños a la salud   El abogado y catedrático universitario Fidel Alfaro Meléndez afirmó que la denuncia se presentó debido a los altos niveles de contaminación que son visibles a simple vista, posteriormente ante el surgimiento en el tema de notas periodísticas sobre la contaminación del aire, lo que ha derivado en que los niños tienen una reducción del 20 por ciento de su capacidad pulmonar. Con la reforma Constitucional en materia de amparo en 2013 se incluyó el término de interés legítimo, con lo que los ciudadanos pueden promover una acción legal en contra de empresas o autoridades cuando indirectamente se afecta un bien jurídicamente tutelado como lo es la salud. Indicó que cualquier persona enferma producto de la contaminación del aire puede promover una acción legal para que se repare el daño, y con ello se tendría que revisar todo el sistema legal de operación de Mexicali y detectar si se cumple con los requisitos de protección al medio ambiente. El licenciado Alfaro Meléndez indicó que el primer obstáculo para la demanda fue la falta de peritos especializados para emitir los dictámenes porque de acuerdo a los criterios del Poder Judicial, solo existen en Guadalajara y Monterrey, por lo que se apoyó en el departamento de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California.   Empresas contaminante se monitorean solas   Entrevistado por ZETA, el perito en medio ambiente por la UABC Marco Antonio Reyna explicó respecto a las empresas señaladas por contaminar y sujetas a la demanda, que en nuestro sistema, son las propias industrias quienes reportan sus propias emisiones –no las vigilan—, pero si alguien está dispuesto a financiar el monitoreo se pueden hacer y revisar si realmente están cumpliendo con la norma. “Se habla de que la industria contamina el 4 por ciento pero siempre pongo el ejemplo del vaso de agua, si tienes un vaso hasta el tope de agua y le agregas el 4 por ciento se va a derramar, así está el aire de Mexicali, saturado, está hasta el tope”, indicó el catedrático de la UABC. Mencionó que –malamente— en otras ciudades se les permite contaminar a las empresas, pero son más tolerantes porque no tienen el aire tan contaminado como la Capital del Estado, afirmó que actualmente se desconoce cuál es el grado de contaminación de las empresas, por lo que son necesarios estudios independientes.  “Mexicali no cuenta con un sistema de monitoreo de calidad del aire, hay estaciones de monitoreo, pero dejan mucho que desear, no hay quien las opere de manera adecuada”, dijo el investigador.   Niegan ser responsables de contaminación y obtienen permisos   En su defensa, las empresas presentaron un dictamen en donde reconocen la contaminación, pero la minimizan. Las empresas respondieron con dictámenes que señalan: “…sí contaminamos pero no es tanto, sí hay contaminación, pero no somos los últimos culpables”, detalló Alfaro Meléndez representante del grupo demandante. Dijo que entre las variantes que presentaron las empresas para defenderse, fueron la falta de pavimentación y la contaminación producida por vehículos en Mexicali. Oficialmente también existen como causales las quemas agrícolas en ambos lados de la frontera, los negocios que utilizan carbón, las lagunas de oxidación y las estaciones de gas natural, el ganado en los ranchos. Pero eso no los exime. Por ello en la demanda, los abogados pretenden que sea el Estado quien verifique y comprueben vía peritaje, si están cumpliendo con las normas ecológicas. “En Mexicali no hay aparatos para medir la calidad del aire, el gobierno de los Estados Unidos le va a donar a Mexicali un aparato para monitorear la calidad del aire siendo que hay presupuestos federales destinados a ese concepto y no contamos con los aparatos, hay una omisión enorme por parte de órganos del Estado que no están destinando los recursos o los apoyos federales para el medio ambiente y ésa es una violación al derecho humano”, afirmó el catedrático. En el caso del municipio también le corresponde autorizar el uso de suelo a las industrias ya que a pesar de ello cuentan con toda las autorizaciones correspondientes. “¿Dónde está la Secretaría de Salud?, estamos acostumbrados a tener puestos en el gobierno creyendo que es nomás para sentarse y ahí se va, ahora los cambios en derechos humanos, (permiten que a funcionarios se les puede) hacer un juicio de responsabilidad administrativa y responder personalmente por omisiones de ciudadanos”, afirmó el abogado. Dijo que muchas empresas quedaron fuera en esta primera etapa de la demanda, pero no descarta poder integrar a otras que claramente violan las normas ecológicas.   Mexicali, líder en contaminación   En cuanto a los índices de corrupción del aire, Marco Antonio Reyna, perito en medio ambiente por la UABC, confirmó lo que para muchos era una obviedad, Mexicali tiene el incide más alto de contaminación en Partículas en Suspensión y Monóxido de Carbono del país y se encuentra entre las cuatro ciudades más contaminadas del mundo en las llamadas PM (Material Particulado). El investigador informó que Mexicali se encuentra por arriba de la media nacional en cuanto a muertes por cáncer en vías respiratorias las cuales tienen correlación con la contaminación del aire. Para desgracia para los mexicalenses la topografía de la región no es favorable, porque los vientos que ayudan a dispersar la contaminación son escasos y no tienen fluidez dado que chocan contra la Rumorosa provocando turbulencia y en lugar de dispersar las partículas contaminantes levanta las que se