Un polígono de 50 hectáreas, ubicado en el área de El Monumento en Tijuana, es el centro de una disputa legal entre integrantes de la familia Camacho Guzmán y la empresa M-DOS, de la que es accionista Alberto Coppel Luken, uno de los hombres más ricos de México.
En el polígono cercano a la avenida Agustín Páez, en las inmediaciones del segundo acceso a Playas de Tijuana, ya hay alrededor de 25 casas en construcción. En total fueron vendidos 200 terrenos sin que concluyeran los juicios.
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En el ojo del huracán se encuentran, principalmente, las determinaciones de los jueces Alexis Minor Flores, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga y Sergio Horta Espinoza, así como el actuar de Catastro del Ayuntamiento de Tijuana y de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusadas por ambos bandos de, al menos, ser parciales.
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Juicio en Huamantla, Tlaxcala
La disputa legal entre los Camacho Guzmán y la empresa M-DOS tuvo su origen en el Juicio Ejecutivo Mercantil 390/2023 presentado por Javier Gómez Martínez ante el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez en Huamantla, Tlaxcala, Alexis Minor Flores, ya que su resolución desposeyó temporalmente a M-DOS del predio en disputa a principios de 2024, sin que la empresa tuviera relación con ese juicio.
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En el alegato del Juicio Ejecutivo Mercantil 390/2023, Javier Gómez Martínez demandó a Elba Alicia Camacho Guzmán, Angélica Beatriz Camacho Guzmán y a Ángel Fernando Camacho Guzmán, por 100 millones de pesos. Como prueba exhibió un pagaré, fechado el 5 de octubre de 2011, por tal cantidad, sin que especificara el motivo de la deuda.
Aunque Javier Gómez Martínez presentó una credencial de elector con un domicilio en Playas de Tijuana, su demanda fue admitida en el Juzgado de Tlaxcala por el juez Alexis Minor Flores al emplazar a los Camacho Guzmán en un inmueble ubicado en Huamantla. (Un pueblo mágico asentado en ese estado del centro del país).
La demanda de Javier Gómez señala como deudoras principales a Elba y a Angélica, y como aval a Ángel Fernando Camacho Guzmán. No obstante, Ángel Fernando únicamente compareció ante el juez. A finales de octubre de 2023, suscribió un convenio en el que reconoció el adeudo y dio en pago en favor de Javier Gómez Martínez “un polígono, identificado como ‘fracción G’, con una superficie de 503,697.83 m2” (50.3 hectáreas), ubicado en Tijuana.
Según el documento -avalado por el juez Alexis Minor Flores- el inmueble deriva de la subdivisión del predio rústico, identificado con el folio real 9855578, con una superficie de 2,471 hectáreas, cuya escritura data del 4 de febrero de 1957 en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.
En la cláusula cuarta del convenio, Ángel Fernando Camacho se compromete a dar la posesión del polígono a Javier Gómez en cinco días naturales. Al incumplirse esa cláusula, el 7 de noviembre de 2023, el juez Alexis Minor Flores emitió un exhorto a la autoridad judicial correspondiente en Baja California para que Javier Gómez tomara posesión del polígono en Tijuana.
Fue así que, el Juez Décimo Civil Especializado en Materia Mercantil en Tijuana, Juan Carlos Constantino Orteaga, emitió el exhorto local 242/2023 con el que la actuaria adscrita a dicho juzgado, María del Rosario Flores Avendaño, se apersonó con elementos de la policía municipal y dio posesión del polígono a Javier Gómez el 17 de enero de 2024.
Con esta acción le quitó la posesión del predio a M-DOS; cuyos representantes legales presentaron un amparo, una denuncia penal por fraude procesal y una denuncia penal por lotificación sin autorización, entre otros recursos legales.
En los subsecuentes meses, el predio en posesión de Javier Gómez y Óscar Mario Castillo Escobar fue lotificado y vendidos terrenos de 200 metros cada uno.
Según el Registro Público de la Propiedad, el 27 de marzo de 2026, el Juzgado Vigésimo del Tribunal Civil Corporativo de Tijuana declaró a Francisca Caudillo Trejo como propietaria de un lote de 7.2 hectáreas, valuado en 13.7 millones de pesos, por haber operado en su favor un juicio de prescripción positiva demandado a la sucesión de los bienes de Alfonso Camacho León. Predio que está dentro del polígono en litigio entre los Camacho y M-DOS.
