Matando a los productores

Cualquier mes de 2025, y cualquier mes de este 2026, han sido escenarios de asesinatos en México. Con todo y la disminución que presumen desde la Presidencia de la República, en términos generales, en la cifra de homicidios dolosos en el país, y el no reconocido incremento en las desapariciones en México, algo llama la atención mes tras mes: el asesinato de hombres y mujeres productores, protagonistas de la vida económica de la nación, y miembros de los sectores empresariales.

Minerva Pérez Castro era presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California, cuando la mataron a balazos el 8 de julio de 2024 en Ensenada. Ella, como otros, había denunciado la pesca ilegal y la extorsión al sector que representaba, todo en manos del crimen organizado.

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También sucedió con Bernardo Bravo, el líder limonero de Michoacán que había alzado la voz por los que, como él y agremiados, se dedicaban al lícito negocio de la siembra, cosecha y producción de cítricos. Los extorsionaban, les cobraban piso, y seguramente siguen siendo víctimas, pero como la de Minerva, la voz de Bravo fue apagada a balazos en octubre de 2024.

Casos hay muchos: empresarios levantados y asesinados, fruteros en centrales de abastos, productores del campo, comerciantes, productores de tequila, médicos, y otros profesionales exitosos que logran levantar empresa, dar empleo y contribuir a la economía, pierden la vida cuando no responden a la extorsión, cuando no entregan su dinero bien habido a criminales impunes que, al amparo de un cártel, de una corporación o algún gobierno corrupto, ejercen presión a la sociedad productiva, amenazando con la pérdida de la libertad, o de la vida, si los ciudadanos de bien no entregan dinero.

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El 23 de abril fue otra mujer la asesinada que llegó a los titulares de los medios: Lina Alejandra Rodríguez Castillo. Ella era secretaria nacional de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México. La mataron a balazos cuando se encontraba junto a otras mujeres en un negocio de granos, alineado a la vocación profesional que la distinguía. Sucedió en Chihuahua, cuando cayó muerta y otras resultaron con lesiones.

De Lina, reportaron medios locales, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua destacó: “Era una mujer decidida. Fue la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Asimismo, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica”.

Las zonas productivas de Chihuahua, o de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Baja California y otras tantas entidades federativas, están acechadas por el crimen; ser exitoso en un país con tanta impunidad y tanta corrupción como lo es México, puede ser una sentencia de muerte. No hay seguridad para nadie, cuando se tiene una Presidencia de la República que niega la inseguridad, que manipula las cifras de la incidencia delictiva para reflejar un falso clima de seguridad.

Chihuahua, el estado donde asesinaron a Lina Alejandra, es uno de los más inseguros y violentos del País, que esta semana, además, ha sido protagonista de las principales noticias, no sólo con la muerte de la ganadera, sino con el fallecimiento de dos agentes de la CIA cuando el vehículo en el que viajaban, junto a dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cayó en un desfiladero, explotando y matando a todos sus ocupantes.

Chihuahua, como Sinaloa, o como Baja California, Michoacán, o Jalisco, son estados tomados por los cárteles que llevan en su nombre el de la entidad federativa; por organizaciones criminales que, para combatirlas, se requiere de apoyo extranjero que se niega públicamente, y que se evita, localmente, ante la enorme corrupción que impera en muchas de las corporaciones policiacas que no protegen a los ciudadanos de bien, tanto como sí lo hacen con los narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, que hostigan a la sociedad productiva mexicana.

Policías que escoltan narcotraficantes, agentes que roban cargamentos de droga, elementos que ayudan en el cobro de piso, que piden sobornos a una sociedad vulnerada a la que deberían de proteger. Pero no, en México sigue creciendo (al menos en medios de comunicación que reportan la noticia con partes e imágenes de los hechos) la lista de empresarios, hombres y mujeres de negocios, asesinados, que, para la mala fortuna de los sectores, de sus familias, terminan siendo parte de una estadística, y no ejemplo de justicia.

Todos los sectores productivos de Chihuahua condenan la muerte de Lina Alejandra; exigen a la autoridad protección, seguridad, tranquilidad y condiciones para continuar ejerciendo su profesión y oficio. Pero la autoridad en México es sorda: no es empática ni responsable de la seguridad en su entorno. La autoridad es más un ente político cuya principal responsabilidad no es servir a la sociedad, sino mantener a un partido en el poder, sea del color que sea su logotipo, aunque mayoritariamente es guinda.

En un año preelectoral como lo es 2026, la inseguridad arrecia ante el desvío de atención y de recursos de los gobiernos estatales para mantener sus entidades en el oficialismo, una práctica electorera de aprovecharse del erario para beneficio político electoral, que deja a los ciudadanos vulnerados, abandonados y a merced de la criminalidad organizada que mata, cada mes, a representantes de sectores productivos, con toda impunidad.