encuentran en el suelo. Señaló que recientemente la norma mexicana para PM fue modificada a la baja dejando a Mexicali muy mal ubicada, en el caso de las PM10 la norma indica que no debe rebasar los 40 microorganismos por metro cúbico de aire anual y en promedio diario deja como tope los 75 volviendo la norma más estricta. Actualmente Mexicali rebasa hasta en 4 veces la Norma Oficial en promedios anuales y de 24 horas, por lo que en días festivos se puede considerar una “tragedia ambiental” al tener promedios de 2 mil microorganismos por metro cúbico de aire. “Mexicali es la ciudad más contaminada por PM10, pero si le buscamos otros contaminantes son las PM´s y monóxido de carbono, a nivel mundial la OMS (Organización Mundial de la Salud) marca que estamos entre los 4 primeros lugares del mundo”, afirmó el investigador.    Peligro de muerte: alergólogo   Para el investigador y alergólogo, Valente Mérida Palacios existe una clara omisión por parte de la Secretaría de Salud y de Protección Ambiental al demostrar una falta de interés en el tema. “Se le devolvieron siete  millones de pesos al Secretario de Protección al Ambiente etiquetados para monitoreo, no los aplicó”, denunció Mérida Palacios. Mérida explicó que el ser humano respira 15 mil litros de aire diariamente de los cuales en Mexicali se respiran 2 de los 5 contaminantes más dañinos, que son las PM y monóxido de carbono al ser líder nacional en emisiones desde 1997, que fue desde que se inició el monitoreo. Indicó que cuando se respiran gases a base de carbón las partículas son más pequeñas y por lo tanto llegan a la sangre provocando daño sistémico y mutación genética –cáncer—, también generan alteraciones a la coagulación provocando infartos pulmonares, miocardio y cerebrales.  “Las autoridades no lo quieren saber, me queda claro que los puestos de la Secretaría de Salud y Protección al Ambiente son puestos técnicos, se los dan a sus compadres y son premios de campaña y de ahí la gran deficiencia en el manejo de esto” criticó el médico. Dijo que Baja California es líder a nivel nacional en tuberculosis y recientes estudios señalan que pudieran estar relacionados a este tipo de inflamaciones provocadas por la contaminación, el alergólogo dio datos menos esperanzadores, ya que Mexicali se encuentra por arriba de la media nacional en cáncer de pulmón, problemas respiratorios crónicos y alérgicos en donde más de la mitad de la población la padece. En cuanto a las investigaciones más recientes se realizó un estudio en 250 niños sanos, se monitoreó su función pulmonar durante un año con relación a la concentración de ozono y PM10, quienes redujeron su capacidad pulmonar en 22 por ciento. Informó que próximamente se va a publicar un estudio en adultos en donde se encontró que 17 de las 24 horas del día se cae la función pulmonar en adultos sanos de 18 a 55 años de edad. “No tenemos monitoreo ambiental por mucho que diga el Secretario del Ambiente, en el momento que no tenemos resultados no existe, en 1997 teníamos siete torres de monitoreo ambiental, ahora dicen que tienen dos, pero no hay datos, no sabemos lo que tenemos de ningún contaminante, vamos como el cangrejo”. Acusó a la Verificación Ambiental de una burla porque con solo pagar se les otorga las placas a los conductores, considerando que las empresas deberían de verificar sus emisiones y compensarlas al financiar proyectos ambientales. El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. informó que en Mexicali se presentaron por culpa de la calidad del aire en 2010, 283 muertes prematuras, 697 hospitalizaciones y 28 mil 472 consultas superando el área metropolitana de la Ciudad de México. Según el mismo instituto Mexicali triplica la media nacional en cuanto a muertes por cada 100 mil habitantes, según datos del 2010 se registraron 30 contra 9 de la media nacional, en cuanto al costo ambiental la asociación civil señala que pudiera andar en el orden de los 217 millones 111 mil 495 pesos al sumar los costos de la salud con la productividad.  

Un joven comerciante que estaba reportado como desaparecido fue localizado en un paraje del Valle de Mexicali con dos balazos en la cabeza, a bordo de una camioneta BMW con placas sobrepuestas el lunes 20 de julio. Esa misma noche, una pareja fue baleada en su domicilio en Jardines del Lago -el varón murió a raíz del ataque y la mujer resultó lesionada en una pierna- y, horas después, otro hombre fue hallado en la Zona Poniente de la ciudad, encobijado, con pies y manos sujetadas, y la cara destrozada por los golpes. El mismo día por la tarde, un individuo irrumpió en un domicilio del fraccionamiento popular Lomas Altas y baleó a su ex esposa que estaba con su nuevo novio, los dos quedaron heridos y, ante su inminente detención, optó por darse un balazo. Los hechos aparentemente no tienen relación, pero todos se cometieron en menos de 24 horas y en Mexicali. De acuerdo a datos oficiales, hasta lo que va del mes de julio en la ciudad capital se han suscitado 63 homicidios, 12 de estos durante lo que ha transcurrido del mes de julio. La cifra incluye otros casos, como el de la joven madre de familia acribillada a balazos la noche del sábado 12 de julio en su casa del fraccionamiento Hípico, aparentemente para robarle su auto, o el asesinato de un hombre en el fraccionamiento Valle de Puebla esa misma noche, mientras se encontraba afuera de su casa y con su familia disfrutando de una carne asada; o lo sucedido el domingo anterior en la colonia Santa Cecilia, donde un hombre de 32 años fue ultimado de un balazo en la cabeza. Pese a la violencia, las cifras oficiales muestran que los asesinatos en Mexicali han disminuido, sobre todo en relación a 2014, donde sumaron 76 durante los primeros siete meses del año. Actualmente, a una semana de que concluya el mes de julio, la suma siniestra va en 63 cadáveres. El primer trimestre no hubo diferencia en comparación con el año pasado, 33 muertos en 2014, y 34 homicidios en 2015; la diferencia la marcó el segundo trimestre. Mientras de abril a junio de 2014 mataron a 34 personas, este año el registro incluyó 17 homicidios en ese período. En lo que respecta a julio, en 2013 hubo 13 asesinatos, nueve en 2014 y 12 en lo que va de 2015.   