Mientras el proceso judicial contra Ismael “Mayo” Zambada García en la Unión Americana ha derivado en la aceptación de una cadena perpetua por parte del procesado, quien además solicitó cumplir su condena en un centro médico debido a su estado de salud, simultáneamente, en México, la administración federal y la Fiscalía General de la República (FGR) han reactivado el expediente sobre las condiciones de su captura ocurrida el 25 de julio de 2024.
El discurso oficial se ha centrado en la exhibición de la aeronave Beech Craft King Air 200 (en la que fue transportado el “Mayo” Zambada a los Estados Unidos de América) en un museo de aviación de Santa Teresa, Nuevo México, donde el Buró Federal de Investigaciones (FBI) la presenta como un trofeo de sus operaciones. La Presidencia de la República ha calificado este hecho como una evidencia de que las agencias estadounidenses incursionaron en territorio nacional sin autorización, vulnerando la soberanía y tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La narrativa gubernamental sostiene que el exembajador Ken Salazar y el Gobierno de Estados Unidos emitieron versiones contradictorias sobre la detención. Mientras que en 2024 se negó la participación de agencias norteamericanas en el traslado de Zambada, la reciente atribución del operativo por parte del FBI ha llevado a la Secretaría de Gobernación a afirmar que hubo un engaño deliberado.
La Fiscalía General de la República, bajo la titularidad de Ernestina Godoy, sostiene que se cometió un secuestro en suelo mexicano, planeado y ejecutado por autoridades extranjeras, lo que constituye un pacto al margen de la ley. Esta postura oficial ha omitido profundizar en la falta de procesos judiciales internos contra Zambada o los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera en México, centrando el esfuerzo institucional en la exigencia de información al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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La fiscalía ha señalado que se han enviado 16 requerimientos de información, de los cuales cinco permanecen sin respuesta, y ha acusado una obstrucción constante por parte de las autoridades estadounidenses para identificar plenamente al piloto y los detalles del vuelo. El origen del conflicto se remonta a la reunión en el rancho Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde Ismael Zambada habría sido citado bajo el pretexto de mediar en una disputa política.
Según la versión del propio Zambada, confirmada en las investigaciones iniciales de la fiscalía federal, Joaquín Guzmán López le solicitó asistir para resolver diferencias entre el gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda. En ese sitio, Cuén Ojeda fue asesinado, un hecho que la fiscalía local intentó encubrir inicialmente con una versión falsa sobre un robo en una gasolinería. Además, en el mismo evento desaparecieron los escoltas del capo José Rosario Heras López, comandante de la Policía Ministerial de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, ex agente judicial.
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A pesar de que el nombre de Rubén Rocha Moya aparece directamente vinculado al evento que derivó en la extracción de Zambada, el Gobierno Federal ha mantenido una defensa del gobernador con licencia, ahora cuestionado por su presunta relación con las facciones del Cártel de Sinaloa junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La insistencia en el tema de la soberanía nacional y la supuesta falsedad del exembajador Salazar se presenta como un recurso para desplazar el foco de atención sobre la actuación de las autoridades sinaloenses y la administración de Rocha Moya.
Legisladores de oposición han señalado que la Presidencia se ha convertido en una defensa de los procedimientos legales que favorecen a Zambada, en lugar de priorizar la detención con fines de extradición de funcionarios locales bajo sospecha. La fiscalía ha reconocido que, si bien se identificó al piloto que trasladó a Zambada y se determinó que fue deportado a México, donde continuó cometiendo delitos antes de ser entregado nuevamente a Estados Unidos, los detalles sobre el plan de vuelo y la logística operativa siguen siendo el eje de la confrontación diplomática.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el problema no es la captura de un criminal, sino el método utilizado, el cual supuestamente ignora los acuerdos bilaterales de seguridad. Este escenario de reclamos internacionales ocurre mientras el partido oficial, Morena, inicia un proceso interno para la selección de candidatos a gobernadores en 17 entidades para las elecciones de 2027. El uso de términos como coordinadores de la defensa de la soberanía para designar a sus aspirantes coincide con la retórica empleada en el caso Zambada, sugiriendo una estrategia política para consolidar su base electoral mediante el nacionalismo.
La realidad institucional muestra que en México no existen carpetas de investigación robustas que busquen sancionar a los líderes del narcotráfico por los delitos cometidos en territorio nacional, delegando esa responsabilidad a los tribunales extranjeros. Se ha señalado que el sistema de procuración de justicia mexicano ha sido ineficiente al no judicializar a miembros de la facción de los Chapitos ni haber buscado activamente la captura de Zambada antes de su entrega forzada.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha solicitado a la Fiscalía General de la República un informe detallado que sirva para presionar al FBI, mientras se difunden imágenes del arribo de los capos al aeropuerto de Santa Teresa en las que se observa que no descendieron atados, contradiciendo parte de la narrativa del secuestro violento. La propia fiscal Ernestina Godoy ha admitido que el exembajador Ken Salazar goza de inmunidad diplomática, por lo que las acusaciones de falsedad sólo tienen un alcance en el ámbito del derecho internacional y no penal.
En respuesta, a través de sus redes sociales, Salazar negó haber mentido respecto a la participación de agencias estadounidenses en la detención y traslado de Zambada y del hijo del “Chapo” Guzmán. El exembajador afirmó que él y el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al Gobierno mexicano, tanto en declaraciones públicas como de manera directa el 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones; sostuvo además que la aeronave utilizada en el traslado no pertenecía a su gobierno, que el piloto no era estadounidense y que la operación no fue ejecutada por autoridades de ese país.
Sheinbaum insistió en la conferencia matutina del jueves 9 de julio que hubo omisión y mentira por parte del exdiplomático estadounidense y señaló que se solicitó a la FGR incorporar este señalamiento a la carpeta de investigación ya abierta sobre el caso. Sin embargo, la persistencia de figuras políticas como Rubén Rocha Moya en el centro de la controversia, sin que existan consecuencias jurídicas locales, refuerza la interpretación de que el conflicto con Estados Unidos sirve como una herramienta de distracción política. El caso Zambada, lejos de ser un expediente de justicia penal en México, se ha transformado en un baluarte de la retórica oficialista que busca proteger los activos políticos del partido en el poder ante la proximidad de los comicios y la debilidad de las investigaciones internas sobre el homicidio de Cuén Ojeda, la desaparición de agentes estatales y la impunidad de los rochistas.
