Fiscalías incompetentes y corruptas han mantenido en libertad durante 22 años, a los sicarios que asesinaron a Francisco Ortiz, editor general de ZETA, y a quienes ordenaron matarlo
¿Y si el sol saliera por el Oeste? Si aquel 22 de junio del 2004 los funcionarios de los gobiernos y las procuradurías no hubieran sido incompetentes, negligentes y corruptos como para permitir que un puñado de narcotraficantes asesinos, le quitaran la vida al editor general-fundador de ZETA Francisco Ortiz Franco y huyeran impunemente, este año ese abogado, maestro y periodista honesto, cumpliría 72 septiembres enriqueciendo el periodismo de investigación y la democracia bajacaliforniana.
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Tristemente, el destino de las personas no cambia sólo porque se desee.
La mañana de aquel martes, Pancho estaba de licencia médica; lo acompañaban sus hijos de 10 y 8 años para acudir a terapia de rehabilitación física. Se había estacionado en la acera a unos metros de la clínica, y a dos cuadras de las oficinas de la Fiscalía del Estado.
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Cuando se disponía abandonar el lugar a bordo de su auto, una camioneta Grand Cherokee se le emparejó y bloqueó la salida del conductor, descendió un sicario encapuchado y le disparó directamente en cinco ocasiones a cabeza, tórax y hombro; ahí, frente a sus niños, le arrebataron la vida.
En las semanas posteriores, investigadores y autoridades generaron tres hipótesis respecto al móvil de homicidio: la publicación de las fotos de 71 sicarios del Cártel Arellano Félix (CAF) que pagaron más de 70 mil dólares por recibir una credencial que los acreditaba como agentes de la hoy Fiscalía del Estado; la revelación de la asociación de Osiel Cárdenas y los Zetas con el CAF; y la revisión que Ortiz Franco hacia para reabrir el expediente del asesinato del codirector de ZETA Héctor Félix (1988) que afectaba al político y empresario Jorge Hank Rhon, quien no fue investigado a pesar de ser patrón de los dos homicidas materiales sentenciados por la muerte del periodista.
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Los nombres de los narcotraficantes Arturo Villarreal Heredia, Francisco Javier Arellano Félix, Osiel Cárdenas, de algunos agentes ministeriales y otros matarifes del CAF salieron a relucir como presuntos homicidas en las indagatorias, pero nada se concretó en el expediente.
Sólo en el caso de Arellano y Villarreal hubo una referencia legal, y fue en la primera audiencia de su juicio en Estado Unidos en 2006; el fiscal refirió su participación activa en el homicidio de Ortiz, advirtiendo que no podían hacer nada al respecto porque el crimen había sucedido en territorio mexicano.
Después de aquella tragedia, para los hijos del licenciado Ortiz, Francisco, Héctor Daniel, Andrea, su viuda Gabriela, para el resto de su familia y para quienes laboramos en ZETA han transcurrido 22 años de dolor y frustración crónica.
“Mi padre nos enseñó que deberíamos buscar trascender más allá de nuestro núcleo; nos enseñó a dar la vida por nuestros ideales y a no ser indiferentes ante las injusticias y denunciarlas. Nos enseñó con el ejemplo a través de su pluma”, así ha recordado Francisco a su padre.
“Él estableció un estándar de conducta para mí y mis hermanos, que no siempre es fácil de seguir… era un hombre íntegro, creo que es la mejor palabra para describirlo. Era una persona con una ética profesional y personal muy fuerte que no tenía precio alguno, me enseñó a vivir así y es con el ejemplo que intentamos seguir”, ha completado su hermano Héctor Daniel, testigo y víctima colateral del crimen.
Ese hombre al que describen los hijos de Francisco, es exactamente el mismo al que recordamos y extrañamos en ZETA, un periodista sin dobleces, analítico, persistente, aplicado, mesurado, sin afanes protagónicos, que hizo escuela con sus acciones.
La tristeza es permanente, pero cuando se acerca la fecha del aniversario luctuoso se hace más grande el vacío en el pecho que deja la injusticia rampante al ver que han pasado cinco gobernadores, seis fiscales estatales, cinco presidentes de la República y 11 fiscales federales, cada uno más omiso, indolente, inepto e ineficaz que el anterior. Y la llegada de la multicitada sensibilidad, empatía y honestidad femenina en las personas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal Ernestina Godoy, la gobernadora bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda y su fiscala María Elena Andrade, tampoco ha hecho ni una mínima diferencia.
En 2021, con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios MX, la familia de Ortíz Franco manifestó al gobierno mexicano su disposición para iniciar un diálogo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de “obtener justicia y reparación del daño”, pero han pasado otros cinco años de nada, de una apatía indolente de parte de los dos últimos gobiernos federales morenistas.
Como lo ha manifestado en diversas ocasiones Gabriela, licenciada en derecho y viuda de Francisco Ortiz, la carpeta del caso “no tiene nada”; en más de 20 años, las autoridades estatales y federales que se han pasado el expediente como una papa caliente “no le han agregado siquiera una coma”, y “desde 2014 ninguna autoridad se ha acercado a la familia”.
Hoy, sirva la presente edición para reclamar, como se ha hecho durante 22 años, que los asesinos del editor de ZETA Francisco Ortiz Franco sean identificados, juzgados y sentenciados.
A las procuradurías que han protegido a los asesinos materiales e intelectuales con sus omisiones, les exigimos que cumplan con el trabajo que es encontrar a los homicidas y procesarlos. Y al Gobierno de México, que consumen el compromiso que han pospuesto durante cinco años de dialogar con la familia para hacer justicia y reparar el daño.
No nos vamos a cansar, no nos vamos a callar. La muerte de Francisco exige y merece respuestas.
