La suspensión o cese del secretario de Seguridad Ciudadana, Héctor Manzo, es lo que buscará el síndico Ricardo Bejarano Núñez en Playas de Rosarito, al asegurar que tres funcionarios de la administración de Rocío Adame provocaron un daño patrimonial al no reincorporar a 17 policías, que permanecen en el limbo legal luego de no aprobar sus exámenes de Control y Confianza en marzo de 2025. Desde entonces, sus expedientes permanecen asegurados en Sindicatura.
Bejarano Núñez reconoce que ha “protegido” expedientes de policías con inconsistencias “menores”, pero sostiene que está facultado para decidir el destino jurídico y administrativo de los agentes policíacos que no acrediten los exámenes de Control y Confianza aplicados por el C3 del Estado, pese a que los procedimientos establecen que los expedientes deben ser turnados a la Comisión de Honor y Justicia para aclarar las inconsistencias.
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“Oficialía mayor, Seguridad Ciudadana, R.H., porque son los que se le hicieron los juicios en tiempo y forma e hicieron caso omiso a una orden de Sindicatura. Eso es lo que ahorita voy a llegar a la oficina e iniciar el procedimiento para ya acatar”, señaló Bejarano Núñez.
En respuesta a las declaraciones del síndico, la alcaldesa Rocío Adame señaló:
“Para mí no; para mí no es factible y ya dependería de lo que haga a vía Sindicatura y pues no sé qué elementos puedan ellos tener para que pudieran considerarse que pueda ser inhabilitado. Yo creo que todos los compañeros han estado en espera de que haya un proceso claro. No podemos hacer nada más por mandato ahí de Sindicatura, reinstalar a los que ellos pensaban, y a unos sí y a otros no. Está muy raro eso porque te digo que la justicia no es especial para unos y para otros. Yo creo que tendría que tener los elementos necesarios, y pues si los tiene pues debería de hacerlos valer para saber nosotros exactamente qué es lo que está pensando él; porque un día puede decir una cosa y otro día dice otra cosa”.
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El síndico Bejarano sostiene que es culpa de Adame y de Manzo que no haya agentes patrullando, pues asegura que envió un oficio para autorizar su reincorporación, aunque esa atribución corresponde al C3, actualmente operado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Desde el 9 mayo del año pasado yo giré el oficio donde ya se les había levantado que los reincorporaran por seguir las instrucciones, pero hicieron caso omiso. Hicieron la bola de nieve y ya se hizo, ahora sí, como lo mencionó mi compañera, ya se hizo el problema ahora sí al Ayuntamiento. Ya le hicieron ahora sí que un daño patrimonial”, insistió el síndico.
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La alcaldesa respondió que el retraso obedece a que los expedientes permanecieron retenidos en Sindicatura durante más de un año.
“Faltan 22 expedientes para que pueda dársele celeridad. La verdad es que ya es mucho, es un año o más de un año. En marzo se cumplió un año para que podamos saber la situación jurídica de los compañeros policías, saber si los reinstalamos o no. Ha habido trabajo por parte de la comisión, donde se le han enviado 66 expedientes. Al final, son los que había retenido primeramente Sindicatura; 30 se había quedado ahí con ellos y la verdad es que los que se han ido reinstalando son los que han cumplido un proceso. Porque no olvidar que el proceso es estatal, no es nada más de aquí tanto del síndico como de la comisión; pero yo creo que el procedimiento que no se llevó a cabo debidamente por parte de Sindicatura es lo que nos ha tenido atorados”, cuestionó la alcaldesa.
El síndico asegura que un juez federal le ha dado la razón al otorgar amparos a seis policías para ser reinstalados; sin embargo, aún permanecen 17 elementos en el limbo jurídico debido a que no se siguió el procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia.
“Quedan 17 de los ocho que agarró mi resolutivo y ya los incorporó. Y unos que el juez federal les otorgó o sea ganaron su amparo… Ahorita han salido como seis resoluciones de un juez federal, dándome la razón a Sindicatura”, dijo el síndico.
El conflicto inició con la retención de los expedientes de 98 agentes que “no aprobaron” los exámenes, de un total de 264 elementos evaluados en abril de 2025. Posteriormente, las cifras se ajustaron y ahora se sabe que existen 184 oficiales en activo, que Bejarano mantiene reservados 22 expedientes, y que seis policías que reprobaron nunca fueron notificados y, por ello, continúan en funciones pese a la falla administrativa.
