Mientras que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dedicó a cerrar prisiones federales, diez en total, en el sexenio que transcurre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sorprendió al anunciar la puesta en marcha de una estrategia estructurada para edificar seis nuevos centros penitenciarios de alta seguridad. La determinación gubernamental, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se expuso durante la conferencia matutina el 13 de octubre de 2026.
El detonante del anuncio derivó de los enfrentamientos ocurridos los días 8 y 9 de octubre recientes en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde 12 personas perdieron la vida en dos jornadas consecutivas dentro de los módulos del reclusorio, contabilizándose entre las víctimas mortales a 11 personas privadas de la libertad y un bebé de un año nueve meses de edad que asistía a la visita familiar, además de dejarse un saldo de 16 reclusos lesionados.
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Ante la vulnerabilidad operativa puesta de manifiesto en el puerto sinalonese y como respuesta institucional (seguramente meditada con anterioridad) ante las fallas de seguridad y los episodios de violencia armada registrados en penales regionales, el Gobierno de México dispuso intervenir con recursos federales mediante la construcción de nuevos establecimientos carcelarios distribuidos en seis entidades: Sinaloa, Sonora, Estado de México, Chiapas; Nayarit y Veracruz, cuya capacidad conjunta sumará 18 mil 480 nuevos espacios carcelarios.
La proyección oficial contempla erigir estas infraestructuras de alta seguridad en regiones donde la Federación mantiene actualmente Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) operando de forma activa, al considerarlos sitios estratégicos, dejando de lado los sitios donde las propias autoridades federales aseguran que se concentra la generación de violencia de grupos de la delincuencia estructurada que incide en homicidios dolosos, como Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco.
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A través de acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y publicados en el Diario Oficial de la Federación entre los años 2019 y 2022, se decretó el cierre definitivo y la baja operativa de presidios insulares y continentales, respaldando las clausuras en argumentos de austeridad presupuestaria, erogaciones en contratos de privatización carcelaria e insuficiencia en las condiciones tecnológicas e infraestructurales del sistema. En forma paralela al cierre de esas diez prisiones y al reciente despliegue de las seis obras anunciadas, el sistema federal mantiene en ejido Gildardo Muñoz del municipio de Papantla, Veracruz, un centro de súper máxima seguridad cuya construcción inició en el año 2009 y que acumula 17 años de inactividad operativa sin haber recibido a un solo recluso en sus instalaciones carcelarias.
A pesar de asignaciones presupuestarias acumuladas que superan una inversión millonaria en dólares tramitadas a lo largo de cuatro administraciones presidenciales y del otorgamiento de contratos directos a firmas corporativas, el complejo penitenciario de Papantla carece de decreto formal de inauguración o de desincorporación en el Diario Oficial de la Federación, permaneciendo bajo procesos de investigación ministerial coordinados por la Fiscalía General de la República debido a esquemas de corrupción, contrataciones simuladas y desvío de fondos públicos de la Federación.
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NUEVAS OBRAS
Durante la presentación del plan de infraestructura carcelaria en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, especificó las características técnicas, operativas y de distribución espacial que guiarán la edificación de los nuevos centros penitenciarios federales. La estrategia institucional contempla una inversión pública federal destinada a levantar instalaciones blindadas que proyectan una capacidad global de 18 mil 480 espacios, programando la conclusión e inicio de funciones de la totalidad de los complejos hacia el año 2028.
El modelo arquitectónico diseñado por las autoridades federales busca erradicar las conductas de autogobierno y neutralizar la operación de agrupaciones delictivas al interior de las celdas a través de la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica y clasificación criminológica. Para tal fin, los recintos contarán con sistemas de inhibición avanzada de señales de telefonía celular y frecuencias móviles, puntos de acceso automatizados mediante reconocimiento biométrico, circuitos cerrados de televisión monitoreados con inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo y equipos de inspección no intrusiva.
La distribución interna de la población reclusa se organizará mediante módulos de segregación físicamente independizados, diferenciando a las personas privadas de la libertad en función de su evaluación técnica de peligrosidad, el tipo de delito imputado y su nivel de riesgo institucional. De manera complementaria a los esquemas punitivos y de contención tecnológica, el proyecto incorpora áreas destinadas a la instrucción escolar, talleres para el trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y disciplinas deportivas, orientadas a estructurar procesos de reinserción social de la población penal.