Según los investigadores que han seguido estos casos, en algunos de los incidentes sí hay un móvil relacionado con narcomenudeo, pero hay otros con tinte pasional  -en los cuales la victima conocía a su agresor, o tenían una relación sentimental o laboral-, y en otros aparentemente la intención original era el robo.   Noche trágica   La pistola calibre 9 milímetros utilizada en el crimen de Irene García Durán -asesinada el 12 de julio, afuera de su casa en el fraccionamiento Hípico- está relacionada al menos con otros dos delitos. En la escena se localizaron cuatro casquillos y la joven mujer (sobrina de la procuradora Perla Ibarra)  tenía cinco impactos de bala, se presume que uno fue de entrada y salida. De acuerdo a los datos, Irene llegó a su casa ubicada en Argentina y Juan de Dios Peza, en el fraccionamiento Hípico. Esa noche, su marido, Eloy Germán Moreno -hijo del ex delegado de turismo en Mexicali, Eloy Moreno- se encontraba fuera de la ciudad, se había llevado a su hijo mayor y ella se quedó con una bebé de dos meses. Al llegar el marido observó el Toyota blanco que ella utilizaba estacionado dentro del lote y todo parecía normal, pero  encontró las luces de la casa apagadas, desactivó la alarma, entró a la residencia y no encontró a su mujer. Las puertas del cerco estaban abiertas. Al revisar el entorno se asomó al vehículo y dentro miró a su pequeña hija sentada en el portabebé, al dar la vuelta al auto, se topó con el cuerpo de su esposa tirado en el suelo y al revisarla notó las huellas de sangre. Frente a su domicilio estaba un agente municipal realizando una infracción, le avisó. Entre los dos revisaron el cuerpo y encontraron los casquillos cercanos. Ella tenía las llaves del auto apretadas en la mano. El marido desactivó la alarma del auto y sacó a la menor. En el auto estaba la pañalera y las pertenencias de la joven madre, nada le robaron, sin embargo, los ministeriales insisten en que el motivo fue despojarla del auto. Los investigadores presumen que el agresor llegó, forcejeó por las llaves del vehículo pero -por la presencia de su hija en el asiento posterior del automóvil- la mujer se negó a entregárselas, y recibió cuatro impactos de bala. Horas después, cerca de las tres de la mañana, en el número de Emergencias 066 se recibió un reporte por detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento popular Parajes del Puebla, en la casa marcada con el número 715 de la calle Cerro Pinto. Ahí quedo herido Gerardo Gutiérrez Vega, de 36 años, y sus dos hijos, Gerardo de 14 y José Luis de 7 años. Los tres fueron lesionados con disparos de una pistola calibre 9 milímetros y, de acuerdo con investigaciones, la misma arma fue utilizada horas antes en el crimen de Irene García. Los primeros datos arrojan que Gutiérrez Vega se encontraba en su casa junto con un conocido consumiendo droga, y en algún momento hubo una desavenencia que derivó en la agresión a balazos. Hasta el momento Gerardo Gutiérrez -quien tiene antecedentes por varios delitos- permanece hospitalizado, y el caso sigue sin avances. En el análisis pericial de los casquillos, los investigadores encontraron que esta arma, usada en los dos ataques, también se empleó en un intento de robo en marzo de 2015, cerca de una tienda de abarrotes en la carretera que lleva al Aeropuerto de Mexicali. Ahí, un hombre de origen norteamericano fue baleado al intentar robarle su auto, un Mitsubishi Lancer 2003. Al verlo herido y ensangrentado, los violentos ladrones optaron por huir.   Hecho en México   La mañana del lunes 20 de julio fue localizado el cuerpo de un hombre en la parte Poniente de Mexicali, cerca de la zona conocida como Los Virreyes. Estaba envuelto en una cobija, con manos y pies atados con una soga amarrilla y un calcetín al cuello. “Tenía muchos golpes en la cara”, expuso uno de los investigadores que ha seguido el caso. El cuerpo exhibía varios tatuajes -uno en la pantorrilla izquierda que decía “Hecho en México”, otro con la leyenda “Maritza” y, según investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no tiene ningún reporte de desparecido en esa zona de la ciudad. Calculan que tenía cerca de 20 días tirado en el lugar y no hay más datos sobre el posible móvil, aunque los investigadores presumen podría tratarse de un ladrón que operaba en la zona. En otro incidente, cerca de las 7:30 pm del domingo 19 de julio, en el número de Emergencias 066 reportaron una camioneta en un solitario paraje de la colonia Carrancita, en el Valle de Mexicali. Se trataba de un BMW X3 2003 con placas fronterizas BHV 3750, las cuales corresponden a un Dodge Stratus 1996. Dentro del auto estaba el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Jesús Junior Olvera Villanueva, de 34 años, reportado por su esposa como desaparecido un día antes. Él era hijo de un panista