La seguridad pública en México atraviesa un periodo de desgaste extremo marcado por la violencia sistemática contra sus elementos operativos que también padecen la inseguridad y son víctimas visibles. Durante la primera mitad de 2026, el registro documentado por la organización civil Causa en Común arroja una cifra que evidencia la fragilidad de las instituciones frente al poder de fuego y la capacidad de despliegue del crimen organizado: 171 agentes han sido asesinados en el territorio nacional.
Este saldo de sangre desglosa una realidad donde el primer respondiente es, a su vez, el blanco más frecuente y desprotegido. Los datos precisan que 72 de estas víctimas pertenecían a corporaciones municipales, lo que sitúa a las fuerzas locales en la vanguardia de la letalidad. A ellos se suman 51 policías estatales que perdieron la vida en diversas regiones del país, además de una incidencia que ya alcanza de manera significativa a las fuerzas federales y militares. En este periodo, 36 agentes de la Guardia Nacional fueron abatidos, junto con nueve integrantes del Ejército Mexicano y tres agentes federales, configurando un panorama de hostilidad generalizada que afecta a todos los niveles de mando y jurisdicción del Estado mexicano.
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El análisis geográfico de estos homicidios permite identificar los puntos de mayor fricción territorial y debilidad institucional en el país. Jalisco se consolida como la entidad más peligrosa para el ejercicio de la función policial en México, registrando 34 agentes asesinados, lo que representa un alarmante 19.88 por ciento del total nacional, desbancando a Guanajuato que en los años más recientes ocupaba el primerísimo lugar en ese rubro.
Esta cifra coloca a la entidad jalisciense en una posición crítica de seguridad, donde las fuerzas de orden público son asediadas de manera constante por estructuras delictivas y que un único evento, como fue la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo como consecuencia la muerte de casi una treintena de elementos de la Guardia Nacional. Muy cerca en esta escala de violencia se encuentran Sinaloa -con el conflicto de Chapitos y Mayos- y Michoacán –con el efecto del deceso de Oseguera-, entidades que reportan 20 policías fallecidos cada una, aportando en conjunto un 23.38 por ciento de la incidencia global del país.
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El corredor de la violencia se extiende hacia el centro del territorio, donde el Estado de México documentó 14 homicidios, equivalente al 8.18 por ciento, seguido estrechamente por Morelos, con 13 casos, y Guanajuato, con 11, que ha disminuido sus índices delincuenciales, especialmente de homicidios dolosos. Estos estados concentran el grueso de las agresiones contra los uniformados, reflejando una correlación directa entre la presencia de grupos criminales de alto impacto y la eliminación sistemática de los agentes encargados de contenerlos.
En un nivel intermedio de violencia se encuentran entidades como Guerrero, con siete asesinatos, y Baja California, Tabasco y Tamaulipas con cinco cada uno, donde el hostigamiento contra las fuerzas del orden se mantiene como una constante que erosiona la moral de las corporaciones y dificulta el reclutamiento de nuevos elementos. Le siguen en orden descendente la Ciudad de México, San Luis Potosí y Sonora, con cuatro asesinatos cada una, así como Colima, Puebla, Veracruz y Zacatecas, con tres casos respectivamente.
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La distribución de los ataques muestra que el asesinato de policías se ha convertido en una táctica recurrente para debilitar la presencia gubernamental en territorios clave, generando vacíos de autoridad que son rápidamente ocupados por estructuras delictivas. Otros estados, como Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo reportaron únicamente un deceso cada uno, lo que evidencia una disparidad marcada en la distribución del riesgo según la región geográfica.
Sin embargo, la estadística nacional de 171 muertes subraya una tendencia preocupante en la que el promedio de bajas supera los 28 elementos mensuales, una cifra que pone en entredicho la efectividad de las estrategias de protección a los cuerpos de seguridad y la capacidad de disuasión del Estado frente a las agresiones externas. En contraste con estas zonas de alta peligrosidad, existen regiones del país donde la incidencia se mantiene en niveles nulos, aunque esto no exime a las instituciones de enfrentar otros tipos de presión delictiva. Estados como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit y Yucatán no registraron asesinatos de policías durante este primer semestre de 2026.
