Abogados del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presentaron una demanda de amparo el sábado 18 de julio en un Juzgado de Distrito en el Estado de México bajo el argumento de que su cliente se hallaba incomunicado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras comparecía virtualmente durante más de 36 horas ante una jueza de control en el Centro Penal de Justicia Federal de Almoloya de Juárez.
Ante tal aseveración de los defensores, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió una suspensión de oficio y de plano, como sucede en todos los casos que son invocados actos contrarios al artículo 22 Constitucional, aunque en realidad no existía tal incomunicación, pues el quejoso estaba compareciendo ante el juez que le dictó una orden de aprehensión, pero a través de una prolongada videoconferencia.
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Sin embargo, los litigantes presentaron la demanda de derechos fundamentales muy similar a la formulada el viernes último ante un juez federal de Ensenada por presuntos actos de ataque a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, actos de tortura, malos tratos, desaparición forzada, pero con una inminente “imposición de prisión preventiva oficiosa”.
Como pasó en Ensenada, el juzgador concedió la suspensión de plano para que en caso de que el justiciable fuese víctima de alguna actuación irregular, dichos actos cesaran de inmediato y se le permitiera tener contacto con sus familiares y defensores.
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El juez de amparo ordenó a uno de sus actuarios judiciales para que se presentara en el Centro de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, para que buscara a Ernesto Ruffo y éste ratificara la demanda formulada a su favor, así como se cerciorara de su estado físico, pero el quejoso no fue localizado en dicho centro penitenciario.
Obvio no estaba en el penal federal de máxima seguridad porque estaba compareciendo ante la juez de control desde las instalaciones de la FEMDO, donde se encontraba más de un centenar de documentos, estados contables, contratos y otros indicios que forman parte de la carpeta de investigación a los que el Ministerio Público de la Federación dio desahogo in situ ante la dificultad de movilizar tal cantidad de evidencia.
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Fiscales del caso estimaron que en ningún momento el imputado Ernesto Guillermo Ruffo Appel estuvo incomunicado, pues era conocida su ubicación en el edificio de la FEMDo dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), a disposición de la autoridad judicial vía virtual, y pese a las más de 36 horas de audiencia nunca se dejó de actuar, exceptuando los cinco recesos decretados por la misma juzgadora, que al final terminó por imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.
Bajo las imputaciones de delitos graves como delincuencia organizada y contrabando fiscal, Ruffo Appel fue trasladado la mañana de este domingo al Cefereso número 1, Altiplano, en el Estado de México. La juez del caso resolverá la situación legal del exsenador y exgobernador bajacaliforniano, así como seis de sus coacusados, dentro del término ampliado de 144 horas, a solicitud de los mismos.