conocido públicamente en el puerto de San Felipe, el profesor Jesús Olvera, ex delegado municipal durante la administración de Jaime Díaz -2001 a 2004-, incluso fue integrante de la planilla que encabezó el actual secretario general de Gobierno en el Estado, Francisco Rueda Gómez, cuando este buscó -y perdió- la candidatura por la alcaldía en 2010, ante Raúl López Moreno, quien a su vez fue derrotado en la elección externa por el priista Francisco Pérez Tejada. El joven Olvera tenía tres impactos –uno en boquete- en la cabeza que al parecer fue por sedal, de lado y otro en la nuca. Estaba sentado en el asiento del piloto y reclinado hacia la derecha, con la puerta abierta. No hay muchos datos sobre la investigación, aparentemente no hubo robo, ni el occiso tenía antecedentes penales, y con base en datos aportados por la esposa, se dedicaba a la venta de vehículos Adicionalmente, la noche de ese domingo una pareja fue baleada cuando se encontraba en su domicilio -Lago Baikal número 562, Jardines del Lago- cuando de repente entró un hombre armado, con la cara cubierta con pasamontañas y disparó contra ambos. El hombre, Saúl Aragón González, de 32 años, quedó gravemente herido, y la mujer, Mirna García, solo recibió un impacto en la pierna. Horas después el sujeto herido falleció y el agresor no ha sido detenido. La presunción oficial es que pudiera tratarse de un móvil de tipo pasional. Otro caso se dio el lunes 20 de julio, cerca de las tres de la tarde, en el fraccionamiento popular Lomas Altas – al sur de la ciudad-, hasta donde llegó  un empleado del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Adrián Ramírez, a la casa de su ex esposa, Dulce María Ríos, de 39 años, quien se encontraba con su nueva pareja sentimental, Juna Rafael Rodríguez, de 23. Sacó una pistola y los baleó, para luego salir en huida. En el intento de escape se topó con una patrulla del grupo SWAT -el C4 ya había sido avisado de los disparos-, el carro del agresor y el vehículo oficial tuvieron una pequeña colisión y el presunto responsable en fuga se impactó de nuevo contra el auto de un civil. Al verse copado se suicidó. Una de las versiones apunta que el agresor estaba enojado con la pareja, debido a que era objeto de burla.   Droga   Un caso presumiblemente relacionado con narcomenudeo fue el de un sujeto abatido en mayo en la zona del Parque Juventud 2000 -al sur de Mexicali-, no han avanzado en la indagatoria, pero asumen el móvil porque el hombre tenía antecedentes por narcotráfico en Tijuana. “Se presume que venía huyendo, lo ubicaron, le pegaron y abandonaron el vehículo y los agresores -a bordo de un Grand Marquis- huyeron”, explicó uno de los investigadores. El incidente fue en plena mañana, el miércoles 27 de mayo cerca de las 7:00 am, por la calle Laguna Viesa, de acceso al concurrido parque deportivo ubicado en la zona de Villas del Rey; hasta ahora no ha habido detenidos. La víctima fue identificada como Jesús Armando Pérez Cortez, de 35 años y originario de Tijuana, donde tenía un largo historial delictivo.     Rechazan posible liberación de doble homicida   Ante la posibilidad de que un joven que hace cinco años asesinó primero a su padre y posteriormente a una jovencita de 15 años que había sido su novia, los familiares de esta rechazan la posibilidad de que el precoz criminal sea puesto en libertad. “Él no está bien” considera Adriana Meraz, madre de la joven Andrea Berrelleza, una de las víctimas de Eduardo, quien en el momento de la agresión contaba con 17 años de edad. Ella dice temer por su familia, por sus hijas, y considera injusto que el joven homicida pueda obtener la libertad con apenas cinco años de internamiento. “Yo veo que aquí los criminales tienen más derecho que nosotros los civiles. Tengo mucho coraje, mucha indignación”, refiere la señora. Esto ante el anuncio de una audiencia en el Juzgado de Adolescentes en Mexicali programada para el lunes 27 de julio, donde el punto principal tiene que ver con la llamada adecuación de medida, un beneficio incluido en la Ley de Justicia para Adolescentes que implica que al cumplirse las tres quintas partes de la sentencia –impuesta por nueve años-, se analice la posibilidad de que los cuatro años que le restan los lleve en libertad, fuera del llamado Centro de Ejecución de Medidas, antes conocido como la Escuela Granja. La audiencia ha sido programada para efectuarse cerrada, donde solo podrán ingresar las partes involucradas y sin acceso a la prensa. “No es una decisión ya tomada, la audiencia no implica que necesariamente vaya a obtener el beneficio”, explica el juez de adolescentes, Álvaro Castilla Gracia. De acuerdo a Castilla Gracia, corresponde al Cuerpo Técnico disciplinario mostrar los resultados del programa personalizado que esta instancia elaboró para el joven, hoy de 22 años. Al preguntar si se diera el caso de la liberación, quién se haría cargo del joven, Castilla expone que es uno de los puntos principales a analizar en la audiencia. El joven está sentenciado por dos asesinatos que en su momento atrajeron la atención de la opinión pública en Mexicali. El miércoles 17 de febrero, Andrea Berrelleza, de apenas 15 años y estudiante de secundaria, fue encontrada muerta en la recámara de su casa, en el fraccionamiento El Lienzo. Estaba severamente golpeada. Sospechaban de su ex novio, Eduardo, de 17 años, Al buscarlo en su domicilio en Villas del Rey, encontraron el cadáver del padre del joven, el doctor Eduardo Robinson Romo. Le asestaron 39 puñaladas (ZETA 26 de febrero de 2010).

