Diputados y administrativos volvieron a justificar con su ineficiencia la falta de transparencia que caracteriza al Poder Legislativo, uno de los más opacos y el más caro del país
A mediados del 2019, este Semanario publicó un reportaje titulado “Excesos y transas en el Congreso”, donde mediante el análisis de 84 mil facturas se evidenciaron los abusos con el manejo de recurso público por parte de los diputados que conformaban -en ese entonces- el Poder Legislativo, donde se exhibió que el dinero se destinaba a empresas de papel, gastos en lujosos restaurantes y hasta en moteles; también para mantener a un grupo de aviadores disfrazados de “asesores”, entre ellos, el ahora síndico Óscar Vega Marín, quien brindaba su “consejo” sobre temas de seguridad a Carlos Torres Torres, cuando ambos vestían de azul.
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Para realizar el reportaje se requirió enfrentar un litigio de ocho meses ante el extinto Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), hasta que el Poder Legislativo se quedó sin recursos para conocer la información que se solicitó mediante una petición de transparencia.
En aquel entonces los panistas gobernaban, pero el cambio de poder a Morena se avecinaba en el proceso electoral de 2019, y con ello, las promesas vacías de cambio.
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Casi seis años después, el Poder Legislativo -ahora emanado de Morena- intenta utilizar las mismas tácticas para negarse a difundir la información sobre los gastos de apoyo social de los diputados.
El interesado presentó una solicitud de acceso a la información al Poder Legislativo, con número de expediente 260000019, donde pidió todo lo relacionado con los comprobantes de pago de apoyo social por parte del diputado del PVEM, Jorge Ramos Hernández, a lo que el área administrativa del Congreso le informó que debido a que se trataba de una cantidad de documentos sustancial, la única forma en la que podrían compartir los datos era mediante presencia física en las oficinas del Poder Legislativo, bajo supervisión constante y sin la capacidad de reproducción mediante teléfono móvil u otros artefactos electrónicos, sólo redacción con pluma y papel.
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La respuesta de los trabajadores del Congreso es legal, pero también representa un acto de intimidación hacia un ciudadano cuyo único interés es ejercer su derecho a la información, sin importar la motivación que tenga.
En el caso de 2019, el Poder Legislativo intentó -incluso- cobrar 84 mil pesos para la reproducción de las facturas, pero la petición fue desechada por el ITAIP, bajo el argumento de que la propuesta violentaba el derecho a la información por cuestiones financieras.
La encrucijada actual evidencia varias cosas, entre ellas, que a seis años de este conflicto el Poder Legislativo -en el que resultó exhibido- sigue sin actualizar los mecanismos para brindar transparencia y rendición de cuentas en torno a los abusos y excesos de los diputados en el manejo de recurso público. No les interesa cumplir con sus obligaciones ni pretenden cambiar.
Pero también se demuestra que los diputados de Morena no querían cambiar las cosas, sino ahora ser ellos los que gozarán del poder, el dinero y la opacidad, por lo que es necesario un ejemplo o compromiso que les otorgue un poco de legitimidad para demostrar que quieren cambiar las cosas.
El próximo 23 de abril, este ciudadano se presentará en la Sala Dueñas del Poder Legislativo, para enfrentarse con un gran número de expedientes y facturas que -dicho sea de paso- no tienen pretexto para ser mostradas de manera impresa, debido a que hoy en día todos los comprobantes se emiten de manera digital, sea cualquier negocio o empresa contratada.
