Según el testimonio de Veytia Cambero, dicha decisión entró en conflicto con el acuerdo que tenían él, como el entonces alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, con los hermanos Beltrán Leyva, “quienes prometieron pagarle su campaña a la gubernatura”.
En las grabaciones se ve a Raúl Aarón Pozos Lanz, Armando Constantino Toledo Jamit y a Rocío Abreu Artiñano, respectivamente en hechos que, según el reportaje de María Fátima Monterrosa Pérez, habrían ocurrido antes del proceso electoral de junio de 2021.
El grupo, denominado “Fuerza de Ayuda Humanitaria“, está integrado por un total de 90 elementos del Ejército, 37 más de la Secretaría de Marina (SEMAR), 15 de Cruz Roja y cinco funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Por otra parte, el político coahuilense dijo que jamás recorrió el “búnker” de la SSP Federal, además de que sólo coincidió en tres ocasiones con el titular de dicha institución, ahora extinta, y en una de ella le profirió insultos verbales. “¿Cómo sería posible, llegado este punto, que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole?”, agregó.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó que Piña Hernández fue “irrespetuosa” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no ponerse de pie cuando éste tomó su lugar durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, llevada a cabo en el Teatro de la República, en la capital homónima del estado de Querétaro.
El objetivo es asistir a las miles de familias afectadas por los seísmos, que han dejado, por el momento, 14 mil heridos, más de 3 mil 600 muertos y miles de edificios destruidos. Además, se ha conseguido sacar de los escombros con vida a unas 2 mil 400 personas.
Según el Registro Nacional de Detenciones, el nombre del hombre detenido es Carlos Caro Quintero, quien sería el hermano del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, fundador del ahora extinto Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México.
Villarreal Hernández reveló que el ex titular de la SSP Federal ordenó el pago de 25 millones de pesos mensuales al diario mexicano El Universal, para que le “ayudara a limpiar su imagen”, y que en dicho dicho acuerdo, Moreira Valdés fungió como intermediario con Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del citado periódico.
Asimismo, el IBD considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver los recursos antes de junio del presente año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
El político tabasqueño comentó que quienes se quedaron “con las ganas”, armaron un grupo supuestamente independiente en su contra y de todos ello, el de más representatividad era el político michoacano.
