Acusaron a la Fiscalía por la entrega provisional de la caseta de seguridad del fraccionamiento a un grupo vecinal ligado a participantes del cártel inmobiliario.
Residentes de Laderas del Mar denunciaron nuevamente amenazas de muerte, hostigamiento y restricciones para acceder a sus viviendas, presuntamente por parte de un grupo de vecinos al que relacionan con personas señaladas por su supuesta participación en el cártel inmobiliario de Tijuana.
De acuerdo con uno de los afectados, quien pidió mantener el anonimato por razones de seguridad, el conflicto comenzó el 11 de febrero de 2026, cuando Miguel Ángel Toro y Sandra Urbina Toro, junto con Christian Pablo López Ortiz, ingresaron a un departamento de Playa Imperial y posteriormente tomaron el control de la caseta de vigilancia para controlar el cobro de las cuotas de mantenimiento de alrededor de 120 familias.
Publicidad
El residente aseguró que durante esos hechos hubo amenazas y agresiones contra personal de la administración y de vigilancia, además de que algunos habitantes abandonaron sus viviendas por temor.
Un mes después, en marzo, fueron detenidas varias personas relacionadas con el conflicto, aunque las disputas por el control de la administración del fraccionamiento continuaron.
Publicidad
El afectado cuestionó la legalidad de una asamblea celebrada el 21 de abril, en la que, según los residentes, ocho vecinos conformaron un consejo de administración sin cumplir con los requisitos de convocatoria y quórum. Durante la reunión, se asignaron cargos a Zayda Nohemí y José de Jesús como presidenta y tesorero, respectivamente.
LEER TAMBIÉN:
Publicidad
Cárteles inmobiliarios: 6 mil 665 denuncias por despojo en gobierno de Marina
La disputa continuó a inicios de octubre. El día 2, se retiraron los sellos de aseguramiento y la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del coordinador de Patrimoniales, Christian Axel Águila, entregó la caseta a Zayda Nohemí bajo la figura legal de depositaria provisional.
En un acuerdo del 14 de octubre, el Ministerio Público estableció, según el documento, que dicha figura se limitaba únicamente al resguardo del inmueble y no otorgaba facultades para administrar, representar o dirigir el condominio.
Pese a ello, los residentes denunciaron que el miércoles 21 de octubre el grupo vecinal que se autonombró como administración comenzó a exigir comprobantes de pago de mantenimiento y colocó avisos en los que advertía que las cuotas cubiertas ante la administración anterior no tendrían validez.
Algunos propietarios, aseguró el denunciante, han tenido que pagar por adelantado hasta uno o dos años, por lo que temen que se les exija cubrir nuevamente dichos pagos.
También denunció que cambiaron las cerraduras de las vitrinas donde se colocan avisos y estados de cuenta, además de que algunos habitantes comenzaron a tener dificultades para acceder al complejo y debían demostrar que eran residentes.
“Son las mismas personas implicadas en el despojo que se registró hace meses; nos parece extraño que la autoridad les haya regresado el control de la caseta cuando son los mismos”, declaró.
El afectado agregó que semanas antes se habían recibido reportes anónimos sobre un posible ataque armado contra residentes que se opusieran. Asimismo, señaló que ha recibido mensajes con amenazas de muerte contra él y su hijo.
Ante la decisión de la autoridad, los residentes cuestionaron que la Fiscalía entregara la caseta a personas cuya participación en el conflicto ha sido denunciada por los propios habitantes.
En ese contexto, acudieron nuevamente a la Fiscalía para solicitar que se esclarezcan las condiciones en que se entregó la caseta y se dé seguimiento a las denuncias por amenazas y otros hechos que atribuyen al grupo vecinal.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta la fecha se ha registrado la detención de seis personas relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario”. La más reciente fue la de Eduardo Alejandro “N”, a quien se le atribuyen 150 carpetas de investigación.
Por su parte, Christian Pablo “N”, Sandra “N” y Miguel Ángel “N”, también relacionados con dicho caso, se encuentran en prisión preventiva justificada y oficiosa, respectivamente, en espera de que continúe su proceso legal.