Asentamientos humanos irregulares establecidos en arroyos, cañones y cauces naturales de escurrimiento; desarrollos urbanos autorizados para construirse sin sistemas de drenaje adecuados; obras con cortes de cerros que causan deslaves y un crecimiento poblacional desbordado sin cultura de la limpieza, hacen que Tijuana sea particularmente vulnerable a las contingencias naturales. Esto quedó plenamente demostrado el pasado fin de semana, cuando un remanente del huracán “Dolores” causó una lluvia acumulada de 1.5 pulgadas en promedio, suficiente para ocasionar todo tipo de estragos en diversos puntos de la ciudad. “No estamos preparados para enfrentar oportunamente un nivel de lluvia como la que se registró el domingo 19 de julio”, subrayó un investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). A decir por el consultado, en un censo de 1989, Tijuana registraba una superficie urbana de 162 millones 400 mil metros cuadrados. Para el año 2000 su desarrollo alcanzaba los 261 millones 800 mil metros cuadrados, y aunque todavía no se concluye un último censo, el aumento de los últimos años “ha sido exponencial”. En tanto, el director de Protección Civil en Baja California, Antonio Rosquillas Navarro, consideró que la infraestructura pluvial instalada “no es digna de la ciudad”. Sin embargo, Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana, insiste en decir que el municipio sí cuenta con infraestructura suficiente, lo que no fue la causa de las inundaciones, sino “los cajones pluviales tapados en sus rejillas, con basura y vestigios de muebles que arrojan en los canales de aguas arriba, que carecen de revestimiento de concreto”. Lo cierto es que la basura acumulada en la vía pública y la falta de limpieza permanente desbordó el sistema de drenaje pluvial de Tijuana y desencadenó, en escasos 15 minutos, avalanchas de agua y lodo que irrumpieron en al menos 300 hogares y decenas de negocios ubicados en distintos puntos de la ciudad. El paso del agua remolcó diez viviendas asentadas en forma irregular, mientras que en asentamientos regulares derrumbó puertas, hizo añicos ventanas y arrastró enseres domésticos y vehículos. Con una infraestructura de desagüe azolvada en unos casos o insuficiente en otros, la corriente de agua descendió por sus cauces naturales, encharcándose por al menos hora y media en colonias como Fidel Velásquez o Fraccionamiento El Refugio, alcanzando una altura de hasta 1.8 metros.

Desde el 2003 a la fecha han sido descubiertos 15 túneles que conectan Mexicali y Caléxico para el contrabando de droga, armas, migrantes y dinero. Pero fue hasta 2008 que la tecnología usada en estas construcciones dio un salto cuando entraron en operación el Cártel de Sinaloa comandados por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. “Ya quisiera construir algo así el gobierno”, indicó un ingeniero civil entrevistado por ZETA, afirmó que la tecnología que se utiliza hoy en día te permite tener precisión menor a una décima de pulgada. Dijo que se debe de tener un personal capacitado y especializado en este tipo de edificaciones, ya que en el subterráneo se manejan gases tóxicos que si no tienen el cuidado puede derivar en la muerte de todas las personas que están trabajando. “Llevan armado de varilla cuando son muy profundo pero últimamente se ha sustituido por tubería que esta por arribada de todos los demás sistemas porque es muy resistente, necesitas el equipo, el conocimiento, no puedes meter a una persona sin el conocimiento, sin la experiencia necesaria, debes tener un equipo de ingenieros que sepan del tema”. El ingeniero indicó para un túnel de 230 metros con 1.5 metros de altura por un metro de base representa 414 metros cúbicos, pero se le tiene que agregar el factor de expansión de la tierra, lo que significaría transportar alrededor de 560 metros cúbicos. “Los camiones que contratas andan alrededor de 12 metros cúbicos cada uno, estás hablando de cerca de 50 viajes, realmente no es tanto, puedes estar haciendo la chamba pero difícilmente se da cuenta la gente”, afirmó el especialista. Indicó que a mayor profundidad se tiene que batallar con el manto freático, lo que dificulta cualquier actividad, por lo que se tienen que utilizar técnicas de tubería y agua a vapor para realizar el túnel. En cuanto a los costos mencionó que es difícil estimarlos ya que los precios se triplican por realizarse en condiciones totalmente adversas, un buen equipo de GPS de topografía podría costar hasta en 80 mil dólares más la contratación de ingenieros, software, equipo de cómputo, equipo de perforación el cual se tiene que comprar en Estados Unidos o Canadá.     Podrían estar operando varios a la vez   Por su parte Alfredo Arenas, quien durante muchos años fue el enlace de la Policía Estatal Preventiva con las autoridades norteamericanas, indicó que desde la entrada del Cártel de Sinaloa la infraestructura avanzó mucho por lo que cada vez es más difícil localizarlos. “Los primeros que nos tocó encontrar eran muy rústicos, rudimentarios, básicamente un agujero, tenías que pasar a gatas, los que fuimos encontrando más adelante sí eran muy sofisticados, podías entrar inclusive parado por ahí, tenían rieles de comunicación, sistema de ventilación y aire acondicionado, iluminación, sistema de comunicación, líneas de teléfono”. “Si tuviéramos el equipo para analizar la avenida Internacional estoy seguro que iban a encontrar 4 o 5 túneles más porque los que encontramos había llovido y hubo hundimientos, por llamadas anónimas o por aviso de Estados Unidos”, afirmó el ex agente de la PEP.   