Los alcaldes de Baja California llamaron a deslindar responsabilidades individuales y respetar el debido proceso, en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En un pronunciamiento en el que se abstuvieron de mencionar a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, los alcaldes de Baja California dijeron estar en la disposición de seguir trabajando en coordinación por el bien de la entidad, de los municipios y la población.
Los munícipes recalcaron que “en el contexto de la discusión pública reciente” se debe considerar que todo servidor público cuenta con una trayectoria propia y que, tratándose de sus decisiones y responsabilidades, estas deben valorarse en lo individual.
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El pronunciamiento, formulado el 29 de septiembre, sobrevino luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una medida administrativa de sanción contra 25 entidades corporativas y 21 personas, entre las que figuró el exesposo de la mandataria estatal, Carlos Torres Torres, quien durante la actual administración se desempeñó como coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos.
De acuerdo con el organismo de control financiero estadounidense Torres Torres conspiró para brindar protección en Baja California a los operadores de la célula delictiva denominada Los Mayos.
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En razón del señalamiento el Partido Acción Nacional en Baja California exigió que la gobernadora se separara del cargo y (en dado caso) explicara qué sabía de los hechos que se le atribuyeron a Torres Torres, con quien inició un proceso de divorcio en octubre de 2025, meses después de que ambos informaron que se les revocó la visa consular estadounidense.
“Estamos hablando de quien fue su esposo y de una persona que tuvo presencia e influencia política durante su gobierno. Es iluso pretender que los bajacalifornianos simplemente crean que la gobernadora no sabía nada. Marina del Pilar tiene que explicar qué sabía, desde cuándo y qué hizo al respecto”, consideró el partido de oposición.
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Por conducto de su dirigente Lizbeth Mata Lozano el PAN demandó que Marina del Pilar igualmente explicara el vínculo que tuvo con Vida Orgánica, empresa incluida en la lista de entidades corporativas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
“Estimamos indispensable que cualquier señalamiento o circunstancia relacionada con terceras personas se analice con responsabilidad, sin desdibujar la trayectoria, el trabajo o la dignidad de ninguna mujer”, manifestaron los alcaldes de los 7 municipios de BC, quienes al igual que la gobernadora se identifican con Morena.
“Las mujeres no son extensión de sus parejas ni de sus exparejas. Son responsables de sus propios actos, de sus propias decisiones y de su propia historia”, asentaron.
Claudia Agatón, Norma Bustamante, Rocío Adame, presidentes municipales de Ensenada, Mexicali, Rosarito, así como Román Cota, Ismael Burgueño, José Dagnino y Miriam Cano, quienes presiden los Ayuntamientos de Tecate, Tijuana, San Felipe, San Quintín, remarcaron que corresponde a las autoridades competentes investigar y aclarar con respeto a la ley, el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
“Por encima del ruido público deben prevalecer la institucionalidad, el respeto y el compromiso con la ciudadanía”, indicaron.
