Con observaciones y contradicciones, el Cabildo aprobó por mayoría establecer convenios de conciliación en juicios de nulidad derivados de multas en materia de alcoholimetría
Pese a observaciones, este jueves 17 de septiembre, en sesión extraordinaria virtual, el Cabildo de Tijuana aprobó por mayoría establecer convenios de conciliación en juicios de nulidad derivados de multas en materia de alcoholimetría para recuperar ingresos municipales y evitar costos por dichos procedimientos, y con ello pérdidas en la recaudación.
Con la aprobación de la propuesta, ahora el Tesorero Municipal tendrá la facultad para realizar las gestiones administrativas requeridas para recaudar el pago de 76.25 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por arrastre, maniobra y almacenaje, así como por certificado médico y multa.
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Ahora corresponderá a la Consejería Jurídica suscribir convenios para poder concluir de manera anticipada aquellos juicios que estén a la espera de una sentencia definitiva en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), promovidos por ciudadanos sancionados mediante boleta de infracción de alcoholimetría.
Por su parte, la Sindicatura Procuradora será el órgano encargado de emitir la normativa técnica para determinar las directrices por las que se podrían realizar dichos convenios.
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Las observaciones
Aunque el punto de acuerdo para la creación de los convenios fue aprobado, hubo voces que realizaron observaciones a la iniciativa, desde el actuar de los elementos policiacos al aplicar pruebas de alcoholimetría hasta contradicciones con reformas al Reglamento de Tránsito.
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La primera en pronunciarse fue la Regidora del PAN, Georgina Arana Cruz, quien, aunque votó a favor, en su razonamiento resaltó la importancia de los operativos de alcoholimetría y la revisión de los procedimientos y actuaciones de los servidores públicos que en ellos participan, por lo que solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM) revisar el actuar de los elementos de seguridad, así como a la Dirección Municipal de Salud contar con aparatos para medir el grado de alcohol en la sangre bien calibrados y que el personal que aplica las pruebas esté bien capacitado,
“Esto es para que mejoren sus procedimientos y se evite lo que muchos ciudadanos han denunciado cuando, por presunción, salen negativo en la prueba de alcoholimetría, por presunción de droga, les retiran el vehículo y les hacen el acto de molestia con una boleta”, indicó Arana.
Por su parte, la Regidora Rogelia Arzola Santillán se abstuvo de votar el punto de acuerdo y en su razonamiento explicó que el 24 de octubre de 2022 el Cabildo aprobó un acuerdo que revela una contradicción con la propuesta actual, ya que dicho acuerdo reformó el Artículo 119 del Reglamento de Tránsito para fijar un rango obligatorio de 205 a 210 UMAS etiquetando a las bibliotecas municipales, el IMAC y a las estancias infantiles del DIF, con 30 y 70 por ciento, respectivamente.
En ese sentido, razonó que pretender autorizar ahora un cobro convenido de 75.25 UMAS, “no sólo vulnera la prohibición reglamentaria de condonar o reducir sanciones por ebriedad, sino que descapitaliza directamente a los fondos de asistencia social y cultura del municipio. Eso confirma que el problema de fondo no se resuelve rebajando la multa mediante convenios, sino corrigiendo la indebida calificación de origen que realizan los jueces municipales en las boletas de infracción”.
Arzola resaltó que en el Artículo 119, fracción uno del Reglamento de Tránsito se establece un rango estricto de 205 a 210 UMAS, existiendo disposiciones que restringen los descuentos o condonaciones en este tipo de faltas, por lo que “Convenir un monto global de 75.25 UMAS podría ser interpretado por los órganos de fiscalización como una recalificación no contemplada en la norma, exponiendo a observaciones administrativas a los funcionarios que suscriban los convenios”, así como que “Dado que el Tribunal de Justicia Administrativa concede de manera constante la suspensión restitutoria o devuelve el vehículo sin exigencia de pago previo, el ciudadano cuyos actos ya están en litigio, difícilmente optará por la vía del convenio, lo que resta efectividad práctica a la medida proyectada”.
Finalmente, Arzola Santillán pidió que se asentará en acta las solicitudes de información para el seguimiento a las áreas ejecutivas. A la Consejería Jurídica y a la Dirección de Justicia Municipal solicitó fortalecer la capacitación y los criterios de calificación de los jueces municipales para erradicar las fallas de origen en las boletas y elevar la tasa de éxito del Ayuntamiento ante el TEJA; y a la Tesorería Municipal confirmar el criterio normativo de viabilidad para aplicar el monto de 76.5 UMAS, sin contravenir las restricciones de condonación del Reglamento de Tránsito.
“Reitero, mi postura busca proteger la legalidad de los actos de este Cabildo y asegurar que cualquier mecanismo de recaudación sea invulnerable jurídicamente, lo más sensato para la administración es reforzar el procedimiento administrativo desde la emisión de la boleta por el juez municipal; por prudencia técnica y para cuidar la viabilidad institucional del municipio, mi voto es en abstención”, expresó Arzola.
