María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, rechazó el 22 de mayo de 2026, las acusaciones del Gobierno Federal en su contra y aseguró que su administración ha actuado en todo momento apegada a la ley, al tiempo que señaló que en Sinaloa se ha normalizado la narcopolítica y los vínculos con el crimen organizado.
“Yo sólo hago mi trabajo”, afirmó la mandataria panista en declaraciones recogidas por el diario El Universal, al contrastar la situación de su gobierno con la del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado formalmente el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le ataca por haber desmantelado un narcolaboratorio, en Sinaloa la narcopolítica se ha convertido en algo cotidiano y tolerado.
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El posicionamiento de la gobernadora chihuahuense ocurre en medio de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. en un operativo antinarco realizado entre el 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, sin autorización del Gobierno Federal. En ese operativo fueron desmantelados seis narcolaboratorios atribuidos al Cártel de Sinaloa; al concluir la operación, un accidente automovilístico cobró la vida de dos presuntos agentes de la CIA, identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y de Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa corporación.
La FGR aseguró posteriormente el inmueble e incautó más de 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, así como cerca de 2 mil litros de metanfetamina. El organismo federal informó que la investigación se lleva a cabo por posibles delitos contra la seguridad nacional y tiene como objetivo determinar si el Gobierno de Chihuahua tenía conocimiento de la participación de los agentes estadounidenses. El 7 de mayo de 2026, elementos de la AEI comparecieron ante la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, para rendir su declaración en calidad de testigos en una carpeta de investigación iniciada por ese delito.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió el 7 de mayo de 2026 a los señalamientos de Campos Galván con una postura directa: “Es falso lo que dice. Ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la ley de Seguridad Nacional. Por eso la Fiscalía abre una investigación”. La mandataria nacional había advertido desde el 22 de abril del mismo año que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desconocía la presencia de agentes extranjeros en el operativo y que el Gobierno Federal no había autorizado en ningún momento esa participación.
Pese a las diferencias con la Federación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Omar Hamid García Harfuch, declaró el 28 de abril de 2026 que la propia Campos Galván le manifestó no tener conocimiento de que agentes de la CIA hubieran participado en el operativo. A su vez, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), confirmó que los militares que actuaron como apoyo periférico tampoco advirtieron la presencia de personal extranjero, pues estos llegaron integrados en el convoy de elementos de la AEI.
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El Partido Acción Nacional (PAN) ha respaldado la postura de Campos Galván de forma consistente desde que estalló el escándalo. Su dirigente nacional, Jorge Romero, anunció la preparación de una marcha masiva en Chihuahua para demostrar el respaldo ciudadano a la gobernadora, y calificó como un ejercicio político la presión del Gobierno Federal y de Morena. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, había acusado a Campos Galván el 5 de mayo de 2026 de mentir y de haber incurrido en traición a la Patria al permitir la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización constitucional.
Sheinbaum Pardo confirmó el 20 de mayo de 2026 que la FGR mantiene abierta la investigación por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, y subrayó que la responsabilidad recae en las autoridades mexicanas que autorizaron u omitieron reportar la presencia de los agentes extranjeros, no en el gobierno estadounidense. “Por cierto, sigue haciendo la investigación la Fiscalía General de la República. Esa investigación continúa porque violaron las leyes de seguridad nacional, los mexicanos”, afirmó la mandataria nacional.
El caso se inscribe en el contexto más amplio de la tensión bilateral entre México y EE.UU. en materia de soberanía y seguridad, en el que la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, la presencia no autorizada de agentes de la CIA en Chihuahua y el debate sobre los alcances de la cooperación entre ambos países han puesto a prueba los marcos institucionales que rigen la relación de seguridad binacional, reforzados mediante una reforma constitucional impulsada por la presidenta de la República en febrero de 2026.
