A unas horas de que inicie el receso en los juzgados de Baja California, alrededor de 30 familias algunas con más de 20 años de residencia en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, se preparan para un posible operativo de desalojo en el que, aseguran, podrían participar autoridades judiciales, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso personal del Ejército Mexicano.
Derivado de una orden emitida por la jueza Martha Flores Trejo, la intervención está programado para este viernes 10 de julio a las 9:00 horas, luego de que la juzgadora instruyó al Ministerio Público de la FGE ejecutar, por tercera ocasión, el lanzamiento de los ocupantes de un predio ubicado en la zona ejidal Mar Mediterráneo, en Tierra Santa, Valle de Guadalupe.
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Los habitantes señalaron que han promovido diversos juicios de amparo, mediante los cuales obtuvieron suspensiones provisionales y definitivas para impedir el desalojo.
Tambien afirman que las resoluciones judiciales no están siendo respetadas por las autoridades encargadas de ejecutar la orden.
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Como parte de su defensa, los residentes exhibieron recibos del pago del impuesto predial y documentos de compraventa celebrados con el propietario ejidal, con los que sostienen la legalidad de su permanencia en el lugar.
Denunciaron haber detectado presuntas irregularidades durante el proceso legal, como errores en la superficie a desalojar, actuaciones atribuidas al Registro Agrario Nacional (RAN), así como omisiones dentro del procedimiento judicial. Aseguraron que no fueron llamados a juicio en calidad de afectados y que las notificaciones recibidas presentan inconsistencias al no cumplir, presuntamente, con los plazos y formalidades establecidos por la ley.
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Los afectados también mencionaron que, en días recientes, funcionarios del Ayuntamiento acudieron al asentamiento para advertirles que deberán abandonar sus viviendas, sin que hasta el momento se les haya ofrecido una alternativa de reubicación.
Entre mayo y julio, al menos tres comunidades de las delegaciones de El Porvenir y Francisco Zarco, en la Ruta del Vino, han denunciado públicamente actos de desalojos que, de acuerdo con los afectados, y documentos, se realizaron con presuntas irregularidades y al margen de los procedimientos legales.
