Cajas Graf y el IEEBC

Pareciera que cuando hay un acto de corrupción a nivel nacional, Baja California tiene que aparecer como una de las entidades implicadas y en las que —evidentemente— se erogaron recursos públicos para beneficiar a una red de tráfico de influencias. El escándalo político de la semana se lo llevó la ahora extitular del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, debido al descubrimiento de una serie de contratos otorgados a empresas vinculadas que simulaban competencia para ganar licitaciones del organismo electoral. José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas son los hermanos beneficiados de estos contratos que han conseguido cientos de millones de pesos por servicios y venta de productos a los diversos organismos electorales. Evidentemente, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California no podía quedarse atrás: participó en el otorgamiento de un contrato de 67 millones 138 mil 944 pesos, derivado de la adquisición de material electoral para el proceso 2019, donde resultó airoso el exmorenista Jaime Bonilla Valdez. El documento en poder de este Semanario no aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero está firmado por el ex secretario ejecutivo, Raúl Guzmán Gómez, actual fiscal electoral y Víctor Hugo Aguilar Macalpín, como representante legal de la empresa. El contrato LPN-IEEBC-2019/02, ofrece todas las especificaciones del material electoral referido en favor de la empresa Cajas Graf S.A. de C.V., cuya licitación fue denunciada en su momento por el representante de Movimiento Ciudadano ante el IEE, Miguel de Loera, debido a que, en ese momento, identificó lo que aparentaba ser una competencia simulada en el proceso de licitación en favor de la empresa, al grado de modificar, en reiteradas ocasiones, las bases de la licitación. Otra de las irregularidades planteadas en el contrato dice claramente que se entregaría el 30 por ciento del recurso por adelantado apenas firmado el contrato, “previa entrega de la fianza y factura correspondiente”. El caso se turnó al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), pero decidieron no profundizar en el tema. A pesar de ello, como anécdota, Baja California fue la primera vez que se identificó formalmente un proceso irregular o de favoritismo hacia Cajas Graf, una de las empresas vinculadas en la corrupción electoral que le costó el cargo a la titular del INE.