Piden a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a la Fiscal María Elena Andrade apoyo para que avancen sus carpetas de investigación
“A punta de pistola” y con la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la policía municipal fueron despojadas cuatro personas, luego de que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC) inscribió irregularmente un acta de embargo precautorio apócrifa, denunciaron los abogados de los afectados, Vicente Peña y Patricia Guzmán.
El despojo fue hecho presuntamente por Erika Miroslava Limón Enciso, alias Erika Limón, que es coordinadora estatal de gestión social y política de la CTM y quien ha presumido sus vínculos con personajes políticos como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, su exesposo Carlos Torres, el titular del RPPC Carlos Murguía y el regidor de Tijuana, Arturo Aguirre González, entre otros, acusaron los representantes legales.
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Nosotros exhortamos a las autoridades de carácter municipal que sean imparciales. “Que le quiten a Érika Limón, a quien nosotros consideramos y señalamos, como la actora intelectual de este cártel inmobiliario, esa inmunidad y esa protección absoluta”.
A la fiscal María Elena Andrade “le pedimos que instruya a sus fiscales regionales, a sus coordinadores que le den celeridad a este proceso”, ya que la FGE puede hacer una inspección al lugar y dar la restitución de la posesión preventiva y después darles la posesión definitiva.
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Los litigantes también pidieron a la gobernadora y al secretario de Gobierno, Juan José Pon, “que nos apoyen para que este tema se resuelva, que lo analicen de fondo, que vean la forma de todos los documentos que han integrado de manera falsa y que han cambiado nombres, personas, actores”.
Por este despojo de inmuebles se presentó un juicio de amparo indirecto contra el RPPC, en el que, el registrador Carlos Murguía “ya reconoció que el documento es falso, pero que no puede desconocer sus propios actos y espera que el juez de distrito ordene la cancelación de la partida de embargo”.
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Si bien los afectados han obtenido una suspensión definitiva en ese juicio de amparo indirecto, se ha postergado la audiencia constitucional, que originalmente iba a ser en enero, luego en marzo y está programada para julio, apuntó y señaló a Carlos Murguía de buscar dilatar dicha audiencia.
Una vez que se dé dicha audiencia y con la determinación del juez se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por fraude de documentos públicos oficiales, tráfico de influencias y lo que resulte.
Además, en la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron presentadas denuncias por despojo, atentados contra la vida, ya que a uno de los afectados fue víctima de un secuestro exprés con la intención de que cediera los derechos de su propiedad, según dijeron los litigantes, quienes acusaron que las carpetas de investigación no han tenido avance; lo cual atribuyeron a las relaciones políticas y tráfico de influencias de Érika Limón.
“No se vale que a través del auxilio público, de la facilitación de esas relaciones públicas, gubernamentales y sociales, se esté menoscabando el derecho a los bienes jurídicos tutelados, sobre todo el patrimonio económico de los tijuanenses”.
MODUS OPERANDI
En conferencia de prensa celebrada este viernes 24 de abril, el abogado Vicente Peña delineó el modus operandi de lo que llamó un nuevo cártel inmobiliario.
Relató que, en 2009, una persona de nombre Juventino Escobar Téllez interpuso un juicio laboral en la Ciudad de México contra la empresa Servicios Corporativos Milano S.A. de C.V., entre otros demandados, por 7 mil pesos. Juicio que ganó el trabajador, pero no cobró por pasarse los términos quedando el expediente archivado en la Junta Laboral Número 4.
En 2023, la Junta Laboral Número 4 envió al RPPC de Baja California un acta de embargo con los nombres y la cantidad demandada cambiada. En la parte actora aparece el nombre José Luis Salcedo Barrón, cuya residencia está en Ciudad de México y en el demandado aparece Arsenio Otáñez, cuyo predio de 47 hectáreas se ubica sobre el bulevar García en Tijuana.
Los litigantes señalaron que ni Arsenio Otáñez ni su predio tenían ninguna relación con el juicio laboral, y que desde hace muchos años había vendido ciertas porciones -que en total suman 3.5 hectáreas- a los hoy afectados del llamado Cártel Inmobiliario.
El Registro Público grabó el embargo, sin notificarle a los afectados, ni cotejar con la autoridad correspondiente la veracidad del documento, que no tenía ni siquiera número de oficio. “Aún así el registrador público bajo instrucciones, órdenes de quién, o cambio de qué dádivas grabó esta propiedad”. Encomienda hecha por Isis Maribel Romero Pelayo (hoy magistrada numeraria) y por el analista Omar Rodarte Trujillo.
En 2024, Erika Limón acudió junto con su hijo, elementos de la Guardia Nacional y de la policía municipal a despojar del inmueble de Juan González Vaca con amenazas y el argumento de que tenían un embargo. “El hijo de la señora Érika Limón me dijo así: ´tú no sabes con quién te metes, no sabes las que debo. Si tú sigues metiendo tus manos, te mueres y me voy contra tu familia”, narró la abogada Patricia Guzmán.
Ante las amenazas el ofendido y su representante legal tuvieron que irse del lugar. La abogada señaló que otra irregularidad es que con un embargo precautorio tampoco es posible tomar posesión de un inmueble, sin que un juez ordene que es válido, se remate, se entregue el predio o se vaya a las almonedas.
Sin tener derecho a tomar posesión del inmueble de Juan, y de los otros afectados se comenzó a fraccionar los predios y a vender lotes por 300 mil pesos, sin que tengan servicios públicos. Lo cual tendría que ser sancionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano (SDTU) ya que para ello se debieron dar permisos, como licencia de construcción, y pese a que se ha denunciado, la dependencia no ha hecho nada, añadió Vicente Peña.
SE DESLINDA REGIDOR
Horas antes de que se llevara a cabo la conferencia de prensa, y cuando ya se habían hechas públicas las presuntas relaciones que tiene Erika Limón con el regidor Arturo Aguirre; el funcionario público fijó un posicionamiento en su cuenta de Facebook.
En dicho mensaje, Arturo Aguirre rechazó “de manera categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con actos ilegales o de despojo”.
“No tengo participación, relación ni interés alguno en los hechos que se describen. Mi única relación es de carácter personal y superficial al conocer a una de las personas mencionadas, sin que ello implique vínculo alguno con sus actividades”, indicó sin nombrar a Érika Limón, quien según el litigante Vicente Peña ambos señalados se conocen desde que el actual regidor tenía un cargo en la CTM.
Arturo Aguirre afirmó también que su “trayectoria pública y empresarial ha estado siempre basada en el trabajo, el respeto a la ley y la responsabilidad ante la ciudadanía” y confío en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y esclarecerán los hechos, deslindando responsabilidades conforme a derecho.
“Reitero mi total disposición para colaborar con cualquier autoridad que así lo requiera. No permitiré que se manche mi nombre ni el trabajo que he venido realizando con responsabilidad en favor de Tijuana”, añadió.