BAJA CALIFORNIA
La inseguridad en Baja California durante el primer semestre de 2026 no sólo se ha manifestado en las cifras de homicidios dolosos que afectan a la población civil, sino que ha escalado hacia una ofensiva directa y sistemática contra los integrantes de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. El estado se ha convertido en un escenario donde los agentes son cazados en sus días de descanso, frente a sus familias o en establecimientos públicos, evidenciando una vulnerabilidad que las autoridades estatales y federales no han logrado frenar.
Los ataques registrados entre abril y junio revelan un patrón de ejecuciones planeadas, muchas de ellas vinculadas a las pugnas territoriales entre grupos del crimen organizado que se disputan el control de plazas estratégicas como Tijuana, Tecate y el Valle de Mexicali. El ciclo de violencia contra los uniformados en este periodo tuvo un punto crítico el 12 de abril en Tijuana, cuando Silvano Méndez Aguilar, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) adscrito al Escuadrón Violeta, fue asesinado a tiros. El ataque ocurrió en la colonia Guaycura, pasadas las 11:00 horas, mientras el oficial de 38 años se encontraba en un establecimiento comercial denominado Tecate.
Esa mañana, dos hombres armados llegaron a pie para sorprender a Silvano y abrieron fuego, dejando también herida a una mujer de 52 años, identificada como María del Rosario, quien se encontraba en el lugar como víctima colateral. A pesar de ser trasladado a la Clínica 1 del IMSS, Méndez Aguilar falleció debido a la gravedad de sus heridas, mientras que sus agresores lograron huir a través de un mercado sobre ruedas, dejando tras de sí una escena marcada por casquillos percutidos y la impunidad que suele rodear estos eventos en el área urbana.
La violencia se trasladó hacia el municipio de Tecate, donde la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa ha dejado un rastro de más de casi un centenar de homicidios en lo que va del año. El 19 de junio, Cristhian Alfredo Sandoval Aguilar, jefe de la Unidad de Robos de la Fiscalía General del Estado (FGE) comisionado en esa demarcación, fue ejecutado frente a su domicilio en la colonia Escorial. Sandoval Aguilar se preparaba para salir de viaje con motivo de su cumpleaños cuando sujetos armados en un sedán blanco le dispararon a las 7:50 de la mañana.
La saña del ataque fue subrayada por un mensaje dejado junto a su cuerpo: “ESTO LE VA PASAR A TODO EL GOBIERNO QUE APOYE A LOS CACASFRITAS, ATTE LOS DE LA CASA” [sic], una amenaza directa firmada presuntamente por integrantes del CJNG. Este crimen ocurrió apenas un día después de que otro cuerpo apareciera con un mensaje similar en la colonia La Bondad, confirmando que los mandos policiales están bajo la mira de las facciones criminales.
En Mexicali la situación no fue distinta, registrándose una ofensiva que cobró la vida de dos agentes de la Fuerza Especial de Seguridad Ciudadana (FESC) en menos de 24 horas a finales de junio. El 26 de junio, Rubén López Orduño, un agente de nuevo ingreso perteneciente al área de inteligencia, fue acribillado junto a su pareja sentimental, Analleli Anaya Ávalos, afuera de su casa en la colonia Zaragoza. Los atacantes utilizaron rifles de asalto, presumiblemente calibre .223, y huyeron en dos vehículos que posteriormente fueron abandonados.
Sólo un día después, el 27 de junio, Manuel Enrique Guerrero Sánchez, también elemento de la FESC, fue asesinado frente a una taquería en el Ejido Benito Juárez, en el Valle de Mexicali, mientras se disponía a cenar, fuera de servicio. Las investigaciones posteriores, que incluyeron un cateo el 4 de julio en el fraccionamiento Valle Dorado, llevaron a la localización de un arsenal y equipo táctico que presumiblemente se utilizó en estos crímenes. Las autoridades vinculan estos ataques como una represalia de células delictivas tras operativos de inteligencia donde fue abatido un integrante del grupo de Los Rusos, conocido como el Compa Wicho.