Arellano y sus inicios   El 12 de septiembre del 2003 fue localizado por autoridades norteamericanas un primer túnel de 120 metros de longitud ubicado del lado mexicano en un taller mecánico marcado con el número 985 de la avenida Cristóbal Colón entre las Calles A y B de la colonia Nueva mientras que del lado americano daba a una vivienda marcada con el número 1161 de la calle Segunda en Caléxico. En aquella ocasión fueron detenidas 4 personas identificadas como Joaquín Mandujano Lázaro, José Guadalupe Prado Mendoza, Guillermo González Liera, y Raúl Solano Zepeda. Según las pesquisas de los estatales, el pasaje habría funcionado por más de 8 meses además de que presuntamente pertenecía a los hermanos Arellano Félix, quienes mantenían el poder de la plaza además de que contaban con los recursos suficientes para operar una infraestructura de ese calado. El predio fue comprado por Ruth Romo Beyer en junio del 2003 por 89 mil 997 dólares, pero fue asegurado por delitos contra la salud, en 2005 fue cancelado el aseguramiento, actualmente se encuentra administrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en donde existe una veintena de vehículos que en la imagen de google Street tomada en 2009 no aparecen. Apenas pasaron 2 meses para que fuera descubierto el segundo túnel, el 12 de noviembre del 2003  cuando agentes de la Patrulla Fronteriza realizaba un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la línea internacional, por las lluvias se había reblandecido la tierra, fue cuando una de las llantas del vehículo se hundió dejando al descubierto un hueco, entonces se percataron de un pasadizo de tres metros de profundidad y casi 200 metros de longitud. En México el túnel daba con el interior de una bodega desocupada de “Muebles y Mudanzas” en la avenida Colón con número 1070. Francisco Rodríguez Gastélum adquirió la propiedad en julio de 1997 por compraventa, sin embargo el predio fue asegurado bajo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/187/2005, hasta la fecha sigue incautada. El 25 de febrero de 2005 fue anunciado el tercero en Mexicali por parte de la DEA “luego de meses de investigación”, en esta ocasión el acceso se encontraba en la avenida Francisco I. Madero, en una mansión que contaba con circuito cerrado en el interior de la casa, tenía tres metros de profundidad, electricidad y ventilación. Ya el 29 de julio de 2010, otro túnel fue “redescubierto” cuando colapsó uno de los tramos, entonces se dieron cuenta que los delincuentes había intentado rehabilitar el pasadizo, luego de que la Procuraduría General de la República no lo hubiera clausurado. 15 de septiembre de 2006 fue localizado el cuarto túnel en la misma zona, luego de que las autoridades norteamericanas detuvieran a una persona con una tonelada de mariguana alertando a las autoridades mexicanas de la existencia del túnel de 5 metros de profundidad con salida a la avenida Colón 724 entre las calles Nicolás Bravo y Pedro Pérez y Ruiz, en pleno centro de la ciudad Tenía una longitud de 210 metros de largo, en ese entonces la propiedad se le vinculó a  ex regidora Rosa Elena Flores Velarde, quien en su momento explicó que la había vendido en 2005.   De lleno Sinaloa   El 1 de marzo de 2008 agentes de la Policía estatal descubrieron un nuevo narco túnel, informaron que llevaba ya unos cien metros de avance y estaba formado por paredes de ladrillo y castillos cimbrados de concreto, los cuales soportaban la edificación de metro y medio de profundidad. Iniciaba en la vivienda ubicada con el número 134 del callejón Francisco I. Madero a la altura de la calle C, fueron detenidos Wilfrido Cruz Astorga, Arturo González Hernández, José Eliseo Acosta Velásquez, Jesús Enrique Vargas Ruiz, Marco Antonio Olvera González, Martín Jacobo Lizárraga, Víctor Manuel Jacobo Lizárraga y Héctor Joel Montaño González. Los cambios eran significativos, entre las características de la construcción estaba la utilización de un elevador para descender a un segundo nivel además de que las paredes contaban con ladrillo y castillos con cemento. Según el Registro Público de la Propiedad en mayo del 2008 la vivienda fue comprada por Manuel Hernández Zavala. Con la fuerte presencia del Cártel de Sinaloa fue localizado el 12 de noviembre de 2009  el túnel más cercano a la garita internacional Mexicali-Caléxico entre la avenida Cristóbal Colón y calle Azueta, apenas se llevaban  5 metros hacia Estados Unidos, contaba con una profundidad de 6 metros y una altura de 2.20 metros por 2.20 metros de ancho, tenía un sistema de iluminación, y ventilación, y encontraron un taladro especializado para realizar la excavación, el cual fue calculado en 75 mil dólares en su precio al mercado. En el lugar fueron detenidos Marco Polo Aguilar Martínez, Rigoberto Gaspar Méndez, Carlos Gaspar Méndez y Rigoberto Carlos Osuna Villegas. Según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad la propietaria original era María del Consuelo Andrade, pero por una disputa testamentaria fue adquirida por Moreno Aguilar, en 2010 fue asegurada por la PGR pero liberada en febrero del 2012,  posteriormente se vendió la propiedad por “2 millones 600 mil”, aunque el edificio sigue abandonado y con letrero de “Se vende”. El 11 de diciembre del 2009 fue descubierto por elementos de la Segunda Región Militar un túnel en el Callejón Francisco I. Madero entre las calles México y Bravo, en donde fueron detenidas 7 personas. Las dimensiones del túnel llegaban en su punto más bajo a los 3.5 metros, por 13 de largo con dirección a Estados Unidos, pero la obra se había detenido después de 6 meses por una falla en la maquinaria. Fue el 8 de marzo del 2011 cuando elementos militares descubrieron un pasadizo cercano a la garita Nuevo Mexicali conocido como la Arenera, el cual simulaba ser una alcantarilla y cruzaba directamente con la zona rural de Caléxico. Para ingresar se tenía que sumergir debajo de las aguas del canal Todo Americano, por lo que al momento de realizar la revisión se encontraron tanques de oxígeno, apenas tenía poco menos de un metro de longitud, se decomisó equipo de bombeo y 3 paquetes de mariguana, la detención se dio gracias a una alerta de la Patrulla Fronteriza 3 días antes ya que habían detenido a 7 personas con un cargamento de 381 kilos de mariguana. 