Por segunda semana consecutiva continúan las inconsistencias en el juicio penal que Estados Unidos sigue en la Corte Federal Este de Nueva York, en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, luego de la comparecencia de narcotraficantes convictos, ex policías y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en calidad de testigos. Algunos de ellos reforzaron sin contundencia los testimonios rendidos una semana antes por Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, y otro reconoció que sus dichos eran de “oídas”.
El lunes 30 de enero compareció en audiencia el narcotraficante Óscar Orlando Nava Valencia “El Lobo”, ex líder del Cártel del Milenio, quien aseguró haber sobornado al ex funcionario mexicano con 10 millones de dólares para “arreglar el problema de Manzanillo”, relacionado con el aseguramiento de una carga de más de 20 toneladas de cocaína, cuya mitad era propiedad del extinto narco Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, con el que tuvo dificultades debido a ese hecho, e incluso le secuestró en una ocasión por el reclamo de 50 millones de dólares de delincuentes colombianos.
El testigo michoacano refirió que el Cártel de Sinaloa, a través de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada y de “El Barbas”, tenían el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, principal punto de entrada de la cocaína que traían de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Dominio que se extendió a las terminales áreas de Cancún, Acapulco, Toluca, Guadalajara, entregando el declarante “más de 10 millones de dólares” al acusado.
“El Lobo” testificó que escuchó hablar de García Luna desde 2001, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a través de referencias hechas por Beltrán Leyva, quien le mencionaba como colaborador de la organización mediante protección e información. Según el michoacano, contribuyó en diversas ocasiones a realizar pagos a García Luna por sus servicios, dinero que se juntaba como una cooperación que hacían varios líderes del Cártel de Sinaloa.
La defensa del ex funcionario federal intentó desacreditar la credibilidad de Nava Valencia y se centró en su pasado criminal, ya que desde que fue detenido en 2011, y hasta 2020, nunca mencionó el nombre del imputado. “El Lobo” intentó justificarse, asegurando que la Fiscalía de Estados Unidos no le había preguntado de ello sino hasta 2020, y que tenía miedo de posibles represalias contra su familia.
Para el martes 31 de enero, tocó turno de testimoniar a Raúl Arellano Aguilera, ex elemento de la Policía Federal (PF) mexicana, quien señaló que en el AICM se autorizaba el tráfico de drogas, dinero y armas, de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, al señalar que personas como Óscar Moreno Villatoro, entonces director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), recibía maletas con dólares y visitas de los directores de otros aeropuertos del país que le llevaban maletines de dos a cuatro veces por mes. Supuestamente este ex funcionario les reportaba a los subalternos de García Luna: Ramón Pequeño García y Facundo Rosas Rosas.
MÁS TESTIMONIOS
En esa fecha, Israel Ávila, supuesto contador del narcotraficante guerrerense Mario Pineda Villa “El MP” y/o “Gordo Malo”, declaró que registró en sus libros de contabilidad más de 10 millones de dólares en supuestos pagos al entonces funcionario, a cambio de seguridad e información. Dinero que entregaban narcotraficantes como “El Barbas”, “El Rey Zambada”, Sergio Villarreal “El Grande”, y Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” a colaboradores de García Luna. Dijo que registraba los ingresos obtenidos del narcotráfico, así como los gastos y pagos por los servicios de seguridad estatal, federal y municipal, además de los sueldos de trabajadores o los alquileres de casas y almacenes.
Ávila indicó que el mayor pago que registró para García Luna, a quien anotaba los pagos mediante los sobrenombres de “El Tartamudo” y “El Metralleta”, fue de 5 millones de dólares, pero que también recuerda pagos de 3 millones, un millón y 1.8 millones de dólares.
El miércoles 1 de febrero fue llamado a testimoniar el narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega “El Conejo”, uno de los líderes del Cártel del Norte del Valle, quien detalló que traficó más de mil toneladas de cocaína a EU y que fue el principal abastecedor de dicho alcaloide del Cártel Beltrán Leyva. Dijo que fue escoltado por agentes de la Policía Federal en el AICM cuando escapó de territorio mexicano, por problemas con “El Barbas”.
“El Conejo” aclaró que su función principal era “enlazar a los grandes narcos de Colombia con los grandes narcos de México”, la modalidad más usual era enviar cargamentos de hasta 10 toneladas de cocaína para “inversionistas” como “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán, “Nacho” Coronel, “El Azul” Esparragoza, Arturo Beltrán Leyva y otros. Cooperaban con dos o tres millones de dólares cada uno. “Trabajábamos muchísimo, por barco, por lanchas rápidas, en contenedores, por avión, no dejábamos de producir, era maravilloso”, dijo Poveda.
