Un nuevo entramado de corrupción ha quedado al descubierto en Baja California Sur, y ya es investigado por la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El artífice de la corrupción, según las investigaciones, sería un familiar político del propio Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, de nombre Juan Ignacio Rivas González, Director General de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal.
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De acuerdo con la carpeta de investigación LPZ-2329/2026, el funcionario estatal está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por más de 100 millones de pesos que fueron detectados mediante un algoritmo que aplica la Contraloría Estatal, y se percataron que el patrimonio del servidor público no coincidía con el declarado.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental analiza la evolución patrimonial de los empleados de gobierno previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, esto con el propósito de revisar que los bienes, ingresos y movimientos financieros coincidan con las percepciones declaradas.
“Esto permite identificar posibles inconsistencias patrimoniales, omisión de bienes, cuentas bancarias no reportadas, adquisiciones de activos de alto valor o movimientos financieros que no correspondan con la información declarada por la persona servidora pública, a efecto de esclarecer su origen y determinar si existen elementos que puedan constituir responsabilidades administrativas o hechos posiblemente delictivos. Además, las investigaciones también se enfocan en detectar enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, particularmente cuando se advierte falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales o de intereses con la finalidad de ocultar bienes, recursos, beneficios o situaciones patrimoniales que no resulten acordes con los ingresos reportados”, explicó Rosa Cristina Buendia Soto, Contralora General.
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El 29 de abril de 2026, elementos de la Procuraduría efectuaron el decomiso de por lo menos dos camionetas de lujo, una de ellas por un valor de 1.2 millones de pesos y otra valuada en 2.9 millones de pesos, una camioneta Mercedes Benz AMG del tipo SUV seminuevos de ultra lujo.
Además, falta por decomisarle al Director de Informática cuatro vehículos más: uno con un valor estimado en los 5.9 millones de pesos, otro de un millón 700 mil pesos; y dos más valuados juntos por el orden de los cinco millones de pesos más. En total, el servidor público estatal cuenta con seis carros que suman un valor de alrededor de 16 millones de pesos.
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“Sin contar las múltiples propiedades en zonas de lujo, vehículos a nombre de familiares y muchas otras cosas que van a ir sacando las investigaciones, la Contraloría ya sabía del caso desde principios de 2025, pero no tenían luz verde del gobernador, pues es su ahijado y protegido. En Finanzas todos sabemos cómo es que hacía sus tratos y sólo los jefes lo ignoraban, como los programas administrativos de informática, que ellos diseñaron y vendieron al propio gobierno”, dijo la fuente de la Secretaría de Finanzas y Administración Estatal.
El Fiscal Anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao, confirmó que ya hay investigaciones en diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Finanzas.
“Tenemos audiencias próximas relacionadas con la Secretaría de Salud, con la Contraloría, con la Secretaría de Finanzas. Las investigaciones poco a poco van a ir dando el resultado”, expuso el fiscal.
Dentro de los hallazgos, presumen fuentes internas del gobierno del estado que descubrieron más de 100 millones de pesos en un “paraíso fiscal” que no había sido detectado por las instancias de vigilancia y transparencia gubernamental, tras la detección han seguido el camino del dinero, incluso podrían dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ésa es la ruta que podría trazar el gobierno de Castro en caso de continuar con la indagatoria por corrupción.
“Las investigaciones cada vez demandan mejores herramientas y técnicas de investigación, como el aseguramiento de activos financieros, el acceso a información financiera, el acceso a información fiscal, el aseguramiento de bienes inmuebles, el aseguramiento de vehículos, son herramientas que tenemos que utilizar para poder en su momento, reparar el daño o decomisar, en los delitos de corrupción hay el aseguramiento, puede ser para el decomiso. El decomiso es una condena en el cual el bien producto del delito se reparte entre la procuraduría, el poder judicial y la secretaría de salud”, sostuvo Lenin Ortiz.
En una investigación preliminar, pudieron establecer que lo declarado por el trabajador de gobierno no corresponde a los ingresos reportados con los devengados en el último año, abriendo una revisión y estudio a fondo del caso.
En su declaración inicial, Juan Ignacio Rivas confirmó que en el año 2021 obtuvo una remuneración anual de 213 mil 916 pesos, producto del servicio público, además de una Ford Lobo 2018 y una camioneta Mercedes Benz Clase A año 2020, de 907 mil y 810 mil pesos, respectivamente; ambos a crédito.
