El plantel recibe menos de 150 mil pesos federales por ciclo escolar y depende de las aportaciones voluntarias de padres de familia para cubrir gastos de operación y atender carencias de infraestructura.
Tras la reciente manifestación de alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, realizada el pasado 9 de octubre ante la falta de transparencia en el manejo de los recursos del plantel, autoridades reconocieron las limitaciones presupuestales y las carencias de infraestructura que enfrenta la institución.
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El director del plantel, Ricardo Zamaya Parra, explicó que el viernes 16 de octubre, alumnos y titulares de la Representación de Madres y Padres de Familia (REMAPA) se reunieron con la intención de aclarar dudas y llegar a acuerdos ante las exigencias de los estudiantes, quienes entregaron un pliego petitorio durante la celebración del 80 aniversario de la preparatoria.
Indicó que entre las principales demandas se encuentra la rendición de cuentas sobre las aportaciones voluntarias de madres y padres de familia, así como la revisión de las condiciones de la cafetería y de los establecimientos comerciales que operan al interior del plantel.
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De acuerdo con el directivo, actualmente la preparatoria recibe menos de 150 mil pesos de la Federación por ciclo escolar, cantidad que se destina a la adquisición de insumos de oficina y equipo de cómputo. Mientras tanto, los gastos de operación se cubren principalmente con las aportaciones voluntarias de madres y padres de familia, que actualmente rondan entre seis y siete millones de pesos.
Reconoció que los recursos recaudados han disminuido respecto a años anteriores, cuando se obtenían cerca de 12 millones de pesos y más del 95 por ciento de los estudiantes aportaba al fondo. Actualmente, alrededor de la mitad contribuye de manera voluntaria, por lo que buscan otros mecanismos para obtener recursos.
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Entre los principales rezagos identificados en el plantel, que actualmente cuenta con una matrícula de aproximadamente cuatro mil 300 estudiantes, señaló la red hidráulica y sanitaria, la impermeabilización y la instalación eléctrica, debido a la antigüedad de las instalaciones y a los apagones registrados en la zona.
Sobre el destino de las aportaciones, el director detalló que una parte importante se utiliza para pagar a entrenadores y personal de talleres culturales y deportivos, además de cubrir el servicio de seguridad privada, los insumos para los baños, las reparaciones y el mantenimiento.
Por otra parte, la presidenta de la REMAPA manifestó inconformidades por las condiciones de los alimentos que se venden en la cafetería. Aseguró que ha encontrado cabello en la comida y mencionó que otra madre de familia reportó que su hijo encontró un posible objeto extraño en los alimentos.
Además, cuestionó las condiciones bajo las cuales opera el establecimiento y pidió revisar los antecedentes de su autorización, al señalar que, según su conocimiento, cuenta con un amparo y mantiene un contrato firmado hace cuatro años.
En cuanto a la infraestructura, la representante afirmó que han realizado reparaciones y reforzado parte del cerco perimetral, aunque reconoció que los recursos son limitados frente a las necesidades del plantel. Por ello, buscarán la orientación de Protección Civil del plantel para determinar qué medidas implementar a fin de reforzar esa área.
También indicó que alrededor del 35 por ciento de las aportaciones se destina a talleres extracurriculares y que otra parte se utiliza para pagar la seguridad privada, servicio que cuenta con seis elementos para una población de aproximadamente cuatro mil estudiantes.
En materia de seguridad, Zamaya Parra informó que existe una denuncia por una amenaza reportada la semana pasada, cuyo seguimiento está a cargo de la Fiscalía de Justicia para Adolescentes, mientras que la institución mantiene comunicación con los padres de familia involucrados.
Además, confirmó que existen tres procedimientos abiertos por presuntos casos de acoso de personal a estudiantes, correspondientes a hechos registrados desde hace tres o cuatro años.
Precisó que los docentes y trabajadores involucrados fueron asignados a áreas sin contacto directo con el alumnado mientras continúan las investigaciones, cuya resolución corresponde a las autoridades superiores de la Secretaría de Educación Pública.
