Cuando más entusiasmada estaba la clase política del morenismo en México, partiendo desde Palacio Nacional, atravesando San Lázaro y llegando a las entidades federativas, aplicando su maquinaria política y su dominancia territorial para arengar a la opinión pública hacia el estado de Chihuahua, luego que el 19 de abril se revelara que un día antes en aquella entidad, habían fallecido en un accidente dos agentes de la CIA que colaboraron con la Agencia Estatal de Investigación… llegó el Rochazo.
10 días gozaron los de Morena crucificando a la gobernadora de Chihuahua, hasta el 29 de abril, cuando se reveló que en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, había una acusación contra el gobernador de Sinaloa y nueve de sus cercanos (entre colaboradores y excolaboradores) por, entre otros, el delito de narcotráfico. Además, a diferencia de los embates políticos y mediáticos en México contra la mandataria emanada de la oposición, autoridades de los Estados Unidos solicitaban, por la vía oficial y diplomática, la aprehensión preventiva de Rubén Rocha Moya y sus secuaces.
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Nada de eso ha sucedido. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo transitó, de centrar todos sus esfuerzos verbales en la narrativa del intervencionismo de la Agencia Central de Inteligencia en Chihuahua y la responsabilidad para la titular del Poder Ejecutivo de aquel Estado, a compartir su tiempo para defender al de Sinaloa y exigir “pruebas, ¿dónde están las pruebas?”.
El tema fue desgastando no sólo la imagen de la Presidenta, que todos los días ha defendido a Rocha y atacado a la de Chihuahua, a pesar que, a los tres días de ser señalado, el gobernador de Sinaloa solicitó licencia para atender el proceso que se le sigue en los Estados Unidos. Eso sucedió el 2 de mayo; y mientras los siguientes días, a pesar de la licencia de él, del alcalde de Culiacán y la “desaparición” política del senador de Morena, Enrique Inzunza (también señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos), el día 7 de mayo, finalmente, el gobierno de la República lanzó su primer distractor: la clausura anticipada del ciclo escolar 2025-2026.
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Ese día, cinco después de la licencia de Rocha, y mientras persistía la embestida contra Maru Campos, el secretario de Educación y ex dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que -contrario a la Ley- el ciclo escolar de educación básica en el país, no concluiría el 15 de julio, sino el 5 de junio, que serían, pues, 40 días menos en las aulas para los estudiantes en el país.
Las razones que expuso y que supuestamente fueron aprobadas en el CONAEDU, Consejo Nacional de Autoridades Educativas, para reducir en más de un mes el calendario escolar, fueron básicamente dos: las altas temperaturas que registrarán en el preámbulo de la época de verano (inicia hasta el 21 de junio) y la logística del Mundial de Fútbol, justa que este año se celebra en los tres países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá (arranca el 11 de junio).
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Por supuesto que la noticia dada a conocer desde el gobierno central generó de manera inmediata una enorme polémica entre padres de familia, autoridades académicas, gobiernos de los estados y sectores productivos. No sólo por la ocurrencia presentada de la reducción del calendario, sino por la poca conciencia al determinarla, y la falta de preparación para llevarla a cabo.
¿Cómo los estudiantes recuperarían 40 días de horas aula? ¿Había un programa para concentrar en mayo toda la educación que no impartirían en junio y julio (el ciclo oficialmente concluye el 15 de julio)? ¿Qué harían los estudiantes con esos 40 días adicionales de vacaciones? ¿Las familias se verían obligadas a contratar servicios de guardería o cuidado de los hijos durante 40 días?
Por supuesto que nada de eso se había anticipado, tan es así que ni la Presidenta ni el secretario de Educación pudieron dar respuesta a las interrogantes; sin embargo, sí enfrentaron posiciones, pues mientras Delgado sostenía que era una decisión tomada y votada en el CONAEDU, la mandataria nacional, para salir del brete, argumentaba que no era una decisión en firme, sino una propuesta en valoración.
La realidad es que fue un vil distractor que no duró mucho tiempo. Únicamente fueron cuatro días de discusión nacional para que el 11 de mayo el Gobierno de la República reculara. Ante la crítica generalizada, finalmente imperó el con la educación, no: la secretaría de Educación metió reversa; el ciclo escolar concluiría como lo marca la Ley y sin ocurrencias, el 15 de julio de 2026.
Un día después de desandar sus pasos en la cortina de humo que resultó inútil y alejó a la sociedad del gobierno durante cuatro días, el Gobierno de los Estados Unidos centró de nueva cuenta la narrativa nacional mexicana en el objeto de la distracción del país: Rubén Rocha Moya.
Efectivamente, el 12 de mayo, Terrence Cole, el titular de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, declaró que la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, y sus nueve secuaces, era apenas el inicio de lo que en la Unión Americana han llamado su combate contra políticos mexicanos coludidos con los cárteles de la droga.
Al tiempo, el periódico Los Angeles Times reveló que existía un proceso de acuerdo entre dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, para entregarse a la autoridad norteamericana y lograr un acuerdo proveyendo información sobre las actividades del Cártel de Sinaloa y su crecimiento en México, así como de sus aliados y enemigos en el tráfico de drogas de este a aquel país.
Dos hijos del Chapo ya están en prisión en los Estados Unidos: Ovidio Guzmán, detenido por el gobierno mexicano con fines de extradición (en México no se quedaron con él por no tener carpetas abiertas), y Joaquín Guzmán López, quien se entregó el 25 de julio de 2024 en el Aeropuerto de Santa Ana en Santa Fe, Nuevo México, al tiempo que entregó a las autoridades de aquel país a Ismael Zambada García, el Mayo. Otros dos hijos del capo depuesto y exlíder del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de acuerdo al diario angelino, estarían buscando un acuerdo para su rendición, mientras permanecen prófugos y ocultos en México, en el Sinaloa donde también se resguarda, en su casa, Rubén Rocha Moya.
El tema de la red política al servicio del narcotráfico en Sinaloa, que se procesa en una Corte de Nueva York, no será uno fácil de ocultar; los distractores desde el gobierno central, ya visiblemente desesperado, o el partido en el poder, resultan inútiles ante la presunción finalmente investigada -aun cuando en otro país- de que en México los narcogobiernos sí existen.