En el desglose geográfico de la cobertura, el estado de Sinaloa fue determinado como la entidad prioritaria para iniciar los trabajos de obra civil de la infraestructura proyectada. La nueva cárcel sinaloense contará con una capacidad diseñada para albergar a dos mil 640 personas privadas de la libertad, proyectándose su radicación en el municipio de Culiacán sobre predios estatales gestionados por la gubernatura de la entidad.
Mientras se desahogan los procedimientos de licitación pública, concesión de permisos de construcción y ejecución de la obra negra en Sinaloa, la custodia del penal estatal El Castillo, en Mazatlán, fue asumida de manera contingente por elementos de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República de México.
En respuesta a las elevadas cifras de hacinamiento reportadas en los reclusorios del Estado de México, donde las instalaciones locales diseñadas para 16 mil 310 personas albergan a más de 38 mil 600 internos, el plan federal contempla traslados masivos de reos del fuero federal hacia los centros federales vigentes con lugares disponibles en el país, reforzando la contención en campo mediante la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria integrada por mil elementos capacitados para intervenir en puntos rojos de las prisiones locales del territorio mexicano.
CEFERESOS EXISTENTES
Al momento del anuncio formulado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Sistema Penitenciario Nacional registra 14 Centros Federales de Readaptación Social en operación activa distribuidos en distintas entidades del país. Estos penales federales cuentan con una capacidad instalada conjunta para albergar a 28 mil 200 personas, registrando al cierre de agosto de 2026 una población total de 21 mil 177 internos.
La red carcelaria federal activa se integra por el Cefereso número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit; el 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz; el 7 Nor-Noroeste en Guadalupe Victoria, Durango; el 8 Nor-Poniente en Guasave, Sinaloa; el 11 CPS Sonora en Hermosillo; el 12 CPS Guanajuato en Ocampo; el 13 CPS Oaxaca en Miahuatlán; el 14 CPS Durango en Gómez Palacio; el 15 CPS Chiapas en Villa Comaltitlán; el 17 CPS Michoacán en Buenavista Tomatlán; el 18 CPS Coahuila en Ramos Arizpe; el 16 CPS Femenil Morelos en Coatlán del Río; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Ayala, Morelos.
El análisis de la infraestructura demuestra que en la totalidad de las seis entidades federativas seleccionadas para erigir los nuevos presidios ya opera previamente un Cefereso.
La duplicidad de establecimientos penitenciarios federales en estas regiones respondería a criterios de mitigación de sobrepoblación en los sistemas locales, contención de crisis de seguridad regional y segmentación criminológica por perfil de riesgo de los reclusos procesados o sentenciados del sistema. En el aspecto del hacinamiento local, reclusorios estatales como los del Estado de México presentan saturaciones críticas, al alojar más de 38 mil 600 reclusos cuando sus cupos son para 16 mil 310; mientras que en Sinaloa el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán registra una sobrepoblación del 22.5 por ciento, al mantener a dos mil 272 internos sobre un espacio diseñado para mil 855 personas.
En cuanto a la contención delictiva, el traslado de personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal desde prisiones estatales hacia recintos con arquitectura de alta seguridad busca neutralizar las redes operativas internas y cortar cadenas de mando de facciones del crimen organizado. La presencia de más de una instalación federal en zonas de alta concentración delictiva permite clasificar a la población carcelaria según su grado de peligrosidad e impedir la consolidación de cotos de poder dentro de las galerías carcelarias de la Nación.
CEFERESOS CERRADOS
La proyección de las nuevas obras carcelarias anunciada por el Gobierno de México contrasta con la política penitenciaria aplicada durante el sexenio de AMLO, periodo en el cual el Poder Ejecutivo Federal ejecutó la desincorporación formal de diez centros penitenciarios del sistema penitenciario nacional. A través de acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Seguridad y publicados en el Diario Oficial de la Federación entre 2019 y 2022, la autoridad ordenó la clausura y el vaciamiento de recintos penales en el Océano Pacífico y diversas entidades del país.
El proceso inició el 8 de marzo de 2019 con la baja del Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM), que sustituyó en 2010 al vetusto modelo de Colonia Penal Federal creada en 1905 en la Isla María Madre. La desincorporación de cinco Ceferesos en el archipiélago: Laguna del Toro (máxima seguridad), Aserradero, Bugambilias, Morelos y Rehilete (ya inhabilitado desde antes) se sustentó en los costos logísticos de abastecimiento, calculados en dos mil 800 pesos diarios por interno, los daños del Huracán Willa en 2018 y hasta la ideología que culpaba a Porfirio Díaz de haber propiciado sufrimiento a presos y sus familias, trasladándose a 624 reclusos al continente y entregando la custodia de la isla a la Marina para un supuesto centro ambiental y cultural que se convirtió en negocio turístico. Tres de esos penales eran los mejores calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta su cierre.
