Todd Blanche, procurador general interino de Estados Unidos, advirtió el 6 de mayo de 2026 que la cooperación de líderes del narcotráfico trasladados desde México a territorio estadounidense podría derivar en nuevas acusaciones criminales contra políticos mexicanos que colaboran con los cárteles de la droga. La declaración se produjo durante una entrevista con la cadena de televisión News Nation y se enmarcó en el mismo día en que el presidente Donald Trump amenazó con ejecutar operaciones terrestres unilaterales en México si el Gobierno de ese país no combate el tráfico de narcóticos por tierra.
Blanche fue cuestionado de forma directa por la reportera Ali Bradley sobre si podrían esperarse más acusaciones contra funcionarios mexicanos, a raíz del cargo presentado la semana anterior contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntamente cooperar con el Cártel de Sinaloa ante el Distrito Sur de Nueva York. “Claro. Sí”, respondió el procurador general interino sin rodeos. “Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales. Ya habíamos procesado a varios funcionarios del Gobierno mexicano, jueces, un juez recientemente también. Así que eso es algo que continuará”, sostuvo Blanche.
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En la misma entrevista, el procurador general interino reconoció que el Gobierno de Estados Unidos mantiene en la actualidad una relación de cooperación con el Ejecutivo mexicano. “Por cierto, tenemos una muy buena relación con el Gobierno mexicano en este momento. Creo que reconocen la importancia de nuestra relación y que esta ahora depende de la cooperación en materia de inmigración, la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos similares”, afirmó. Al ser preguntado sobre si habría consecuencias para los políticos mexicanos que protegen a los cárteles, Blanche recordó que seis de esas organizaciones fueron designadas en 2025 como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) por el Gobierno de EE.UU. y subrayó que el caso Rocha Moya no sería el último. “La semana pasada anunciamos que se ha presentado una acusación formal contra un gobernador de México por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, y sin duda continuaremos haciéndolo”, señaló.
Las declaraciones de Blanche se producen en el contexto de una presión creciente del Gobierno de Trump sobre México y otros países del continente americano en materia de combate al narcotráfico. El mismo 6 de mayo de 2026, Trump advirtió que si el Gobierno de México y otras naciones del hemisferio no enfrentan el tráfico terrestre de drogas, EE.UU. emprendería esa tarea de manera unilateral, en la misma línea que los bombardeos contra embarcaciones con presunta droga ejecutados en el Caribe y el Pacífico oriental desde mediados de 2025. Esas operaciones dejaron más de 190 personas muertas y generaron una crisis diplomática con México, que rechazó en múltiples ocasiones las acciones unilaterales y exigió el respeto a los protocolos de coordinación marítima bilateral.
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En ese mismo sentido, la Casa Blanca publicó el 6 de mayo de 2026 la edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo de EE.UU., documento en el que el Gobierno estadounidense se declaró listo para tomar acciones unilaterales contra los cárteles en el continente americano, particularmente en aquellos países cuyos gobiernos sean considerados “cómplices” de dichas organizaciones. La estrategia se publicó semanas después de que la administración Trump difundiera la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (National Drug Control Strategy, NDCS), que coloca a México en el centro de la crisis de narcóticos más grave que ha enfrentado EE.UU. y exige resultados concretos al Gobierno mexicano, entre ellos el arresto, enjuiciamiento y extradición de líderes de las organizaciones designadas como OTE, así como el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas.
La ofensiva judicial y diplomática de Washington se ha acompañado de acciones financieras y operativas. El 23 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 23 personas y entidades que conforman una red transnacional de abastecimiento de fentanilo con nexos directos al Cártel de Sinaloa, cubriendo desde proveedores de precursores químicos en Asia hasta traficantes con base en México. La acción fue coordinada entre múltiples agencias federales, incluyendo el Homeland Security Task Force (HSTF), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés). Entre los designados figuran ciudadanos de India, Guatemala, México y España, vinculados a laboratorios, empresas fachada y estructuras de importación de químicos utilizados para la producción de opioides sintéticos.
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Ante la escalada de presiones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en múltiples ocasiones que no permitirá el ingreso de fuerzas militares estadounidenses al territorio nacional y que la colaboración con EE.UU. se dará únicamente bajo el principio de coordinación sin subordinación. El 9 de marzo de 2026, la titular del Poder Ejecutivo Federal precisó que al menos el 75 por ciento del armamento utilizado por los grupos criminales en México proviene de EE.UU., cifra que dijo es reconocida por el propio Departamento de Justicia de ese país, y señaló que frenar ese flujo ilegal de armas es el principal aporte que Washington puede ofrecer. “México es un país libre, soberano, independiente”, expresó Sheinbaum Pardo en agosto de 2025, al rechazar la posibilidad de presencia militar extranjera en suelo mexicano.
El escenario judicial descrito por Blanche eleva la presión sobre actores políticos mexicanos en un contexto en que la cooperación entre los dos Gobiernos avanza de forma paralela a la tensión diplomática. El 7 de marzo de 2026, Trump declaró en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, Florida, que México es el “epicentro de la violencia ocasionada por los cárteles” en América Latina y anunció la creación de una coalición militar regional con doce mandatarios latinoamericanos de orientación conservadora, de la que México, Brasil y Colombia quedaron excluidos. La advertencia del procurador general interino Blanche respecto a que la cooperación de los líderes del narco extraditados derivará en más procesamientos contra funcionarios mexicanos representa, en ese contexto, la amenaza judicial más directa que el Gobierno de Trump ha formulado hasta la fecha respecto a la clase política del país.