Vinculados a proceso
A finales de agosto de 2026, el juez de control de Tijuana, Sergio Horta Espinoza, vinculó a proceso a Javier Gómez Martínez y Ángel Fernando Camacho Guzmán por presuntamente haber cometido fraude procesal (simular acto judicial para obtener beneficio indebido) por el juicio de Huamantla, y ordenó que fuera restituido el polígono de 50 hectáreas a M-DOS. (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
Hasta el cierre de edición se habían restituido a la empresa alrededor de 42 hectáreas. En las restantes se habría dado la lotificación de los 200 terrenos.
La decisión del juez de control fue apelada por la contraparte en segunda instancia en un Tribunal de Mexicali. Además, la defensa de la señora Francisca Caudillo Trejo presentó un juicio de amparo indirecto, cuya suspensión provisional fue otorgada para que “las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; es decir, que no tenga efectos la entrega de la posesión”, según expuso su abogado Juan Ramón Minero; quien está en coordinación con el abogado de la familia Camacho Guzmán, de nombre Melitón Olmos.
El argumento de la defensa de Francisca Caudillo Trejo es que el título presentado por la empresa M-DOS tiene irregularidades, y la naturaleza del delito de fraude procesal al que fueron vinculados Javier Gómez y Ángel Fernando Camacho no amerita que sea entregado el polígono a la denunciante M-DOS.
Fue en enero de 2024, cuando los abogados de M-DOS presentaron la denuncia por fraude procesal, abuso de autoridad y asociación delictuosa ante la FGE de Baja California contra Javier Gómez, Ángel Fernando Camacho Guzmán y otras seis personas entre las que se encuentran el abogado Melitón Olmos y los jueces Juan Carlos Constantino y Alexis Minor.
En esa denuncia penal se acusa a los señalados de hacer una “maquinación” para despojar a M-DOS del predio, de forma “fraudulenta y usando ilegítimamente el sistema de justicia para revestir de legalidad tal acto” teniendo por origen el expediente 00390/2023.
Irregularidades en título de M-DOS
Juan Ramón Minero, abogado de la señora Francisco Caudillo Trejo, reiteró que el predio ubicado en la colonia Colinas del Sol, es una sucesión a bienes de Alfonso Camacho León cuyo título data del 4 de febrero de 1957, y el albacea es Ángel Fernando Camacho.
El abogado aseguró que la escritura de 2017 presentada por la empresa M-DOS, en la que María de los Ángeles Espinal Avendaño transfiere el polígono de 50 hectáreas a la empresa, por una operación de 68 millones de pesos, tiene irregularidades y podrá ser “una mera simulación”.
Una de esas irregularidades es que “no se pagó” el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI), ni el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en una operación que acusó parecería simulada incumpliendo la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, según el litigante.
Por otro lado, aseveró, el origen de la escritura de M-DOS presenta “muchas inconsistencias” ya que derivó de dos juicios de prescripción (133/1996 y 2260/1995) que “carecen de sustento legal”.
Los cuales fueron hechos en su favor Roberto Farías Hodges contra María Luisa Villa viuda de Guillermo Vallejo (entonces poseedora de las 50 hectáreas), a los que se allanó indebidamente Martha Pujol en su carácter de representante legal de la señora María Luisa sin tener facultades para comparecer en los juicios, ya que la señora María Luisa había fallecido el 21 de agosto de 1994.
El abogado también argumentó que, en mayo de 1970, la señora María Luisa Villa viuda de Vallejo sólo otorgó autorización a su representante legal Manuel Prieto Crespo, para vender 250 mil metros cuadrados a Roberto Gerardo Farías Marínes y Elia Eugenia Hodges, en representación de su menor hijo Roberto Farías Hodges.
Después los juicios de prescripción de 1995 y 1996, Roberto Farías Hodges vendió el polígono a Promotora de Casas y Edificios S.A. de C.V. en 1997 (empresa vinculada al Grupo Coppel); que a su vez lo enajenó a Yogo, S.A. de C.V. en 2006. Posteriormente, en 2008, María de los Ángeles Espinal Avendaño compró el polígono, que después transfirió a M-DOS en 2017.