Finalmente, el registro de bajas policiales se extendió hasta julio con el fallecimiento de Karina Corral, agente de la Fiscalía General de la República (FGR), quien murió el 6 de julio por las secuelas de un ataque sufrido en marzo en el poblado de El Testerazo, en Tecate. Corral, de 29 años, fue lesionada por armas largas mientras dormía en la vivienda de un familiar durante un intento de robo de vehículos perpetrado por sujetos que ingresaron disparando al domicilio. Aunque hubo tres detenciones relacionadas con este caso (Esmeralda “N”, Venancio “N” y Francisco “N”), a quienes les fue asegurado fentanilo, metanfetamina y armas, tras tres meses de agonía la agente no sobrevivió a las cirugías.
MULTIASESINATOS
A diferencia de otros años, los multihomicidios de policías disminuyeron; sin embargo, la localización y abatimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho, marcó en el primer semestre una sangría brutal de elementos de la Guardia Nacional, que fueron atacados tras los 85 narcobloqueos registrados en carreteras del país, principalmente en los estados de Jalisco y Michoacán, en un total de 27 agresiones, de acuerdo a la información que de manera preliminar dio a conocer el 23 de febrero pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El saldo de esa jornada fue de terror. En Jalisco se registraron seis de las agresiones y 18 bloqueos de vialidades, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio penitenciario durante una fuga masiva de reos del penal de Puerto Vallarta y un agente de la Fiscalía del Estado. Ahí 30 delincuentes fueron eliminados a balazos y una mujer ajena a los hechos fue asesinada. En tanto, en Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perecieron cuatro delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados.
En Sinaloa, donde se vive la guerra fratricida entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, disminuyó el número de homicidios en el mes de marzo reciente, pero el día 28, dos policías municipales de Culiacán fueron emboscados cuando circulaban a bordo de una unidad oficial sobre la autopista Benito Juárez. El 31 de marzo, otros cuatro elementos, pero del municipio de Escuinapa, fueron atacados en las inmediaciones del poblado Tecualilla, falleciendo todos ellos, entre quienes figuraba el subdirector operativo, Esteban Gutiérrez Mazariegos.
La noche del 22 de mayo, dos policías viales de Tlaltizapán, en Morelos, fueron asesinados al enfrentarse a delincuentes que momentos antes habían disparado a unos jóvenes que circulaban en un automóvil, al parecer por un incidente vial. Murieron un hombre de 25 años y dos jovencitas de 20 y 17 años, respectivamente. Al huir los homicidas por la carretera Cuautla-Galeana, se toparon con los policías de tránsito, disparándoles sin darles oportunidad de defenderse.
Tras un choque armado en la comunidad El Coecillo, municipio de Luis Moya, a unos 70 kilómetros de Zacatecas capital, en los límites con Aguascalientes, dos policías estatales pertenecientes a la agrupación Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), y un civil, fallecieron con heridas de bala. De la emboscada ocurrida en la madrugada se informó que uno de los uniformados falleció en el sitio y el segundo en un hospital, además de que otro oficial resultó con lesiones de gravedad.
Mientras la impunidad persista en la mayoría de estos homicidios, el riesgo para quienes portan un uniforme seguirá siendo una sentencia latente en un país que, en este primer semestre, ha visto caer a un agente de seguridad casi cada 25 horas. Los 171 nombres que engrosan la lista de las bajas, unos en cumplimiento del deber y otros mientras disfrutaban de su descanso, representan el fracaso de las políticas de pacificación y la consolidación de un escenario donde el Estado pierde cotidianamente el monopolio de la fuerza frente a la ofensiva criminal.
