El juez de control Joel Chávez Castro vinculó a proceso a los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, acusados de cometer, en coautoría, despojo de inmuebles en el fraccionamiento Laderas del Mar, extorsión agravada y asociación delictuosa en perjuicio de la empresa Edificación y Servicios Industriales S.A. de C.V. (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art. 13, CNNP)
La vinculación a proceso fue determinada por el juez al considerar que “existen indicios razonados”, conforme a datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), que se cometieron los delitos y probablemente fueron perpetrados por los acusados.
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Hasta el cierre de edición (31 de marzo de 2026) en la audiencia no se discutía la medida cautelar que se impondría a los ya vinculados a proceso, a quienes se les había establecido prisión preventiva oficiosa y justificada en la audiencia inicial del 26 de marzo, hasta en tanto fueran o no vinculados a proceso.
En un primer momento, el juez desestimó la petición de la defensa particular de Christian y Emmanuel para incluir como dato de prueba un dictamen pericial elaborado por el perito en criminalista José Luis Lizardi Gómez, sobre un acta de inspección de un video del 13 de marzo de 2026, y una constancia de hechos presentadas por la Fiscalía, ya que consideró que no se estableció el objeto del dictamen.
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En cambio, sí se admitió como medio de prueba un acta de defunción del administrador único de Edificación y Servicios Industriales, proporcionada por la defensa, con el fin de desacreditar la personalidad jurídica de la persona que presentó la denuncia.
“Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado” y no existe un dato que señale que el poder del ofendido fue revocado, concluyó el juzgador, quien además refirió declaraciones de testigos que corroboraban lo expuesto por la ofendida.
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Residentes del fraccionamiento Laderas del Mar dijeron a ZETA que vivían momentos de zozobra previo a la audiencia de vinculación a proceso de los acusados, que presuntamente eran partícipes del cártel inmobiliario de Baja California, que ocupó ilegal y violentamente 51 inmuebles en ese fraccionamiento, y que acumula 30 carpetas de investigación por despojos en Tijuana y Rosarito.
Asimismo, expresaron su temor de que queden libres tanto los abogados como los otros dos imputados (Sandra Urbino Toro, alias Sandra Urbina Toro, y Miguel Ángel Toro), a los que se les determinó prisión preventiva oficiosa y justificada, ya que se les señala de haber amenazado de muerte a víctimas de despojo. Todavía el sábado 28 de marzo, cuando ya estaban detenidos, policías que resguardan el fraccionamiento habrían recibido una alerta sobre un atentado que se perpetraría.
“TOCASTE LA PUERTA AL DIABLO”
En las audiencias iniciales de formulación de imputación contra los cuatro, celebradas de forma virtual el 26 y 29 de marzo, la FGE detalló que 40 casas en obra negra y otros 11 inmuebles terminados en Laderas del Mar (conocido comercialmente como Playa Diamante) fueron ocupados por sujetos armados, sin tener autorización, ni su legal posesión, en el periodo del 24 de julio de 2025 al 15 de marzo de 2026, en perjuicio de la empresa moral; inmuebles desde donde salía y entraba gente armada y los imputados. Ello, después de que Sandra -quien se ostentaba como presidenta del comité de vecinos- contrató a Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte S.A. de C.V. (Grupo Centinela), para hacerse cargo de la seguridad del complejo habitacional, ocupando las casetas para vigilar y amedrentar a los residentes.
A la par de que los inmuebles fueron ocupados ilegalmente, se interpuso un juicio de prescripción en el Juzgado 19 de Primera Instancia, y a través de un perfil de Facebook las casas en obra negra eran ofertadas a la venta por 100 mil dólares, con la colaboración de otras personas.
Según lo expuesto por la FGE, entre diversos datos de prueba en la carpeta de investigación existe la grabación de una llamada telefónica hecha por Emmanuel a la víctima, en la que le exige desistirse de la denuncia.
“Al chile ya te hablamos de buena manera. Te desistes o te va llevar la verga a ti y a tu carnal. Tocaste la puerta al diablo” habría dicho Emmanuel, para luego asegurar que si era detenido el hombre que salió en el ZETA -en referencia a Christian- “le iban a mochar la cabeza” a la víctima y que eran delincuencia organizada.
En la audiencia, la FGE también manifestó que Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte S.A. de C.V., comercialmente conocida como Centinela Seguridad Privada, tiene por socias a dos hermanas de Christian Pablo: Elvia del Refugio y Felicia Jazmín.
Por otro lado, el próximo 2 de abril está prevista la audiencia de vinculación contra Sandra y Miguel, luego de que ambos, de nacionalidad peruano-estadounidenses, se acogieran a la duplicidad del plazo constitucional.