Además, se dijo accionista mayoritario de una empresa, Opengate, S.A. de C.V., con el 34% de las acciones, junto a dos socios: Luis Carlos Aguirre Mora y Eduardo Arturo Romero Gómez, ambos con el 33% de las acciones.
Para 2025, Rivas González declaró un ingreso anual en 2024 de dos millones 432 mil 030 pesos: 682 mil 030 pesos por su cargo en la titularidad del área de informática en Finanzas, 1.5 millones de pesos al año por consultoría y 250 mil pesos dando clases en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
La Fiscalía Anticorrupción anunció que han estado accediendo a las cuentas de los funcionarios públicos relacionados con carpetas de investigación por presuntos casos de corrupción, y no se descarta que ocurra en el caso del Director de Informática.
“Esto lo hemos ejercido nosotros como una herramienta usual de la Fiscalía, estamos accediendo a cuentas de los investigados, estamos revisando su situación fiscal, ya realizamos inmovilización de cuentas, hemos asegurado bienes inmuebles, asegurado vehículos y poco a poco vamos cumpliendo con los objetivos”, manifestó el Fiscal Anticorrupción.
OPENGATE: EL “ESQUEMA ESPEJO”
Las sospechas por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California Sur y de la propia Fiscalía Anticorrupción no están apartadas del supuesto enriquecimiento ilícito u “oculto”, la hipótesis pudiera ser cierta.
Más relevancia cobra con la información obtenida por Semanario ZETA, que pese a la opacidad con que se han manejado los contratos, el que se haya conseguido el nombre de la empresa del funcionario público, la razón social: Opengate, S.A. de C.V., acentuó datos relevantes en la investigación.
Opengate es una empresa que le fue inyectado capital entre 2015 y 2018 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por más de 1.9 millones de pesos, y constituida legalmente el 25 de enero de 2006.
Y esa empresa fue revivida cuando Juan Ignacio, “Nachito” como lo conocen en la UABCS, recibió el cobijo de Víctor Castro Cosío en el gobierno del estado, pero no operó en la entidad. El funcionario público junto a sus socios, uno de ellos servidor público de Jalisco, idearon lo que se conoce como triangulación cruzada o “esquema espejo”.
La empresa Opengate —en la que es socio mayoritario Rivas González— al momento no han sido detectados contratos en BCS, sin embargo, sí en labores como proveedor en Tlaquepaque, estado de Jalisco; donde su socio Luis Carlos Aguirre Mora es el titular de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Soluciones del Sistema Estatal Anticorrupción de ese estado.
Quien a su vez constituyó una nueva empresa denominada Energy Technology And Products, S. de R.L. de C.V., la cual sí ha sido proveedora del gobierno de Baja California Sur en la administración de Víctor Castro.
Como prueba, ZETA identificó el contrato “AA-903017989-E44-2021” en la Comisión Estatal del Agua, su director era Julio César Villarreal Trasviña, actual director de Conagua, su nombramiento está confirmado por Víctor Castro el 10 de septiembre de 2021. El proveedor Energy Technology and Products, S. de R.L. de C.V.,, representado por el socio de Nachito Rivas, el ciudadano jalisciense Luis Carlos Aguirre Mora prestó el servicio de dispositivo audiovisual como herramienta de trabajo para promotores de cultura del agua por un monto de más de 328 mil pesos.
Esto demuestra que, la corrupción gubernamental sigue avanzando, ya no se esconde en burdas asignaciones directas a familiares; ahora se programa desde las áreas de sistemas, utilizando las fronteras estatales como un blindaje digital. Un entramado institucional operado por expertos informáticos tejió una red corporativa entre Baja California Sur y Jalisco, triangulando recursos públicos al amparo de los gobiernos.
“El diseño operativo es milimétrico, conocen y diseñan las bases de la licitación para ganarlas ellos mismos. Ellos creen que es para eludir los sistemas anticorrupción local. Los funcionarios involucrados aplicaron una regla de reciprocidad comercial: la empresa Opengate obtiene contratos gubernamentales en el estado de Jalisco, donde su socio local despacha. Al mismo tiempo, el funcionario de Jalisco constituyó otra empresa de servicios que, de manera conveniente, obtiene asignaciones en el gobierno de Baja California Sur, cobijado por la influencia de su socio sudcaliforniano”, argumentó a ZETA un representante Anticorrupción Ciudadana.
