La reunión sostenida el 11 de septiembre de 2026, entre el gremio de abogados y las autoridades de Baja California confirma una realidad que ya no puede ocultarse con protocolos, lineamientos o mesas de trabajo: la abogacía local vive un periodo de riesgo extraordinario. Los homicidios de litigantes, las amenazas a familias y la falta de resultados claros en varios casos no son hechos aislados, sino señales de tensiones profundas en el sistema de justicia. Cuando la justicia no funciona adecuadamente, los conflictos dejan de resolverse en tribunales y se trasladan a espacios extrajudiciales donde la presión, el miedo y la violencia sustituyen al derecho.
Desde hace varios años, los asesinatos de abogados en Baja California se han repetido en distintas ciudades y en diversas ramas del litigio. La cifra acumulada en la actual administración, con solo unos cuantos detenidos y la mayoría de los casos sin avances, confirma que no se trata de hechos nuevos ni aislados. Es un patrón sostenido que afecta a penalistas, civilistas, mercantilistas, laboralistas, fiscalistas e inmobiliarios por igual. Si bien las autoridades han señalado avances en algunas investigaciones, la información disponible y la percepción del gremio muestran que la mayoría de los casos continúan sin resultados concluyentes.
Publicidad
Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.
A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.
Publicidad
Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.
Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.
Publicidad
Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja California, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.
Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
