Los cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos 2027 impulsarán la inflación en México y pegarán al bolsillo ciudadano, sobre todo en rubros sensibles como alimentos y salud, ya que será el consumidor final quien terminará pagando la carga fiscal que se impondrá a las empresas.
Los dictámenes relativos a la Ley de Ingresos de la Federación 2027 fueron aprobados en las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera por legisladores de Morena y partidos afines el miércoles pasado y, se prevé que sean votados en el pleno del Senado el próximo 27 de octubre.
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“Vemos que 2027 será un año complicado”, sobre todo porque el gobierno está apostando a factores que no sabemos si van a suceder. “No vemos un plan B” en caso de que se tengan menos ingresos, ni que el gobierno esté buscando un ahorro interno para tratar de amortizar el déficit existente; y el problema es que la deuda representará 55% del PIB, afirmó Máximo García, senador del Partido Acción Nacional (PAN).
“Necesitamos que el gobierno haga su parte, no solamente sangre a los ciudadanos”, porque el problema comienza con que el gobierno quiere recaudar y busca la manera de allegarse más recursos, pero éstos no se ven reflejados en infraestructura, en mejor atención médica ni en aumentos para la educación. “Simplemente es para satisfacer el boquete financiero” dejado por las obras “faraónicas” iniciadas en el sexenio anterior, aseveró.
Fausto Alfredo Rivera Méndez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, observó que aun cuando el discurso oficial sea que no se están creando ni subiendo impuestos, en la práctica, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se han ajustado las leyes secundarias y la reglamentación para endurecer la fiscalización y apretar cada vez más al contribuyente cautivo para que pague más.
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PRECIOS DE ALIMENTOS PODRÍAN SUBIR POR CAMBIOS EN ISR
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Daniel Ruiz de la Peña, abogado fiscalista, explicó que la propuesta del Gobierno Federal es que las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos con deducciones que superen 96.67% sólo podrán deducir ese porcentaje. Esta limitante afectará especialmente a grandes cadenas comerciales que venden alimentos, cuyas tasas de utilidad rondan entre 2 y 3%, quienes a partir del próximo año pagarán 3.33%.
“Si uno lee la exposición de motivos sin adentrarse al esquema práctico de esas empresas que tienen ese margen de utilidad, pareciera que tiene mucha lógica”, pero en realidad la propuesta de la autoridad para combatir a las factureras hará que “paguen justos por pecadores”.
El próximo año, la limitación para deducir sus gastos podría obligar a las empresas a ajustar el precio de sus productos y limitar beneficios para sus trabajadores, con el fin de evitar un problema de flujo de dinero al tener que pagar más ISR, en un entorno de bajo crecimiento económico, apuntó.
Según el dictamen, cuando las empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos tengan deducciones menores o iguales al 96.67%, pagarán 1%.
Octavio Sandoval, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali y coordinador de los CCEs en Baja California coincidió en que la ciudadanía será quien terminará sufragando la carga fiscal impuesta a las empresas.
Calificó de “inconstitucional” la propuesta del Ejecutivo federal de topar al 50% la disminución de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para las empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos cuando determinen utilidad fiscal.
“Es una medida eminentemente recaudatoria y es una medida emitentemente ilegal”, porque la Constitución establece que vamos a contribuir a los impuestos en la medida de la capacidad contributiva y la capacidad contributiva se mide en función de las utilidades generadas, no de las pérdidas, aseguró el dirigente empresarial.
Según el dictamen turnado al Senado, las pérdidas fiscales determinadas antes de la entrada en vigor de la propuesta del Ejecutivo podrán disminuirse de la utilidad fiscal de los 20 ejercicios siguientes a aquel en que se generaron. En tanto, el impuesto que pagarán las empresas deberá enterarse al fisco en pagos provisionales mensuales.
El dictamen también establece que las plataformas digitales de transporte y reparto (DiDi, Uber) retendrán 2.1% el ISR a los conductores sobre sus ingresos brutos. Las plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre y Amazon, retendrán 2.5% Mientras que, las plataformas de hospedaje (Airbnb) mantendrán la retención del 4% Por operaciones sin RFC la retención será mayor: de 20% para el ISR y 100% para el IVA.
AL ALZA SERVICIOS DE SALUD
El dictamen de Ley Federal de Derechos 2027 contempla aumentos en los servicios que prestan diversas dependencias, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde la expedición de la licencia sanitaria de servicios de transfusión sanguínea costará 17 mil 349.70 pesos; es decir 1,070% más que los mil 482 pesos actuales.
Las licencias para uso de rayos X y equipos de radioterapia destinados a pacientes con cáncer duplicarán su costo, al establecerse en 19 mil 845.50 pesos; mientras la solicitud y el registro de medicamentos homeopáticos, herbolarios y vitamínicos costará 49 mil 762.10 pesos por cada uno.
Las solicitudes del permiso sanitario para importar materia prima y producto terminado costarán poco más de 20 mil pesos, un alza anual de 12%; y el trámite de solicitudes de permisos sanitarios en plaza, muestreo y liberación de materia prima, fármacos o medicamentos que contengan estupefacientes o psicotrópicos subirá 17.5%.
“Lamentamos mucho” que además de la situación en que se encuentra la atención médica en el país, todavía haya incrementos que afectan, sobre todo, a quienes menos tienen y requieren hacerse estudios médicos, declaró el senador Máximo García a ZETA.
