En medio de la entrega de ex funcionarios de la 4T, Claudia Sheinbaum afirmó que la transformación no dará inmunidad a corruptos ni a extranjeros
En medio de una creciente tensión por los señalamientos en contra de personajes políticos de la 4T y los recientes reacomodos internos del movimiento vinotinto, a raíz de la entrega de dos funcionarios acusados en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la llamada Cuarta Transformación no servirá como refugio a gobiernos extranjeros, ni a personajes relacionados con la corrupción de antaño.
El mensaje lo manifestó durante la inauguración del plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, Yucatán, a escasos días de las fricciones mediáticas derivadas de presuntas operaciones de agencias estadounidenses en territorio nacional. Sin citar directamente los casos, Sheinbaum blindó la narrativa soberanista desde el sureste del país.
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“Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación”, sentenció.
Pero el mensaje más significativo del discurso de Sheinbaum apuntó hacia las filas de su propio movimiento, siendo tajante al señalar que formar parte de él no otorga inmunidad, un mensaje directo y elocuente en momentos donde ex gobernadores y funcionarios de la 4T han enfrentado cuestionamientos por su supuesta opacidad administrativa.
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“Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación”, advirtió.
La entrega de Mérida Sánchez y Díaz Vega
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El pasado 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a autoridades estadounidenses tras ser acusado por la fiscalía de Estados Unidos de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de posesión y uso de armas.
Según la acusación penal, durante su gestión como secretario de Seguridad (septiembre 2023 a diciembre 2024), Mérida Sánchez presuntamente recibía sobornos mensuales de 100 mil dólares por parte de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa (CDS), y a cambio les proporcionaba alertas previas sobre redadas de las fuerzas de seguridad en laboratorios clandestinos, permitiéndoles mover la droga y los equipos antes de los operativos.
Recientemente, Mérida se declaró no culpable ante la jueza Sarah Netburn en una Corte Federal de Manhattan, Nueva York. Durante su comparecencia, el militar en retiro, con el apoyo de un intérprete y una defensa pública, rechazó formalmente los cargos que lo vinculan con la facción de Los Chapitos. Sánchez se encuentra actualmente recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
Por su parte el ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó de manera voluntaria hace unos días a las autoridades de Estados Unidos en Nueva York.
De acuerdo con diversos medios, Díaz Vega se puso a disposición de la justicia estadounidense en Nueva York tras viajar desde un país de Europa. Su entrega coincide con el proceso penal de Gerardo Mérida, quien también quedó bajo custodia federal en EE. UU.
En el expediente federal estadounidense se le acusa de haberse reunido con altos mandos de Los Chapitos junto al entonces candidato Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa con licencia. Según los cargos, Díaz Vega presuntamente entregó a los líderes del cártel una lista con los nombres y direcciones de los oponentes políticos de Rocha Moya para que fueran intimidados o secuestrados y obligados a retirarse de la contienda electoral de 2021.
Cabe mencionar que Díaz estuvo en el cargo público desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024. Cuenta con un perfil principalmente contable e inmobiliario en el sector privado y aparece en los registros como socio de al menos 10 empresas entre ellas Housesin Desarrollos, la cual, presuntamente, se utilizó como casa de campaña de Rocha Moya.
El nombre de Díaz Vega está inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Baja California, como deudor solidario de otro empresario sinaloense, Omar Osuna Berrelleza, quien tiene dirección oficial en Tijuana, donde ha vendido y comprado diversas propiedades. Y que en 2010 registró la empresa paisajismo y construcción de obra, Green City México, S.A. de C.V., y tiene registradas otras dos en Sinaloa, SOLARSIN, S. de R.L. de C.V. e Idealidad Pisos y Muebles, S.A. de CV.
Los registros que incluyen los nombres Díaz Vega y Berrelleza, son dos: uno, como garantes hipotecarios de un inmueble en Residencial Villas Campestre, donde la empresa Promotora Agua Caliente les requería un pago en el año 2020: y el segundo, que aparece vinculado, es un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, donde nuevamente, Promotora Agua Caliente es mencionada como acreedor, con Díaz y Osuna como demandados, el bien inmueble afectado es un condominio en el Fraccionamiento Jardines de Chapultepec, a espaldas de los antiguos campos de golf Agua Caliente.
Ninguna de las personas o empresas mencionadas fue localizada en las listas de alertas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tanto Mérida Sánchez como Díaz Vega forman parte de un grupo de diez funcionarios y ex colaboradores de Rubén Rocha Moya, señalados por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