28 de julio del 2011 se reportó una excavación que presumiblemente serviría para la construcción de un nuevo túnel para transportar droga, en la calle B número 113 entre calles Francisco I. Madero y Reforma se localizó una máquina perforadora valuada en 5 millones de pesos. 7 de junio del 2012 en San Luis Río Colorado, los militares aseguraron otro túnel, con una profundidad de 18 metros y una longitud de 230 metros, medía 1.2 metros de ancho por 1.3 metros de alto, se encontraba forrado con triplay de una pulgada en piso, techo y paredes, tenía un sistema de ventilación con un motor que empujaba aire a través de un tubo PVC de 6 pulgadas además de sistema de iluminación controlado desde Estados Unidos como de México 10 de la mañana del sábado 5 de enero del 2013 cuando autoridades municipales fueron alertadas sobre una persona tirando escombro en la colonia Baja California, ahí fue detenido Carlos Alberto  Hernández Montero que reconoció estar trabajando en la construcción de un túnel, así localizaron en la vivienda marcada con el número 612 de la avenida Gustavo I. Madero entre Nicolás Bravo y calle México el pasadizo que aún no era concluido. Éste y el túnel de San Luis Río Colorado son idénticos, aunque al ser descubierto el segundo llevaban 30 metros de construcción.  El sábado 25 de abril, de este 2015  agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron mediante cámaras de vigilancia a un grupo de narcotraficantes saliendo de un túnel pegado al canal Todo Americano. Pese a que 2 de ellos lograron escapar, una persona fue detenida debido a que el traje de buceo que utilizaba le impidió darse a la fuga, ahí localizaron 27 paquetes de metanfetamina con un valor aproximado a los 700 mil dólares, el pasadizo contaba con equipo de ventilación e iluminación, pero sobre todo que estaba inundado por lo que se tenía que cruzar con oxígeno. El túnel daba con una vivienda en la avenida Colón entre las calles Salvador Díaz Mirón y Río Elota en el fraccionamiento Hípico, muy alejado de los demás encontrados hasta el momento, según datos de catastro municipal el inmueble se encontraba al corriente de todos sus pagos. Ahí vivía regularmente una familia con un menor de edad, los cuales rentaban el inmueble desde hacía 6 meses, ya que la dueña de la casa se había mudado hacia Estados Unidos. 

Agentes federales dedicados a la investigación de narcotúneles, han distinguido un par de prácticas de los cárteles de la droga desde Estados Unidos para ocultar los puntos de salida y distribución de la droga enviada vía subterránea de México. “Rentan bodegas en Estados Unidos, meses antes o durante la primera etapa de construcción de los narcotúneles en México. Intentan esconder lo que hay al interior de las bodegas. Tienen personas dentro y fuera (de los inmuebles) para que parezca que hay actividad legal y así reducir las sospechas que podrían despertar en negocios cercanos”, detalló un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en relación al hallazgo de dos narcotúneles en abril de 2014. Como resultado de este operativo, fueron arrestados Glennys Rodríguez y Gilberto Quezada Madrid. Ambos contratados por narcotraficantes para manejar las operaciones del túnel del lado norteamericano. En el caso, desde octubre de 2013, agentes estadounidenses obtuvieron información de “actividad sospechosa” en la bodega ubicada en el número 10145 de la calle Vía de la Amistad en San Diego, California, a unos metros de la frontera con Tijuana. En la bodega había dos espacios, correspondientes a los locales 4 y 14, rentados en mayo de 2013 a nombre de Ignacio Ituarte, pareja de Glennys Rodríguez, una mujer de 73 años residente de Chula Vista, California y propietaria de “G&R Services”, una compañía dedicada a servicios migratorios. Rodríguez había sido contactada por un cliente en Tijuana para que rentara esta bodega en específico. Una vez en la Corte, acusada de conspiración por lavado de dinero, la mujer admitió saber que el lugar era utilizado para fines ilícitos y recibir mil 719 dólares en efectivo al mes para pagar la renta del inmueble. Sin embargo, en el contrato de arrendamiento, Rodríguez colocó el nombre de Ignacio Ituarte, su novio, quien estaba en vías de abrir un negocio. La mujer incluso le entregó 10 mil dólares a efectivo y le ofreció la bodega para que ahí se estableciera hasta que en marzo de 2014, le pidió las llaves del local y le informó que retiraría su nombre de los contratos. Conforme los agentes avanzaron en sus investigaciones, entrevistaron al velador de la bodega, quien había sido contratado en enero de 2014 y les explicó “le pagaban por cuidar la bodega y hacer parecer que había un negocio legítimo en ella”. Aunque no fue hallada droga en el inmueble, los oficiales encontraron la entrada a un sofisticado túnel con sistema de ventilación, iluminación y sistema de rieles de más de 500 metros de largo. Del lado mexicano, el narcotúnel iniciaba en el inmueble Mini Bodegas de la Frontera en la avenida López Portillo Oriente y Poniente, a unos metros de la garita de Otay en Tijuana. En una primera audiencia, realizada en abril de 2014, Rodríguez negó estar involucrada en el trasiego de droga y quedó en libertad bajo fianza de 75 mil dólares. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2014, la mujer se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero y fue sentenciada a cinco años de libertad condicional, además se le fijó una multa de mil 500 dólares. Mientras que Gilberto Quezada Madrid, también arrestado en conexión a este narcotúnel, se declaró culpable del cargo de uso de un túnel transfronterizo, el 10 de septiembre de 2014. El joven de 27 años, admitió haber sido contratado para fingir administrar una empresa dedicada a la exportación de mercancía como juguetes y televisiones que sirviera para encubrir el uso del pasadizo subterráneo. El 27 de mayo de 2015 fue sentenciado a 413 días de prisión, tiempo que había permanecido recluido desde su arresto, por lo que fue puesto en libertad.   