Bajo este modelo, los involucrados asumieron que el cruce de fronteras estatales diluiría el evidente conflicto de interés. El argumento de su defensa técnica pretende ser sólida mediante papel: la empresa opera y concursa en otra entidad, lejos de la jurisdicción directa del servidor público local, además de que no firma y nadie nota al “local”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente en ambos estados, tipifica esta simulación como una falta grave, persiguiendo el beneficio económico indirecto y las redes de negocios tejidas al amparo del poder.
“En Baja California Sur no se salva de la cárcel. Es muy sólida la información, no hay manera de que pueda comprobar ese dinero, los números no dan, a pesar de que se les da oportunidad de presentar su declaración y ampliaciones, la cercanía de declarar y pedir sigilo por seguridad. No hay forma que se zafe y el gobernador ya está enterado, a menos que busquen protegerlo”, dijo la fuente de la Secretaría de Finanzas.
Aunque ningún funcionario participó en los comités de adquisiciones ni plasmó su “firma” en los fallos de los contratos, esta estrategia de “duda razonable” pretende desvincular a los especialistas informáticos de las decisiones de compra corporativas.
Sin embargo, en la práctica de la administración pública, la verdadera ventaja no se firma en el contrato final, sino en el Anexo Técnico. Al ser cabezas de la informática en sus respectivos gobiernos, estos servidores públicos controlan el diseño de los términos de referencia de las licitaciones. Es posible que configuren “candados” y especificaciones técnicas restrictivas que anulan la competencia, o bien tienen acceso a información privilegiada de primera mano.
Esto viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Baja California Sur: el Artículo 55 manifiesta claramente la utilización de información privilegiada, así como el Artículo 58 sobre el conflicto de interés que cometen los servidores públicos, y el Artículo 61 del tráfico de influencias. La Ley es muy clara: prohíbe tajantemente el beneficio directo o indirecto para sí o para sus socios de negocios.
Vigilan actos de corrupción
Rosa Cristina Buendia Soto, Contralora General, informó a ZETA que ellos llevan a cabo la investigación preliminar en materia administrativa y buscarán establecer una sanción ejemplar por lo que resulte.
Dijo que los funcionarios de gobierno deben respetar el servicio público, tomar en cuenta que el recurso es de la ciudadanía, y cuando se cometen actos ilícitos no hay manera de zafarse, la verdad siempre sale a la luz, por ello dieron aviso para que se investigue también en el ámbito penal.
“Conforme al Código Penal del Estado, el delito se actualiza cuando una persona servidora pública no logra acreditar la procedencia legítima de un incremento desproporcionado en su patrimonio o de bienes respecto de los cuales se conduzca como propietario, aun cuando éstos aparezcan registrados a nombre de terceros. Para el desarrollo de estos procedimientos, esta Secretaría realiza diversas acciones de verificación y análisis documental. Dentro de estas diligencias, se solicita información a la Secretaría de Finanzas e información para conocer la existencia de vehículos registrados a nombre de la persona servidora pública, su pareja y dependientes económicos. Asimismo, se realizan consultas ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para verificar la inscripción de bienes inmuebles y la posible participación en sociedades civiles, mercantiles o asociaciones civiles”, recalcó Rosa Cristina Buendia.
El Fiscal Lenin Ortiz Amao contó que el año pasado, la dependencia obtuvo la primera sentencia condenatoria, aunque la exfuncionaria relacionada se amparó, pero ya están dando resultados contra la corrupción.
Dijo que van por más, que ya están bajo vigilancia e investigación, citó casos de Ayuntamientos y del propio gobierno del estado.
“El año passado, 2025, se obtuvo por parte de la Fiscalía la primera sentencia condenatoria en contra de una exdirectora del Instituto de Vivienda, se condenó a pena de prisión de 3 años y a la reparación del daño que ascendía a una cantidad de un millón 870 y tantos mil pesos. La defensa interpuso el recurso de apelación, en diciembre la sala penal confirmó y se sostuvo esta condena, y en enero o febrero presentaron el recurso de juicio de amparo directo. En tres años ya sumamos 23 personas vinculadas a proceso, es decir, pasamos de tres procesos penales a 23 procesos penales, tenemos con estas vinculaciones a proceso, digamos, que se inician los procesos para continuar la etapa intermedia, a juicio oral hasta obtener condenas
Añadió que el caso de las licencias de alcohol sigue sumando piezas y está abierto, actualmente hay tres personas bajo proceso, pero la pinza se va a cerrar aún más en los próximos meses. Las carpetas de investigación siguen activas y bajo un riguroso trabajo de escritorio; el plan, expresó, es judicializarlas pronto, lo que significará citar a nuevas personas a audiencias de formulación de imputación.
