El diario de circulación nacional El Universal recordó que la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES) Aída Inzunza Cázares, hermana del senador Enrique Inzunza Cázares —señalado por EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico—, fue quien elaboró el dictamen de declaración de validez de la elección para la gubernatura de Sinaloa de 2021, proceso en el que el hoy gobernador con licencia de Morena, Rubén Rocha Moya, obtuvo el triunfo. El TEES avaló por unanimidad ese resultado el 17 de agosto de 2021 en una sesión extraordinaria.
El dictamen reconoció la existencia de 206 incidentes durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, de los cuales únicamente 23 requirieron la suspensión definitiva de la votación en casilla, lo que representó el 0.47% del universo total de 4 mil 986 casillas instaladas en el estado. De esas 23 casillas, seis se suspendieron por riesgo de violencia; 16 por robo y/o destrucción de documentación y/o material electoral, y una por otras causas.
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En la sesión, Inzunza Cázares sostuvo que “en la elección de la gubernatura del estado de Sinaloa fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores del proceso electoral”, incluyendo la libertad de sufragio, el voto secreto y directo, la legalidad y la equidad en campañas electorales. El entonces gobernador electo, Rocha Moya, agradeció públicamente el trabajo del tribunal e hizo un reconocimiento expreso a la solidez del dictamen elaborado.
A pesar de que tanto el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) como el propio TEES acreditaron la existencia de irregularidades, los magistrados minimizaron las impugnaciones presentadas por partidos de oposición y ciudadanos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó el recurso TESIN-INC-06/2021, en el que denunció delitos electorales como privaciones de la libertad de representantes de casilla, robo de urnas, retraso en la entrega de paquetes electorales y presencia de personas armadas en varias casillas del estado. El tribunal rechazó el recurso al considerar que las pruebas adjuntas consistían únicamente en publicaciones de redes sociales y de medios de comunicación locales.
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En su resolución, el TEES argumentó que la ley exige que las violaciones sean generalizadas y que, dado el porcentaje detectado respecto al universo total de la elección, los incidentes no alcanzaron ese umbral. El documento del tribunal, fechado el 27 de agosto de 2021, concluyó que “en el transcurso de la jornada electoral las casillas electorales se instalaron y operaron en términos de una aceptable normalidad”. El IEES, por su parte, emitió un criterio análogo en su Memoria del Proceso Electoral 2020-2021, al señalar que las irregularidades acreditadas no podían deducirse como una alteración de la voluntad popular expresada en los resultados.
Entre los casos documentados figura el municipio de Ahome, donde en el Ejido Goros Dos, sindicatura San Miguel Zapotitlán, sujetos encapuchados y armados se presentaron alrededor de las 16:30 horas para sustraer urnas y documentación electoral. En otra casilla del mismo municipio, en el Ejido Felipe Ángeles, el funcionario de casilla abandonó el lugar por temor ante los hechos de violencia registrados en localidades cercanas, por lo que el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) resguardó el material y lo trasladó a sus oficinas.
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El caso también llegó a la esfera federal por el rebase del tope de gastos de campaña de Rocha Moya. Mediante el acuerdo INE/CG1390/2021, el INE determinó que el monto del rebase no ameritaba la nulidad de la elección. El PRI impugnó esa resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera dio la razón al INE en su balance de fiscalización.
El contexto cobra relevancia ante las acusaciones formuladas el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, señalados de haber brindado protección al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción conocida como “Los Chapitos”. El gobernador solicitó licencia para separarse del cargo el 1 de mayo de 2026.