Sin embargo, el jueves 2 de febrero, al testificar por segunda ocasión, “El Conejo” aceptó no conocer en persona al ex funcionario mexicano y que los sobornos que supuestamente le hacía el Cártel de Sinaloa, era lo que lo que escuchó decir a otros capos. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, le preguntó al colombiano: “Lo que testificó contra de Genaro García Luna es lo que otros le dijeron, ¿verdad?”. Harold Mauricio respondió: “Es lo que vi y escuché en la organización”, y aceptó nunca haber estado presente en el momento que supuestamente se repartió un soborno al ex jefe policial o alguno de sus subordinados.
Por su parte, el agente de la DEA, Miguel Madrigal, actualmente estacionado en El Paso, Texas y estuvo asignado a México de 2008 a 2015, declaró ante la Corte de Nueva York que, en 2010, tras la detención de Sergio Villarreal “El Grande”, el narcotraficante solicitó reunirse con un agente estadounidense, para confesar que Genaro García tuvo negocios con el Cártel de Sinaloa desde que él era policía estatal”. También asegura que le contaron que funcionarios mexicanos se reunían con miembros de cárteles en el restaurante Champs Elysées, frente a la Embajada de Estados Unidos en México.
El agente de la DEA dijo haber visto un video en el que identificó la camioneta marca Jeep, modelo Cherokee, color blanco, propiedad del entonces inspector de la División Antidrogas de la Policía Federal Preventiva (PFP), Édgar Francisco Bayardo del Villar, en el domicilio particular de “El Rey” Zambada, suponiendo que ambos celebraban una reunión, lo que le preocupó e hizo entrega de capturas de pantalla del video a su superior para que tratara el tema con autoridades de México.
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ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Mientras tanto, en México, ya suman tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna. La primera, relacionada con el caso “Rápido y Furioso”, por la introducción de armas de fuego al país hace más de una década; la segunda, por la presunta corrupción en la suscripción de contratos para concesionar algunos de los centros penitenciarios federales; y la más reciente, por el delito de enriquecimiento ilícito.
También existen dos investigaciones en curso en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex secretario de Seguridad Pública, en calidad de imputado, por su probable participación en la adquisición a sobreprecio del software Pegassus para realizar tareas de espionaje; y por el montaje mediático de la detención de la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco” en diciembre de 2005, cuando García Luna se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La reciente orden de captura contra el ahora enjuiciado en Estados Unidos por el delito de enriquecimiento ilícito, se había dictado con anterioridad en noviembre de 2020 en el Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en Ciudad de México, pero a través de un juicio de amparo, la defensa del exfuncionario logro echar atrás el mandamiento judicial, debido a diversas inconsistencias advertidas en la integración de la carpeta de investigación.
García Luna es señalado de ostentar un patrimonio en México, cuyo origen lícito no se ha podido identificar en su totalidad por 27 millones 343 mil 614 pesos con 75 centavos, más allá de los ingresos del imputado por su actividad dentro del servicio público federal durante los sexenios de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con los datos del expediente, Genaro García “fue jefe de Unidad en la entonces Procuraduría General de la República durante el período del 16 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006, y secretario de Estado en la Secretaría de Seguridad Pública en el periodo del 01 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Su cónyuge era en la temporalidad antes referida (se omite el nombre), con quien estaba casado desde el 29 de marzo de 1995, bajo el régimen de separación de bienes.
“Durante la temporalidad referida, y con motivo de los dos empleos en el servicio público señalados, se ha determinado hasta este momento, que Genaro García Luna obtuvo ingresos de los que se pudo identificar su origen lícito por la cantidad de $23’384,958.52 (veintitrés millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 52/100 M.N.). De igual manera, durante ese mismo período siendo servidor público federal, se ha determinado hasta este momento que Genaro García Luna aumentó su patrimonio sin poder identificar su origen lícito en la cantidad de $27’343,614.75 (veintisiete millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos catorce 75/100.)”, señala la imputación de la FGR.
En su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó a través del Ministerio Público Federal, el aseguramiento del dinero depositado en dos cuentas bancarias a nombre de Genaro García Luna en las instituciones bancarias Inbursa y BBVA Bancomer, entre otras cuentas de otras personas físicas, entre ellas su esposa y algunas personas morales para efectos de indagar el origen de los recursos.