PREVÉN MENOS TURISTAS
En el dictamen de la Ley de Derechos se establece una cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en mil 158 pesos; un alza anual de 17.8%. De lo recaudado por ese servicio, 57% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración para proyectos tecnológicos en materia de seguridad nacional y control migratorio, y el restante 28% a Tesorería.
El documento mantuvo la propuesta de la Secretaría de Hacienda (SHCP) de homologar las cuotas por expedición de las visas ordinarias en pasaportes extranjeros y de visas de visitante sin permiso en mil 639.80 pesos, que representan un alza de 66% y 153% respectivamente.
Asimismo, establece un aumento del 10% el costo por uso del espacio aéreo; situación que podría repercutir en el precio de los boletos de avión.
Estos incrementos desincentivarían la llegada de turistas a México, siendo Baja California una de las entidades federativas que se verán afectadas. Mucha gente en la frontera no cruzará y gente que llegue en crucero decidirá no bajarse a ciudades portuarias como Ensenada. “Esto obviamente va en detrimento de la propia economía del país y sobre todo de las zonas turísticas”, señaló Máximo García.
No obstante, Fausto Alfredo Rivera Méndez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, consideró que no necesariamente se observaría una reducción de visitantes extranjeros, dado que la medida está en línea con la tendencia mundial. En Estados Unidos el permiso para internarte pasó de 6 a 30 dólares y la visa también “no es algo económico”, ejemplificó.
NUEVO IEPS A GASOLINERAS
El dictamen de la Ley de Ingresos prevé imponer un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolineras sólo cuando tengan una diferencia positiva entre los litros enajenados respecto los litros adquiridos, con el fin de que “exista concordancia entre lo que se adquiere y lo que se enajena”.
La cuota del impuesto se calculará hasta que finalice el mes del que se trate y se pagará durante los primeros días del siguiente mes, sin que las gasolineras puedan trasladar el gravamen a los consumidores finales, ni puedan incluir el monto del impuesto en el precio, señala la Ley de Ingresos, aunque no determina cómo se asegurará que el gravamen no será trasladado al consumidor final.
Según la autoridad, la “medida de control” fortalecerá el combate al huachicol fiscal y de combustible. Está previsto que entre en vigor el 1 de julio de 2027, para tener un “periodo razonable” para implantar ajustes técnicos, operativos y administrativos que permitan aplicar correctamente las disposiciones fiscales.
Ruiz de la Peña señaló que, si bien la disposición hará “más fácil” que la autoridad haga auditorías cuando detecte inconsistencias entre combustible adquirido y vendido, el riesgo es para las empresas con exceso de inventario, quienes deberán tener un mayor control.
Por otro lado, la Ley de ingresos contempla la actualización conforme a la inflación del IEPS en bebidas saborizadas con azúcares y con edulcorantes. Los cigarros continuarán la escalada delineada por la autoridad desde la Ley de Ingresos 2026. Así la cuota del gravamen por cigarro pasará de 0.85 pesos actual a 0.9197 pesos en 2027. Para 2030, se prevé que alcance 1.1584 pesos.
PEDIRÁN PRESTADOS 1.7 BILLONES PARA PAGAR DEUDA
En la sesión del 21 de octubre pasado de las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, la oposición votó contra la Ley de Ingresos y sus leyes complementarias, en las que se prevén ingresos por 10.6 billones de pesos para 2027, con una proyección de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5%, un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos y un precio promedio de la mezcla mexicana de 61.8 dólares por barril.
El PAN está en desacuerdo de que el gobierno se endeude con 1.7 billones de pesos el próximo año, de los cuales 1.6 billones se destinarán a pagar los intereses de la deuda anterior, aseveró “Max” García.
MAYOR FICALIZACIÓN DISFRAZADA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Con 72 votos de Morena y aliados y 34 en contra de la oposición fue aprobado en Comisiones el dictamen de la Ley de Economía Digital. El senador panista consideró que esta disposición pretende “tener un mayor control fiscal” de las personas para que haya una mayor recaudación.
“Van a iniciar con el pago obligatorio de manera digital todas las gasolineras y las carreteras federales que son de cuota” lo que afectará a un porcentaje de la población que hace transacciones en efectivo, como el taxista.
El legislador blanquiazul criticó también que en esta Ley se otorguen facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear una reglamentación “y queda de manera discrecional para que ellos decidan en qué momento van a realizar esa obligatoriedad a distintos sectores”.
“Sí a la tecnología voluntaria y gratuita, pero no a la extorsión fiscal disfrazada de modernidad; no al cheque en blanco para Hacienda y no al golpe contra la economía popular”, declaró desde la tribuna del Senado.
Según la iniciativa, proveedores de bienes y servicios, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno habilitarán infraestructura necesaria para recibir y promover el uso de los medios de pago electrónicos y digitales. Una vez que entre en vigor la Ley, la SHCP tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.
Los sistemas de pago electrónicos promoverán la democratización del acceso a los servicios financieros, la reducción de tiempos y costos de transacción, así como la formalización de micro y pequeñas empresas en nuestro país. De 2021 a 2024, el uso de efectivo disminuyó 4.9 puntos porcentuales, ubicándose en 85.2% en compras de 500 pesos o menos.
