En Tijuana, abrir la llave es también un asunto de política exterior. La ciudad obtiene del río Colorado cerca de 90% de su agua, y ese caudal se decide en una mesa binacional. En marzo de 2025, Estados Unidos negó por primera vez una entrega especial de agua para la ciudad. En septiembre de 2026, el Acta 334 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) pactó nuevos recortes. La pregunta dejó de ser hipotética: ¿hasta dónde puede negociarse un recurso vital sin dejar desprotegida a la población?
Primero. El Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales de 1944 regula dos cuencas con reglas distintas. México debe entregar a Estados Unidos, desde seis tributarios del río Bravo, un promedio mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos anuales, contabilizados en ciclos de cinco años. Estados Unidos, a su vez, asigna a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del Colorado. Son deberes autónomos. El rezago mexicano en el Bravo no extingue el derecho al agua del Colorado. Tampoco toda reducción pactada en el Colorado constituye un incumplimiento estadounidense. El tratado se lee junto con las actas de la CILA, que lo aplican y lo ajustan a cada circunstancia.
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La política, sin embargo, los enlazó. El 20 de marzo de 2025, el Departamento de Estado anunció el rechazo de una solicitud mexicana, ajena al tratado, para abrir un canal especial de entrega a Tijuana. El anuncio se hizo por redes sociales. La razón declarada fueron los adeudos del Bravo y el daño a los agricultores de Texas. Se trataba de la conexión de emergencia que completaba el caudal del acueducto; según ZETA, la ciudad perdió con ello 250 litros por segundo. Las entregas ordinarias no se cancelaron. Pero el mensaje fue inequívoco: una urgencia local puede quedar atrapada en la disputa de otra cuenca. La dependencia hidráulica se volvió vulnerabilidad diplomática.
La escasez agrava el cuadro. El Acta 334, firmada el 2 de septiembre de 2026 en El Paso y aprobada por ambos gobiernos, reduce en 308.4 millones de metros cúbicos anuales las entregas a México durante 2027 y 2028. Equivale a una sexta parte de la asignación del tratado. Y el recorte no parte de cero: en 2026 México recibió 1,668.4 millones de metros cúbicos, ya por debajo de su asignación, por reducciones pactadas en actas anteriores. Prevé consultas si la sequía empeora y conserva la Reserva de Agua Mexicana. A diferencia del Acta 330, no contempla compensación para los productores, según reconoció la autoridad estatal del agua. Es cooperación ante una crisis real. Falta explicar cuánto pagarán los hogares, el campo y la economía regional.
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Segundo. El derecho humano al agua no termina en la frontera. El artículo 4o. constitucional reconoce el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025, lo desarrolla. Su artículo 5 obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, y al Estado a reparar sus violaciones. El artículo 6 ordena atender de manera prioritaria a los sectores más vulnerables. El artículo 7 exige abastecimiento suficiente y continuo, asequibilidad y acceso a la información. El artículo 9 prohíbe a los organismos operadores suspender totalmente el suministro por falta de pago y les ordena garantizar la cantidad mínima para el consumo humano básico. El artículo 10 lo declara indispensable para ejercer otros derechos, con especial atención a la niñez, las personas mayores y con discapacidad. Nada de ello modifica las obligaciones de Estados Unidos. Sí permite juzgar las decisiones mexicanas.
La responsabilidad es compartida. La Federación negocia en la CILA. El artículo 115 constitucional encarga a los municipios el servicio de agua potable; en Baja California lo presta un organismo estatal, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). El artículo 22 de la ley convierte a todos esos prestadores en sujetos obligados. Nadie puede escudarse en la competencia ajena. La coordinación es un deber, no una cortesía.
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Este derecho no promete agua ilimitada en plena sequía. Exige otra cosa: restricciones objetivas, públicas y no discriminatorias, prioridad al consumo esencial, avisos oportunos y abasto alternativo para quien no puede pagar pipas. Tijuana ya mostró el costo de ignorarlo. En enero de 2026, ZETA documentó que la interconexión del acueducto Florido-Aguaje dejó sin servicio a 691 colonias de Tijuana y Rosarito. El Colegio de Abogados Emilio Rabasa exigió una compensación de 918 pesos por usuario. Un corte programado puede ser legítimo. Su duración, sus avisos y la protección de hospitales, escuelas y hogares sin cisterna son materia de examen jurídico.
Tercero. El problema es estructural. El acueducto Río Colorado-Tijuana sostiene a la zona costa y opera al límite. Conduce hasta 5.6 metros cúbicos por segundo; la demanda pico alcanza 6.6. Las concesiones suman 124.8 millones de metros cúbicos anuales frente a una demanda cercana a 180 millones. Y la red urbana pierde alrededor de 20% del líquido en fugas, según la propia autoridad estatal. En julio de 2026, ZETA documentó una fuga que lo redujo a la mitad de su capacidad y la opacidad en torno a la desaladora de Rosarito: tras dos licitaciones sin obra iniciada, la Comisión Nacional del Agua lanzó un tercer proceso para una planta de 2.2 metros cúbicos por segundo. Ese mismo mes, un deslizamiento dañó el Florido-Aguaje y dejó sin agua a cientos de colonias. En octubre, el secretario estatal del agua, Víctor Daniel Amador Barragán, admitió que los efectos de la crisis hídrica “ya se están viendo”. Escasez externa y fragilidad interna se potencian.
La respuesta no cabe en una inauguración ni en un discurso soberanista. Requiere tres cosas. Transparencia: publicar volúmenes recibidos, pérdidas en la red, reservas y escenarios de sequía. No es una concesión graciosa. El artículo 39 de la Ley General de Aguas obliga a proporcionar información oportuna, accesible, completa, gratuita y comprensible. Evaluación: comparar reparación de fugas, reúso, tecnificación del riego y desalinización, con sus costos financieros y ambientales. Contingencia: planes que protejan primero a hospitales, escuelas y hogares vulnerables. El acceso no debe depender del ingreso familiar.
También hace falta una diplomacia hídrica bajo escrutinio. Las actas de la CILA no son boletines: una vez aprobadas por ambos gobiernos, obligan. México debe defender su asignación del Colorado y cumplir en el Bravo, sin aceptar que una cuenca sea moneda de cambio de la otra. Y debe distinguir la escasez natural del daño causado por omisiones evitables. Las responsabilidades jurídicas no son las mismas. Medir el éxito en metros cúbicos es insuficiente: cuentan la continuidad, la calidad, la asequibilidad y el impacto desigual de cada interrupción.
Tijuana es una advertencia para todo México. El agua puede ser materia de negociación, nunca instrumento de presión. El tratado reparte volúmenes; la Constitución protege personas. Negociar bien es obligación del Estado. Proteger a quien abre la llave, también. La soberanía no se prueba sólo reclamando volúmenes al vecino. Se prueba impidiendo que un derecho constitucional dependa de una tubería frágil o del humor de dos gobiernos.
@evillanuevamx
