l Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, para que ese órgano considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de ese crimen. La decisión, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida por el organismo contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Según el CED, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional. El organismo precisó que el procedimiento es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, declaró Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
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El organismo tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Sin embargo, señaló que en algunos de los casos denunciados recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. El Comité documentó que en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento, desaparición y exterminio operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, las autoridades están relacionadas con los casos registrados. “Hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías”, detalla el reporte del CED.
En términos globales, México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según el informe del Comité. La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno. “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”, advirtió la organización. Según el documento, 21 de esas acciones urgentes corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos que atravesaban el estado de Chiapas entre octubre y diciembre de 2024.
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Ante la decisión del CED, el Gobierno de México rechazó el informe a través de un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el que calificó el documento de parcial, sesgado y tendencioso. Las dependencias argumentaron que el informe carece de rigor jurídico, está desactualizado y hace referencia a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Asimismo, señalaron un conflicto de interés, al indicar que uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra México. La Administración también cuestionó que, antes de emitir el documento, el organismo omitió considerar la actualización de información que la SEGOB presentó el 27 de marzo de 2026.
“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, defendió la Administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Gobierno reiteró su disposición a cooperar con organismos internacionales, pero aclaró que no lo haría a partir de premisas que no reflejen la realidad actual. Para sustentar su postura, enlistó diez acciones emprendidas en abril de 2025 en materia de desaparición, entre ellas cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad, así como la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer momento en que desaparece una persona.
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La respuesta del Ejecutivo federal fue cuestionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que aseguró que el pronunciamiento de la SEGOB y la SRE es insuficiente ante la crisis que enfrenta el país en materia de desaparición de personas y replica las descalificaciones en las que incurrieron gobiernos anteriores frente a organismos internacionales. “La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones y replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos en el país. Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro Gobiernos de tres partidos distintos”, señaló el Centro Prodh a través de redes sociales.
La organización civil expuso que la decisión del Comité de llevar el caso a la Asamblea General se basa en años de análisis y en solicitudes enviadas por familias, colectivos y organizaciones, y que su propósito es brindar cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación, además de establecer un mecanismo eficaz para llegar a la verdad y dar asistencia y protección a las familias de personas desaparecidas. Según el Centro Prodh, el CED detectó un patrón en el que el crimen organizado convive con autoridades de diferentes niveles y órdenes de gobierno, y documentó que el Estado mexicano carece de una política integral para prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones, situación que deja la labor de búsqueda en manos de las propias familias. “La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido en México”, advirtió la organización.
