La presidenta del INE exigió que la ley deje en manos de la FGR, UIF, CNI y CNBV, y no del instituto, la determinación de "riesgo razonable" en candidaturas.
El acuerdo, que implicó un descuento de 37 por ciento sobre el adeudo original de 51 mil millones de pesos, representa el mayor pago por un crédito fiscal en la historia de México.
El Gobierno Federal insiste en la legalidad de las consultas realizadas a las comunidades, mientras los inconformes amenazan con llevar el conflicto hasta la SCJN.
