La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el 27 de julio de 2026 que Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, sea un perseguido político, y sostuvo que la imputación por huachicol fiscal que lo mantiene recluido derivó de investigaciones apegadas a derecho. En el comunicado 482/26, emitido en la Ciudad de México, la institución adelantó que acreditará un perjuicio a la hacienda pública superior a 4 mil millones de pesos, pese a que hasta ahora la imputación formal se limita a 166 millones de pesos.
“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, señaló la dependencia, que añadió que en todo momento se respetaron el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
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El monto imputado corresponde al aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos, ocurrido en julio de 2025. La FGR precisó que el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió establecer la reiteración de más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, cifra que elevaría el daño patrimonial por encima de los 4 mil millones de pesos, circunstancia que la institución ministerial buscará acreditar durante la investigación complementaria.
La institución expuso que la indagatoria tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados con 3 millones 716 mil 254 litros de petrolíferos en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial por las altas temperaturas y el desconocimiento sobre la sustancia contenida. A partir de ese hallazgo se practicaron inspecciones de campo, toma de muestras y dictámenes periciales, además de medidas de preservación de indicios.
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La FGR indicó que lo que inicialmente parecía un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas. El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal y localizar otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, embarques en los que se declaró únicamente el 10 por ciento de lo realmente transportado.
Según el comunicado, hasta el momento se han integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza de los hidrocarburos asegurados; en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; en fotografía, criminalística e identificación del tipo de hidrocarburo.
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La dependencia detalló la evolución societaria de la empresa señalada. Ingemar fue constituida el 9 de agosto de 2018 por José Merino Valdés Cuervo y las sociedades Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V. y Servicios Portuarios, S.A. de C.V. El 12 de octubre del mismo año, Ruffo Appel inició su participación en la estructura societaria mediante su incorporación al capital variable y, para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado secretario del consejo de administración, con participación en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas. En los años posteriores, la sociedad amplió su objeto social para incluir el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias.
Respecto a la medida cautelar, la FGR sostuvo que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las personas imputadas por ese ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.
El posicionamiento de la institución ministerial ocurrió horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también negó cualquier persecución contra el ex gobernador, quien forma parte del consejo consultivo de Somos México.
En el terreno político, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, informó que espera la autorización de Ruffo Appel para impulsar la conformación de un comité plural por su liberación. El dirigente explicó que fue incluido en la lista de personas que pueden visitar al ex mandatario estatal en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y que aguarda el trámite ante la dirección de penales federales. “Propongo que se forme un comité amplio y plural por la defensa y libertad de Ernesto Ruffo y buscar que se incorpore gente del PAN, de nosotros, de la sociedad, familiares, intelectuales, personajes. Un comité muy amplio que tenga un gran respeto, con gente seria, juristas y académicos y con gente que lo conocemos, para que no se partidice la defensa”, afirmó.
Acosta Naranjo señaló que la defensa jurídica se encuentra a cargo del abogado Fernando Gómez Mont y que el comité podría convocar a movilizaciones. “Debería pasar en su historia y biografía como uno de los pilares de la alternancia en el País, pero ahora quieren que su último recuerdo quede como el rey del huachicol”, consideró. El dirigente aclaró que Ruffo Appel no milita en las filas de Somos México y solo integra su consejo consultivo.
En paralelo, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) rechazó las acusaciones de Morena contra Gómez Mont, luego de que Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de ese partido, lo descalificara por sus antecedentes como titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y por su intervención en procesos penales de alto perfil.
“Resulta particularmente preocupante que se pretenda descalificar públicamente a un abogado por asumir la representación profesional de una persona investigada o imputada, o que se sugiera que la defensa de una persona acusada constituye, por sí misma, una forma de complicidad con los delitos que se le atribuyen”, afirmó Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, quien añadió que la función del abogado defensor no consiste en determinar la culpabilidad de su representado, atribución que corresponde exclusivamente a los órganos de procuración de justicia y jurisdiccionales.
El desenlace del caso dependerá de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR deberá acreditar el monto ampliado del quebranto fiscal y sostener la imputación contra las ocho personas vinculadas a proceso.
