Las obras comenzaron con una póliza de seguro por un millón y medio de pesos. Integrantes del comité ciudadano buscan que el Minarete y la alberca obtengan reconocimiento como patrimonio cultural para garantizar su conservación y protección.
Las labores de restauración del Minarete y la alberca de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Tijuana, iniciaron este 17 de noviembre, junto con el anuncio de la conformación de un comité ciudadano en pro de su cuidado y conservación.
El director del plantel, Mario Ricardo Zumaya Parra, explicó que comenzó el proceso para activar una póliza de seguro de la empresa Agroasemex, por un monto de un millón 500 mil pesos, destinada a la atención de los inmuebles, debido a que la preparatoria forma parte de un padrón del subsistema federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“La aseguradora va a hacer una revaloración para saber si el monto puede aumentar. Es complejo cuantificar los daños hasta no poder, dicho de forma muy coloquial, desnudar la alberca y saber cuáles son esos daños estructurales, fisuras, agrietamientos, etcétera”, explicó.
Zumaya Parra indicó que la póliza tiene limitaciones en cuanto a la atención de la infraestructura, pues únicamente contempla daños operativos de los inmuebles, por lo que será necesaria una inversión adicional para atender aspectos estéticos y funcionales de las áreas.
En ese sentido, el directivo estimó que para marzo del próximo año podrían concluir las primeras obras de restauración, que contemplan acciones como el revestimiento de las estructuras. Sin embargo, los trabajos de recuperación estética quedarán pendientes y requerirán recursos adicionales que deberán recaudarse.
Por su parte, integrantes del Comité Pro Restauración y Conservación explicaron que las posibilidades de obtener recursos adicionales para atender las estructuras son limitadas, debido a que estas no cuentan con un reconocimiento como patrimonio cultural por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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“Este sitio está por cumplir 100 años y es innegable su valor histórico y cultural. Nuestra expectativa es que pueda declararse patrimonio a nivel federal para darle mayor protección. Mientras tanto, los directivos de la escuela tienen limitaciones para tomar decisiones y deben apegarse a la normativa de la Secretaría de Educación Pública y a las condiciones de la aseguradora”, explicaron.

Ante la preocupación de que el revestimiento de azulejo en la alberca pueda afectar una futura declaratoria como patrimonio cultural, Zumaya Parra señaló que está obligado a activar la póliza de seguro, ya que el plazo para ejercerla vence en abril de 2027 y no hacerlo podría derivar en responsabilidades administrativas por la pérdida de la cobertura.
“La normatividad y el contrato establecen un plazo de dos años para ejecutar la póliza, el cual vence en abril de 2027. Si la autoridad escolar no activa este mecanismo, podría incurrir en un daño patrimonial al erario público, pues se perdería la cobertura y la Secretaría de Educación Pública tendría que asumir los costos de la restauración con recursos propios o mediante fondos gestionados por la comunidad escolar”, puntualizó.






