Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas de 11 y 7 años de edad, identificadas como Leidy y Alexa, así como por tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia, en hechos ocurridos el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026 por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, Sinaloa.
Según el comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acompaña a la familia en el litigio, la familia de las niñas se desplazaba en una camioneta por una carretera con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta. En ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano que circulaba en sentido contrario abrió fuego sin previo aviso contra el vehículo familiar. Además de las dos menores, resultaron víctimas de tentativa de homicidio una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 años y dos personas adultas, todos integrantes de la misma familia.
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Las órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares se ejecutaron y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026. Durante la audiencia de vinculación a proceso, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron datos de prueba que acreditaron el uso letal de la fuerza de manera injustificada, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, y determinaron que se trató de una actuación dolosa.
El juez Egure Yáñez dictó el auto bajo la figura del dolo eventual, al considerar que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, que existía alta previsibilidad del resultado letal al accionar sus armas contra la camioneta familiar y que no se actualizó ninguna causal de exclusión de responsabilidad. La defensa de los militares —incluida la representación de la Defensa de Oficio Militar— argumentó que los soldados actuaron en un contexto de violencia y bajo un estado de alerta y nerviosismo en Sinaloa.
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Los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y manifestaron ante el juez cómo el uso arbitrario de la fuerza letal destruyó de manera irreparable su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia fuera diligente y expedita. En un inicio, al ocurrir los hechos en mayo de 2025, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por la SEDENA ni por ninguna otra dependencia.
El Centro Prodh señaló que, de manera paralela al proceso civil, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos, situación que contraviene los estándares internacionales respecto a la extensión del fuero castrense en casos de violaciones graves a derechos humanos y que actualmente se encuentra bajo litigio. La organización calificó la resolución como un reconocimiento a la denuncia de la familia y un primer paso para que la FGR y el Poder Judicial de la Federación demuestren independencia en casos que involucran a las Fuerzas Armadas.
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Según el Centro Prodh, el caso de las niñas refleja los efectos del despliegue militar sin controles efectivos en contextos de alta vulnerabilidad y violencia, y representa un patrón en el que la impunidad ha sido la constante en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares a lo largo de diversas administraciones. La organización afirmó que la familia continuará exigiendo justicia en las etapas procesales subsecuentes, que incluyen la investigación complementaria y el eventual juicio oral.
