La semana pasada se anunció que se enviaría una iniciativa a la legislatura del Congreso de la Unión denominada “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio”. Esta iniciativa de Ley contiene penas que fluctúan entre los cuarenta y setenta años de prisión, sanción para la tentativa y agravantes amplias y un protocolo nacional homologado de investigación.
Sostenemos que esta iniciativa de inicio no resuelve absolutamente nada del problema estructural relativo al feminicidio en la República Mexicana. Pero eso sí, lo que sí hace es que reordena y endurece la reacción del Estado posterior a un injusto de feminicidio. Su lógica está sustentada sobre las siguientes líneas: a) Homologación penal; b) Uniformidad protocolaria y c) Agravación de la sanción.
Publicidad
La verdad es que contemplada así este proyecto legislativo parece producir mayor coherencia formal, pero no equivale a construir una efectiva y cierta prevención real, una auténtica policía “científica, robusta y con gran capacidad de investigación de alta calidad”. Esa es la gran diferencia que surge entre una reforma que luce fuerte en una conferencia de prensa y una política criminal que tiene como propósito urgente salvar vidas.
Habrá que ser sensatos y reconocer que el grave caos normativo e investigativo que surge entre entidades no es algo maravilloso ni extraordinario como descubrir el hilo negro. Cada Estado tiene su propia forma de investigar, sus agravantes y desde luego, su entendimiento de las “razones de género, lo que, por supuesto, genera decisiones ministeriales que serán totalmente desiguales, peritajes igual de diversos y, al final, una justicia que consecuentemente será desigual. La crítica a esa dispersión tiene su sustento”.
Publicidad
Impedir que una muerte violenta de una mujer sea descartada de entrada como un accidente o un suicidio sin agotar hipótesis es adecuado. No se debería necesitar un protocolo para esto. El problema es, desde mi punto de vista, muy particular que la buena regla no va a sustituir de ninguna forma al buen investigador. Sostengo que un protocolo homogéneo en manos incompetentes solo estandariza la torpeza.
México cuenta con un marco preventivo y correctivo amplio en materia de violencia contra las mujeres. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contempla mecanismos de coordinación, medidas preventivas, acciones de procuración e impartición de justicia y la Alerta de Violencia de Género para contextos de Violencia Feminicida. Nuestro país también cuenta con un protocolo federal de investigación ministerial, P
Publicidad
policial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, elaborado desde la etapa de la Procuraduría General de la República (PGR) y aun se encuentra disponible en la Fiscalía General de la República (FGR). El Estado no parte de cero en cuantp a ese protocolo. Parte de una historia en la que ya existían instrumentos y pese a ello, el problema persiste con la brutalidad documentada.
Por ello, la pregunta no es si falta otra norma. La pregunta sería: ¿Por qué, teniendo ya la Ley General, Alerta, Protocolo y Fiscalías, el Estado sigue apostando a producir más arquitectura jurídica en vez de demostrar capacidades materiales de prevención e investigación? Esa es la verdadera herida. Y la iniciativa no la toca. Pensamos que la pena de cuarenta a setenta años tiene una enorme rentabilidad política. Comunica severidad, indignación y compromiso. Satisface la necesidad gubernamental de enviar una señal pública frente a un problema que se desborda y que, desde luego, no se puede contener. Lo que no hace es mejorar por sí misma la preservación de la escena, la lectura criminalística, la calidad de la necropsia, la trazabilidad de indicios la inteligencia de contexto, la coordinación pericial, ni la capacidad de intervención temprana. Nada de eso se fabrica subiendo el rango penal, lo cierto es que, la reforma punitiva sirve para el mensaje. La investigación científica sirve para el caso. Y la prevención sirve para que no haya caso. El estado mexicano se entusiasma con la primera porque es la más barata de anunciar y la más fácil de aplaudir. Sostenemos que la iniciativa anunciada la semana pasada es solo una reforma de mensaje y este es sin quererlo el mensaje que transmite: “No pude evitar tu muerte, pero sí intentaré investigarla y refundir hasta por setenta años al autor para que se pudra en la cárcel” y desde luego algunas feministas ya estarán celebrándolo.
Benigno Licea González, es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
