“La ciudadanía sabe distinguir entre una campaña electoral y un proceso interno cuando hay actos masivos, propaganda y posicionamiento público con financiamiento opaco”
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana hizo un llamado a las autoridades electorales para que tomen acciones ante las actividades de proselitismo que diversos actores políticos han emprendido con antelación al proceso electoral concurrente 2026-2027.
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“COPARMEX Tijuana expresa su preocupación por la normalización de una práctica que termina erosionando la confianza ciudadana y la equidad en los procesos electorales rumbo a 2027. Nos referimos a la promoción política que se realiza fuera de los tiempos constitucionales de campaña”, estableció el organismo este martes 14 de julio.
El 22 de junio, 10 perfiles identificados con el movimiento de la Cuarta Transformación solicitaron por la vía presencial inscribirse al proceso abierto por Morena para elegir coordinador estatal a propósito de la elección de gobernador de Baja California.
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Desde octubre de 2025, el Partido Acción Nacional habilitó una aplicación para que los militantes y simpatizantes interesados en asumir una candidatura se registren.
La Coparmex indicó que “ley debe interpretarse para garantizar la equidad que protege la Constitución, no para facilitar su evasión”. Consideró inaceptable “que se adelanten campañas, que se posicionen aspirantes y se movilicen estructuras partidistas antes del inicio formal del proceso electoral”.
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En el ámbito federal, el proceso electoral iniciará en septiembre de 2026, en tanto que a nivel local, el 6 de diciembre.
El organismo presidido por Elisa Ibáñez Aldana y en el que Antonio Cano Jiménez funge como presidente la Comisión de Fortalecimiento Cívico y Democrático, se pronunció porque se investigue el origen y destino de los recursos que los aspirantes hayan invertido en sus actividades de proselitismo.
“Hacemos un llamado al INE, al IEEBC, al TEPJF y al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California para que investiguen y fiscalicen con firmeza, garantizando que la ciudadanía conozca quién financia estas actividades, el origen de los recursos, bajo qué figura jurídica operan y si cumplen la ley”, expusieron los miembros de la Coparmex.
El organismo exigió que las autoridades apliquen “la ley sin excepciones”, establezcan “criterios para identificar actos anticipados de campaña, sin importar su denominación”; fiscalicen “a fondo los recursos destinados a promoción política”, garanticen “condiciones equitativas” para los partidos y aspirantes; brinden “certeza jurídica mediante criterios oportunos y consistentes”.
De acuerdo con la Coparmex, “la ciudadanía sabe distinguir entre una campaña electoral y un proceso interno cuando hay actos masivos, propaganda y posicionamiento público con financiamiento opaco”.
La semana pasada, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, refirió a ZETA que el Consejo General de la institución estaba procurando la aprobación de un acuerdo en aras de emitir lineamientos a los que tendrían que ajustarse los procesos internos de los partidos políticos.