El 28 de septiembre de 2020 se publicó la clausura del Cefereso 2 Occidente, en El Salto, Jalisco, inaugurado en octubre de 1993. Conocido por la fuga de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera el 19 de enero de 2021, el recinto se desincorporó para reducir erogaciones en contratos privados y eliminar pagos por espacios desocupados en otros Ceferesos que operan bajo el modelo CPS (Contrato Prestación de Servicios). Igual ocurrió el 21 de octubre de ese año cuando se decretó la baja del Cefereso 6 Sureste en Huimanguillo, Tabasco, operativo desde abril de 2012. Las evaluaciones concluyeron que el inmueble carecía de tecnología e infraestructura para contener perfiles de alta peligrosidad, trasladándose a quinientos reclusos y donando el edificio al gobierno de Tabasco, que lo reabrió como presidio local del estado.
El 15 de diciembre de 2020 se oficializó la baja del Cefereso 3 Noreste en Matamoros, Tamaulipas, recinto inaugurado en junio de 2000 y desalojado desde diciembre de 2015 para supuestamente darle mantenimiento. Pese a erogarse 200 millones de pesos en remodelaciones, las obras alcanzaron un avance del cinco por ciento, derivando en su cierre definitivo. El 27 de diciembre de ese mismo año se publicó el acuerdo del Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, adaptado en mayo de 2011 sobre un antiguo reclusorio local. La autoridad determinó que la estructura no cumplía los estándares de seguridad.
Finalmente, el 4 de enero de 2022 culminó la secuencia con la baja del Cefereso 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila, predio incorporado en 2012 que a final de cuentas fue entregado en comodato al gobierno coahuilense en marzo de 2023 para su uso como prisión estatal del sistema penitenciario regional.
TRANSA EN PAPANTLA
A la par de las desincorporaciones ejecutadas en el sexenio anterior y de la reciente proyección de seis nuevos reclusorios, el sistema carcelario federal mantiene en inactividad operativa la obra del Cefereso de Papantla, en Veracruz. Concebido en julio de 2009 durante las gestiones del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el proyecto se planeó como un complejo de súper máxima seguridad para albergar a dos mil 170 personas privadas de la libertad en 28 hectáreas.
El diseño arquitectónico incluyó tres niveles de celdas, puertas automáticas con esclusas controladas a distancia, hospital de sesenta camas, helipuerto y sistemas automatizados para la inhibición de señales. El 19 de marzo de 2012, autoridades federales y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizaron una inspección donde anunciaron un avance físico del 90 por ciento; no obstante, la edificación carecía de redes de energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario, imposibilitando la recepción de reclusos.
Durante ese ejercicio de 2012, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) otorgó adjudicaciones directas a la empresa panameña Nunvav Incorporated, entre ellas un convenio el 9 de febrero por diez millones 36 mil 95 dólares y el contrato OADPRS/DGS/S/029/2012 el 4 de abril por 171 millones de dólares para servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones. Las pesquisas iniciadas por la Fiscalía General de la República establecieron que Nunvav Incorporated formó parte de una red corporativa encabezada por García Luna y diversos socios, orientada a la distracción e intermediación de cinco mil 112 millones de pesos procedentes del presupuesto penitenciario.
En julio de 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad firmó un contrato bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) con la razón social Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla para terminar la obra civil. Al asumir el gobierno en diciembre de 2018, la administración de Andrés Manuel López Obrador detectó sobreprecios e incumplimientos contractuales, suspendiendo las erogaciones a las contratistas e interponiendo denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación.
Tras 17 años de inactividad y erogaciones millonarias acumuladas, el inmueble carece de decreto de inauguración oficial o de desincorporación en el Diario Oficial de la Federación. Al inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se aseguró que el Gabinete de Seguridad evaluaba esquemas financieros, técnicos y jurídicos para rescatar la infraestructura existente y reanudar la intervención en el penal de Papantla, ante las elevadas tasas de sobrepoblación e hacinamiento registradas en los centros penitenciarios estatales de Veracruz y la saturación general del sistema carcelario en la región oriental del país.
Aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que uno de los seis nuevos centros carcelarios se construirá en Veracruz, no aclaró si se trata de la misma obra inconclusa en Papantla, que, de acuerdo a lo dicho a principios del sexenio, sería rescatada para su uso en favor de la reinserción social. Probablemente pudiese ser la misma prisión a la que se le daría conclusión a su infraestructura.