En entrevista con ZETA, Juan Ramón Minero consideró que debido a que la sucesión de Camacho León no contestaba las demandas de juicios de prescripción e incluso hizo convenios con el Estado para que personas que eran posesionarios pudieran regularizar sus viviendas en colonias como Xicoténcatl Leyva, la empresa M-DOS ha tratado “apropiarse” del polígono.
Respecto a los señalamientos del agente del ministerio público sobre lo sospechoso que es que en un “tiempo tan corto” ocurrieran todas las etapas procesales en el juicio de Huamantla, Tlaxcala, el litigante dijo: “en la ciudad donde se llevó a cabo el procedimiento es un pueblo chico, una ciudad pequeña, que no tiene muchos habitantes, no tiene la carga laboral que tienen actualmente los juzgados civiles de Tijuana”.
El juicio se llevó en Huamantla, Tlaxcala, “precisamente por la cuestión de los tiempos y porque realizaba negocios en esa ciudad el señor Javier”, admitió.
Quejas contra jueces y más denuncias penales
En entrevista con ZETA, Jorge de Hoyos Walther, representante legal de M-DOS S.A. de C.V., afirmó que su representada es propietaria y posesionaria del predio ubicado en la zona del Monumento, con clave catastral DS-003-332 (que anteriormente contemplaba dos terrenos rústicos sin construcción con folio real 1045066 y 1042383).
Los derechos de la empresa constan en la escritura número 1273, volumen 1, libro 5, protocolizada en la Notaría 199, de Culiacán, Sinaloa, a cargo del notario José de Jesús González Sánchez.
Como antecedente, en 1945, Guillermo Vallejo Leal adquirió el predio denominado El Monumento, con folio real 982806, a Juan R. Platt, según la escritura pública número 24987. De Hoyos Walther dijo que, la cadena del título de M-DOS se puede rastrear de manera ininterrumpida hasta 1928.
Entre 2021 y 2023, la empresa construyó una barda perimetral en las 50 hectáreas, después de que se hubiese registrado una primera invasión en 2020.
“Ellos (la sucesión de los Camacho) reclaman tener un título de 2 mil hectáreas de 1957, pero no hay una evidencia alguna de que ese título coincida con la zona en que estamos nosotros”, afirmó el litigante, quien indicó que, en el juicio de Huamantla, Tlaxcala, Ángel Fernando Camacho Guzmán no acreditó la propiedad del terreno que dio en pago al señor Javier Gómez.
En la denuncia penal presentada por M-DOS, se señala que “Ángel Fernando Camacho Guzmán no cuenta con propiedades en Tijuana” y que Alfonso Camacho León es el propietario del polígono dado en paga a Javier Gómez.
Refiere que en el Registro Público tampoco existe inscrita ninguna subdivisión del inmueble de 2,471 hectáreas, “de la cual supuestamente resultó la fracción G” dada en pago a Javier Gómez.
Dado que el juez de Huamantla, Tlaxcala, Alexis Minor Flores, y el de Tijuana, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, no revisaron quién era el dueño del polígono dado en pago a Javier Gómez, la empresa M-DOS presentó una queja contra ellos, siendo ya removido el primero.
En su opinión, ambos jueces tuvieron una “coordinación inusual” y dieron un tratamiento “exprés” a las diligencias al presuntamente haberse coludido con Ángel Fernando Camacho y Javier Gómez.
Sobre el señalamiento de la falta de pago impuestos por la operación de la escritura de M-DOS de 2017, Jorge De Hoyos afirmó que M-DOS es una empresa “muy seria” y “siempre ha pagado sus impuestos”. Estamos hablando del impuesto predial que es el impuesto que hay que pagar sobre el terreno.
La defensa de M-DOS también presentó un juicio de amparo, que está en curso. En la demanda, la empresa reclama que el juez Juan Carlos Constantino no se percató que los inmuebles propiedad de M-DOS “tienen identidad propia y no coinciden con el inmueble cuya posesión fue ordenada”.
Ante el Ayuntamiento, también se presentaron quejas por “la indebida creación de claves catastrales de la sucesión Camacho” hechas de manera reciente.
Además, fue presentada otra denuncia penal contra el señor Javier Gómez Martínez y Ángel Fernando Camacho Guzmán por lotificar el terreno “sin los permisos de la autoridad”.
