A casi cinco años del feminicidio de la dentista María Fernanda Hernández, la CEDHBC evidenció fallas de la FGE; autoridades confirmaron a ZETA que no hay responsables identificados.
A casi cinco años del feminicidio de la cirujana dentista María Fernanda Hernández Viera, en Tijuana, nuevas revelaciones evidencian fallas en la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras el crimen permanece sin responsables identificados. Sobre el caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la autoridad investigadora.
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De acuerdo con información proporcionada a ZETA, la FGE confirmó que, aunque se integró un grupo especial para el caso, hasta el momento no existe un señalamiento directo contra alguna persona como autora del homicidio. La autoridad indicó que continúan trabajando en la integración de nuevos datos de prueba para esclarecer la ejecución de la profesionista.
LA FGE detalló que la semana pasada sostuvo una reunión con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), con el objetivo de alinear criterios de investigación y revisar las omisiones registradas desde 2021.
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Asimismo, la FGE indicó que se trabaja en retomar las líneas de investigación para evitar que el feminicidio quede impune.
La autoridad señaló que la investigación continúa en curso y que es necesario revisar a fondo la carpeta iniciada en 2021, además de mantener comunicación con la familia de la víctima, la cual ha manifestado inconformidad por las acciones que se dejaron de realizar en su momento.
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María Fernanda Hernández, de 31 años, fue asesinada el miércoles 11 de agosto de 2021 al interior de su consultorio Dentinlove, ubicado en la Plaza Comercial Ermita, en la colonia Ermita Norte.
Ese día, dos hombres encapuchados ingresaron al consultorio; uno de ellos solicitó hablar con la dentista y, cuando se acercó, le disparó en al menos siete ocasiones. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar, descendieron del segundo piso de la plaza y abordaron un vehículo color café, donde presuntamente los esperaba un tercer cómplice.
Desde entonces, familiares de la víctima señalaron como principal sospechoso a su expareja, padre de sus hijos y ex empleado del consultorio. Indicaron que existían antecedentes de conflictos y violencia, e incluso daños al lugar de trabajo.
Previo al crimen, la propia María Fernanda había denunciado públicamente en redes sociales que su expareja, identificado como Alayn Rodríguez, realizaba publicaciones para desprestigiar su trabajo, por lo que pidió a sus clientes ignorar dichos mensajes.
Además, la víctima había presentado al menos dos denuncias por violencia doméstica y contaba con medidas de protección.
Sin embargo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) determinó que la FGE incurrió en omisiones graves en la atención del caso, al emitir medidas de protección de manera tardía o con domicilios incorrectos, lo que impidió su correcta implementación.
Por estos hechos, la CEDHBC emitió la Recomendación 2/2026 dirigida a la FGE, al acreditarse violaciones a derechos humanos y fallas en la protección de la víctima, señalando que el feminicidio pudo haberse evitado.
De acuerdo con el organismo, una de las medidas de protección fue notificada con un retraso de hasta 18 días, mientras que otra llegó a la autoridad municipal diez días después de su emisión, lo que obstaculizó su ejecución oportuna.
Asimismo, se documentaron irregularidades adicionales durante la integración de las carpetas de investigación, por lo que la Comisión solicitó reforzar los protocolos, capacitar al personal con perspectiva de género y dar vista a órganos internos de control para investigar posibles responsabilidades administrativas.
Recomendantorios a la FGE:
Se actualice el Protocolo para la Expedición de Órdenes y Medidas de Protección, incorporando mecanismos de supervisión, registro y seguimiento, así como la verificación previa de los domicilios de personas víctimas y agresoras, a fin de garantizar su correcta notificación y cumplimiento.
Se diseñen e impartan por personal calificado y con experiencia en la materia, cursos integrales de capacitación dirigidos a personal de las áreas señaladas en la recomendación, en los que se incorpore la perspectiva de género y se aborden temas relacionados con la debida diligencia en la investigación de delitos vinculados con la violencia contra las mujeres.
Se dé vista a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la FGE, respecto de los actos u omisiones señalados en los hechos y observaciones de la Recomendación, atribuibles a las personas servidoras públicas que estuvieron a cargo de las investigaciones.
Se instruya que las personas Agentes del Ministerio Público para que, en todos los casos de muerte violenta de mujeres, las investigaciones se inicien y conduzcan conforme a los estándares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales aplicables en materia de perspectiva de género, bajo la hipótesis de feminicidio.
Cabe señalar que las recomendaciones son públicas y se solicita la respuesta a la autoridad para que en el plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación se pronuncie sobre su aceptación y, en el caso de negarse o no cumplirse, la CEDHBC podrá hacer pública esa circunstancia y el Congreso del Estado podrá llamar a comparecer a las autoridades y personas servidoras públicas responsables, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
A la fecha, la identidad de los agresores materiales continúa sin esclarecerse, debido a que los responsables ingresaron encapuchados al consultorio, lo que ha dificultado su identificación.
