El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, afirmó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo extraditaría al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios acusados por narcotráfico, únicamente si el Gobierno de EE.UU. presenta pruebas suficientes que satisfagan la carga probatoria exigida por la legislación mexicana.
Las declaraciones ocurrieron en la primera entrevista de Lazzeri con un medio estadounidense, el sitio de internet Politico, después de su llegada a Washington en junio de 2026 para hacerse cargo de la Embajada de México en EE.UU. El diplomático fue cuestionado respecto a las diez solicitudes de extradición presentadas por la Administración del presidente Donald Trump en abril de 2026.
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“Estamos solicitando información adicional sobre estas 10 solicitudes. Y tan pronto como la tengamos —y en la medida (que se cumpla con) la carga de prueba necesaria para que nosotros ejecutemos la extradición— entonces por supuesto que lo haríamos”, aseguró Lazzeri.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de EE.UU. solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y de otros nueve funcionarios sinaloenses el 28 de abril de 2026, un día antes de que el Departamento de Justicia de EE.UU. hiciera públicas las acusaciones por narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
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El embajador ubicó el caso dentro de un intercambio bilateral más amplio en materia judicial. “(Sobre el tema de) la extradición: Este es un proceso continuo que se desarrolla diariamente. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado más de 200 extradiciones que están siendo revisadas por las autoridades de EU. En muchas de ellas, las autoridades de EU han solicitado evidencia adicional”, añadió.
La postura coincide con lo expresado días antes por el fiscal especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), David Boone, quien aseguró que las autoridades mexicanas aún no tenían en su poder las pruebas relativas a las solicitudes contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, por lo que no estaban en condiciones de evaluar si cumplían el parámetro probatorio mínimo.
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De los diez funcionarios sinaloenses con cargos criminales por narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno se encuentra ya bajo custodia del Gobierno de EE.UU.: el ex secretario de seguridad pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo de 2026 en la frontera con Arizona.
Sin abundar en el expediente, Lazzeri defendió ante Politico la cooperación antinarcóticos entre ambos países y sostuvo que ninguna instancia está mejor posicionada que las fuerzas mexicanas —entre ellas la SEMAR, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal— para ejecutar operaciones dentro del territorio nacional.
El pronunciamiento del embajador se produjo en una semana marcada por el señalamiento del titular de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien advirtió respecto a una presunta liga entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México. Ese señalamiento llegó dos meses después de que el propio funcionario estadounidense calificara las acusaciones contra Rocha Moya y el resto de los implicados como apenas el “comienzo”.
