Sheinbaum invoca soberanía y “derecho a dudar” de EU ante el caso Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el 28 de mayo de 2026, durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, que México “tiene derecho a dudar” de las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, al insistir en que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la documentación remitida desde Washington no reúne las pruebas suficientes para proceder penalmente en territorio nacional.

“Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, declaró la mandataria nacional, quien advirtió que su Gobierno no actuará contra ningún funcionario o político únicamente a partir de acusaciones provenientes del extranjero. La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que cualquier investigación debe sustentarse en evidencias presentadas conforme a las leyes mexicanas. “Si hay personas que cometieron algún delito, por supuesto, pero que tengan pruebas con base en las leyes mexicanas”, añadió.

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Sheinbaum Pardo dejó en claro que la postura de su administración no busca encubrir a funcionarios de Morena, sino defender la soberanía nacional e impedir que acusaciones provenientes del exterior determinen decisiones políticas internas sin sustento judicial. “Porque de otra manera, entonces se determina desde afuera, sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, si se queda gobernando uno o no, también es un tema de soberanía”, sostuvo. La mandataria nacional relató que, al recibir la petición estadounidense, consultó a la FGR sobre la existencia de elementos suficientes para proceder, y que el organismo respondió negativamente: “Llega esta orden, le pregunto a la Fiscalía qué opinión tiene, si hay suficientes pruebas para lo que se está pidiendo, y la Fiscalía contesta: no hay pruebas, no hay suficientes pruebas.” A partir de ello, la Fiscalía abrió sus propias investigaciones.

Las declaraciones del 28 de mayo de 2026 se produjeron horas después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal confirmara, el 27 de mayo del mismo mes y año, que Rocha Moya no figura en la base de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con ninguna Notificación Roja en su contra. Mediante una publicación institucional difundida a las 12:08 horas, la dependencia precisó que la verificación derivó de consultas directas con instancias nacionales e internacionales competentes. “Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, señaló la SSPC Federal.

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La aclaración ocurrió horas después de que Omar Hamid García Harfuch, titular de la SSPC Federal, declarara en la propia conferencia matutina del 27 de mayo de 2026 que desconocía si la FGR había gestionado la ficha roja internacional. En ese mismo espacio, García Harfuch confirmó la existencia de una orden de detención emitida por el Gobierno de EE.UU. contra el gobernador con licencia, aunque precisó que el procedimiento aplicable en estos casos sería la emisión de una orden de aprehensión con fines de extradición. “Se confirma la ficha roja una vez que es emitida. Desconozco si la tiene por parte de la [FGR]. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, declaró García Harfuch.

También el 27 de mayo de 2026, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos confirmó que siete personas vinculadas al caso Sinaloa acudieron ese día a comparecer ante la FGR. Sheinbaum Pardo reiteró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía informar sobre los procedimientos que conduce en este asunto: “Le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo en todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa.” La mandataria reconoció no retener con exactitud el número de personas que comparecieron: “Nomás comentó… estuvo la Fiscalía en la mañana, que creo que fueron ocho a declarar o algo así, o siete, no sé, siete creo, ¿verdad?”

El epicentro de la crisis se remonta al 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa ante la jueza federal Katherine Polk Failla. La acusación, desclasificada por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terrance C. Cole, sostiene que los imputados conspiraron con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —identificados en el expediente como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de apoyo electoral y millonarios sobornos. Los cargos contemplan penas que van desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua.

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones y solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026. El Congreso estatal de Sinaloa la aprobó con 38 votos a favor en sesión extraordinaria, tras lo cual Yeraldine Bonilla Valverde asumió como primera gobernadora interina en la historia de esa entidad. El 5 de mayo del mismo mes y año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) para solicitar las evidencias que respalden los cargos, al determinar que la petición original no reunía el sustento probatorio exigido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980. El 4 de mayo del mismo mes y año, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informó que la FGR concluyó que la petición estadounidense de detención provisional no acreditaba los elementos necesarios para proceder bajo la figura del Artículo 11 del tratado bilateral.

Dos exfuncionarios del Gobierno de Rocha Moya se entregaron voluntariamente a las autoridades de EE.UU.: Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, quien cruzó hacia Arizona el 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York; y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de esa entidad, quien se entregó el 15 del mismo mes y año. Según la acusación del DOJ, Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios.

En tanto, el senador de la República por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, señalado en el expediente como presunto enlace entre los líderes de la facción criminal y el propio Rocha Moya, compareció ante la FGR en Culiacán el 26 de mayo de 2026 sin representación legal, actuando como defensor de sí mismo. En la misma jornada, el vicefiscal general con licencia Dámaso Castro Saavedra compareció ante la instancia federal y rechazó categóricamente los señalamientos de la justicia estadounidense. “Vamos a esperar la integración de la carpeta, confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación. Yo nada más atiendo mis citatorios”, indicó el exfuncionario sinaloense. El 25 de mayo de 2026, Rocha Moya compareció por primera vez ante la FGR en Culiacán, donde respondió las preguntas formuladas por la agente del Ministerio Público Federal asignada al caso.

La gestión de la crisis tuvo consecuencias medibles en la opinión pública. Según una encuesta de la firma Enkoll realizada para W Radio y el diario El País y publicada el 27 de mayo de 2026, la aprobación presidencial de Sheinbaum Pardo cayó siete puntos porcentuales entre marzo y mayo del mismo año, al pasar de 75 a 68 por ciento, mientras que la desaprobación creció de 20 a 27 por ciento. La caída más pronunciada se registró entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuya aprobación descendió 25 puntos porcentuales en el mismo lapso. Ese nivel de 68 por ciento representa el más bajo desde que la firma inició el seguimiento mensual en diciembre de 2024.

Desde la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron desde el inicio de la crisis la renuncia definitiva de Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa, al tiempo que condenaron el respaldo de Sheinbaum Pardo al gobernador sinaloense. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, señaló que se preparaba un plan de defensa en favor de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también citada por la FGR en el marco de una investigación paralela por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. en un operativo realizado sin autorización del Gobierno Federal en la Sierra del Pinal, los días 17 y 18 de abril de 2026, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses. Sheinbaum Pardo descartó que los citatorios girados a Campos Galván y a Rocha Moya impliquen imputaciones: “Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino es sencillamente entrevistas”, sostuvo.

El Gobierno Federal ha sostenido desde el inicio del caso que la exigencia de pruebas al DOJ es equivalente a la práctica de EE.UU. cuando México solicita extradiciones. “Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas'”, señaló Sheinbaum Pardo el 19 de mayo de 2026. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó de manera preventiva las cuentas bancarias de Rocha Moya desde el 6 de mayo de 2026, medida que las autoridades financieras encuadraron como estrictamente preventiva en el Comunicado No. 39, sin que implicara la acreditación de responsabilidad alguna. La mandataria nacional reiteró el 28 de mayo de 2026 que la Fiscalía mantendrá sus propias investigaciones para determinar responsabilidades conforme a la legislación mexicana, y que el Gobierno Federal no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito, siempre y cuando existan pruebas que lo demuestren.