En convoy trasladaban droga del Cártel de Sinaloa   El 30 de octubre de 2013, autoridades estadounidenses localizaron un túnel del Cártel de Sinaloa que iniciaba en un inmueble en las inmediaciones del aeropuerto de Tijuana hasta llegar a la zona industrial de San Diego. Seis hombres involucrados en la construcción y supervisión del pasadizo, así como en las tareas de logística y de traslado de droga, fueron arrestados de lado estadounidense. José Gabriel Orendain, de 56 años de edad, fue identificado como el jefe del grupo. Como supervisor del túnel en San Diego, estaba encargado de construir el punto de salida del pasadizo subterráneo en el piso de una bodega ubicada en el número 9136 de la avenida Siempre Viva en San Diego, California. Autoridades federales documentaron cómo entre agosto y septiembre de 2013, Orendain compró diversos artículos como cuatro roto-martillos para la construcción del túnel.  El hombre cruzó la frontera de Tijuana a San Diego a bordo de su camioneta GMC, en compañía de otro hombre identificado como Julián Velázquez, en los días previos al hallazgo del narcotúnel y se encontraba en las inmediaciones de la bodega para supervisar que la droga fuese colocada en camiones de carga y llevada a un segundo domicilio en San Diego. Entre el 25 y 29 de octubre de 2013, la actividad en la bodega de lado estadounidense comenzó a incrementar. Cajas de cartón envueltas en plástico eran trasladadas en montacargas desde la bodega hasta dos camiones de carga, los cuales eran conducidos hasta una segunda ubicación en la calle Brandywine en Chula Vista, California, escoltados por otros vehículos. Uno de estos camiones de carga fue detenido por la policía de Chula Vista, el 26 de octubre, debido a que el chófer cometió una falta de tránsito. En el interior del vehículo, fueron encontradas casi tres toneladas de mariguana. Dos días después, el 28 de octubre, un automóvil Nissan Sentra fue visto frente a la bodega. Ese mismo día, llegó un camión de carga perteneciente a la empresa “AEM Transporte” a continuar con los traslados de cargamento. La compañía ubicada en Aurora, Oregón está dedicada al arrendamiento de camiones de carga y su presidente es Eduardo Hernández, quien de acuerdo a registros de la autoridad estadounidense, cruzó la frontera de Tijuana-San Diego en compañía de Julián Velázquez, cómplice de Orendain en el vehículo de este último. El 29 de octubre de 2013, agentes observaron nuevamente el vehículo Nissan Sentra en las cercanías de la bodega. Ese día en lugar de cajas de mercancía, maletas eran sacadas de la bodega y colocadas en el camión de carga. José Arturo Mendoza se encargó de conducir el camión, seguido de Peña Osuna a bordo del automóvil Nissan Sentra blanco. Minutos después, Mendoza fue detenido por la policía en el área de Otay Mesa y al interior del vehículo, localizaron seis maletas con aproximadamente 150 kilos de cocaína. Al día siguiente, el 30 de octubre de 2013, los agentes federales continuaron las tareas de vigilancia en la bodega ubicada en la calle Siempre Viva y observaron un tercer camión que estaba siendo cargado y llevado a la bodega ubicada en la calle Brandywine, la misma ruta de los vehículos hallados con droga en los días anteriores. Román Ramos Romero, el conductor de este último camión de carga, fue detenido cuando se hallaron 2.8 toneladas de mariguana en el vehículo. Como resultado, los agentes federales catearon las dos bodegas. En la ubicada en la calle Siempre Viva, el punto de salida del narcotúnel, fueron encontrados 997 kilogramos de mariguana, mientras que en el inmueble de la calle Brandywine, utilizada como punto de distribución, fueron incautadas 1.2 toneladas de mariguana. Los cuatro hombres enfrentaron procesos judiciales en la Corte Federal de San Diego, California. Mientras Orendain salió libre el 9 de julio de 2015 tras cumplir su sentencia, sus tres cómplices siguen en prisión. José Arturo Mendoza y Román Ramos Romero cumplen una condena de 36 meses de prisión y José Peña Osuna fue sentenciado a 70 meses de prisión, tras declararse culpables de los delitos de conspiración para distribuir cocaína y mariguana, posesión de cocaína y mariguana. Por el mismo caso, continúan abiertos los procesos de Steve Sigala y Christopher Velázquez, quienes actuaron como escoltas de la droga transportada en los camiones de carga. Sigala se dio a la fuga cuando fue detenido el primer camión con droga por la policía en San Diego, el 26 de octubre de 2013. Formado en el convoy de carros para escoltar el cargamento, se alejó de área cuando notó que la policía detuvo a su compañero. Al cruzar la garita el 24 de febrero de 2014, Sigala fue cuestionado por agentes federales de Estados Unidos y admitió no solamente haber conducido el vehículo, sino haber asistido en las tareas de carga y descarga de paquetes que identificó como “mota”. Su conexión con la red era Juan Peña Osuna “Shaguin”. El proceso contra Sigala continúa abierto en Estados Unidos y ha recibido dos permisos para cruzar a México. El primero el 10 de julio de 2014 para asistir a una boda familiar y acudir a citas médicas y dentales. El 13 de marzo de 2015, la Corte federal le permitió vivir en México durante el tiempo que continué el proceso. Mientras que Christopher Velázquez, detenido por conducir el camión de carga con casi tres toneladas de mariguana decomisadas el 26 de octubre, explicó que un amigo identificado como “Julio”, a quien conoció en Tijuana, le ofreció 200 dólares por manejar el vehículo. Velázquez permitió que la policía revisara el camión de carga, donde fueron hallados 223 paquetes de mariguana con un peso total de 2.7 toneladas. Detrás de la organización de esta red de distribución de mariguana y cocaína, la Fiscalía Federal del Sur de California, identificó al Cártel de Sinaloa.