El Gobierno de México tendrá que pagar 47 millones de dólares en compensación a Lion Mexico Consolidated, empresa inmobiliaria de origen canadiense, luego de que la Corte de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó un laudo arbitral que resolvió en favor del inversionista una disputa derivada del incumplimiento de compromisos de protección a la inversión extranjera bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El tribunal estadounidense determinó que México no cumplió con las disposiciones del TLCAN —hoy Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— en materia de protección a las inversiones. “México busca anular un laudo arbitral que resuelve una disputa de inversión entre México y Lion Mexico Consolidated, un inversionista canadiense. Aplicando las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, sostuvo la Corte de Apelación en su resolución.
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El monto de 47 millones de dólares representa una reducción sustancial respecto a los 220 millones de dólares que Lion Mexico Consolidated reclamó inicialmente. La sentencia precisó que la compensación debió haberse pagado desde 2021.
El origen del caso se remonta a 2015, cuando el Juzgado Noveno en Jalisco accedió a cancelar tres pagarés e igual número de hipotecas que existían a favor de la empresa canadiense. Dichos instrumentos financieros garantizaban el desarrollo de tres proyectos inmobiliarios: dos ubicados en Guadalajara, Jalisco, y uno en Bahía Banderas, Nayarit. Los pagarés habían sido otorgados a dos empresas mexicanas controladas por el empresario Héctor Cárdenas Curiel.
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El juez de primera instancia resolvió en su momento que los pagarés no debían liquidarse a la empresa canadiense, con base en el argumento de que había existido una reestructuración de préstamos, postura que Lion Mexico Consolidated negó. Ante ese fallo, la empresa inició el proceso de arbitraje internacional.
México solicitó posteriormente ante el tribunal de distrito la anulación del laudo arbitral, bajo el alegato de que los árbitros excedieron sus facultades y actuaron con manifiesta inobservancia de la ley. “El Tribunal de Distrito sostuvo que los árbitros actuaron dentro de sus atribuciones y con el debido respeto a la ley, por lo que denegó la solicitud de México y concedió la solicitud de confirmación del laudo presentada por el inversionista”, detalló el documento. El Gobierno de México apeló esa resolución.
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En paralelo, Cárdenas Curiel solicitó intervenir en el proceso ante el tribunal de distrito, petición que fue denegada. El empresario también apeló esa decisión.
La Corte de Apelación confirmó la sentencia en su totalidad, lo que obliga al Estado mexicano a cubrir la indemnización ante un caso que ilustra los mecanismos de solución de controversias entre inversiones extranjeras y gobiernos nacionales previstos en los tratados comerciales de América del Norte.
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